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Comisión Nacional de Valores

 

La Comisión Nacional de Valores realiza el control y la fiscalización de la oferta pública de títulos y valores, tarea que incluye la autorización de las respectivas emisiones de acciones y obligaciones negociables, abarcando los mercados bursátiles de todo el país y el Mercado Abierto Electrónico. Asimismo, autoriza y fiscaliza los mercados y contratos de futuros y opciones, así como también, el control societario respecto de las sociedades emisoras. Además, ejerce el control y fiscalización de los Fondos Comunes de Inversión, de los Fondos Fiduciarios Financieros, Fiduciarios Ordinarios Públicos y Fideicomisos Financieros.

En cuanto a la estructura del gasto del organismo, la principal erogación es el gasto en personal, que representa el 68,2% del total del crédito devengado, mientras que los servicios no personales constituyen el 20,7% del mismo.

La fiscalización de entidades de oferta pública disminuyó con respecto a lo programado, en virtud de que en el año se retiraron emisoras.

Por otro lado, la necesidad de verificar nuevos requerimientos produjo un incremento del 58% en las auditorías realizadas a las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión.

En tanto, la fiscalización de fideicomisos financieros presentó un mayor nivel de ejecución (66%) como consecuencia de mayores emisiones por reestructuraciones financieras.

Por su parte, la cantidad de autorizaciones otorgadas para la emisión de títulos valores, superó ampliamente lo programado para el cuarto trimestre (74 vs. 25). Esta sobreejecución logró compensar la disminución de autorizaciones otorgadas durante los tres primeros trimestres del año que se habían producido como consecuencia del incremento de los fideicomisos financieros.

En materia de control disciplinario sobre controlados, la menor cantidad de sumarios realizados se debe a la demora de los procesos administrativos.

Con respecto a la tenencia accionaria en sociedades emisoras, la mayor cantidad de declaraciones juradas realizadas se generó como consecuencia de la agilización en los procesos administrativos y de la reasignación de los recursos humanos.

 

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