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Estos programas están destinados fundamentalmente a la generación de empleo y capacitación de desocupados y empleados en general, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. El programa Acciones de Empleo representa el 96,8% del total de erogaciones del Ministerio para el año 2005, principalmente por la continuidad en la ejecución del Plan Jefes de Hogar, implementado a partir de enero de 2002 en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional, con el objetivo de atenuar el impacto de la coyuntura económica y financiera sobre los grupos más vulnerables.
Durante 2005, se asistieron en promedio 233.488 beneficiarios vinculados al Empleo Transitorio que incluye a 213.843 personas de la iniciativa Programa de Empleo Comunitario (PEC) y el resto a Interzafra, ésta última línea destinada a la atención de trabajadores desocupados por razones de estacionalidad de las actividades productivas regionales. Los beneficiarios se concentraron mayormente en la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -75,6% del total-. Al finalizar el año, se superaron las cantidades previstas, siendo mayores que en 2004, debido en parte a la suscripción de diversos convenios de Interzafra que incorporaron un mayor número de beneficiarios.
En cuanto al apoyo a la búsqueda de empleo, las entrevistas a los beneficiarios de los planes de empleo se incrementaron respecto al año pasado, y superaron las programadas para este período. Las mismas incluyen, en algunos casos, la confección de las historias laborales, de manera de conformar un perfil ocupacional de estas personas y su derivación posterior ante el posible requerimiento de las empresas.
Por su parte, el mantenimiento del empleo privado abarca las iniciativas Trabajo Autogestionado, Recuperación Productiva e inserción laboral de personas con discapacidad o bien, la incorporación de trabajadores independientes en situación de emergencia climática. Cabe destacar que, la primera iniciativa se encarga de la promoción y el fortalecimiento de empresas o fábricas recuperadas por sus trabajadores, en funcionamiento o en proceso de reactivación; mientras que, Recuperación Productiva destina 150 pesos mensuales durante 6 meses por cada beneficiario que sea incorporado al sector privado, de manera de completar la remuneración básica que paga el empleador. Si bien durante gran parte del año 2005, la cobertura se ejecutó con atrasos, en el último trimestre, los beneficiarios superaron la cantidad prevista dada la mayor incorporación de trabajadores independientes en situación de emergencia climática. En promedio se encontraban participando de esta iniciativas un total de 4.265 personas, de las cuales un 59% corresponde a la iniciativa Recuperación Productiva.
Por otro lado, la cantidad de proyectos productivos bajo la modalidad de pago único del seguro de desempleo presentados por personas desocupadas se incrementó respecto al nivel alcanzado en 2004. Cabe destacar que la actividad resultó mayor durante el tercer trimestre de 2005, dado que se presentaron un mayor número de iniciativas, lo cual contribuyó a superar las cantidades previstas para el año. Los mayores proyectos aprobados se distribuyeron en las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y, en menor medida, Misiones, Córdoba y Mendoza.
Los incentivos para la reinserción laboral comprenden a aquellos beneficiarios de planes de empleo nacionales que reciben entrenamiento laboral y participan de prácticas calificantes. Para ello, además de la ayuda económica mensual, cada beneficiario recibe una suma fija de 50 pesos en concepto de traslado y refrigerio por lo que, en su asignación se prioriza a los beneficiarios que habitan en zonas de escaso transporte. Este componente, que si bien se ejecutó con retrasos durante el año, logró aumentar su cobertura al finalizar 2005, la cual se concentró en casi un 56% en la provincia de Buenos Aires.
A través de la continuidad del Plan Jefes de Hogar se ofrece empleo de emergencia mediante la participación en proyectos de infraestructura social o en actividades de capacitación y se brinda una ayuda económica de 150 pesos mensuales. También se prevé la incorporación de los beneficiarios al sector privado a través del componente de reinserción laboral. La ejecución se realiza en forma descentralizada a través de los municipios y comunas del país bajo la supervisión de los Consejos Consultivos.
Dada su relevancia económica -2.997 millones de pesos para 2005-, no sólo constituye la principal acción del Ministerio para paliar la situación de emergencia; sino que también, mantiene una participación fundamental dentro del conjunto de programas sociales nacionales. Cabe recordar que, a diferencia de los programas antes descriptos, constituye un derecho de inclusión social cuyos beneficiarios son jefes y jefas de hogar desocupados con hijos en edad escolar y adultos mayores de 70 años sin acceso a prestaciones previsionales.
En 2005, el Plan Jefes de Hogar se financia en un 87,7% con recursos del Tesoro Nacional y el resto con transferencias del Fondo Nacional de Empleo (Ley Nº 24.013), administrado por la ANSeS y mediante financiamiento externo proveniente de la línea Trabajar, Préstamo BIRF Nº 7157-AR. También el plan ejecuta un componente de materiales que alcanza los 141,1 millones de pesos para 2005 -siendo mayor en 47,5 millones de pesos respecto a 2004- destinado a financiar los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos en municipios con dificultades económicas para realizarlos, que incluyen la reparación de escuelas, dispensarios, instalaciones básicas de saneamiento, etc.
Durante 2005, se atendieron en promedio a 1.576.015 personas, de los cuales 55.475 corresponden al Plan Mayores. Respecto al año 2004, la cobertura resultó 11% menor, principalmente como consecuencia de la incorporación de los beneficiarios de este plan al mercado formal de trabajo conjuntamente con distintas acciones de verificación y control de requisitos de los beneficiarios.
Esta disminución en la cantidad de planes, explica la baja en el gasto total del Plan (-478,8 millones de pesos) respecto al año anterior conjuntamente con el otorgamiento, en diciembre de 2004, de una ayuda económica adicional por única vez de 75 pesos.
El Plan Nacional de Regularización del Empleo atiende la problemática derivada del empleo no registrado verificando el cumplimiento de las condiciones de trabajo, la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social, procurando la incorporación al sistema de seguridad social de los trabajadores excluidos. Para ello se efectuaron inspecciones a 84.688 establecimientos, sin alcanzar el número previsto, debido a que, recién en el mes de julio, se firmó el Decreto Nº 801/2005 que incluye la normativa que faculta al Ministerio para aplicar las sanciones correspondientes.
La capacitación laboral que ofrece el programa se concentra sobre cuatro líneas: el componente de formación del Plan Jefes de Hogar (formación profesional y terminalidad educativa), las actividades de formación profesional sectorial, la asistencia técnica para el trabajo y la formación especial y el fortalecimiento de instituciones de capacitación a través de la evaluación de la calidad de las mismas (escuelas técnicas, universidades y sindicatos). En todos los casos se establecen Acuerdos - Programa con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; así como con municipios, instituciones públicas, no gubernamentales y empresas en los cuales se comprometen resultados en términos de calidad educativa y formación profesional.
Con relación a la cobertura prevista, durante el período, se amplió la cantidad de personas capacitadas; así como las instituciones asistidas. En el primer caso el incremento se explica por el mayor número de acuerdos sectoriales suscriptos; mientras que, en el segundo, se debe a la mayor calificación y precalificación de instituciones, las cuales además de asistencia financiera reciben apoyo técnico.
Por su parte, no se alcanzó en su totalidad el número de beneficiarios previsto de Jefes de Hogar incorporados a la educación formal, lo cual se justifica en parte por el porcentaje de deserción de la matrícula de beneficiarios en las distintas provincias. También resultó menor la cantidad de proyectos promovidos, dado que las acciones se concentraron en algunos sectores de formación focalizándose en ciertas zonas geográficas de manera de mejorar la capacitación de las personas incluidas en ellos.
Dentro del programa, que se ejecuta en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, se contemplan las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores y el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). También, hasta el segundo trimestre inclusive, se realizaron las tareas de verificación de documentación correspondiente a los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar y de supervisión de proyectos del componente materiales del mismo, antes señalado, que a partir del cuarto trimestre se desarrollaron bajo la órbita del programa Acciones de Empleo bajo la responsabilidad de la Secretaría de Empleo. No obstante es importante señalar que en el cuarto trimestre fueron 9.116 los beneficiarios fiscalizados mediante la verificación de sus legajos y 6.537 las visitas a proyectos, no habiéndose incorporado estas cantidades dentro de las mediciones físicas reflejadas en el cuadro anterior.
Durante 2005, el ritmo de negociación colectiva superó los niveles registrados en el año anterior, pero mantuvo las cantidades previstas para el año. De acuerdo al informe Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2005, en estos tres últimos meses del año el 60% de las negociaciones correspondió al ámbito de la empresa, mientras que el 40% restante al de actividad. En este sentido, el conjunto de los convenios y acuerdos colectivos homologados alcanzó a alrededor de 840.000 trabajadores. Según la misma fuente, para el cuarto trimestre, el sector de actividad que más negociaciones registró, fue la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones (33%), seguido por la industria manufacturera (32%) y por servicios sociales y comunales (15%), estipulándose en la mayoría de los casos aumentos salariales.
También se registró un incremento tanto interanual como en relación a lo previsto en las conciliaciones laborales, que superó la cantidad programada, debido a la existencia de una mayor conflictividad laboral en el período.
El programa, ejecutado en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social, tiene como objetivos intervenir en la elaboración de las políticas institucionales y de gestión de la seguridad social y en la creación, aplicación y fiscalización de los regímenes de seguridad social. La medición física, en este caso, contempla, en forma residual, la cobertura de algunos beneficios vinculados a la antigua ley de accidentes de trabajo, según la cual, en los casos de insolvencia por parte del empleador, la Secretaría tomaba a cargo la atención de los empleados. Por este motivo, las bajas cantidades previstas contemplan el apoyo para algunos de estos casos pendientes.
