Comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, o aportes a instituciones sociales para impulsar por su intermedio el desarrollo social.

La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia de fondos automáticos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió el mayor monto (162,8 millones de pesos). Le siguen en importancia las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tucumán.

El PAMI destinó 100,3 millones de pesos a la asistencia social (alimentación, alojamiento, geriatría, sepelios).

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente casi duplicaron la ejecución financiera del mismo período del año anterior. Si se excluye al programa Lucha contra la Exclusión "Solidaridad", cuya ejecución es baja por encontrarse en la primera etapa de implementación, el porcentaje de ejecución del crédito vigente asciende al 26,7%. La actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA correspondiente al programa Recursos Sociales Básicos y los programas Tercera Edad y Acción Social y Acciones Compensatorias se destacan por la elevada ejecución del crédito con porcentajes del 49%, 35,9% y 30,8% respectivamente.

El programa Acciones Compensatorias, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por objetivo prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a personas, grupos o comunidades, focalizando la acción en las áreas geográficas de mayor concentración de pobreza y en zonas y grupos sociales que presentan hipótesis de riesgo y/o situaciones de emergencia, derivadas de siniestros o desastres naturales. El gasto devengado fue de 13,2 millones de pesos, destacándose la actividad Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) que brindó asistencia técnica a 71 proyectos participativos en elaboración y asistencia financiera a 227 proyectos en ejecución. También sobresalieron las actividades Asistencia a Poblaciones en Situación de Emergencia y Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME II).

Aún cuando por problemas informáticos no se contabilizó la asistencia a personas por comedor y alojamiento, se superó la meta de personas e instituciones asistidas, ya que se dio curso a expedientes en trámite del año anterior.

El Programa Alimentario y de Apoyo Familiar, ejecutado por la Secretaría de Políticas Sociales, consiste en la asistencia alimentaria a las familias, a través de los programas sociales UNIDOS y PROHUERTA. Su objetivo es realizar un aporte a las necesidades alimentarias del hogar, fomentar mecanismos de asistencia y promoción que privilegien el ámbito familiar y el fortalecimiento de redes solidarias en la comunidad y apoyar y promover estrategias de autoproducción de alimentos. El gasto devengado fue de 11,0 millones de pesos. Se remitieron 654.870 bolsones mediante la modalidad centralizada, una parte de los cuales correspondían a stocks preexistentes, y se financiaron 118.047 bolsones mediante la modalidad descentralizada, lo que representa 1,3 bolsones por hogar asistido.

El programa Tercera Edad y Acción Social, ejecutado por la Secretaría del mismo nombre, tiene el objetivo de ayudar a revertir la situación de exclusión social en la que se encuentran diversos grupos con alta vulnerabilidad, mediante la definición de políticas y la implementación de acciones de promoción, protección, integración social y desarrollo de adultos mayores, jóvenes, discapacitados y jefes/as de hogar y el apoyo y estímulo a organizaciones de la comunidad. El gasto devengado en el primer trimestre fue de 7,0 millones de pesos, canalizados en su mayoría a la ayuda social a jefas de hogar y jóvenes de bajos recursos. Estas prestaciones fueron priorizadas por la Secretaría, y se superaron las metas previstas por la incorporación de nuevos proyectos territoriales.

El Programa Lucha contra la Exclusión "Solidaridad", puesto en marcha a fines de 2000, alcanzó una cobertura de 16.677 hogares sobre los 20.000 previstos por demoras en la implementación en las provincias de Jujuy y Catamarca. Tuvo un nivel reducido de prestaciones y una ejecución financiera que sólo alcanzó 1,2 millones de pesos, el 1,9% del crédito vigente.

El Programa Crecimiento Regional y Comunitario (REDES) devengó 894 mil pesos, el 13,1% del crédito vigente. Se constituyeron 10 fondos de apoyo al desarrollo (sobre 11 previstos) y no se realizaron ampliaciones de fondos, por falta de cumplimiento de requisitos por parte de los beneficiarios.

El Programa Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas, que ejecuta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, devengó 681 mil pesos, el 19,7% del crédito vigente. En todas las metas programadas registró desvíos negativos de significación que obedecieron a cambios institucionales, problemas operativos y asignación presupuestaria inferior a la prevista.

La actividad Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA, aún con elevada ejecución financiera, sólo pudo culminar el 11 de los 22 proyectos de obras de infraestructura social previstos, debido a condiciones climáticas adversas.

El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ejecutó el 18,4% del crédito presupuestario. El mayor porcentaje de ejecución se verificó en las Actividades Centrales (23,6%), que concentra los gastos en personal.

El Programa Atención Institucionalizada, cuyo objetivo es brindar orientación y asistencia integral a niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal o en situación de riesgo o abandono, mediante la institucionalización o el apoyo económico directo, ejecutó del 11,1% del crédito presupuestario. A excepción de la atención de personas con necesidades especiales en institutos, el resto de las metas mostraron desvíos negativos, debido a la desactivación de un instituto, la limitación del ingreso de ancianos a los hogares y el egreso por diversos motivos (revinculación familiar, derivación, abandono de tratamiento).

El Programa Sistemas Alternativos a la Institucionalización, ejecutó el 19,5% del crédito presupuestario. Su objetivo es prevenir las situaciones de riesgo, maltrato o abandono infantil y brindar asistencia a niños y adolescentes en dichas situaciones mediante el desarrollo de nuevas formas de contención, la adopción y el fortalecimiento de vínculos familiares. Los desvíos negativos obedecen fundamentalmente a la disminución en la demanda proveniente de los juzgados.

El Programa Aplicación Nacional de la Convención por los Derechos del Niño ejecutó el 8,3% del crédito. Este constituye una nueva línea de acción del Consejo, brindando asistencia técnica y financiera a proyectos desarrollados localmente, que tengan como propósito la implantación de sistemas alternativos a la institucionalización, la promoción y preservación de los derechos del niño y la adecuación de las instituciones (políticas y jurídicas) locales a lo establecido en la Convención.

El Programa Acciones de Fortalecimiento Institucional tuvo mayor demanda que la esperada y ejecutó el 19,0% del crédito presupuestario; promueve el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación formal y el tiempo libre de los niños atendidos por el Consejo.

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas que coordina las Políticas de Integración para las Personas Discapacitadas, utilizando los recursos provenientes de la Ley de Cheques (Ley 24.452) informó que durante el primer trimestre se otorgaron 257 subsidios, destacándose el programa residual de cobertura prestacional a personas discapacitadas del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con 233 subsidios.

El 39% del gasto se destinó a becas y ayudas sociales a personas y, aunque la cuota correspondiente a transferencias se ejecutó en un 96%, ésta fue insuficiente para alcanzar la cantidad programada de pacientes asistidos por drogadependencia.

El organismo modificó su modalidad de intervención en las operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad, impulsando la realización de las mismas con base en informaciones que se desprenden del desarrollo de investigaciones.

La meta de control a empresas no alcanzó la programación prevista por falta de respuesta de las mismas a modificaciones introducidas en la normativa vigente.

El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal (57,3%) y en servicios no personales. Se gastaron 27 mil pesos en becas y 225 mil pesos en transferencias a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro.

El control a cooperativas registró un importante desvío positivo, resultante del requerimiento de presentación de nuevos instrumentos legales, mientras que la incorporación de mutuales y la asistencia técnica a cooperativas y mutuales superó lo previsto por mayor demanda.

Los desvíos negativos obedecieron a dificultades institucionales o legales en la ejecución, reprogramación de actividades y falta de personal especializado.

El Centro Nacional de Reeducación Social concentró su gasto en personal, que representó el 77,4% del total.

El Programa Social Agropecuario – PROINDER y el Programa Financiamiento a Municipios no realizaron programación física para el año en curso.