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En función de la Ley de Ministerios, y del Decreto N° 1283/2003, se unificaron los Ministerios de Economía y de la Producción en una sola cartera de estado, denominada Ministerio de Economía y Producción, a partir del 25 de mayo de 2003, entrando en plena vigencia su unificación física y financiera en el tercer trimestre del año.
Asimismo, y a los fines de reflejar con mayor precisión las metas de gobierno fijadas, en especial en materia de planificación de la inversión pública tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo, se estimó aconsejable proceder a la creación de un Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, al que, en atención a la especificidad de los cometidos a asignar, le fueron transferidas las áreas de energía y comunicaciones, provenientes del anterior Ministerio de Economía; mientras que todo lo atinente al sector minero y del transporte, desde el entonces Ministerio de la Producción.
Por su parte, y en un mismo orden de ideas, fueron asimiladas al Ministerio de Economía y Producción, las áreas encargadas de la agricultura, la ganadería y la pesca; la desregulación, la defensa de la competencia y del consumidor, la pequeña y mediana empresa y el desarrollo regional, la industria y el comercio, integrantes del entonces Ministerio de la Producción.
En virtud del nuevo reordenamiento, los programas que conforman la administración central, concentran el 51,0% del total del crédito vigente del Ministerio de Economía y Producción, mientras que los organismos descentralizados representan el 49,0% del crédito vigente para la jurisdicción al final del período bajo análisis. Las erogaciones de la administración central del Ministerio de Economía y Producción, están focalizadas en los programas derivados de las actuales secretarías de Política Económica; de Coordinación Técnica; de Finanzas, de Hacienda; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; Legal y Administrativa, y sus respectivas subsecretarías.
Con respecto a los organismos descentralizados, el INTA representa el 39,8% del total del crédito vigente afectado a los organismos descentralizados, mientras que el SENASA, concentra el 30,2% del crédito.