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Del total de su presupuesto en el año 2002, el 54% correspondió al programa Política e Infraestructura Penitenciaria que incluye mayormente el monto destinado al pago de los cánones correspondientes al uso de cárceles bajo la modalidad de leasing. Por su parte, las Actividades Centrales que comprenden los servicios de administración, auditoría y otros, presentan también una participación económica relevante destinando la mayor parte de su gasto al pago de remuneraciones de personal y servicios técnicos y profesionales.
A través de este programa se efectúan mediaciones obligatorias y previas a todo juicio. Estas son gratuitas para requirentes que ostenten carta de pobreza, siendo su implementación. Durante el año 2002, la cantidad de mediaciones resueltas se redujo en un 30% respecto a 2001 explicada no sólo por la tendencia decreciente registrada desde 1999, sino por el descenso en la presentación por parte de los mediadores de mediaciones terminadas ante la Dirección Nacional de Promoción de Métodos Participativos de Justicia.
Otra Institución de la misma Jurisdicción