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3.6 Trabajo

Los programas pertenecientes a la función trabajo son ejecutados mayormente en la jurisdicción Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y se destinan a la generación de empleo y capacitación, principalmente a desocupados, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. A partir del ejercicio 2001, se incluye también la atención de Programas de Empleo Provincial dentro de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. La ejecución presupuestaria del año para esta función puede observarse en el siguiente cuadro:

El gasto de la función resultó mayor al de igual período de 2000, debido a la incorporación del monto para la atención de programas de empleo local provincial como consecuencia de los convenios firmados en el marco del Compromiso Federal. La totalidad de los fondos entre las provincias se distribuyen el 50% en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación federal. Los gobiernos provinciales, asimismo, se comprometen a confeccionar un padrón único de beneficiarios integrando los existentes a nivel nacional, provincial y municipal.

El programa de Políticas de Empleo y Capacitación Laboral abarca tres áreas principales: Empleo Transitorio, Empleo Privado y Capacitación Laboral. Adicionalmente, durante el segundo trimestre se incorporó la actividad de Fiscalización de Proyectos de Empleo –antes incluida en el Servicio Integral de Contralor-. El crédito destinado al programa resultó un 35,3% mayor al de 2000, lo cual permitió elevar el nivel de gasto y ofrecer una mayor cobertura tal como se visualiza a continuación:

Dentro de Empleo Transitorio, se incluye el Programa de Emergencia Laboral (PEL) cuya cobertura se concentró mayormente en la provincia de Buenos Aires –31% del total-, seguida por Santa Fe, Córdoba, Salta, Chaco, Tucumán, y Corrientes. Durante el último trimestre se verificaron demoras en el inicio de algunos proyectos impidiendo que se cumpliera con el objetivo previsto. El programa comprende tres componentes:

En general, el criterio para la elección de los beneficiarios es el mismo en todas las líneas que comprende el programa, destinándose a desocupados con baja calificación laboral pertenecientes a hogares de bajos recursos. Particularmente, para Desarrollo Comunitario deben aprobarse proyectos con un cupo mínimo de 60% de beneficiarias mujeres. La duración de los proyectos es entre 3 y 9 meses.

Dentro de Fomento del Empleo Privado, se incluye la línea CREAR TRABAJO, cuyos componentes se orientan a apoyar la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo estables en el marco de microemprendimientos familiares y comunitarios o micro y pequeñas empresas dentro de la actividad extractiva, manufacturera, agropecuaria, de servicios turísticos, etc. otorgándose un subsidio remunerativo de 200 pesos, de tres a seis meses. El menor ritmo de ejecución registrado respecto a la cobertura programada se justificó por la reformulación de los proyectos generando demoras en el inicio de los mismos.

Las Acciones de Capacitación alternan actividades en aula/taller con prácticas calificantes en un lugar de trabajo, destinándose a trabajadores sea ocupados o desocupados de ciertas ramas de actividades para favorecer su empleabilidad. Si bien los cursos son totalmente gratuitos, se abonan adicionalmente becas únicamente a los desocupados. La cobertura total para el año 2001 fue de 4.382 personas. Los cursos se llevaron a cabo en todo el país con excepción de las provincias de Corrientes, La Rioja, Misiones, San Juan y Tierra del Fuego. La mayor capacitación se concentró en Capital Federal con 675 personas.

La incorporación al programa de la actividad de fiscalización de condiciones en planes de empleo se vincula con la constatación de la presencia de beneficiarios, la realización de los proyectos aprobados y la percepción de las ayudas económicas. La cantidad de inspecciones alcanzó prácticamente la cobertura prevista para el año.

El programa Trabajar III brinda ocupación transitoria a trabajadores desocupados con baja calificación y en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social.

 

Dicho programa se financia con crédito externo a través del Préstamo BIRF Nº 4366-AR. El nivel de gasto disminuyó a la mitad respecto al año 2000, en coincidencia con la reducción de los desembolsos prevista según cronograma plurianual. Durante el año se otorgaron 245.029 beneficios cuya distribución por provincia se señala a continuación, siendo los montos liquidados en concepto de ayuda económica de 38,8 millones de pesos –un 95% del gasto total devengado-:

Provincia

% sobre el total de beneficios

Buenos Aires

32%

Santa Fe

12%

Salta

7%

Córdoba

6%

Tucumán

5%

Jujuy

5%

Chaco

5%

Misiones

4%

Santiago del Estero

4%

Entre Ríos

3%

Resto (*)

17%

(*) Agrupa a las provincias que registraron una distribución uniforme de las prestaciones: Mendoza, Río Negro, Neuquén, Formosa, Catamarca y San Juan con el 2% cada una y Chubut, Capital Federal, Corrientes, San Luis, La Rioja y La Pampa con el 1% cada una.

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Asimismo, y con el objetivo de complementarse con otros programas sociales que financian asistencia técnica, capacitación y/o insumos para realizar obras de infraestructura, TRABAJAR prevé un componente –1,4 millones de pesos- que incorpora la ayuda económica para la provisión de materiales, mediante la cobertura de hasta el 80% del costo de los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos, en aquellos municipios que presentan dificultades para realizar inversiones en obras de infraestructura prioritarias para la comunidad.

El programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes a través de su principal componente CapacitAR tiene por objetivo mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes entre 16 y 35 años provenientes de hogares de bajos ingresos, con secundario completo como máximo nivel de educación y que se encuentren desocupados o subocupados, al momento de ingresar. Los participantes reciben una asignación mensual en concepto de beca. Sólo se cumplimentó con la capacitación de 4.352 jóvenes –principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires- a raíz de la reducción de su crédito de –25,6 millones de pesos- correspondiente al préstamo BID 1031 OC-AR, principal fuente de financiamiento del programa.

 

El programa de Formulación y Regulación de la Política Laboral comprende las siguientes actividades: Conducción y Coordinación, Negociaciones Colectivas y Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

La mayor parte de su presupuesto –16,2 millones- se destina a la actividad de Conducción y Coordinación. Dentro de ella funciona la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo que se encarga, entre otras funciones, de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral vigente, de las habilitaciones y fiscalizaciones de las empresas de servicios eventuales, rúbrica de libros, etc. en todo el país y del funcionamiento del Tribunal de Servicio Doméstico, como primera instancia en conflictos entre empleador y empleado. También se incluyen los gastos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que se ocupa de la aplicación de normas relativas a la existencia y funcionamiento de asociaciones gremiales y del registro de asociaciones profesionales de empleadores.

En cuanto a las Negociaciones Colectivas, su principal competencia es la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores y del Registro de las Asociaciones Profesionales de Empleadores, así como la regulación de las condiciones de trabajo de pequeñas empresas. El ritmo de negociación fue menor a la cantidad prevista confirmando la tendencia decreciente registrada desde 1999.

El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que comenzó a operar en 1998, interviene en todos los reclamos individuales y conjuntos que versen sobre conflictos de derecho laboral correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. De carácter previo a la demanda judicial, gratuito para el trabajador y tarifado –aunque de bajo costo- para el empleador, se encarga de recibir el reclamo, gestionar la asignación por sorteo de los conciliadores, fijar la primera audiencia, registrar los trámites y acuerdos conciliatorios, mantener la intercomunicación con los conciliadores y homologar los acuerdos conciliatorios que se logren. Dado que en su ámbito se resuelven aproximadamente el 40% de los conflictos laborales, se reduce la cantidad de litigios presentados ante el fuero laboral, a la vez que constituye una fuente de información muy valiosa para el análisis de la conflictividad laboral. La cantidad de trámites conciliatorios superó considerablemente la cantidad anual prevista debido a la mayor demanda por resolución de controversias.

A través del programa de Fiscalización-Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, la misión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como ente de regulación y control de la Ley Nº24.557 de Riesgos de Trabajo, consiste en reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo, reparar los daños derivados de los siniestros laborales y promover la reclasificación y la reinserción laboral de los trabajadores accidentados. Para ello realiza las siguientes actividades: controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, imponer las sanciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y mantener actualizado el Registro Nacional de Incapacidades Laborales, entre otras.

En términos generales, la ejecución física del programa evolucionó de acuerdo a lo programado. La cantidad de Inspecciones en Obra sobre Cumplimiento de Normas de Seguridad resultó menor a la del año anterior debido a la delegación de facultades de fiscalización a la Ciudad de Buenos Aires –Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº265/99-.

Con una menor participación económica –por su monto asignado- dentro de la función, se señala al programa Formulación y Ejecución de Políticas Previsionales, vinculado al seguimiento de las políticas en materia de Seguridad Social, y Servicio Integral de Contralor que apunta a incrementar el número de trabajadores regularizados a través de la incorporación al sistema de Seguridad Social de los trabajadores asalariados excluidos.

 

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