La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia automática de fondos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió el 53,6% de los recursos (476,5 millones de pesos). Le siguen en importancia las provincias de Santa Fe (5,0%), Córdoba (4,5%), Chaco (3,2%) y Tucumán (3,0%).

El PAMI destinó 299,4 millones de pesos a la asistencia social (alimentación, alojamiento, geriatría, sepelios).

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente superaron en un 62% la ejecución financiera del mismo período del año anterior. El programa Tercera Edad y Acción Social y la actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA correspondiente al programa Recursos Sociales Básicos se destacan por la elevada ejecución del crédito con porcentajes del 78,3% y 76,0% respectivamente.

El programa Acciones Compensatorias, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por objetivo prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos o comunidades, focalizando la acción en las áreas geográficas de mayor concentración de pobreza y en zonas y grupos sociales que presentan hipótesis de riesgo y/o situaciones de emergencia, derivadas de siniestros o desastres naturales. El gasto devengado fue de 33,2 millones de pesos, destacándose la actividad Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) que brindó, como promedio mensual durante el primer semestre, asistencia técnica a 163 proyectos participativos en elaboración y asistencia financiera a 200 proyectos en ejecución. También sobresalieron las actividades Asistencia a Poblaciones en Situación de Emergencia y Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME II).

La Ayuda Directa a Personas fue inferior a lo previsto ya que en el tercer trimestre, por falta de recursos no se otorgaron ayudas menores (subsidios inferiores a $200). En contraposición se superó la cantidad proyectada de subsidios institucionales, ya que se contó con recursos adicionales provenientes de otros programas de la jurisdicción.

El Programa Alimentario y de Apoyo Familiar, ejecutado por la Secretaría de Políticas Sociales, consiste en la asistencia alimentaria a las familias, a través de los programas sociales UNIDOS y PROHUERTA. Su objetivo es realizar un aporte a las necesidades alimentarias del hogar, fomentar mecanismos de asistencia y promoción que privilegien el ámbito familiar y el fortalecimiento de redes solidarias en la comunidad y apoyar y promover estrategias de autoproducción de alimentos. El gasto devengado fue de 30,2 millones de pesos. La cantidad de hogares asistidos fue inferior a lo previsto ya que se produjeron discontinuidades en el proceso normal de remisión de bolsones, estimándose compensar los retrasos en el cuarto trimestre.

El programa Tercera Edad y Acción Social, ejecutado por la Secretaría del mismo nombre, tiene el objetivo de ayudar a revertir la situación de exclusión social en la que se encuentran diversos grupos con alta vulnerabilidad, mediante la definición de políticas y la implementación de acciones de promoción, protección, integración social y desarrollo de adultos mayores, jóvenes, discapacitados y jefes/as de hogar y el apoyo y estímulo a organizaciones de la comunidad. El gasto devengado en los primeros nueve meses de 2001 fue de 15,8 millones de pesos, canalizados en su mayoría a la ayuda social a jefas de hogar y jóvenes de bajos recursos, superándose las metas previstas por la incorporación de nuevos proyectos territoriales y aumento de la cobertura.

El Programa Lucha contra la Exclusión "Solidaridad" alcanzó una cobertura promedio mensual de 18.721, con un gasto devengado fue de 15,6 millones de pesos.

El Programa Crecimiento Regional y Comunitario (REDES) devengó 3,2 millones de pesos, el 49,3% del crédito vigente. Se constituyeron 30 fondos de apoyo al desarrollo (sobre 31 previstos) y se realizaron 4 ampliaciones de fondos.

El Programa Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, que ejecuta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, devengó 2,4 millones de pesos, el 49,9% del crédito vigente. Debido a que contó con recursos adicionales, brindó apoyo financiero a 23 proyectos para indígenas (sobre 15 previstos), pero no alcanzó los resultados previstos en cuanto a la capacitación y a la obtención de personería jurídica de las comunidades por conflictos dentro de las mismas.

La actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA recuperó el retraso originado por adversas condiciones climáticas en el primer semestre del año, finalizando a la fecha un total de 24 proyectos.

El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia devengó el 61,6% del crédito presupuestario. En las Actividades Centrales, donde se concentran los gastos en personal, la ejecución fue del 66,5% del crédito vigente. Las cuotas de gastos autorizadas al organismo representaron el 62,4% del crédito vigente y fueron ejecutadas en el 98,7%.

El Programa Atención Institucionalizada, cuyo objetivo es brindar orientación y asistencia integral a niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal o en situación de riesgo o abandono, mediante la institucionalización o el apoyo económico directo, ejecutó del 58,0% del crédito presupuestario. La totalidad de las metas mostraron desvíos negativos de diversa magnitud, debido a la insuficiencia de fondos, lo que obligó asimismo a suspender los ingresos a los institutos.

El Programa Sistemas Alternativos a la Institucionalización, ejecutó el 67,1% del crédito presupuestario. Su objetivo es prevenir las situaciones de riesgo, maltrato o abandono infantil y brindar asistencia a niños y adolescentes en dichas situaciones mediante el desarrollo de nuevas formas de contención, la adopción y el fortalecimiento de vínculos familiares. Los desvíos negativos obedecen fundamentalmente a demoras en las tramitaciones en los juzgados y a la falta de personal especializado.

El Programa Aplicación Nacional de la Convención por los Derechos del Niño ejecutó el 26,6% del crédito. Este constituye una nueva línea de acción del Consejo, brindando asistencia técnica y financiera a proyectos desarrollados localmente, que tengan como propósito la implantación de sistemas alternativos a la institucionalización, la promoción y preservación de los derechos del niño y la adecuación de las instituciones (políticas y jurídicas) locales a lo establecido en la Convención. La subejecución de la meta correspondiente a proyectos regionales obedece a demoras en la protocolización de convenios y al aumento de costos; en contraposición, se superó la cantidad de proyectos institucionales promovidos.

El Programa Acciones de Fortalecimiento Institucional tuvo mayor demanda que la esperada y ejecutó el 59,2% del crédito presupuestario; promueve el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación formal y el tiempo libre de los niños atendidos por el Consejo.

El 41% del gasto se destinó a becas y ayudas sociales a personas y, aunque las cuotas correspondientes a este tipo de transferencias se ejecutaron en un 100%, fueron insuficientes para alcanzar la cantidad programada de pacientes asistidos por drogadependencia.

El organismo modificó su modalidad de intervención con las fuerzas de seguridad, asumiendo una función de asesoría técnica, apoyo logístico y coordinación interfuerzas, por lo cual no participó en forma directa en las operaciones conjuntas, ni prevé hacerlo en el futuro.

La sobrejecución de las metas de capacitación obedece a la ampliación de cupo en los cursos de Capital Federal y Buenos Aires.

El control a empresas no alcanzó la programación prevista por falta de respuesta de las mismas a modificaciones introducidas en la normativa vigente.

El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal (57,2%) y en servicios no personales. Se gastaron 691 mil pesos en transferencias a instituciones sin fines de lucro para gastos corrientes y 65 mil pesos para gastos de capital.

Los controles a cooperativas y mutuales registraron importantes desvíos positivos, resultantes de la reformulación de procedimientos y el requerimiento de presentación de nuevos instrumentos legales. La capacitación fue afectada por menor afluencia de público. La asistencia financiera fue inferior a lo previsto por insuficiencia de recursos. La creación de nuevas cooperativas y mutuales depende de la demanda, siendo una producción no controlable.

El Centro Nacional de Reeducación Social concentró su gasto en personal, que representó el 68,6% del total.

El Programa Social Agropecuario – PROINDER y el Programa Financiamiento a Municipios no realizaron programación física para el año en curso.