La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia de fondos automáticos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió 646,2 millones de pesos para financiar gastos de capital. De los 604,8 millones de pesos transferidos para la financiación de gastos corrientes, el 10,0% correspondió a la provincia de Santa Fe, siguiendo en importancia Córdoba (9,0%), Chaco (6,3%) y Tucumán (6,1%).

Una parte de los recursos del PAMI está destinada a brindar prestaciones de promoción y asistencia social. Un tercio de estos recursos es erogado a través del programa Pro-bienestar, que brinda asistencia alimentaria a 400 mil ancianos del Instituto. Las restantes prestaciones son geriatría, sepelios y subsidios.

Las Políticas de Integración para las Personas Discapacitadas, que coordina la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, utilizando los recursos provenientes de la Ley de Cheques (Ley 24.452), insumieron 15,6 millones de pesos, el 80,8% del crédito vigente. Durante el primer semestre habían sido priorizadas las tareas de verificación y control del cumplimiento de los requisitos legales (Decreto 961/98 y Decisión Administrativa 429/98) por parte de las instituciones beneficiarias. Una vez finalizadas las mismas y regularizada la situación de las instituciones, se avanzó en el otorgamiento de subsidios. La información disponible, correspondiente a los primeros nueve meses de 2000, arroja que fueron otorgados 553 subsidios, correspondiendo más del 90% al programa residual de cobertura prestacional a personas discapacitadas del Consejo Nacional del Menor y la Familia.

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente ejecutaron el 78,2% del crédito presupuestario vigente. Durante el año, estos programas fueron objeto de revisión y reformulación por parte de las nuevas autoridades políticas, lo que incidió negativamente sobre el nivel de ejecución.

El gasto en Acciones Compensatorias fue de 14,8 millones de pesos, lo que significa una ejecución del 82,3% del crédito vigente para el presente año.

Los subsidios a personas se otorgan en función de la demanda espontánea de los potenciales beneficiarios. A lo largo del año se verificó una disminución en el monto promedio de los subsidios demandados, lo que permitió triplicar la programación efectuada a inicios de año, con el objeto de ampliar la cobertura. La información de los subsidios efectivamente otorgados es parcial, ya que por problemas informáticos sólo se computaron, en el cuarto trimestre, los correspondientes a ayuda directa y no así los de personas subsidiadas por alojamiento y alimentación. Por este motivo, no es posible concluir sobre el desvío registrado hasta tanto no se cuente con los datos definitivos.

En cuanto a los subsidios institucionales, se registró un comportamiento opuesto. El costo unitario de los subsidios institucionales fue superior al previsto, lo que derivó en una menor cantidad de instituciones asistidas, aun cuando la Resolución 1489/00 del MDSyMA reasignó crédito presupuestario para esta actividad.

El Programa de Asistencia Nutricional Alimentaria comprendía, en su planteo inicial, las actividades Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA) y PROHUERTA. Luego de un proceso de articulación, a partir del tercer trimestre del año, el PRANI y el ASOMA fueron fusionados en el nuevo programa alimentario UNIDOS.

Su principal prestación es la asistencia alimentaria a distintos grupos de beneficiarios (niños, ancianos, familias o participantes de huertas), siendo estos grupos relativamente estables a lo largo del año en cuanto a su tamaño. Este programa cuenta con un crédito para 2000 de 55,8 millones de pesos, habiéndose ejecutado 47,3 millones de pesos.

El PRANI y el ASOMA no alcanzaron las metas programadas a inicios del año, ya que dejaron de ejecutarse en el tercer trimestre. Las prestaciones se limitaron a la entrega y financiamiento de los módulos alimentarios de acuerdo con los criterios con que ambos programas operaban con anterioridad al cambio de gestión. La cobertura del PRANI no se vio significativamente afectada por los cambios programáticos y de gestión, en cambio sí se registró un desvío de importancia en el cumplimiento de la meta del ASOMA. El UNIDOS que ya inició sus acciones, asistió a 603.339 hogares indigentes.

El PROHUERTA muestra una mejora respecto del año 1999, con una población asistida al 31/12/2000, de 2.478.492 personas.

Este programa devengó el 93,8% de su crédito presupuestario. La sobreejecución de la meta de constitución de fondos se debe a la elevada demanda del programa, a lo que se suma el cambio de normativa que incide en la subejecución de la meta de ampliación de fondos. Al respecto, la nueva normativa establece que los Municipios deben, en el actual ejercicio, constituir fondos en su fase inicial, mientras que las ampliaciones de fondos se podrán realizar en ejercicios posteriores al actual. En relación con una nueva línea del programa, consistente en la creación de servicios ocupacionales, se conformaron hasta la fecha 8 Consejos Locales, 4 menos de lo previsto.

La actividad Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA reorientó sus acciones, priorizando la ejecución de proyectos de agua potable, saneamiento básico, y construcción de centros de producción comunitarios. Asimismo, instrumenta los componentes de capacitación y promoción comunitaria en todos sus proyectos. En el período finalizaron 58 proyectos, habiéndose devengado 3,0 millones de pesos (59,4% del crédito). Los desvíos obedecen a que se registraron demoras en el inicio de nuevos proyectos debido a la reformulación de concursos, dificultades con los títulos de tenencia de la tierra y cambio de localización de las obras y a inconvenientes climáticos (lluvias prolongadas) que demoraron obras cuya finalización estaba prevista para el cuarto trimestre.

El programa de Desarrollo de Capital Social gastó 35,9 millones de pesos, que representan el 69,1% del crédito vigente. Comprende doce actividades las que se analizan en forma desagregada.

Las actividades de Interacción con Organizaciones Comunitarias y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependientes de la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social no tuvieron ejecución física en el primer semestre ya que, debido al cambio de autoridades, realizaron tareas de diagnóstico y reformulación de objetivos y metas. Durante el segundo semestre se difundió información a 10.942 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se actualizaron o incorporaron 1.469 registros en la base de datos, se brindó asistencia técnica a 14 dependencias gubernamentales vinculadas a las OSC, se realizaron 7 encuentros y 3 estudios e investigaciones. El gasto devengado fue de 2,4 millones de pesos.

La actividad Atención a Grupos Prioritarios, que históricamente intervino en los proyectos para discapacitados financiados con recursos de la Ley de Cheques, no tuvo ejecución física en el primer semestre, ya que el personal fue afectado a la regularización de expedientes de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. En la segunda mitad del año se puso en marcha el área de Promoción de Espacios Asociativos, que promueve la integración en foros de grupos e instituciones para mejorar y potenciar su accionar mediante la acción conjunta y la articulación de iniciativas. Hasta el momento se constituyeron 5 redes, las que recibieron asistencia técnica y capacitación. El gasto devengado fue de 2,2 millones de pesos.

La actividad Atención a Grupos Vulnerables, que cuenta con financiamiento externo, ejecutó 9,7 millones de pesos, el 74,8% del crédito presupuestario. Como promedio mensual, brindó asistencia técnica y financiera a 240 proyectos de fortalecimiento de organizaciones ejecutoras de planes barriales y a 243 proyectos de atención a grupos vulnerables. Debido a un ajuste operativo, se suspendió el financiamiento de procesos de planificación participativa a partir del segundo trimestre, cuando se había asistido a 40 organizaciones.

La actividad de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil fue integrada al programa de Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad. Durante el período implementó acciones de gran convocatoria destinadas a los jóvenes, en articulación con otros organismos gubernamentales, a las que asistieron más de 2.000.000 personas. Entre ellas se destacan la organización de recitales bajo la consigna "Viví tus derechos en Argentina en vivo", la realización de la 1º Jornada de Voluntariado Juvenil, la distribución de material gráfico institucional y de derechos humanos en la Feria del Libro, la organización de la muestra de fotos "Jóvenes del Siglo", el apoyo a jóvenes estudiantes de cine para su participación en el II Festival de Cine Independiente organizado por la Ciudad de Buenos Aires y otras actividades realizadas junto a la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Programa LUSIDA del Ministerio de Salud de la Nación y a municipios de distintas provincias. Se brindó fortalecimiento institucional a 1.819 organizaciones vinculadas a la juventud, en el marco del Plan Federal de Capacitación y se promovieron 12 proyectos participativos de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales.

En el cuadro precedente se han agrupado tres actividades orientadas hacia niños y adolescentes:

La actividad Atención a Menores (PROAME I), financiada con un préstamo BID y que se encuentra en su fase final de ejecución, devengó el 46,0% del crédito indicativo para el presente año. La actividad Atención a Niños y Adolescentes en riesgo (PROAME II), que constituye un segundo préstamo destinado al mismo fin, gastó el 48,5% del crédito. En total se devengaron 5,2 millones de pesos.

Los datos correspondientes a la producción de estas actividades son relevados por las organizaciones de la sociedad civil y, dado que no todas remitieron la información al cierre del cuarto trimestre, los mismos subestiman la cobertura real. De todos modos, el desvío negativo que se registra en la cantidad de personas capacitadas en organizaciones de niñez y adolescencia, obedeció a dificultades operativas del PROAME I y al retraso en el inicio de la ejecución de proyectos de organizaciones de la sociedad civil del PROAME II respecto de lo originalmente previsto. En contraposición, se superó la cantidad de personas asistidas mediante el financiamiento de proyectos.

La actividad de Apoyo Integral a la Socialización de Menores Marginados en el Gran Buenos Aires, PROAMBA, devengó el 52,0% del crédito asignado, superando las metas previstas para el período.

Esta actividad ejecutó 8,8 millones de pesos, que representan el 81,8% del crédito asignado. No se han realizado actividades de apoyo a las organizaciones comunitarias y el desvío en los proyectos promovidos se debe a demoras en el circuito jurídico del Ministerio.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gastó 2,5 millones de pesos. El Proyecto de Desarrollo Integral Aborigen en el Departamento de Ramón Lista de la provincia de Formosa, que atiende a la población de la comunidad wichi, continuó ejecutando en el cuarto trimestre los componentes de autoconstrucción de viviendas (226 beneficiarios), apicultura (96 beneficiarios), artesanías (150 beneficiarios), salud (60 beneficiarios), educación (200 beneficiarios), reforestación (75 beneficiarios) y actividad agropecuaria (300 beneficiarios).

El Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) devengó 2,5 millones de pesos. Además de la producción presentada en el cuadro precedente, durante el período se elaboraron 791 informes sobre condiciones de vida de la población. Las actividades de evaluación de programas sociales, que se implementan mediante la contratación de evaluadores, se concentraron en el cuarto trimestre, una vez superadas las demoras en los llamados a concurso y firma de contratos. El aumento en la cantidad de seminarios se debe a una mayor frecuencia de los Talleres y Tutorías de los Cursos Semipresenciales de Política y Gerencia Social para las regiones del NEA y del Centro y al incremento en las actividades de capacitación en las áreas sociales municipales y provinciales. El desvío en la cantidad de informes obedece fundamentalmente a la publicación de Reportes de la Oferta de Programas Sociales y Provinciales (uno por provincia), los cuales no estaban previstos originalmente.

El Consejo Nacional del Menor y la Familia gastó el 48% del crédito en transferencias. Se destinaron 28,4 millones de pesos a ayudas sociales a personas y 3,7 millones de pesos a becas.

Este organismo encaró durante el presente año un proceso de reestructuración institucional y de reformulación programática. Dado que las metas fueron establecidas con anterioridad al cambio de gestión, se verifican desvíos negativos de magnitud significativa, asociados a la desactivación paulatina de programas preexistentes y a la derivación de niños y niñas hacia otras alternativas de contención y tratamiento. En algunos casos los desvíos obedecen a la falta de personal especializado y en otros a redefiniciones operativas y de alcance de los programas.

El organismo intensificó sus actividades de capacitación a integrantes de fuerzas de seguridad, consistentes en la realización de cursos y jornadas. Los cursos tienen como objetivo capacitar al personal como auxiliar superior operativo para la lucha contra el narcotráfico, destacándose el estudio de aspectos sustantivos sobre producción y tráfico ilícito de drogas de abuso. Las jornadas están dirigidas al personal superior y tienen por objetivo actualizar el conocimiento profesional en técnicas investigativas contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. La capacitación se desarrolla en las provincias, dentro de un plan nacional.

También se superó la meta de realización de operaciones conjuntas, que son programas coordinados de acción entre las fuerzas intervinientes en la lucha contra el tráfico de droga y sus delitos conexos.

La asistencia al drogadependiente consiste en el otorgamiento de subsidios para la atención ambulatoria y/o con internación de personas con conductas adictivas. Se devengaron 380 mil pesos en becas y 3,1 millones de pesos en ayudas sociales a personas.

La Secretaría cuenta con un Registro Nacional de Precursores Químicos en el que se registran las empresas que importan y/o exportan sustancias químicas que pueden ser utilizadas en el proceso de producción de estupefacientes. Dichas empresas deben presentar trimestralmente un informe de sus actividades; hasta el momento se recibieron 3.973 informes.

El gasto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se concentró en personal y en servicios no personales. Se gastaron 256 mil pesos en becas, 493 mil pesos en transferencias a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro y 176 mil pesos en transferencias a cooperativas.

El control a cooperativas registró un importante desvío positivo, resultante de un proceso de reempadronamiento solicitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la realización de actividades conjuntas con organismos provinciales. En el caso del control a mutuales, la Resolución 6/00 estableció mecanismos para la remisión de información por parte de los interventores, comisiones normalizadoras y liquidadores de asociaciones mutuales.

La creación de nuevas cooperativas fue inferior a lo previsto, pero se superó la cantidad de mutuales incorporadas. La asunción de nuevas autoridades a principios de año demoró el inicio de estas actividades, a lo que se sumó la instrumentación de nuevos procedimientos para la tramitación.

Las actividades de capacitación y asistencia fueron afectadas por menor recaudación de recursos específicos y por encontrarse las solicitudes a consideración del Directorio.

El programa cuya producción se presenta en el cuadro precedente corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. La actividad PROINDER, gastó 6,4 millones de pesos. La actividad Programa Social Agropecuario, ejecutó 2,9 millones de pesos, superando las metas previstas en cuanto a capacitación a productores agropecuarios y agentes rurales.

El Centro de Reeducación Social (CENARESO) registró una menor cantidad de altas que las programadas en los servicios de asistencia ambulatoria y admisión y asistencia a pacientes en Centro de Día. Esto se debió a que se trata de programas ambulatorios que requieren la movilización del paciente varias veces por semana hacia la institución y que, debido a las dificultades económicas de la población atendida y el costo del transporte, inciden desfavorablemente en el sostenimiento del tratamiento hasta el alta. Para evitar esto, la Asociación Cooperadora del CENARESO deriva recursos para el pago del transporte a pacientes carenciados que están en programas ambulatorios.

Las altas médicas en Reinserción Social también registraron un menor cumplimiento debido al cambio en el perfil de los pacientes asistidos, que últimamente se ha caracterizado por una mayor complejidad y gravedad, lo que retarda el alta médica.

Otras metas con desvíos positivos de magnitud significativa ponen en evidencia la capacidad de respuesta del organismo ante incrementos de la demanda.