3.6 Trabajo

Los programas pertenecientes a la función trabajo son ejecutados mayormente en la jurisdicción Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y se destinan a la generación de empleo y capacitación a los desocupados y empleados en general, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. A partir del ejercicio 2001, se incluye también el programa de Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial correspondiente a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. La ejecución del presupuesto para esta función al 31/03/2001 puede observarse en el siguiente cuadro:

Al 31/03/2001, pese a que el crédito total resultaba un 83,9% mayor respecto a igual período de 2000, el gasto devengado se encontraba levemente por debajo del registrado durante dicho período dado el bajo nivel de ejecución del programa de Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial. Dicho programa incluye el monto transferido para la atención de programas de empleo local provincial como consecuencia de los convenios firmados en el marco del Compromiso Federal. La distribución de la totalidad de los fondos entre las provincias comprende el 50% en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación. Los gobiernos provinciales, asimismo, se comprometen a confeccionar un padrón único de beneficiarios integrando los existentes a nivel nacional, provincial y municipal.

El programa de Políticas de Empleo y Capacitación Laboral abarca tres áreas principales: Empleo Transitorio, Empleo Privado y Capacitación Laboral, cuya ejecución física se presenta a continuación:

Dentro de Empleo Transitorio, se incluye el Programa de Emergencia Laboral (PEL) cuya cobertura, durante el primer trimestre se concentró mayormente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, dando de alta a un total de 47.301 personas. Dicho programa comprende tres componentes:

• Programa de Emergencia Laboral - Desarrollo Comunitario se destina a la realización de proyectos de servicios de utilidad pública y social a la comunidad. Los beneficiarios perciben una ayuda económica de $160 mensuales.

• Programa de Emergencia Laboral - Empleo Productivo Local: promueve la creación de empleos mediante dos líneas de acción: Consorcios Productivos Locales Creadores de Empleo –que articula acciones con programas de desarrollo regional para nuevas actividades productivas locales- y Autoempleo Productivo –asociado a microempresas personales, familiares o comunitarios-. Sus beneficiarios perciben ayudas de $200 y $160, respectivamente.

• Desarrollo del Empleo Local: se vincula con la realización de proyectos de infraestructura o la prestación de servicios comunitarios; los beneficiarios perciben una ayuda económica de entre $100 y $200, a cargo de los organismos ejecutores.

En general, el criterio para la elección de los beneficiarios es el mismo en todas las líneas que comprende el programa, destinándose a desocupados con baja calificación laboral pertenecientes a hogares de bajos recursos. Particularmente, para Desarrollo Comunitario deben aprobarse proyectos con un cupo mínimo de 60% de beneficiarias mujeres. La duración de los proyectos es entre 3 y 9 meses.

Dentro de Fomento del Empleo Privado, se incluye la línea CREAR TRABAJO, cuyos componentes se orientan a apoyar la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo estables en el marco de microemprendimientos familiares y comunitarios o micro y pequeñas empresas dentro de la actividad extractiva, manufacturera, agropecuaria, de servicios turísticos, etc. otorgándose un subsidio remunerativo de 200 pesos, de tres a seis meses.

Las Acciones de Capacitación alternan actividades en aula/taller con prácticas calificantes en un lugar de trabajo, destinándose a trabajadores sea ocupados o desocupados de ciertas ramas de actividades para favorecer su empleabilidad. Si bien los cursos son totalmente gratuitos, se abonan adicionalmente becas únicamente a los desocupados. La cobertura prevista para el año 2001 es de 8.000 personas, siendo 1.172 las dadas de alta durante el primer trimestre. La distribución por provincia indicó que la capacitación se concentró mayormente en Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y La Pampa.

Trabajar III brinda ocupación transitoria a trabajadores desocupados con baja calificación y en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social. Asimismo, y con el objetivo de complementarse con otros programas sociales que financian asistencia técnica, capacitación y/o insumos para realizar obras de infraestructura, prevé un componente que incorpora la ayuda económica para la provisión de materiales, mediante la cobertura de hasta el 80% del costo de los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos, en aquellos municipios que presentan dificultades para realizar inversiones en obras de infraestructura prioritarias para la comunidad.

Dicho programa se financia con crédito externo a través del Préstamo BIRF Nº 4366-AR. El nivel de gasto se encuentra por debajo del registrado para igual período de 2000, en coincidencia con el menor presupuesto asignado al programa. Durante el primer trimestre, se otorgaron 135.529 beneficios cuya distribución por provincia se señala a continuación, siendo los montos liquidados en concepto de ayuda económica de 21,9 millones de pesos –un 99% del gasto total devengado-:

El programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes se financia mediante préstamo BID 1031 OC-AR. Durante la primera parte del año 2000 se consideró la posibilidad de cierre del programa. Finalmente la situación se modificó reformulándose los aspectos principales del programa para el año 2001 y pidiéndose una prórroga al BID por 18 meses para completar su ejecución.

Su principal componente es CapacitAR y tiene por objetivo mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes entre 16 y 35 años provenientes de hogares de bajos ingresos, con secundario completo como máximo nivel de educación y que se encuentren desocupados o subocupados, al momento de ingresar. Los participantes reciben una asignación mensual en concepto de beca. Los cursos, cuya duración máxima es de 6 meses, enfatizan los aspectos prácticos incluyendo pasantías formativas y calificantes. El inicio de la capacitación se estima que comience durante el segundo trimestre.

El programa de Formulación y Regulación de la Política Laboral comprende las siguientes actividades: Conducción y Coordinación, Negociaciones Colectivas y Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

La mayor parte de su presupuesto –17,3 millones- se destina a la actividad de Conducción y Coordinación. Dentro de ella funciona la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo que se encarga, entre otras funciones, de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral vigente, de las habilitaciones y fiscalizaciones de las empresas de servicios eventuales, rúbrica de libros, etc. en todo el país y del funcionamiento del Tribunal de Servicio Doméstico como primera instancia en conflictos entre empleador y empleado. También se incluye la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que se ocupa de la aplicación de normas relativas a la existencia y funcionamiento de asociaciones gremiales y del registro de asociaciones profesionales de empleadores.

En cuanto a las Negociaciones Colectivas, su principal competencia es la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores y del Registro de las Asociaciones Profesionales de Empleadores, así como la regulación de las condiciones de trabajo de pequeñas empresas. Pese a que el ritmo de negociación registra una tendencia decreciente desde el año 1999, la negociación colectiva superó la cantidad prevista para el primer trimestre.

El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que comenzó a operar desde 1998, interviene en todos los reclamos individuales y conjuntos que versen sobre conflictos de derecho laboral correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. De carácter previo a la demanda judicial, gratuito para el trabajador y tarifado - aunque de bajo costo - para el empleador, se encarga de recepcionar el reclamo, gestionar la asignación por sorteo de los Conciliadores, fijar la primera audiencia, registrar los trámites y acuerdos conciliatorios, mantener la intercomunicación con los Conciliadores y homologar los acuerdos conciliatorios que se logren. Dado que en su ámbito se resuelven aproximadamente el 40% de los conflictos laborales, se reduce la cantidad de litigios presentados ante el fuero laboral a la vez que constituye una fuente de información muy valiosa para el análisis de la conflictividad laboral. Para el año 2001, se espera tramitar 30.000 conciliaciones, de las cuales se efectuaron 10.129 durante el primer trimestre.

A través del programa de Fiscalización-Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, la misión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como ente de regulación y control de la Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo, consiste en reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo, reparar los daños derivados de los siniestros laborales y promover la reclasificación y la reinserción laboral de los trabajadores accidentados. Para ello realiza las siguientes actividades: controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo; imponer las sanciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y mantener actualizado el Registro Nacional de Incapacidades Laborales, entre otras.

En términos generales, la ejecución física del programa evolucionó de acuerdo a lo programado. Las Auditorías de Calidad de Atención de Accidentados Leves no se realizaron debido a la necesidad de reformular tantos los objetivos como el desarrollo informático de dicha auditoría, en el marco del programa de Modernización del Estado de Jefatura de Gabinete.

El Servicio Integral de Contralor tiene por objetivo principal incrementar el número de trabajadores regularizados. En tal sentido, se fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que establecen las regulaciones laborales, respecto del empleo y de la seguridad social. En materia de seguridad social, se promueve la incorporación al sistema de los trabajadores asalariados excluidos; mientras que, en el área laboral se supervisan diversas condiciones relativas a los planes de empleo, tales como la presencia de beneficiarios, la realización de los proyectos aprobados y la percepción de las ayudas económicas.

La fiscalización de establecimientos prevista en materia de Seguridad Social no pudo cumplimentarse. Las acciones se concentraron fundamentalmente en la supervisión y constatación de las condiciones de empleo en diversos proyectos de empleo, ampliándose en más del doble la cobertura programada para el trimestre.