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En el mes de febrero fue derogada la normativa que establecía que una porción de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución que recibía la APE (aproximadamente el 40% de su presupuesto) fuera destinado a apoyar financieramente a las obras sociales, en calidad de préstamo, subvención y subsidios para cancelar pasivos. La medida se tomó con el fin de mejorar la utilización de los recursos y direccionar los esfuerzos hacia la cobertura de subsidios y/o reintegros por prestaciones de alto impacto económico o que requieran una cobertura prolongada en el tiempo. La misma se produjo en el marco de la profunda crisis económico-financiera del sistema y teniendo en cuenta que gran cantidad de insumos médicos, para atender la alta complejidad y las patologías de alto costo y baja incidencia, provienen del exterior y vieron incrementado su valor como consecuencia de la devaluación monetaria. En esa ocasión las metas fueron reprogramadas en función de las nuevas prioridades.
Asimismo, se incrementó el porcentaje de la suma de contribuciones y aportes que se destinan al Fondo Solidario de Redistribución y se aumentó la contribución patronal en un punto, por lo cual desde fines del primer semestre se registró una mejora en la recaudación. Como consecuencia, la APE obtuvo un aumento del crédito vigente, lo que le permitió recuperar en gran medida los atrasos en los pagos de subsidios, ejecutar más del 70% de su presupuesto y superar las metas previstas.
Cabe consignar que, durante el primer trimestre, la APE subsidió algunas prestaciones con Bonos de Consolidación en Moneda Nacional PRO 5 (extrapresupuestarios), pero que atento a la falta de aceptación de esos Bonos por parte de las obras sociales y de los prestadores, no se prevé futuros pagos mediante esos valores.
