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En función de la nueva redefinición de las actividades centrales del Ministerio de Economía y Producción se observa que el 29,7% del crédito vigente pertenece a la coordinación, conducción y dirección superior, siguiendo en importancia la administración financiera y la formulación de políticas del sector primario, que representan el 22,6% y el 12,2 % del crédito vigente.
La Subsecretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor a través de los distintos programas que se encuentran bajo su órbita, se encarga de la implementación de políticas y de los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.
En ese sentido, efectúa las propuestas, evaluación y control de las políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios, tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la simplicidad funcional y la modernización de las normas técnicas.
En función de la disponibilidad de recursos durante el primer trimestre del año y del reclamo de las asociaciones de consumidores para recibir dichos subsidios, se decidió adelantar las contribuciones financieras a favor de las 16 asociaciones de consumo inscriptas en la Secretaría. Asimismo, durante el segundo y el tercer trimestre, se otorgó un total de tres subsidios a nuevas asociaciones de consumo debido a que cumplieron con sus trámites de inscripción.
Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado se originó, principalmente, en una reasignación de personal hacia la realización de operativos de lealtad comercial que no implican verificación de instrumentos de medición ( control de precios) y a la atención del público. De igual modo, la disminución de la importación de instrumentos de medición (tales como cintas métricas, metros de madera, etc), como el cambio de las autoridades influyeron sobre el desvío observado. Por su parte, durante el mes de septiembre del corriente año, se aprobó el Decreto N° 788/03, que entre otros aspectos, delegó la verificación periódica de instrumentos de medición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Asimismo, la sobre ejecución en la cantidad de los operativos de lealtad comercial (a cargo de esta Dirección) se debió a la gran cantidad de denuncias recibidas que tuvieron como objetivo el control de precios en supermercados y comercios en general.
En cuanto a la instrucción de sumarios a empresas, el desvío obedeció a que se han resuelto, además de los programados, un número de casos, que debido a su complejidad, no habían sido concluidos en el ejercicio anterior.
La cantidad de arbitrajes en conflictos entre consumidores y empresas realizados fue menor a la estimada principalmente debido a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, que la resolución del caso lleve más tiempo que el previsto. Asimismo, los sectores bancarios y de planes de ahorro previo han rechazado los pedidos de arbitraje solicitado por los consumidores.
Con respecto a la publicación de precios relevantes, se decidió, para el primer semestre del año, elaborar informes bimestrales en lugar de mensuales atendiendo a un requerimiento presupuestario.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.
A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (CNDC).
Las audiencias públicas fueron proyectadas para que cuando el interés económico general y el propio de las partes lo amerite; se realizan con la participación de denunciantes, damnificados, presuntos responsables, testigos y peritos para optimizar la resolución de los conflictos. Durante el trimestre analizado, en ninguno de los casos fue necesaria la realización de dichas audiencias públicas.
Por su parte, la sobreejecución presentada en la elaboración de dictámenes simples radica en que se concluyeron casos no resueltos en el ejercicio anterior. Asimismo, dichos dictámenes se refieren a pequeñas o medianas empresas y/o mercados que poseen una estructura simple o bien de los cuales ya se poseía información de antecedentes y/o estudios anteriores, por lo que sólo debieron ser actualizados.
Los estudios de mercado configuran una fuente de información necesaria para la orientación de casos complejos y los estudios de concentraciones económicas. En ese sentido, el organismo, orientó su gestión con mayor intensidad al estudio de ciertas investigaciones, en particular de mercado, y en denuncias consultivas.
Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por defensa de la libre competencia y del consumidor, se requirió de un mayor número de auditorías a las empresas (sobre la base de la documentación contable y/o extracontable) a fin de poder dictaminar al respecto. Durante el tercer trimestre se ha dado un mayor impulso a la investigación de casos antimonopólicos, destacándose entre ellas las auditorías realizadas en las firmas Loma Negra, Minetti, Corcemar, etc.
De acuerdo a los casos analizados, la Comisión no consideró el otorgamiento de autorizaciones de prácticas comerciales determinadas.
El análisis de las fusiones y adquisiciones se vio reducido a partir de la modificación de las formas jurídicas de presentación, como así también los umbrales de volumen de negocios requeridos para su notificación. Asimismo, en forma adicional al análisis de fusiones y adquisiciones se incorporó el análisis de opiniones consultivas y de diligencias preliminares, lo cual requirió de una reorientación de recursos humanos a la resolución de los mismos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) elabora y ejecuta planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agro-industrial, coordinando y conciliando los intereses del gobierno nacional, las provincias y los diferentes subsectores. El objetivo perseguido es promover la utilización y conservación de los recursos naturales destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. Asimismo, efectúa el seguimiento del accionar de los organismos descentralizados del sector (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, a fin de evaluar su desempeño y realimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tiene asignado el 20,3% del crédito asignado a la Administración Central del Ministerio de Economía y Producción.
A través del Programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico.
El desvío positivo observado en publicaciones, se originó en el incremento de la productividad de los insumos por lo cual se obtuvieron más productos por el material elaborado.
La menor cantidad de productores agropecuarios capacitados y asistidos financieramente hasta el tercer trimestre se debió, fundamentalmente, al cambio de orientación sobre las acciones del PRODERNEA en función de la renovación de autoridades de la Secretaría. Por su parte, la demora en la aprobación de la adenda al convenio, por parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) efectivizando dicha reorientación, motivó la falta de recursos necesarios para ejecutar la capacitación y la asistencia financiera. Asimismo, el período preelectoral en algunas provincias retrasaron la aprobación de la documentación que autoriza las distintas fases del PRODERNEA. Por su parte, el apoyo a comunidades aborígenes ha demostrado una mayor dinámica durante el primer trimestre del año la cual se desaceleró durante el segundo y tercer trimestre. Dicha asistencia fue llevada a cabo a través de diversos proyectos, en diferentes localidades, en la provincia del Chaco se destacan : Nueva Pompeya (cabras – miel – tuna – huerta), Sauzalito (apícola), Miraflores (huerta y provisión de agua), Charata (granja), Machagai (ganadero) y en la provincia de Misiones: Fortín Mbororè (huerta y frutales) y Katupyrí (cría de carpinchos).
En cuanto a la asistencia a productores forestales, en la Ley N° 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) se establecen beneficios fiscales a fin de generar una masa boscosa que se acerque a las 100.000 ha. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas del sector atraviesan una situación económica y financiera poco propicia para alcanzar el desarrollo forestal buscado. En adición, se registraron atrasos en el otorgamiento de los apoyos económicos no reintegables, que desalentó a los forestadores en la actividad de implantación. Si bien, hasta el tercer trimestre del año, se tendió a regularizar esta situación, en un marco de crecimiento general de la economía, se estima que los efectos podrán advertirse en el 2004. Como resultado en este período, la falta de fondos impidió la asistencia a los pequeños productores forestales y en cuanto a las hectáreas forestadas, el sector ha disminuido la plantación.
En cuanto a la construcción de drenajes y rehabilitación de áreas, durante el tercer trimestre se avanzó en la construcción de canales, sin embargo, la construcción de drenajes y caminos se encuentra sujeta a retrasos en el trámite licitatorio.
El programa interviene a través de dos grandes componentes:
Los criterios de focalización utilizados están dirigidos hacia explotaciones pequeñas y medianas que, debido al tamaño del predio y tipo de organización del trabajo y del capital, obtienen un ingreso anual inferior al requerido para financiar sus necesidades familiares y la evolución de la empresa. El sector analizado presenta una demanda potencial de 120.000 pequeños y medianos productores agropecuarios, lo que implica que sólo se cubre aproximadamente el 10% de la demanda.
La menor asistencia financiera a grupos de pequeños productores tuvo relación directa con los fondos disponibles durante la primer parte del año.
En cuanto a la asistencia técnica, si bien el promedio de familias asistidas es cercano a lo programado, durante el primer trimestre se asistieron 10.500 familias mientras que en el segundo y tercer trimestre se asistieron a 7.500 ( 3.000 familias menos) debido a restricciones presupuestarias y operativas.
Si bien se generó un incremento del 379,3 % en cuanto a la ejecución financiera con respecto al año 2002, cabe mencionar no se observa una relación y actualización directa con la ejecución física de las metas, debido a que las mismas son informadas en función del pagado.
Asimismo, durante el tercer trimestre se incrementó en 956, el número de familias asistidas financieramente. Por su parte, se actualizó el monto percibido por beneficiario, ya que el establecido en 1998 era de hasta $1.500 por familia (con la convertibilidad) y no permitía realizar proyectos que tuvieran algún impacto sobre los ingresos, mientras que ahora es de $3.500. El promedio por familia en el 2002 fue de $590 y este año está en $1.034, dicho promedio no se acerca a los límites porque los proyectos destinados al autoconsumo tienen un monto máximo de $500, y las familias sin experiencia de trabajo grupal pueden pedir primero un autoconsumo y al año un proyecto productivo, pero sin exceder el monto de $3.500. En término de las metas acordadas con el BIRF, la actualización no se hizo por tipo de cambio sino por modelos de proyectos y actualización de sus costos.
La menor cantidad de inspecciones realizadas tuvo relación directa con los fondos disponibles para estas acciones. En cuanto al otorgamiento de títulos de propiedad intelectual, el desvío negativo se debió a la falta de respuesta, por parte de los solicitantes de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, a los requerimientos administrativos legales exigidos. Por su parte, problemas operativos coadyuvaron a la menor cantidad de títulos otorgados, por lo cual las solicitudes se encuentran en distintas etapas de tramitación antes de su resolución.
La mayor cantidad de análisis de calidad de semillas se originó en la incorporación de nuevas especies a los ensayos de microsatélites.
La Secretaría de Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa es la encargada de la definición de la política industrial y el diseño, financiamiento y utilización de los instrumentos para contribuir a promover el desarrollo y crecimiento de dicho sector, actuando como autoridad de aplicación de los regímenes de promoción, cuando las normas respectivas así lo establezcan. En ese sentido, analiza la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica para definir acciones sectoriales en el área industrial del proceso de integración regional y/o acuerdos especiales con otros países. Del mismo modo, actúa en lo referente a las prácticas antidumping, a las subvenciones y medidas compensatorias en el ámbito de su competencia e interviene en la fijación de la política de promoción comercial y participación en ferias, exposiciones y misiones destinadas a estimular el intercambio con el exterior.
Asimismo, ejerce el control superior del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y supervisa lo vinculado al desarrollo de las actividades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La ley de Zonas Francas dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentran habilitadas 8 zonas francas: La Plata (provincia de Bs. As), Justo Daract ( provincia de San Luis), Cruz Alta (provincia de Tucumán), Córdoba (provincia de Córdoba), Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), General Pico (provincia de La Pampa), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Güemes (provincia de Salta) y por último Puerto Iguazú (provincia de Misiones) habilitada en el primer trimestre del año 2002. El motivo del desvío observado responde a problemáticas de origen financiero, que no resultaron previsibles para la autoridad de aplicación.
La demanda de los certificados expedidos en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos está determinada por las exportaciones concretadas por el sector privado, en directa relación con los requerimientos sobre certificación.
La demanda de Certificados de Origen Nacional para Productos de Exportación está determinada por las exportaciones realizadas en el sector privado, motivo por el cual el número final de certificados emitidos depende de factores no previsibles.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), emite certificados de origen para aquellos productos exportados bajo el régimen, que se encuentran incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio. La demanda de tales certificados está determinada por las exportaciones concretadas por el sector privado, en directa relación con los requerimientos de estos países. En consecuencia, puede estimarse que la diferencia existente entre la cantidad presupuestada y la cantidad efectivamente tramitada se debe a una mayor difusión, en el sector exportador, de la existencia del sistema y los beneficios ofrecidos, como así también a un incremento de la corriente exportadora de nuestro país.
En cuanto al régimen de financiamiento del IVA para bienes de capital, los proyectos que se encuentran en el área carecen de la información esencial para la prosecución del trámite, en consecuencia, se procedió a solicitar dicha información a los interesados. No obstante, la actual situación financiera dificulta el acceso al crédito, motivo por el cual las empresas no han completado la información.
El objetivo del programa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Asimismo, se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo- producto, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.
La mayor ejecución observada en la habilitación de nacionales en el régimen automotor, se debió a que entró en plena vigencia la emisión de certificados de Licencia de Configuración de Modelos (LCM) y de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Asimismo, en la proyección anual no se había estimado el volumen de expedientes presentados para tramitar las excepciones de CHAS y LCM.
La menor cantidad de certificados expedidos para la habilitación de importados en el régimen automotor se debió al dictado de la Ley N° 25.660, que autoriza la importación de vehículos importados para ser utilizados por las Asociaciones de Bomberos dejando de tener intervención esa Secretaría, y a la poca importación de vehículos dada la devaluación monetaria.
Con respecto al plan canje automotor, los expedientes que ingresan se refieren al pedido del beneficio fiscal. En estos momentos en que el régimen está terminado, sólo quedan pretensiones de las beneficiarias por operaciones de compra y venta que en su momento fueron observadas por incompletas, por temas de precios, registrales, desórdenes de fechas, categoría de camiones y otras causas. Debido a que la entrega de bonos está suspendida por motivos de política presupuestaria, los expedientes evaluados conforme, se acreditan en la cuenta de la terminal correspondiente hasta tanto se resuelva la suspensión de la entrega de bonos. Esto significa que las empresas siguen presentando solicitudes de reintegro que se acumulan e implican un cargo devengado a futuro que no se está efectivizando en el presente.
Por su parte, la baja ejecución en reintegros para la compra de autopartes nacionales se debió a que las solicitudes de bonos no se hicieron en el ritmo previsto, como consecuencia de la magnitud de la documentación que debía acompañar a las mismas ( de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de la Secretaría de Industria N° 81/01). No obstante, el proyecto para simplificar las mismas se aprobó con la Resolución de la Sec. de Industria Comercio y Minería N° 42/2002. Las primeras presentaciones fueron desordenadas, incompletas y con faltas de consistencia, por lo cual aún se trabaja para subsanar deficiencias. Por su parte, la verificación del 100% de la documentación presentada demora la operatoria, además del incumplimiento por parte de las recurrentes que imposibilita la tramitación de la documentación presentada.
La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola obedeció a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento de la operatividad de las empresas del sector agrícola-industrial y a la prórroga del régimen de incentivo fiscal hasta el 31/12/03.
Con respecto a la autorización a discapacitados para la importación de vehículos importados, la menor ejecución se produjo como consecuencia de la modificación de la relación $/U$S y su consecuente repercusión sobre los ingresos reales de los particulares como de las entidades (obras sociales, mutuales, etc), lo cual provocó la disminución de los pedidos de autorización. Asimismo, durante el tercer trimestre se gestionaron solicitudes que en su mayoría han sido para implantes cocleares; mercaderías de imposible obtención en plaza.
Dentro del Registro de Armas Químicas presentan sus declaraciones las empresas importadoras, exportadoras y productoras de los compuestos químicos, que son considerados armas químicas, como también sus precursores, que en la mayor parte de los casos, tienen importantes y variados usos en la industria química y farmacéutica.
En cuanto a la administración del registro industrial, la menor ejecución se generó como consecuencia de la nueva modalidad de presentación de los trámites, por lo cual las empresas requirieron de un mayor asesoramiento para la presentación de las inscripciones y renovaciones, mientras que otros, por contener errores no pudieron ser ingresados en su primera entrega. Asimismo, la falta de hardware adecuado a las necesidades del Registro Industrial de la Nación, para el procesamiento de la documentación, como así también de personal (la atención al público por ventanilla y telefónica insume la totalidad del personal), produjeron la demora antes mencionada.
Los certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío negativo con respecto a lo programado debido a que el inicio efectivo de su obligación de presentación fue en enero del 2003, por lo cual en el 2002 no se generó ningún certificado. Por ese motivo, se considera el período transcurrido como una etapa de conocimiento, aprendizaje y adaptación por parte de la autoridad de aplicación y de los sujetos obligados, y en particular a su cumplimiento por estos últimos. Cabe remarcar que sólo 11 entidades privadas se encuentran participando, y ninguna por parte del sector público. En el caso del Estado Nacional, se ha informado que son escasas las compras que el estado esté realizando, y que de ellas no habría bienes no nacionales que ameriten la solicitud de certificados. Esta ausencia compradora del estado es la que se estima como principal causa del desvío resultante. Asimismo, se considera que la cantidad programada fue sobrestimada, principalmente por no haberse considerado las demoras propias de la etapa de implementación.
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (PyMEyDR), realiza su actividad de apoyo a dicho sector mediante las siguientes acciones:
Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP ( IVA y Ganancias). Con fecha 31 de diciembre de 2002 se publicó la Resolución SEPyMEyDR Nº 804/2002 donde se asignaron 162 proyectos de capacitación por un monto de $4.001.162 quedando 350 proyectos por un importe de $6.344.860 a ser asignados con la partida presupuestaria del 2003. Asimismo, durante el primer semestre del 2003 se llamó a la presentación de proyectos de capacitación en el marco del Régimen de Crédito Fiscal con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $5.655.139,24. Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación. Hasta el 30 de septiembre no se adjudicó reintegros a ninguno de los proyectos presentados. No obstante, los resultados alcanzados al cierre de la presentación de proyectos fue la siguiente:
El llamado a presentación de proyectos de capacitación convocó a pequeñas y medianas empresas de 23 provincias, que presentaron 839 proyectos por un monto de 18.240.469 pesos. Los proyectos se presentan bajo cuatro modalidades:
La modalidad "A" implica la cesión de cupo de crédito fiscal de una o varias grandes empresas o PyMEs en favor de PyMEs que propongan el desarrollo de una iniciativa asociativa. Para este año se presentaron 112 proyectos por un importe de 2,3 millones de pesos.
En la modalidad "B", que contempla proyectos para fortalecer y mejorar la cadena de valor, se presentaron 158, por 5,8 millones.
En la "C", que tiene por objeto generar capacidades emprendedoras para la creación de empresas, se recibieron 78 presentaciones por un monto de 1,7 millón de pesos.
Y en la modalidad "D" ---proyectos de mejora de competitividad que requieran un componente de capacitación específica--- se recibieron 491 proyectos, que representan un importe de 8,2 millones.
En cuanto a la presentación por sector, la mayor cantidad de proyectos de capacitación (322) provino de Pymes industriales, por un importe de 6,6 millones de pesos; seguidas por las de servicios (247 proyectos por 5,4 millones) y los comercios (151 proyectos por 3,5 millones). En tanto, desde el sector agropecuario se recibieron 64, por un monto de un millón y medio de pesos.
La presentación por provincias arrojó 322 proyectos bonaerenses por 6,5 millones, seguida por la Capital Federal con 107 proyectos (2,9 millones de pesos). Desde Córdoba se recibieron 98, desde Santa Fe 88 y desde Mendoza un total de 75.
Consejeros empresarios para la reconversión: Es un servicio de asesoramiento gratuito para la dirección competitiva de las empresas. Son beneficiarios las personas físicas, titulares o gerentes que formen parte de micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen iniciar un emprendimiento productivo o se encuentren ejecutándolo y soliciten el servicio.
Apoyo a la reestructuración empresaria (PRE): El objetivo es facilitar procesos de reestructuración de las PyMEs que deriven en una mayor capacidad de gestión, aumento de competitividad y mejor inserción en los mercados. El PRE beneficia a las empresas PyME subsidiando hasta el 50% de proyectos de asistencia técnica que incluyan servicios tales como: estudios de mercado externo e interno, desarrollo de nuevos productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, planes comerciales, certificación de normas de calidad, etc, y que estén orientados a fortalecer su competitividad en áreas tales como: proyectos de exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y proveedores, promoviendo la asociatividad necesaria, potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el mercado.
En función de la experiencia alcanzada durante el 2002, se propuso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizar en el 2003, ciertas modificaciones, tendientes a flexibilizar las condiciones de acceso al mismo, las cuales fueron aprobadas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó la ‘no objeción’ a las modificaciones planteadas por el Programa de apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE) a principios de año, orientadas a flexibilizar el acceso de las Pymes a los Planes de Desarrollo Asociativo (PDA), así como a abrir el Programa a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE) individuales.
De este modo, se redujo de 5 a 3 el número mínimo de Pymes que se requieren para configurar un Plan Asociativo, en tanto que las restantes condiciones de acceso, así como los criterios de elegibilidad, permanecieron intactos. En concordancia con la reestructuración aprobada, durante el segundo semestre del 2003, el PRE se encuentra abierto para la presentación de proyectos bajo la modalidad de Proyectos Asociativos (PDAs) y Proyectos Individuales Focalizados (PDEs).
En materia de asistencia financiera, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional desarrolla su función mediante las siguientes acciones:
Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyME y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. A los efectos de su constitución, toda SGR deberá contar con un mínimo de ciento veinte socios partícipes, pudiendo la autoridad de aplicación modificar estos mínimos en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme. El capital social está compuesto por los aportes de los socios y se representan en acciones ordinarias normativas de igual valor y número de votos. El capital mínimo para su constitución es de $ 240.000.- ($ 1000.- por PyME). La participación de los socios protectores no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Hasta el tercer semestre del año 2003 se autorizaron 11 SGR.
Crédito Italiano: el gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorga préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía y Producción y Relaciones Exteriores) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Calificarán microempresas y PYMES –incluidas las sociedades cooperativas– residentes y legalmente formadas en la República Argentina, con no menos de 3 años de actividad. En el caso de las empresas ítalo-argentinas, deberán estar constituidas por empresas madres en actividad desde al menos 3 años en Italia y en Argentina. La participación societaria de minoría, italiana o argentina, no podrá ser inferior al 15%. Por su parte, se prorrogó hasta el 3 de noviembre el plazo límite establecido para la recepción de proyectos en el marco de la Línea de Crédito Italiano para el Sostenimiento PyME. Asimismo, culminará la revisión de las solicitudes presentadas al primer llamado al 31/10/02.
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME): fue creado por la Ley N° 25.300, y su objeto es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, hasta el 25 %, a las micro pequeñas y medianas empresas y formas asociativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las mismas.
La administración del Fondo esta a cargo de un Comité de Administración integrado por dos representantes (titulares y alternos) del Ministerio de Economía, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. El aporte inicial de $100.000.000 (cien millones) a cargo del Estado Nacional, permite también aportes provenientes de otros organismos, tanto nacionales como internacionales y privados.
Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): se ha dispuesto el llamado a concurso por $ 40.000.000, para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tendrán prioridad en la asignación de los recursos aquellos proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos individuales y proyectos asociativos son de $ 200.000 $ 300.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el CI (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). El monto total del proyecto a financiar es de hasta el 70 %, y la amortización es hasta 3 años con un período de gracia de12 meses. Se ha establecido un mecanismo de asignación predeterminada de cupos para la financiación de proyectos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los coeficientes de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. En tal sentido, la distribución territorial se realizará sobre la base de la asignación presupuestaria de $ 100.000.000, aplicando al presente llamado un monto de $ 40.000.000, para destinar a infraestructura, maquinaria, tecnología y capital de trabajo.
Se recibieron 876 proyectos para acceder al FONAPyME, por un monto total de $ 64.803.553, en el marco del llamado a concurso público que venció el 5 de mayo (a excepción de la provincia de Santa Fe, la cual tuvo una prórroga hasta el 5 de junio a causa de las inundaciones). Durante el tercer trimestre, la Subsecretaría PyME comunicó que, en virtud de la alta proporción de presentaciones que no cumplieron con los requisitos del llamado a concurso, se decidió lanzar un amplio Plan de Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Regional, en su carácter de instituciones responsables de la recepción y control de la documentación respaldatoria que deben presentar los solicitantes para su posterior remisión a dicha Subsecretaría. De esta forma, se logrará que proyectos económica y técnicamente viables, y además de interés regional, sean admitidos en la presentación de las solicitudes.
En ese sentido, del total de 876 proyectos sólo 303, por un monto de $ 25.397.567, fueron aprobados y 573 fueron rechazados. No obstante, de los proyectos aprobados, 159 ( por un monto de $ 12.896.569 ) se encuentran en estado de aprobación con o sin condiciones de reformulación por ofrecimiento de garantías, 135 (por un monto de $11.668.066) están sujetos a evaluación y 9 ( por un monto de $833.348) pendientes de ser revisados.
Crédito a la micro y pequeña empresa: El objetivo es ampliar el acceso y la cobertura de crédito a las Micro y Pequeñas Empresas, para mejorar sus niveles de empleo e ingresos mediante el incremento de su productividad. Los beneficiarios del mismo serán las Micro y Pequeñas empresas que tengan un volumen de ventas anuales que no excedan de U$S 3.500.000.- (sin IVA) y realicen actividades que le permitan minimizar el riesgo de cambio emergente del financiamiento en dólares que se proveerá a través del programa. El destino de crédito será para la financiación de inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios que a juicio del Fiduciario y del banco sean técnica, económica y financieramente viables. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar U$S 1.000.000.- (dólares un millón), siendo el plazo máximo para su devolución de 12 meses; sin perjuicio de ello, se podrá autorizar al financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete años, incluidos hasta tres de gracia. Las tasas de interés serán fijadas oportunamente por los bancos, guardando relación con las tasas de mercado y en armonía con la legislación y las normas vigentes emanadas por el BCRA.
Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro):
Destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. El objetivo es financiar proyectos asociativos que agrupen a trabajadores desocupados y microemprendimientos existentes. Además del crédito a baja tasa y a sola firma, FoMicro dispondrá (a través de una red de organizaciones sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brindará capacitación, asesoramiento, orientación y todo aquello que permita asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas. El proyecto estará a cargo de las Organizaciones Sociales y Populares, quienes percibirán un porcentaje de los créditos otorgados a efectos de solventar los gastos que les demanden las tareas de: promoción, apoyo para la formulación, aprobación del proyecto, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 ($3.000 por integrante) y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7 % Anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia con garantía a sola firma. El cronograma para la presentación de solicitudes de participación en el proyecto por parte de las Organizaciones Sociales y Populares será del 20/11/2003 al 10/01/2004:
Bonificación de tasa de interés: El Gobierno nacional amplió el régimen de bonificación de tasas de interés para los créditos destinados a Pymes y microempresas –régimen actualmente vigente a través de la Subsecretaría PyME-, incrementando ese subsidio de 3 a 8 puntos porcentuales, con un monto de 500 millones de pesos. La modificación quedó establecida mediante la sanción del Decreto N° 871, modificatorio del 748/2000, con el fin de disminuir el costo del crédito de acuerdo a las nuevas circunstancias planteadas por el escenario económico actual, y atendiendo a la necesidad de ampliar el uso del crédito "en la presente etapa de recuperación económica".
En el marco del Programa de Estímulo al Crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, ahora el Estado Nacional se hará cargo de hasta 8 puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen en el marco de ese régimen, siendo sus beneficiarios las empresas de todos los sectores de la actividad productiva cuyas ventas anuales no superen los montos establecidos en la resolución 675/2002. La autoridad de aplicación del régimen ampliado continuará siendo la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
En ese sentido, el Ministerio de Economía y Producción llamó a licitación de bancos para adjudicar una bonificación de tasa del 3%, por un monto total de 100 millones de pesos en créditos para capital de trabajo, adjudicándose la licitación 14 bancos privados, con una tasa promedio de 9,61% por un monto de aproximadamente $ 17,5 millones, con destino de descuento de activos autoliquidables.
Si bien este régimen continuará vigente, la Subsecretaría PyME llamará a nuevas licitaciones, para la adjudicación de su ampliación, a todas las instituciones financieras de acuerdo a las modalidades que determine en cada caso. Las nuevas licitaciones podrán realizarse en forma fraccionada y en tantos actos como se estime necesario y conveniente, adjudicando los cupos de crédito en orden creciente a la tasa de interés activa que las entidades financieras participantes ofrezcan para el otorgamiento de préstamo a las empresas solicitantes. Por su parte, Subsecretaría PyME dispondrá la realización de auditorías con el fin de verificar la calidad de los beneficiarios, el destino de los créditos, los montos, las tasas de interés y plazos aplicados, así como el estado de cumplimiento de los créditos. Los préstamos comprendidos en el régimen ampliado de bonificación de tasas deberán destinarse a: adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, por un monto máximo de hasta el 80% del precio de compra, sin incluir IVA, sin superar la suma de 800.000 pesos y a un plazo máximo de 60 meses, con hasta 6 de gracia; constitución de capital de trabajo, hasta 300.000 pesos, sin superar el 25% de las ventas anuales y a un plazo máximo de 36 meses; prefinanciación de exportaciones y se admitirá el otorgamiento de límites rotativos hasta 3 años de plazo, por un monto de 600.000 pesos; financiación de exportaciones: por un monto máximo de hasta el 80% de la operación, sin superar la suma de 1.200.000 pesos y a un plazo máximo de 48 meses; constitución de nuevos emprendimientos: hasta el 30% de la inversión, sin incluir el IVA, ni superar la suma de 100.000 pesos y a un plazo máximo de 48 meses, admitiéndose, cuando el proyecto lo justifique, hasta 6 meses de gracia para capital e intereses; regularización de deudas fiscales y previsionales, sin superar el 20% del monto acordado por alguno de los destinos señalados anteriormente.
