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Pese a que el 37,8% de su presupuesto corresponde al programa Política e Infraestructura Penitenciaria, el nivel total de ejecución fue particularmente bajo. Cabe destacar, que a través de dicho programa se abonan los cánones correspondientes a la construcción de los complejos penitenciarios bajo la modalidad de leasing –35,1 millones de pesos previstos para el año–, los cuales aún no fueron efectivizados.
Por su parte, las Actividades Centrales presentan también una participación económica relevante (33,8%) y comprenden los servicios de administración, auditoría y otros, destinando parte de su gasto al pago de remuneraciones de personal y servicios técnicos y profesionales.
En este programa se efectúan mediaciones en forma gratuita para requirentes que ostenten carta de pobreza y para casos presentados por personas que voluntariamente sometan sus conflictos a mediación, siendo su implementación obligatoria y previa a todo juicio. Durante el segundo trimestre de 2003, la cantidad de mediaciones resueltas aumentó respecto a la prevista en función de la aleatoriedad del inicio de causas y de la remisión de mediaciones terminadas por parte de los mediadores a la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia.
Otra Institución de la misma Jurisdicción