3.2 Promoción y Asistencia Social
Comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, o aportes a instituciones sociales para impulsar por su intermedio el desarrollo social.
La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia automática de fondos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió el 54,1% de los recursos (615,3 millones de pesos). Le siguen en importancia las provincias de Santa Fe (5,0%), Córdoba (4,4%), Chaco (3,1%) y Tucumán (3,0%).
El PAMI destinó 368,4 millones de pesos a la asistencia social (alimentación, alojamiento, geriatría, sepelios).
Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente superaron en un 16% la ejecución financiera del año anterior. El programa Tercera Edad y Acción Social y el programa Lucha contra la Exclusión Social "Solidaridad" se destacan por la elevada ejecución del crédito con porcentajes del 95,0% y 94,2% respectivamente. Se destaca también el aumento en la ejecución de la actividad Asistencia a Poblaciones en Situación de Emergencia, cuya ejecución alcanzó 12,5 millones de pesos.
El programa Acciones Compensatorias, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por objetivo prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos o comunidades, focalizando la acción en las áreas geográficas de mayor concentración de pobreza y en zonas y grupos sociales que presentan hipótesis de riesgo y/o situaciones de emergencia, derivadas de siniestros o desastres naturales. El gasto devengado fue de 43,0 millones de pesos, destacándose la actividad Apoyo Integral a la sociabilización de menores marginados en el GBA (PROAMBA) que brindó, asistencia técnica a 171 organizaciones y asistencia financiera a 146 proyectos. También sobresalieron las actividades Asistencia a Poblaciones en Situación de Emergencia y Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME II).
Los subsidios a instituciones superaron las metas programadas, ya que se contó con recursos adicionales provenientes de otros programas de la jurisdicción.
El Programa Alimentario y de Apoyo Familiar, ejecutado por la Secretaría de Políticas Sociales, consiste en la asistencia alimentaria a las familias, a través de los programas sociales UNIDOS y PROHUERTA. Su objetivo es realizar un aporte a las necesidades alimentarias del hogar, fomentar mecanismos de asistencia y promoción que privilegien el ámbito familiar y el fortalecimiento de redes solidarias en la comunidad y apoyar y promover estrategias de autoproducción de alimentos. El gasto devengado fue de 34,3 millones de pesos. La cantidad de hogares asistidos fue inferior a lo previsto ya que por razones operativas no fue posible la realización del pago de las transferencias devengadas en los meses de noviembre y diciembre. En relación con el componente PROHUERTA, el programa registra una fuerte reorganización en gastos administrativos para poder asegurar la continuidad de la cosecha primavera-verano 2001/2002.
El programa Tercera Edad y Acción Social, ejecutado por la Secretaría del mismo nombre, tiene el objetivo de ayudar a revertir la situación de exclusión social en la que se encuentran diversos grupos con alta vulnerabilidad, mediante la definición de políticas y la implementación de acciones de promoción, protección, integración social y desarrollo de adultos mayores, jóvenes, discapacitados y jefes/as de hogar y el apoyo y estímulo a organizaciones de la comunidad. El gasto devengado en el 2001 fue de 18,6 millones de pesos, canalizados en su mayoría en la atención a grupos vulnerables. Se destaca la asistencia financiera a jefas de hogar, que supera las metas previstas por aumento de la cobertura, y las tareas de Capacitación del Sistema de Evaluación y Monitoreo de políticas sociales(SIEMPRO), que realizó una serie de módulos de evaluación dirigidos a capacitar áreas sociales provinciales y municipales.
El Programa Lucha contra la Exclusión "Solidaridad" alcanzó una cobertura promedio mensual de 18.450 hogares, con un gasto devengado de 19,9 millones de pesos.
El Programa Crecimiento Regional y Comunitario (REDES) devengó 3,6 millones de pesos, el 92,1% del crédito vigente. Se constituyeron 34 fondos de apoyo al desarrollo y se realizaron 5 ampliaciones de fondos durante el año.
El Programa Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, que ejecuta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, devengó 2,7 millones de pesos, el 62,1% del crédito vigente. No alcanzó los resultados previstos en cuanto a la capacitación y a la obtención de personería jurídica de las comunidades por conflictos dentro de las mismas.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia devengó el 85,2% del crédito presupuestario. En las Actividades Centrales, donde se concentran los gastos en personal, la ejecución fue del 90,8% del crédito vigente.
El Programa Atención Institucionalizada, cuyo objetivo es brindar orientación y asistencia integral a niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal o en situación de riesgo o abandono, mediante la institucionalización o el apoyo económico directo, ejecutó del 84,7% del crédito presupuestario. La mayoría de las metas mostraron desvíos negativos de diversa magnitud, debido a la insuficiencia de fondos, lo que obligó asimismo a suspender los ingresos a los institutos y la derivación de menores a otros programas. Cabe destacar la disminución en la cantidad de personas internadas en institutos, que obedece a la desactivación de institutos o a la descentralización jurisdiccional de los mismos (traspaso a provincias o municipios).
El Programa Sistemas Alternativos a la Institucionalización, ejecutó el 85,1% del crédito presupuestario. Su objetivo es prevenir las situaciones de riesgo, maltrato o abandono infantil y brindar asistencia a niños y adolescentes en dichas situaciones mediante el desarrollo de nuevas formas de contención, la adopción y el fortalecimiento de vínculos familiares. Los desvíos negativos obedecen fundamentalmente a mayor derivación a otros programas y a la falta de personal especializado. Se destaca el Fortalecimiento de Vínculos Familiares, por registrarse una mayor demanda social.
El Programa Aplicación Nacional de la Convención por los Derechos del Niño ejecutó el 45,7% del crédito. Este constituye una nueva línea de acción del Consejo, brindando asistencia técnica y financiera a proyectos desarrollados localmente, que tengan como propósito la implantación de sistemas alternativos a la institucionalización, la promoción y preservación de los derechos del niño y la adecuación de las instituciones (políticas y jurídicas) locales a lo establecido en la Convención. La subejecución de la meta correspondiente a proyectos regionales obedece a demoras en la protocolización a nivel regional.
El Programa Acciones de Fortalecimiento Institucional tuvo mayor demanda que la esperada y ejecutó el 90,9% del crédito presupuestario; promueve el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación formal y el tiempo libre de los niños atendidos por el Consejo.
Las rebajas presupuestarias determinaron atrasos en la ejecución programada, la cual se llevó a cabo a partir del 20 de noviembre.
En el caso de Organización de Eventos, fue posible el cumplimiento debido a que se realizaron seminarios en lugar de congresos (que implican menores gastos).
Respecto a las actividades de capacitación, no se modificó la sobreejecución que viene del trimestre anterior, debido a que el Convenio firmado con la Policía Federal Argentina, prevé que ante una imposibilidad por parte de la Secretaría dicha institución proveerá la diferencia a fin de cumplimentar con lo previsto.
El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal (57,2%) y en servicios no personales. La actividad del Instituto se focalizó claramente en su rol de fiscalizador de las entidades reguladas.
Los controles a cooperativas y mutuales registraron importantes desvíos positivos, resultantes de la reformulación de procedimientos y el requerimiento de presentación de nuevos instrumentos legales.
El Centro Nacional de Reeducación Social concentró su gasto en personal, que representó el 67,2% del total.
El Programa Social Agropecuario – PROINDER y el Programa Financiamiento a Municipios no realizaron programación física para el año en curso.
