Comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, o aportes a instituciones sociales para impulsar por su intermedio el desarrollo social.

La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia automática de fondos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió el mayor monto (316,7 millones de pesos). Le siguen en importancia las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tucumán.

El PAMI destinó 200,8 millones de pesos a la asistencia social (alimentación, alojamiento, geriatría, sepelios).

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente superaron en un 62% la ejecución financiera del mismo período del año anterior. La actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA correspondiente al programa Recursos Sociales Básicos y los programas Tercera Edad y Acción Social y Acciones Compensatorias se destacan por la elevada ejecución del crédito con porcentajes del 61,8%, 56,4% y 52,4% respectivamente.

El programa Acciones Compensatorias, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por objetivo prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos o comunidades, focalizando la acción en las áreas geográficas de mayor concentración de pobreza y en zonas y grupos sociales que presentan hipótesis de riesgo y/o situaciones de emergencia, derivadas de siniestros o desastres naturales. El gasto devengado fue de 23,4 millones de pesos, destacándose la actividad Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) que brindó, como promedio mensual durante el primer semestre, asistencia técnica a 54 proyectos participativos en elaboración y asistencia financiera a 218 proyectos en ejecución. También sobresalieron las actividades Asistencia a Poblaciones en Situación de Emergencia y Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME II).

La Ayuda Directa a Personas, superó las previsiones ya que se dio curso a expedientes en trámite del año anterior. Los Subsidios Institucionales no registraron desvíos, aún cuando se debió enfrentar dificultades presupuestarias en el segundo trimestre.

El Programa Alimentario y de Apoyo Familiar, ejecutado por la Secretaría de Políticas Sociales, consiste en la asistencia alimentaria a las familias, a través de los programas sociales UNIDOS y PROHUERTA. Su objetivo es realizar un aporte a las necesidades alimentarias del hogar, fomentar mecanismos de asistencia y promoción que privilegien el ámbito familiar y el fortalecimiento de redes solidarias en la comunidad y apoyar y promover estrategias de autoproducción de alimentos. El gasto devengado fue de 18,0 millones de pesos. Se remitieron 1.443.217 bolsones mediante la modalidad centralizada, una parte de los cuales correspondían a stocks preexistentes, y se financiaron 118.047 bolsones mediante la modalidad descentralizada, lo que representa 2,7 bolsones por hogar asistido. El desvío en la cantidad de bolsones financiados obedece a modificaciones presupuestarias.

El programa Tercera Edad y Acción Social, ejecutado por la Secretaría del mismo nombre, tiene el objetivo de ayudar a revertir la situación de exclusión social en la que se encuentran diversos grupos con alta vulnerabilidad, mediante la definición de políticas y la implementación de acciones de promoción, protección, integración social y desarrollo de adultos mayores, jóvenes, discapacitados y jefes/as de hogar y el apoyo y estímulo a organizaciones de la comunidad. El gasto devengado en el primer semestre fue de 11,3 millones de pesos, canalizados en su mayoría a la ayuda social a jefas de hogar, superándose la meta prevista por la incorporación de nuevos proyectos territoriales y aumento de la cobertura. En menor medida se asistió a jóvenes de bajos recursos. Ambas prestaciones son priorizadas por la Secretaría.

El Programa Lucha contra la Exclusión "Solidaridad", puesto en marcha a fines de 2000, alcanzó una cobertura promedio mensual en el semestre de 18.339 hogares. Las nuevas autoridades del Ministerio decidieron reorientar los recursos hacia otras iniciativas, por lo cual el programa permanecerá atendiendo exclusivamente a las 20.000 familias beneficiarias de la prueba piloto. El gasto devengado fue de 5,1 millones de pesos.

El Programa Crecimiento Regional y Comunitario (REDES) devengó 2,3 millones de pesos, el 35,1% del crédito vigente. Se constituyeron 20 fondos de apoyo al desarrollo (sobre 22 previstos) y se realizaron 2 ampliaciones de fondos.

El Programa Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, que ejecuta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, devengó 1,4 millones de pesos, el 27,0% del crédito vigente, registrando importantes desvíos negativos en las metas de obtención de personería jurídica y capacitación de comunidades indígenas.

La actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA, aún con elevada ejecución financiera, sólo pudo culminar el 14 de los 25 proyectos de obras de infraestructura social previstos, debido a las adversas condiciones climáticas imperantes en el primer trimestre.

El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ejecutó el 40,1% del crédito presupuestario. El mayor porcentaje de ejecución se verificó en las Actividades Centrales (47,7%), que concentra los gastos en personal.

El Programa Atención Institucionalizada, cuyo objetivo es brindar orientación y asistencia integral a niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal o en situación de riesgo o abandono, mediante la institucionalización o el apoyo económico directo, ejecutó del 32,0% del crédito presupuestario. A excepción de la atención de personas con necesidades especiales en institutos y la orientación y derivación de niños, las restantes metas mostraron desvíos negativos, debido a la desactivación de un instituto, la limitación del ingreso a los hogares, demoras en los oficios de traslados de menores y el egreso por diversos motivos (revinculación familiar, derivación, abandono de tratamiento).

El Programa Sistemas Alternativos a la Institucionalización, ejecutó el 47,6% del crédito presupuestario. Su objetivo es prevenir las situaciones de riesgo, maltrato o abandono infantil y brindar asistencia a niños y adolescentes en dichas situaciones mediante el desarrollo de nuevas formas de contención, la adopción y el fortalecimiento de vínculos familiares. Los desvíos negativos obedecen fundamentalmente a la disminución en la demanda proveniente de los juzgados.

El Programa Aplicación Nacional de la Convención por los Derechos del Niño ejecutó el 12,4% del crédito. Este constituye una nueva línea de acción del Consejo, brindando asistencia técnica y financiera a proyectos desarrollados localmente, que tengan como propósito la implantación de sistemas alternativos a la institucionalización, la promoción y preservación de los derechos del niño y la adecuación de las instituciones (políticas y jurídicas) locales a lo establecido en la Convención. La subejecución de la meta correspondiente a proyectos regionales obedece a demoras en la protocolización de los convenios; en contraposición, se superó la cantidad de proyectos institucionales promovidos.

El Programa Acciones de Fortalecimiento Institucional tuvo mayor demanda que la esperada y ejecutó el 31,6% del crédito presupuestario; promueve el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación formal y el tiempo libre de los niños atendidos por el Consejo.

El 38% del gasto se destinó a becas y ayudas sociales a personas y, aunque las cuotas correspondientes a este tipo de transferencias se ejecutaron en un 100%, fueron insuficientes para alcanzar la cantidad programada de pacientes asistidos por drogadependencia.

El organismo modificó su modalidad de intervención en las operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad, asumiendo una función de asesoría técnica, apoyo logístico y coordinación interfuerzas.

El control a empresas no alcanzó la programación prevista por falta de respuesta de las mismas a modificaciones introducidas en la normativa vigente.

El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal (56,8%) y en servicios no personales. Se gastaron 500 mil pesos en transferencias a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro para gastos corrientes y 63 mil pesos para gastos de capital.

Los controles a cooperativas y mutuales registraron importantes desvíos positivos, resultantes de la reformulación de procedimientos y el requerimiento de presentación de nuevos instrumentos legales. La capacitación fue afectada por falta de fondos y suspensión de actividades. La asistencia financiera fue inferior a lo previsto por falta de cumplimiento de la documentación por parte de las instituciones.

El Centro Nacional de Reeducación Social concentró su gasto en personal, que representó el 72,1% del total.

El Programa Social Agropecuario – PROINDER y el Programa Financiamiento a Municipios no realizaron programación física para el año en curso.