Comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, o aportes a instituciones sociales para impulsar por su intermedio el desarrollo social.

La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia de fondos automáticos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió 483,4 millones de pesos para financiar gastos de capital. De los 433,0 millones de pesos transferidos para la financiación de gastos corrientes, el 10,5% correspondió a la provincia de Santa Fe, siguiendo en importancia Córdoba (9,4%), Chaco (6,7%) y Tucumán (6,3%).

Una parte de los recursos del PAMI está destinada a brindar prestaciones de promoción y asistencia social. Un tercio de estos recursos es erogado a través del programa Pro-bienestar, que brinda asistencia alimentaria a 400 mil ancianos del Instituto. Las restantes prestaciones son geriatría, sepelios y subsidios.

Las Políticas de Integración para las Personas Discapacitadas, que coordina la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, utilizando los recursos provenientes de la Ley de Cheques (Ley 24.452), insumieron 13,5 millones de pesos, el 69,6% del crédito vigente. Durante el primer semestre habían sido priorizadas las tareas de verificación y control del cumplimiento de los requisitos legales (Decreto 961/98 y Decisión Administrativa 429/98) por parte de las instituciones beneficiarias. Una vez finalizadas las mismas y regularizada la situación de las instituciones, se avanzó en el otorgamiento de subsidios.

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente tuvieron, con algunas excepciones, bajos niveles de ejecución física y financiera. Esto obedece a que los mismos fueron objeto de revisión y reformulación por parte de las nuevas autoridades políticas, proceso que se extendió hasta entrado el segundo trimestre del año, acelerándose el ritmo de ejecución a partir del tercer trimestre.

El gasto en Acciones Compensatorias fue de 10,0 millones de pesos, lo que significa una ejecución del 63,5% del crédito vigente para el presente año. El gasto fue un 4,2% superior al de igual período del año anterior.

Los subsidios a personas se otorgan en función de la demanda espontánea de los potenciales beneficiarios. En el período se verificó una disminución en el monto promedio de los subsidios demandados, lo que permitió atender a un mayor número de personas y obligó a revisar la programación efectuada a inicios de año. En cuanto a los subsidios institucionales, se registró un comportamiento opuesto. El costo unitario de los subsidios institucionales fue superior al previsto, lo que derivó en una menor cantidad de instituciones asistidas.

El Programa de Asistencia Nutricional Alimentaria comprende las actividades Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA) y PROHUERTA.

Su principal prestación es la asistencia alimentaria a los distintos grupos de beneficiarios (niños, ancianos o participantes de huertas), siendo estos grupos relativamente estables a lo largo del año en cuanto a su tamaño. Este programa cuenta con un crédito para 2000 de 58,6 millones de pesos, habiéndose ejecutado 24,4 millones de pesos, lo que significa una disminución del 33,6% respecto de igual período del año anterior, cuando el gasto alcanzó los 36,7 millones de pesos.

El PRANI y el ASOMA han reducido su nivel de prestaciones y se encuentran en proceso de articulación para conformar el nuevo programa alimentario UNIDOS que ya inició sus acciones y lleva asistidos a 22.840 hogares indigentes.

Durante los primeros nueve meses del año, las prestaciones del PRANI y el ASOMA se limitaron a la entrega y financiamiento de los módulos alimentarios de acuerdo con los criterios con que ambos programas operaban con anterioridad al cambio de gestión. La cobertura alimentaria del PRANI no se vio significativamente afectada por los cambios programáticos y de gestión, en cambio sí se registró un desvío de importancia en el cumplimiento de la meta del ASOMA, debido a dificultades administrativas que retrasaron los trámites de adquisición de alimentos.

El PROHUERTA muestra una leve mejora respecto del año 1999, con una población asistida al 30/09/2000, de 2.434.830 personas.

Este programa devengó el 81,5% de su crédito presupuestario. La sobreejecución de la meta de constitución de fondos se debe a la elevada demanda del programa, a lo que se suma el cambio de normativa que incide en la subejecución de la meta de ampliación de fondos. Al respecto, la nueva normativa establece que los Municipios deben, en el actual ejercicio, constituir fondos en su fase inicial, mientras que las ampliaciones de fondos se podrán realizar en ejercicios posteriores al actual. En relación con una nueva línea del programa, consistente en la creación de servicios ocupacionales, se conformaron hasta la fecha 6 Consejos Locales.

La actividad Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA reorientó sus acciones, priorizando la ejecución de proyectos de agua potable, saneamiento básico, y construcción de centros de producción comunitarios. Asimismo, instrumenta los componentes de capacitación y promoción comunitaria en todos sus proyectos. En el período finalizaron 38 proyectos, habiéndose devengado 1,8 millones de pesos (35,2% del crédito). Los desvíos obedecen a que se registraron demoras en el inicio de nuevos proyectos debido a la reformulación de concursos, dificultades con los títulos de tenencia de la tierra y cambio de localización de las obras.

El programa de Desarrollo de Capital Social gastó 21,2 millones de pesos, que representan el 40,3% del crédito vigente. Comprende doce actividades las que se analizan en forma desagregada.

Las actividades de Interacción con Organizaciones Comunitarias y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependientes de la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social no tuvieron ejecución física en el primer semestre ya que, debido al cambio de autoridades, realizaron tareas de diagnóstico y reformulación de objetivos y metas. Durante el tercer trimestre se difundió información a 4000 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se actualizaron o incorporaron 469 registros en la base de datos, se brindó asistencia técnica a 4 dependencias gubernamentales vinculadas a las OSC y se realizó un Encuentro. El gasto devengado fue de 1,2 millones de pesos.

La actividad Atención a Grupos Prioritarios, que históricamente intervino en los proyectos para discapacitados financiados con recursos de la Ley de Cheques, no tuvo ejecución física en el primer semestre, ya que el personal fue afectado a la regularización de expedientes de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. En la segunda mitad del año se puso en marcha el área de Promoción de Espacios Asociativos, que promueve la integración en foros de grupos e instituciones para mejorar y potenciar su accionar mediante la acción conjunta y la articulación de iniciativas. Hasta el momento se constituyeron 5 redes, las que recibieron asistencia técnica y capacitación. El gasto devengado fue de 1,7 millones de pesos.

La actividad Atención a Grupos Vulnerables, que cuenta con financiamiento externo, ejecutó 5,1 millones de pesos, el 39,1% del crédito presupuestario. Como promedio mensual, brindó asistencia técnica y financiera a 228 proyectos de fortalecimiento de organizaciones ejecutoras de planes barriales y a 237 proyectos de atención a grupos vulnerables. El 75% de las transferencias se canalizó hacia el sector privado y el 25% hacia gobiernos provinciales y municipales. Debido a un ajuste operativo, se suspendió el financiamiento de procesos de planificación participativa para lo que resta del corriente año, habiéndose asistido hasta el momento 40 organizaciones.

La actividad de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil fue integrada al programa de Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad. Durante el período implementó acciones de gran convocatoria destinadas a los jóvenes, en articulación con otros organismos gubernamentales, a las que asistieron más de 1.700.000 personas. Entre ellas se destacan la organización de recitales bajo la consigna "Viví tus derechos en Argentina en vivo", la realización de la 1º Jornada de Voluntariado Juvenil, la distribución de material gráfico institucional y de derechos humanos en la Feria del Libro, la organización de la muestra de fotos "Jóvenes del Siglo", el apoyo a jóvenes estudiantes de cine para su participación en el II Festival de Cine Independiente organizado por la Ciudad de Buenos Aires y otras actividades realizadas junto a la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Programa LUSIDA del Ministerio de Salud de la Nación y a municipios de distintas provincias. Se brindó fortalecimiento institucional a 1.019 organizaciones vinculadas a la juventud, en el marco del Plan Federal de Capacitación y se promovieron 6 proyectos participativos de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales.

En el cuadro precedente se han agrupado tres actividades orientadas hacia niños y adolescentes:

La actividad Atención a Menores (PROAME I), financiada con un préstamo BID y que se encuentra en su fase final de ejecución, devengó el 42,1% del crédito indicativo para el presente año. La actividad Atención a Niños y Adolescentes en riesgo (PROAME II), que constituye un segundo préstamo destinado al mismo fin, gastó el 25,9% del crédito. En total se devengaron 3,1 millones de pesos.

Entre las metas correspondientes a estas actividades se observa un desvío negativo en la cantidad de personas capacitadas en organizaciones de niñez y adolescencia, lo que obedeció a dificultades operativas del PROAME I y al retraso en el inicio de la ejecución de proyectos de organizaciones de la sociedad civil del PROAME II respecto de lo originalmente previsto. En contraposición, se superó la cantidad de personas asistidas mediante el financiamiento de proyectos.

La actividad de Apoyo Integral a la Socialización de Menores Marginados en el Gran Buenos Aires, PROAMBA, devengó el 52,0% del crédito asignado, superando las metas previstas para el período.

Esta actividad ejecutó 5,5 millones de pesos, que representan el 51,4% del crédito asignado. No se han realizado actividades de apoyo a las organizaciones comunitarias y el desvío en los proyectos promovidos se debe a demoras en el circuito jurídico del Ministerio.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gastó 1,7 millones de pesos. Debido al cambio de autoridades solicitó prórroga para la remisión de la información de ejecución del tercer trimestre del año. Durante el primer semestre había asistido a 45 organizaciones para la obtención de personería jurídica, encontrándose 20 expedientes con proyectos de resolución y se habían promovido 6 proyectos para indígenas.

El Proyecto de Desarrollo Integral Aborigen en el Departamento de Ramón Lista de la provincia de Formosa, atiende a la población de la comunidad wichi. En el tercer trimestre desarrolló los componentes de autoconstrucción de viviendas (226 beneficiarios), apicultura (96 beneficiarios), artesanías (150 beneficiarios), salud (60 beneficiarios), educación (200 beneficiarios), reforestación (75 beneficiarios) y actividad agropecuaria (300 beneficiarios). Asimismo, se continúa realizando el diagnóstico participativo que involucra a 3.200 personas.

El Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) devengó 1,2 millones de pesos. Además de la producción presentada en el cuadro precedente, durante el período se elaboraron 625 informes sobre condiciones de vida de la población. Las actividades de evaluación de programas sociales, que se implementan mediante la contratación de evaluadores, fueron afectadas por demoras en los llamados a concurso y firma de contratos. El aumento en la cantidad de seminarios se debe a una mayor frecuencia de los Talleres y Tutorías de los Cursos Semipresenciales de Política y Gerencia Social para las regiones del NEA y del Centro que realiza el SIEMPRO, mientras que el desvío en la cantidad de informes obedece a la publicación de Reportes de la Oferta de Programas Sociales y Provinciales (uno por provincia), los cuales no estaban previstos originalmente.

El Consejo Nacional del Menor y la Familia gastó el 49% del crédito en transferencias. Se destinaron 20,7 millones de pesos a ayudas sociales a personas y 3,1 millones de pesos a becas.

Este organismo se encuentra en proceso de reestructuración institucional y de reformulación programática. Los principales desvíos son atribuidos a la falta de personal especializado (prevención del maltrato y régimen de libertad asistida para menores con conflictos penales). Otros desvíos obedecen a redefiniciones operativas y de alcance de los programas, como en el caso de la prevención y tratamiento de la salud, donde se pretende acotar la atención a la población vinculada al Consejo o en el caso de la atención en jardines maternales, donde se ha limitado el ingreso.

La atención telefónica fue afectada por la instalación precaria del sistema telefónico y falta de equipos técnicos específicos en el nuevo edificio del Consejo, aunque se incrementó la presentación espontánea de beneficiarios potenciales (2207 familias asistidas en el tercer trimestre). Los restantes desvíos responden a dificultades operativas o fluctuaciones en la demanda social.

El organismo intensificó sus actividades de capacitación a integrantes de fuerzas de seguridad, consistentes en la realización de cursos y jornadas. Los cursos tienen como objetivo capacitar al personal como auxiliar superior operativo para la lucha contra el narcotráfico, destacándose el estudio de aspectos sustantivos sobre producción y tráfico ilícito de drogas de abuso. Las jornadas están dirigidas al personal superior y tienen por objetivo actualizar el conocimiento profesional en técnicas investigativas contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. La capacitación se desarrolla en las provincias, dentro de un plan nacional.

También se superó la meta de realización de operaciones conjuntas, que son programas coordinados de acción entre las fuerzas intervinientes en la lucha contra el tráfico de droga y sus delitos conexos.

La asistencia al drogadependiente, que consiste en el otorgamiento de subsidios para la atención ambulatoria y/o con internación de personas con conductas adictivas, no pudo cumplirse de acuerdo con lo programado debido a insuficiencia de fondos. Se devengaron 283 mil pesos en becas y 2,4 millones de pesos en ayudas sociales a personas.

La Secretaría cuenta con un Registro Nacional de Precursores Químicos en el que se registran las empresas que importan y/o exportan sustancias químicas que pueden ser utilizadas en el proceso de producción de estupefacientes. Dichas empresas deben presentar trimestralmente un informe de sus actividades; hasta el momento se registró un cumplimiento cercano al 100%.

El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal y en servicios no personales. Se gastaron 231 mil pesos en becas, 225 mil pesos en transferencias a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro y 102 mil pesos en transferencias a cooperativas.

Los controles a cooperativas y mutuales registraron importantes desvíos positivos. En el primer caso, debido a un proceso de reempadronamiento solicitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la realización de actividades conjuntas con organismos provinciales y, en el segundo caso, en virtud de lo dispuesto por la Resolución 6/00 que estableció mecanismos para la remisión de información por parte de los interventores, comisiones normalizadoras y liquidadores de asociaciones mutuales.

La creación de nuevas cooperativas y mutuales fue inferior a lo previsto. La asunción de nuevas autoridades a principios de año demoró el inicio de estas actividades, a lo que se sumó la instrumentación de nuevos procedimientos para la tramitación.

Las actividades de capacitación y asistencia fueron afectadas por menor recaudación de recursos específicos y por encontrarse las solicitudes a consideración del Directorio.

El programa cuya producción se presenta en el cuadro precedente corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. La actividad PROINDER sufrió demoras en la disponibilidad de fondos por lo cual no brindó asistencia a los pequeños productores. La actividad Programa Social Agropecuario, en cambio, ejecutó el 81,3% de su crédito vigente, superando las metas previstas en cuanto a capacitación a productores agropecuarios y agentes rurales.

El Centro de Reeducación Social (CENARESO) registró una menor cantidad de altas que las programadas en los servicios de asistencia ambulatoria y admisión y asistencia a pacientes en Centro de Día. Esto se debió a que se trata de programas ambulatorios que requieren la movilización del paciente varias veces por semana hacia la institución y que, debido a las dificultades económicas de la población atendida y el costo del transporte, inciden desfavorablemente en el sostenimiento del tratamiento hasta el alta. Para evitar esto, la Asociación Cooperadora del CENARESO está derivando recursos para el pago del boleto de transporte a pacientes carenciados que están en programas ambulatorios.

Las altas médicas en Reinserción Social también registraron un menor cumplimiento debido al cambio en el perfil de los pacientes asistidos, que últimamente se ha caracterizado por una mayor complejidad y gravedad, lo que retarda el alta médica.

Otras metas con desvíos positivos de magnitud significativa ponen en evidencia la capacidad de respuesta del organismo ante incrementos de la demanda.