El cumplimiento de esta función está a cargo del Ministerio de Justicia, por medio del Servicio Penitenciario Federal, y de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, en lo que respecta a la política e infraestructura penitenciaria.

El programa Seguridad y Rehabilitación del Interno, que mide la atención, custodia y readaptación del condenado, así como la custodia y guarda del procesado, es el de mayor relevancia económica (49,9% del crédito de la función).

Las diferencias respecto a lo programado es consecuencia de la propia dinámica de los procesos judiciales.

Finalmente en lo referido al programa Política e Infraestructura Penitenciaria la variación financiera respecto al año anterior se debió al pago del canon por la entrega llave en mano de las unidades carcelarias de Ezeiza y Marcos Paz. En este período se pagaron alquileres y derechos al contratista, registrándose como gastos corrientes, existiendo la opción de compra de dichos complejos penitenciarios en el futuro. La renovación de la infraestructura edilicia carcelaria y penitenciaria comprende la construcción del complejo penitenciario Ezeiza con un total de 1.770 plazas y el complejo penitenciario Marcos Paz con 1.500 plazas. Ambos reemplazan a la Cárcel de Encausados de Caseros y al instituto de Detención de Villa Devoto.