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Ministerio de Economía y Producción
En función de las características particulares que reúnen a las actividades centrales del Ministerio de Economía y Producción se observa que el 26,4% del crédito vigente pertenece a la coordinación, conducción y dirección superior, siguiendo en importancia el crédito asignado a los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que concentran el 24,2% del crédito y aquellos pertenecientes a la Secretaría de Hacienda, que representan el 18,8% del crédito total vigente. Por su parte, el mayor porcentaje de crecimiento del gasto, se encuentra relacionado al Programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas. Esto se debe a que durante el cuarto trimestre del ejercicio 2004, dicho programa tuvo una ampliación presupuestaria de sus créditos por $ 40 millones, correspondientes al aporte no reintegrable a la Provincia de San Juan para la atención de las obras de la Central Hidroeléctrica "Los Caracoles".
Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado, se debió a que el personal asignado para dicha tarea se abocó a la realización de operativos de lealtad comercial, los cuales no implican verificación de instrumentos de medición.
Por su parte, la sobreejecución registrada en la realización de operativos de lealtad comercial se debió a la necesidad de aumentar los mismos en materia de publicidad engañosa, seguridad eléctrica, contenido neto, falta de identificación de origen y calidad de productos.
Los arbitrajes realizados en conflictos entre consumidores y empresas fueron menores a los estimados, principalmente, debido a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, tiempos prolongados de resolución. Asimismo, los sectores bancarios y de planes de ahorro previo han rechazado los pedidos de arbitraje solicitados por los consumidores.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.
En lo referente a los dictámenes complejos, durante la primera parte del año hubo operaciones de concentración económica que dada su complejidad requirieron de un tiempo mayor a lo estipulado para su resolución (dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 26.156). Se destacó la denuncia contra la empresa Profertil y la fusión entre las empresas Fibra Dupont Sudamericana y Vicunha Textil, ambos casos requirieron este tipo de dictámenes. Asimismo, el sobrecumplimiento de la meta anual prevista obedece a la resolución -durante la última semana del ejercicio 2004- de un conjunto de fusiones referidas al sector telecomunicaciones.
Por su parte, la sobreejecución presentada en la elaboración de dictámenes simples radica en que se concluyeron casos no resueltos en el ejercicio anterior. Asimismo, el período de instrucción de los mismos fue más corto que el estimado, considerando que dichos dictámenes se refieren a pequeñas o medianas empresas y/o mercados que poseen una estructura simple o sobre los cuales ya se poseía información de antecedentes y/o estudios anteriores, por lo que sólo debieron ser actualizados o, en caso contrario, ordenar su archivo o derivación a otro organismo para la prosecución de su trámite. Asimismo, el tiempo de elaboración del dictamen, depende principalmente del tiempo que tardan las partes notificantes en responder a los requerimientos informativos de cada operación. Cabe destacar que la ejecución final de dictámenes simples durante 2004 se asemeja a la realizada en 2003, a diferencia de la programación anual para 2004, que resulta significativamente inferior.
En cuanto a los estudios de mercado, dado que se ha incrementado significativamente el número de notificaciones de operaciones de concentración económica, en las que deben respetarse estrictamente los plazos legales, no se ha podido concluir con las investigaciones de mercado en curso (mercado postal, de oxígeno líquido, de caucho sintético, análisis de la vacuna contra la fiebre aftosa por incremento de precio, glisfosato, entre otras). Cabe mencionar además, el inicio de una investigación del mercado de gas licuado de petróleo (GLP) según lo encomendado por las autoridades nacionales. Asimismo, se realizó el análisis de denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas en detrimento de los estudios de mercado.
Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por Defensa de la Libre Competencia y del Consumidor, se requirió un mayor número de auditorías a las empresas (sobre la base de la documentación contable y/o extracontable) a fin de poder dictaminar al respecto. Las empresas auditadas fueron Moa, Vitoren, Balbasoni II, Cristal Baz, Optovisión y El Indio. Adicionalmente, durante el cuarto trimestre no se planteó la necesidad de generar pruebas sustentadas en procedimientos de auditoría, pero la única que se llevó adelante insumió la tarea de una importante cantidad de profesionales y demandó múltiples visitas a diferentes empresas.
El desvío observado en el análisis de fusiones y adquisiciones se explica por el número de operaciones de concentración económica notificadas durante el segundo y tercer trimestre, considerando que las mismas surgen de negociaciones entre privados. En el cuarto trimestre y en concordancia con las previsiones para dicho período, se realizaron 12 estudios de este tipo.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tiene asignado el 24,2% del crédito de la administración central del Ministerio de Economía y Producción. El programa Formulación de Políticas del Sector Primario representa el 56,8% del crédito total asignado a dicha Secretaría, siguiendo en orden de importancia el Programa Social Agropecuario-PROINDER , que concentra el 35,5% del mismo.
A través del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico. En concordancia a este objetivo, las transferencias realizadas durante el ejercicio 2004, representaron el 64,5% del gasto devengado por el programa y el 36,4 % con respecto al total del gasto ejecutado por dicha Secretaría. Al 31 de diciembre de 2004, el gasto en transferencias ($ 33,8 millones), significó una ejecución del 68,8 % del crédito asignado a este programa para tal fin ($ 49,1 millones). El bajo nivel del gasto en este inciso se debió, fundamentalmente, a que no se realizaron gran parte de las transferencias previstas por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), ya que no se completaron las licitaciones públicas de algunas obras convenidas con provincias.
La mayor cantidad de publicaciones y ejemplares impresos realizados, se debió mayormente a que por solicitud del Ministerio de Economía y Producción y de la Presidencia de la Nación, se realizó una serie de publicaciones en CD, no programadas para el ejercicio, referentes a temas de la actividad acuícola para ser expuestos en la Feria del Libro. Adicionalmente, durante el tercer trimestre la provincia de Chaco publicó un folleto de promoción del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA) y la Provincia de Corrientes realizó dos videos promocionales para su exposición en eventos. Durante el cuarto trimestre, en la provincia de Chaco se realizó un concurso de ideas de proyectos para jóvenes rurales que alcanzó una cobertura poblacional mucho mayor a la prevista, lo que motivó la necesidad de elaborar material adicional de difusión y capacitación como instrumentos auxiliares para responder a la demanda. Asimismo, en este período la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera superó la meta de publicaciones proyectada, como resultado de su reestructuración.
Respecto al control del tráfico pesquero marítimo, la Disposición 2/2003 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura creó el Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros, dicho sistema permite acceder a información en tiempo real o cuasi real sobre la localización precisa de buques y establece que todo buque pesquero con permiso de pesca vigente deberá contar a bordo con un equipo Transceptor Marino, con receptor GPS incorporado o asociado. El dato de ejecución corresponde a los buques integrantes del Sistema, tanto los que están en navegación (operativos o sin emitir señal al sistema) como los inactivos y/o en puerto.
En lo referente a la asistencia financiera a productores forestales, a través de la Ley Nº 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) se establecen incentivos por parte del Estado Nacional para favorecer las actividades de implantación de bosques, su mantenimiento, manejo, riego, protección, cosecha, investigación y desarrollo, así como la industrialización de la madera; cuando todas estas actividades formen parte de proyectos Foresto-Industriales integrados. En virtud de esto, se dan distintos tipos de beneficios fiscales a todas las actividades y se otorgan apoyos económicos no reintegrables a los bosques implantados (estos aportes son realizados por el Tesoro a través del programa Asistencia Financiera a Sectores Económicos perteneciente a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro). Estos últimos abarcan a proyectos de forestación con especies tradicionales, no tradicionales, especies de alto valor comercial, enriquecimiento de bosques nativos, tratamientos silviculturales (poda, raleo y manejo de rebrotes) y el apoyo económico a pequeños productores agrupados. Como consecuencia de la devaluación de la moneda, los costos de forestación se incrementaron a partir del año 2002; este hecho, sumado a que los forestadores se encuentran actualmente percibiendo los planes ejecutados antes del ejercicio 2002, hizo que las pequeñas y medianas empresas del sector atravesasen una situación económica y financiera poco propicia para alcanzar el desarrollo forestal buscado. Adicionalmente, se registraron atrasos en el otorgamiento de los apoyos económicos no reintegrables, lo que desalentó la actividad de implantación. Todo lo expuesto, provocó que el beneficio recibido tuviese un menor impacto al programado y generase un menor grado de reinversión en nuevas superficies a forestar, durante 2004. A raíz de esta situación, a través de la Resolución Nº 109/2004 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se aprobaron a principios de 2004 los costos de implantación y tratamientos silviculturales que sirven de referencia para el cálculo de los aportes económicos no reintegrables mencionados. Otro factor que repercutió sobre el cumplimiento de las metas previstas para 2004 fue la demora existente en la confirmación de la extensión del Proyecto Forestal de Desarrollo (PFD), actualmente prorrogado hasta el año 2006. Asimismo, en el tercer trimestre del ejercicio se realizó una auditoría que resultó en un sumario administrativo, en el cual se objetaron ciertos procedimientos, algunos de ellos vinculados al otorgamiento de beneficios a los productores forestales. Como consecuencia de esto se suspendieron los pagos de dichos beneficios desde mayo hasta septiembre de 2004. Por otra parte, la asistencia financiera a productores requirió la renovación de cinco convenios con entidades ejecutoras (INTA y otros) que habían vencido el 31/12/03 y no podían renovarse mientras la extensión del PFD no fuera aprobada. Los trámites de renovación de estos convenios se iniciaron en el segundo semestre de 2004 y finalizaron en diciembre.
Con respecto a la extensión e investigación del manejo de plantaciones forestales, la menor cantidad de proyectos en ejecución se debió también a la falta de la confirmación oficial de la extensión, después del 30 de junio, del Proyecto Forestal de Desarrollo (cofinanciado por el Banco Mundial). En consecuencia, durante el tercer trimestre no se realizaron prórrogas de proyectos de investigación existentes, ni se iniciaron nuevos. Si bien durante el cuarto trimestre, la cantidad de proyectos en ejecución se incrementó luego de la confirmación de la extensión del Proyecto y se continuó asistiendo técnicamente a 1.000 productores, no se alcanzó el nivel programado.
En materia de asistencia técnico-financiera e infraestructura básica a grupos de aborígenes, el desvío negativo observado se generó a raíz del cambio de autoridades en las provincias de Chaco y Misiones. Asimismo, en la provincia de Formosa se produjo una reestructuración del manejo y control de las cuentas públicas que determinaron la falta de disponibilidad de fondos para el programa. Al tercer trimestre, luego de la restructuración del equipo técnico en la provincia de Misiones, no se contaba con un responsable para el Fondo de Apoyo a Comunidades Aborígenes, lo que afectó la ejecución de este componente en dicha provincia. Al cuarto trimestre, la provincia de Misiones definió estrategias alternativas para la ejecución de este componente, una de ellas fue la designación de un responsable para el mismo. Por otra parte, los dos proyectos de infraestructura básica a grupos de aborígenes en la provincia de Chaco (suministro de agua en el la zona de interfluvio) se realizaron en forma conjunta y articulada con otros organismos provinciales, lo que dificultó el avance de las actividades al ritmo previsto por el PRODERNEA.
En lo referente a las acciones de asistencia financiera y técnica a pobladores rurales, éstas también se vieron afectadas en la primera mitad del año por los cambios de autoridades en la provincia de Chaco y la reestructuración administrativa en Formosa. Sin embargo, durante el tercer trimestre la provincia de Chaco comenzó a efectuar desembolsos de proyectos ya formulados que estaban en revisión y la provincia de Corrientes -incorporada al PRODERNEA en 2004- inició el financiamiento de proyectos de pobladores rurales. Estas observaciones, sumadas a que durante el cuarto trimestre se registró una ejecución mayor a la prevista, dieron como resultado una ejecución física anual acumulada mayor al nivel programado.
La capacitación a productores rurales y a técnicos (PRODERNEA) mostró una mayor ejecución con respecto a la programado, debido a la referida incorporación de la provincia de Corrientes a estas actividades. En ese sentido, dicha provincia determinó una estrategia de capacitación, promoción y difusión dirigida a la población objetivo en función de los diferentes aspectos del programa. Asimismo, el cambio de autoridades en la provincia del Chaco implicó nuevos enfoques en cuanto a la implementación del programa, determinando la necesidad de capacitar a los equipos técnicos en las nuevas estrategias de ejecución. Por otra parte, durante el tercer trimestre la provincia de Misiones retomó las tareas de ejecución en lo que hace a la capacitación de pobladores rurales, evidenciándose una mayor cantidad de eventos vinculados a esta actividad. En lo referente a la capacitación de nuevos técnicos, estas acciones se concentraron y adelantaron durante el primer semestre del año. Durante el segundo semestre de 2004, se cambiaron parcialmente los equipos técnicos de campo, lo que motivó la necesidad de reiterar capacitaciones en aspectos operativos de la formulación y evaluación de proyectos.
Durante el primer trimestre de 2004 se comenzó la construcción de canales y caminos en dos proyectos identificados como: Riego Valle 16 de Octubre- Chubut y Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas- Entre Ríos. En el segundo trimestre del año, se realizaron avances inferiores a las previsiones por situaciones climáticas adversas registradas en las zonas de obra de estos dos proyectos. Asimismo, durante el segundo semestre se avanzó en las obras mencionadas -recuperándose parte del atraso previo registrado- y en los proyectos de Rehabilitación del Tramo Inferior del Río Mendoza. Asimismo, se iniciaron las obras del proyecto de Saneamiento Hídrico y Desarrollo Productivo de la Línea Tapenagá.
El Programa Federal de Reconversión Productiva es de alcance nacional y define como población objetivo a los productores pequeños y medianos, estimados en cerca de 100.000. Asimismo, no tiene criterios predeterminados de elegibilidad, sólo se requiere la condición de trabajar en grupos con la metodología llevada a cabo por el programa.
La asistencia técnica integral a los productores se brinda de acuerdo a cuatro componentes o campos de acción:
El programa se basa en el trabajo con grupos de productores, quienes son asesorados por un profesional para buscar nuevas oportunidades de mercado. Los objetivos son aumentar la eficiencia de los procesos de producción, lograr una mayor diferenciación del producto final, reorganizar la estructura empresarial y productiva, mejorar la gestión empresarial y consolidar nuevas formas de organización social, entre otros.
En la actualidad existen más de 600 grupos que financian totalmente el pago de la asistencia técnica mientras que, en el caso de grupos nuevos, se subsidia el pago de los honorarios a los asesores en forma decreciente. Durante el primer año del grupo, el programa otorga $500 por mes al asesor, en el segundo año $400 y en el tercero $300. A partir del cuarto año los grupos deben cubrir integralmente los honorarios, lo cual sustenta la idea de transferir tecnología donde el costo de la misma es asumido finalmente por el productor.
El seguimiento y evaluación se hacen tanto a nivel regional como nacional, por la unidad de auditoría interna ubicada en el INTA.
El Programa Social Agropecuario (PSA) y el Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER) realizan acciones de manera complementaria. El ámbito de acción es nacional, con excepción de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego debido al reducido número de integrantes de la población objetivo.
La distribución de los fondos para proyectos entre las provincias se realiza en función de la proporción de explotaciones minifundistas determinada sobre la base del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 1988, lo que lleva a la priorización de las regiones NOA y NEA. La población objetivo del PSA ha sido cuantificada en 159.712 familias, que representan aproximadamente un 40% del total de los productores argentinos.
Por su parte el PROINDER, seleccionó los departamentos en los que la cantidad absoluta de jefes de hogar rurales con necesidades básicas insatisfechas (NBI) vinculados al sector agropecuario es superior al promedio provincial. Asimismo, el programa aplica criterios de focalización adicionales para los casos de aborígenes y trabajadores transitorios agropecuarios. La población objetivo fue estimada en 127.565 familias en todo el país.
Las acciones propiamente dichas brindadas por el PSA, consisten en la asistencia financiera, técnica, apoyo a la comercialización y capacitación. Asimismo, las modalidades de asistencia financiera varían según el tipo de emprendimientos.
En el caso de los proyectos de autoconsumo se otorgan hasta $500 por familia o $5.000 por grupo. Se financian insumos, equipos e inversiones para la producción de granja y huerta y para industrialización de productos y se devuelven con productos a las organizaciones de la comunidad (escuelas, hospitales, asilos, etc.).
En el caso de los demás proyectos se otorgan hasta $ 3.000 por familia y el monto máximo no puede superar los $100.000 por grupo. Los rubros financiables son inversiones prediales, equipos y herramientas e insumos para la producción, mano de obra familiar y ajena. Para los proyectos tradicionales la tasa de interés es del 6% anual sobre saldo y para los innovadores el 4%. La devolución de los fondos depende del rubro financiado y se integran a un fondo rotatorio a nivel de cada provincia.
En el caso del PROINDER, se otorga financiamiento no reembolsable para iniciativas de inversión en bienes y obras de infraestructura grupal y comunitaria. Se financian infraestructura y mejoras fijas, ganado mayor y menor, herramientas y equipo menor, plantaciones y pasturas permanentes, mano de obra, insumos y servicios necesarios para la realización de inversiones.
Los topes de financiamiento (recientemente actualizados) son de $500 por familia y $10.000 por grupo para proyectos de autoconsumo, $3.500 por familia y $ 52.500 por grupo para los subproyectos destinados a bienes e infraestructura de uso comunitario y/o prediales, $3.500 por familia y $100.000 por grupo para subproyectos de inversión destinados a infraestructura de uso comunitario y $8.400 para los subproyectos de asistencia técnica y apoyo a la comercialización.
Cabe mencionar que el promedio por familia en el 2002 fue de $590 mientras que al cierre del año 2003, dicho monto actualizado, alcanzó los $1.034. Por su parte, el promedio no se acerca a los límites porque los proyectos destinados al autoconsumo tienen un monto máximo de $500, y las familias sin experiencia de trabajo grupal pueden pedir primero un proyecto de autoconsumo y al año uno productivo, pero sin exceder el monto de $3.500. En término de las metas acordadas con el BIRF, la actualización no se hizo por tipo de cambio sino por modelos de proyectos y actualización de sus costos.
En el ejercicio 2004, si bien se generó un incremento del 62,1% en comparación a la ejecución financiera de 2003, en terminos físicos -respecto de igual período del año anterior- la asistencia financiera se incrementó un 95,9% y la asistencia técnica un 65,1%. Durante 2004 la suspensión de actividades y consultorías en otros componentes del programa, permitió que los créditos no utilizados en éstos se aplicaran al subcomponente de Apoyo a las Iniciativas Rurales, aumentando significativamente el número de familias que recibieron financiamiento para proyectos productivos y su correspondiente asistencia técnica.
La ley de Zonas Francas dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentran habilitadas 9 zonas francas: La Plata (provincia de Bs. As), Justo Daract (provincia de San Luis), Cruz Alta (provincia de Tucumán), Córdoba (provincia de Córdoba), Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), General Pico (provincia de La Pampa), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Güemes (provincia de Salta) y Puerto Iguazú (provincia de Misiones). El motivo del desvío observado responde a problemáticas de origen económico-financiero, que no resultaron previsibles para la autoridad de aplicación.
Los desvíos en la expedición de certificados en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos y en la emisión de Certificados de Origen Nacional para Productos de Exportación respecto de lo programado, se debe a que su previsión está determinada por demandas originadas en las exportaciones que realiza el sector privado y que, a pesar de ser estimada mediante proyecciones, resulta difícilmente predecible.
A través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), se emiten certificados de origen para aquellos productos exportados que se encuentran incluídos en los listados elaborados por los países que otorgan este beneficio. La diferencia existente entre las cantidades presupuestadas y el número de emisiones efectivizadas de estos certificados, se sustenta en la mayor difusión del Sistema y de sus beneficios para el sector, como en el incremento de la corriente exportadora de nuestro país.
En cuanto al control de las empresas del Régimen Planta Llave en Mano, limitaciones en la disponibilidad de personal para ser asignado a esta tarea determinaron la imposibilidad de concretar la totalidad de las auditorías previstas.
En lo referente al régimen de financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes de capital, se observa que del total de empresas que empezaron el trámite ninguna completó la información esencial requerida para la prosecución de éste, motivadas por las dificultades de acceso al crédito.
En materia de resolución de casos de dumping, durante el año 2004 se expidieron resoluciones definitivas sobre 4 productos de China (termos con ampolla de acero inoxidable, glisfosato y sus formulaciones, brocas helicoidales y sierras manuales de acero aleado), 4 productos de la Unión Europea (almidones y féculas, gluten de trigo, duraznos en almíbar y aceite de oliva), 1 de Estados Unidos - México (Policloruro de vinilo –PVC- en suspensión) y 1 de Brasil (brocas helicoidales).
El objetivo del programa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Asimismo, se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo-precio, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.
El bajo nivel de gasto devengado por este programa, se debe a la subejecución financiera registrada por el Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO), el cual se financia con los fondos que el Banco Mundial entrega a la Unidad Ejecutora del Proyecto, en el marco del Convenio de Donación firmado (BIRF OTF 22.013). Durante 2004 este Proyecto devengó $ 3,4 millones, de un crédito vigente por $ 13 millones.
La mayor ejecución observada en la habilitación de nacionales en el régimen automotor, respecto de la prevista, se debió a que entró en plena vigencia la exigencia de la Licencia de Configuración de Modelos (LCM) para distintas categorías de vehículos. Asimismo, el 31 de marzo venció la prórroga prevista por la Resolución Nº 85/2003 referente a la certificación de los ensayos de seguridad activa y pasiva, agilizándose los tiempos de tramitación. Por su parte, los desvíos observados en la habilitación de importados en el régimen automotriz, pueden atribuirse, en general, a una mejora de la actividad económica que se refleja en incrementos no previstos en la demanda de autorización de importación de vehículos, tanto en el marco del Régimen de Discapacitados (Resolución 64/2001 de la Secretaría de Industria) como en el de la Ley N° 25.660 (importación de vehículos especiales usados por las Asociaciones de Bomberos Voluntarios). En particular, se observó en el cuarto trimestre que la terminal Ford Argentina S.C.A. incrementó el número de solicitudes para la importación de vehículos bajo el Régimen de Discapacitados.
Durante el primer semestre de 2004 se evidenciaron mayores reintegros a los previstos para la compra de autopartes nacionales, debido a que las solicitudes de bonos se hicieron con un ritmo mayor al programado y se finalizaron trámites de presentaciones correspondientes al ejercicio anterior. Si bien en el segundo semestre la cantidad de certificados expedidos fue menor a la programada, debido a que influyó la baja de seis evaluadores y la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático (incorporado hacia fines de septiembre), la sobreejecución observada en la primera mitad del año compensó esta caída, alcanzándose los valores anuales previstos.
Con respecto al plan canje automotor, los expedientes que ingresan se refieren al pedido del beneficio fiscal. En estos momentos, en que el régimen está terminado, sólo quedan pretensiones de las beneficiarias por operaciones de compra y venta que en su momento fueron observadas por incompletas (por temas de precios, registrales, desórdenes de fechas, categoría de camiones y otras causas). Debido a que la entrega de bonos está suspendida por decisión política, los expedientes evaluados conforme, se acreditan en la cuenta de la terminal correspondiente hasta tanto se resuelva la suspensión. Esto significa que las empresas siguen presentando solicitudes de reintegro que se acumulan e implican un cargo devengado a futuro que no se está efectivizando en el presente.
La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola durante 2004, obedeció a un aumento importante de las presentaciones, debido al incremento de la operatividad de las empresas del sector agrícola-industrial y a la prórroga del régimen de incentivo fiscal para fabricantes locales de bienes de capital (Decreto 594/2004).
El aumento observado en las autorizaciones a discapacitados para la importación de automotores, se debió a que algunas obras sociales progresaron en sus prestaciones aceptando mayor cantidad de solicitudes de afiliados con discapacidades.
Dentro del Registro de Armas Químicas presentan sus declaraciones juradas las empresas importadoras, exportadoras y productoras de compuestos químicos considerados armas químicas, como también de sus precursores, mayormente utilizados en la industria química y farmacéutica. Las empresas alcanzadas por las disposiciones de esta Convención Internacional deben presentar sus declaraciones juradas relativas a la actividad desarrollada durante el año anterior, antes de finalizado el primer trimestre del año. Debido a esto, en dicho período se concentra la mayoría de las registraciones y la actividad de los demás trimestres del año depende del cumplimiento en término del plazo mencionado, o de otro tipo de intervenciones fuera del marco previsto.
En cuanto a la administración del registro industrial, el desvío observado durante el año obedece, en parte, a la decisión de las firmas de concurrir a realizar su reinscripción dentro de las fechas previstas como tentativas de vencimiento (fijadas con el objeto de ordenar la distribución de trabajo), ya que pueden realizar dicha presentación en cualquier momento del año calendario. Asimismo, no es factible estimar la cantidad de establecimientos nuevos que comenzarán su actividad durante el año o de aquellos que la reiniciarán. Adicionalmente, existieron trámites atrasados y pendientes de revisión, debido a la falta de personal y equipamiento necesario.
Los certificados de verificación de compre nacional mostraron un desvío positivo con respecto a lo previsto. El incremento observado en el año, resultó de una mayor cantidad de compras por parte de las entidades demandantes de dicho certificado (concesionarias de servicios públicos). Asimismo, los efectos derivados de la crisis energética generaron un aumento en materia de inversiones de las empresas de transporte y distribución de gas y energía eléctrica, tanto para el mantenimiento como para el incremento de la capacidad.
En cuanto a la administración del registro de importaciones del sector editorial, la mayor cantidad de certificados expedidos guarda relación directa con el mayor nivel de actividad de este sector, ya que disminuyó la cantidad de impresiones de libros, revistas y publicaciones realizadas en el exterior para ediciones nacionales. Adicionalmente, la mejora en la calidad ha abierto la posibilidad para nuevas exportaciones.
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (PyMEyDR), realiza su actividad de apoyo a dicho sector mediante las siguientes acciones:
Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo, el cuál les permite recuperar dichas erogaciones -una vez aprobado el proyecto de capacitación- a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso, utilizable para cancelar tributos nacionales como IVA y Ganancias. Desde fines del año pasado se ha logrado acelerar la emisión de certificados correspondientes a los llamados anteriores (2000, 2001, 2001 bis y 2002). Al 31/12/2004 se emitieron 1.022 certificados por un monto cercano a los $ 8,5 millones. Por otra parte, mediante Disposición Nº 389/2004 del 29 de septiembre, se aprobó el reglamento para la conformación y administración del "Registro de Empresas" y del "Registro de Unidades Capacitadoras", por el cuál se establece que las empresas y unidades capacitadoras que quieran participar del régimen 2004 y en los sucesivos llamados, deben inscribirse vía internet. El 18 de noviembre venció el plazo de presentación del llamado 2004: los proyecto aprobados fueron 219 (182 con asignación y 27 sin asignación). El monto aprobado para los proyectos con asignación totalizó el cupo de $ 5 millones, comprendiendo la capacitación de 27.925 personas. La distribución sectorial de los proyectos aprobados para este llamado fue: 38% correspondientes a la industria manufacturera, 27% a servicios, 21% a comercio y el restante 14% a otros sectores.
Apoyo a la reestructuración empresaria (PRE): Se beneficia a las empresas PyME mediante aportes no reembolsables, hasta el 50% de proyectos de asistencia técnica que incluyan servicios técnicos profesionales, tales como: estudios de mercado externo e interno, desarrollo de nuevos productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, planes comerciales, certificación de normas de calidad, etc.; que estén orientados a fortalecer su competitividad en las áreas vinculadas a proyectos de exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y proveedores, promoviendo la asociatividad e incrementando la presencia en el mercado. El 30 de junio de 2004 venció el plazo para la presentación y los proyectos postulados fueron evaluados en el transcurso del mes de julio. Desde mediados de septiembre, los proyectos que fueron aprobados están en condiciones de comenzar su ejecución. En agosto de 2004 se obtuvo una prórroga de 26 meses para el PRE, estimándose que en dicho período el programa desembolsará U$S 18 millones para financiar a cerca de 1.500 PyMEs.
Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyMEs y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Al 31 de diciembre del año 2004 están autorizadas: Garantizar S.G.R (B.N.A), C.A.E.S. S.G.R., Avaluar S.G.R., Macroaval S.G.R., Afianzar S.G.R., Azul Pyme S.G.R., Libertad S.G.R., Intergarantías S.G.R., Propyme S.G.R., Agroaval S.G.R., Solidum S.G.R (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.), Don Mario S.G.R., Vinculos S.G.R., Garantía de Valores S.G.R., Los Grobo S.G.R., Campo Aval S.G.R., Puente Hnos. S.G.R. y Fidus S.G.R.
Crédito Italiano: el gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorgará préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 25.000.000 de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa anual aproximada del 5,5 % . El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía y Producción y Relaciones Exteriores y Culto) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Durante el ejercicio 2004, el Comité Técnico concluyó la evaluación del 2° llamado (vencido el 3/11/03). Se elevaron a la siguiente etapa de evaluación 60 proyectos por un monto de créditos de 34,5 millones de euros, 9 de los cuáles fueron remitidos a Italia para su análisis y otras 20 empresas se encuentran completando documentación de proveedores para proseguir el trámite en dicho país. En cuanto al 1° llamado (vencido el 31/10/02), el Banco de la Nación Argentina aprobó 41 proyectos por 22 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2004, 37 de estos proyectos se encuentran próximos al desembolso: 14 ya fueron aprobados por la institución intermediaria de la línea crediticia, el Mediocrédito Centrale y ya entraron en la etapa de instrumentación final de la operación; 11 están siendo evaluados en el país europeo y 12 están completando la documentación para ser girados
Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): El objetivo del FONAPYME es brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas de PyMEs nuevas o viables con limitaciones para acceder al crédito bancario tradicional. Para ello se dispuso el llamado general a concurso por $ 80.000.000 para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tienen prioridad en la asignación de los recursos los proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos de inversión individuales y asociativos son de $ 200.000 y $ 500.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el Comité de Inversiones (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). Se financia del 50 al 70 % de la inversión, dependiendo del monto del proyecto y del patrimonio de la empresa y el plazo de amortización es de hasta 3 años con un período de gracia de 12 meses (incluidos en los 3 años, con excepción de las nuevas empresas con solicitudes de hasta $ 20.000, que podrán acceder a un período de gracia de hasta 18 meses, no incluidos en el plazo de amortización mencionado). Por otra parte, podrán acceder a créditos de recomposición de capital de trabajo (materias primas e insumos y pago de salarios), las empresas que acrediten mas de un año de actividad (facturación) y los proyectos asociativos constituidos por PyMES. Los montos a financiar en estos casos son de hasta $ 100.000, sin superar el 40 % de venta de los últimos 12 meses (sin incluir IVA) y el plazo es hasta 18 meses y con hasta 6 meses de gracia.
En cuanto a los proyectos presentados y aprobados en el Tercer Llamado General, se recibieron, a nivel nacional, en los cuatro cierres de 2004 (31 de marzo, 31 de mayo, 30 de julio y 29 de octubre), un total de 429 proyectos por un monto total solicitado de $ 42.312.228. Al 31 de diciembre, 95 proyectos, por un monto total de $ 8.714.697, fueron aprobados por el Comité de Inversiones del FONAPyME. Por su parte, a nivel nacional se recibieron en los dos llamados de Turismo (cierres del 31 de marzo y 31 de mayo correspondientes al primer llamado y cierre del 31 de agosto correspondiente al segundo llamado), 87 proyectos por un monto total solicitado de $ 13.424.283; de los cuales el Comité de Inversiones ya aprobó 21, por un monto total $ 3.576.112. Adicionalmente, a los dos llamados de Acuicultura se presentaron 13 proyectos por un monto de $ 2.015.045. Al 31/12/04, 5 de estos proyectos por un total de $ 381.616, ya fueron aprobados por el mencionado Comité.
Asimismo, se convocó al llamado a Concurso Público para la presentación de proyectos de empresas PyME, para el sector de Ciencia y Tecnología (etapa de producción a escala). El monto total del llamado fue por $10.000.000 -sujeto a disponibilidad- correspondiendo $ 5.000.000 para el primer cierre (21 de octubre de 2004) y $ 5.000.000 para el cierre final (29 de diciembre de 2004). Los proyectos fueron recibidos desde el día 23 de septiembre de 2004. La asistencia financiera para estos proyectos, debe aplicarse a la producción de bienes o servicios de base científica o tecnológica, que hayan sido desarrollados conjuntamente o con financiamiento de agencias pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, agencias provinciales para investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, universidades públicas o privadas, proyectos de investigación y desarrollo gestionados por unidades de vinculación tecnológica u otros desarrollos privados que estén cubiertos por patentes, registro de diseño o propiedad intelectual o registros de modelo de adición.
Crédito a la micro y pequeña empresa (MyPEs II): El objetivo de este Fideicomiso (conformado por fondos del BID y entidades financieras y beneficiarios de proyectos como contrapartes locales) es el acceso de las Micro y Pequeñas empresas a créditos en dólares, a baja tasa de interés, para prefinanciar y financiar exportaciones, capital de trabajo y adquisición de activos fijos. A través del Decreto Nº 1636/2004, se redireccionaron los fondos de cuatro préstamos firmados con el BID, que contaban con saldo disponible y no comprometido, hacia dos programas (uno de ellos es el MyPEs II, el otro es el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales). De esta forma, se agregaron U$S 96 millones, que se suman a los U$S 100 millones que se encuentran en proceso de instrumentación a través de dos fideicomisos financieros (el primero, de ellos ya se encuentra operativo). En 2004 se firmó el primer fideicomiso por 85 millones de dólares, el cual contará con 50 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 35 millones de dólares por los bancos que otorgan los créditos: Credicoop y Macro-Bansud, adjudicatarios de la compulsa entre entidades financieras convocada por el Banco Central de la República Argentina. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar el millón de dólares. El plazo máximo de devolución para capital de trabajo, prefinanciación y financiación de exportaciones es de 12 meses. Para activos fijos se podrá autorizar el financiamiento de inversiones hasta un plazo máximo de siete años, con hasta tres de gracia, siempre que el objeto del financiamiento sea consistente y así lo justifique, de acuerdo a los criterios del banco y del administrador fiduciario. La tasa de interés se determina trimestralmente por la Unidad Coordinadora del Programa, sobre la base de los fondos del BID y de captación de los bancos participantes.
El Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro) está destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de micro-emprendimientos existentes. A través del FOMICRO se otorgan créditos para unidades productivas individuales, de entre 3.000 y 30.000 pesos a sola firma, con una tasa del 7% anual -bonificada por la Subsecretaría PyME en 5 puntos porcentuales anuales- y un plazo de hasta 48 meses. Para las unidades productivas agrupadas (más de 10 integrantes), los préstamos van de 30.000 a 150.000 pesos, al 7% anual, con un plazo de hasta 84 meses, y la garantía en estos casos depende del tipo de proyecto. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME y se brinda capacitación y asistencia a través de las 400 organizaciones sociales y populares autorizadas. El programa incluye el fortalecimiento de las organizaciones sociales intervinientes, priorizando la transparencia en su selección y buscando tener presencia en la mayor parte del país. El FOMICRO entró en funcionamiento en abril de 2004, a partir de noviembre se suspendió la recepción de proyectos hasta abril de 2005 con el objeto de finalizar el análisis de los mismos. Por lo tanto, los proyectos presentados entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre de 2004, serán devueltos a fin de que se encuadren en los nuevos lineamientos previstos para el año 2005 (entre ellos, se impondrá como requisito previo al financiamiento la capacitación de los emprendedores por parte de las organizaciones sociales, las cuales participarán de jornadas de formación y homogeneización metodológica). Al 31 de diciembre de 2004 se recibieron 2.720 proyectos, 1.271 de los cuales ya han sido analizados o se encuentran en análisis (746 se consideraron viables, 327 no viables, 40 fueron desistidos por el respectivo emprendedor y 158 aún están en análisis).
Bonificación de tasa de interés: Se amplió el régimen de bonificación de tasas de interés para los créditos destinados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) -régimen actualmente vigente- incrementando ese subsidio de 3 hasta 8 puntos porcentuales anuales, por un monto de 500 millones de pesos. El 14 de abril de 2004 se licitaron cupos de crédito de $100 millones (primer llamado 2004), para bonificar tasas de interés en créditos a Pymes y financiar hasta el 80% de la compra de bienes de capital nuevos de fabricación nacional. El monto máximo de préstamo por empresa fue de $ 800.000 con un plazo entre 24 y 60 meses y una tasa fija anual en pesos. Se recibieron 57 ofertas por un monto de $ 162 millones, con resultados de condiciones crediticias satisfactorios para las MiPyMEs. Por Disposición Nº 153/2004 resultaron adjudicadas 36 de estas ofertas (realizadas por 17 entidades financieras) por un monto de $ 100 millones, implicando una tasa bonificada promedio general anual del 8,37%. El 17 de agosto de 2004, se realizó una nueva licitación (segundo llamado 2004) para bienes de capital por otros $ 100 millones, resultando adjudicados 19 bancos y obteniéndose una tasa bonificada promedio general anual del 8,42%. El 7 de septiembre de 2004, se realizó un nuevo llamado por $ 60 millones para financiar capital de trabajo. Por Disposición 390/2004 se adjudicó este cupo a 10 entidades financieras (19 de las 46 ofertas presentadas), por montos que van desde los 1.000 a los 5.000 pesos.
