Considerando que el programa Política e Infraestructura Penitenciaria representa el 38,7% del presupuesto del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, es notorio el bajo nivel total de ejecución del mismo. Cabe destacar, que a través de este programa se abonan los cánones correspondientes a la construcción de los complejos penitenciarios bajo la modalidad de leasing –25,4 millones de pesos previstos para el año–, los cuales aún no fueron efectivizados.

Por otro lado, las Actividades Centrales que representan el 26,7% del total del crédito,  comprenden los servicios de administración, auditoría y otros, destinando la mayor parte de su gasto al pago de remuneraciones de personal y de servicios básicos.

Bajo la órbita de este programa se efectúan mediaciones en forma gratuita para requirentes que ostenten carta de pobreza y para casos presentados por personas que voluntariamente sometan sus conflictos a mediación, siendo su implementación obligatoria y previa a todo juicio. Durante 2003, se verificó un aumento en la cantidad de mediaciones resueltas respecto a la previsión inicial para el año, en función de la aleatoriedad del inicio de causas y de la remisión de mediaciones terminadas por parte de los mediadores a la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia.