En función de las características particulares que reúne a las actividades centrales del Ministerio de Economía y Producción se observa que el 29,5% del crédito vigente pertenece a la coordinación, conducción y dirección superior, siguiendo en importancia el crédito asignado a los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que concentran el 27,8% crédito y aquellos pertenecientes a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana empresa, representan el 14,7% del crédito total vigente. Por su parte, durante el primer trimestre del año 2004 el mayor porcentaje de variación positiva del crédito devengado, se encuentra relacionado al Programa Social Agropecuario-PROINDER acompañando, de este modo, el incremento del 36,1% del crédito vigente con respecto al ejercicio precedente.

 

Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado se originó, principalmente, en una reasignación de personal hacia la realización de operativos de lealtad comercial que no implican verificación de instrumentos de medición ( control de precios) y a la atención del público. De igual modo, la disminución de la importación de instrumentos de medición (tales como cintas métricas, metros de madera, etc). y la delegación de la verificación periódica de instrumentos de medición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por el Decreto N° 788/03, influyen en los desvíos observados. Asimismo, la sobre ejecución realizada en materia de operativos de lealtad comercial, se debió a la gran cantidad de denuncias recibidas que tuvieron como objetivo el control de precios en supermercados y comercios en general.

En cuanto a la instrucción de sumarios a empresas, el desvío obedeció a que se han resuelto, además de los programados, un número de casos, que debido a su complejidad, no habían sido concluídos en el ejercicio anterior. Para ello, se introdujeron mejoras en los procesos que intervienen en la realización de los mismos.

Los arbitrajes realizados en conflictos entre consumidores y empresas fueron menores a los estimados, principalmente, debido a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, que la resolución del caso lleve más tiempo que el previsto. Asimismo, los sectores bancarios y de planes de ahorro previo han rechazado los pedidos de arbitraje solicitado por los consumidores.

 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.

A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (CNDC).

La menor ejecución observada en los dictámenes complejos se debió que hubo operaciones de concentración económica que dada su complejidad requirieron de un tiempo mayor a lo estipulado para su resolución (dentro de los plazos establecidos por la Ley N° 26.156). La denuncia contra la empresa Profertil y la fusión entre las empresas Fibra Dupont Sudamericana y Vicunha Textil requirieron este tipo de dictámenes.

Por su parte, la sobreejecución presentada en la elaboración de dictámenes simples radica en que se concluyeron casos no resueltos en el ejercicio anterior. Asimismo, el período de instrucción de los mismos fue más corto que el estimado, considerando que dichos dictámenes se refieren a pequeñas o medianas empresas y/o mercados que poseen una estructura simple o sobre los cuales ya se poseía información de antecedentes y/o estudios anteriores, por lo que sólo debieron ser actualizados o en caso contrario ordenar su archivo o derivación a otro organismo para la prosecución de su trámite.

En cuanto a los estudios de mercado, dado que se ha incrementado significativamente el número de notificaciones de operaciones de concentración económica, en las que deben respetarse estrictamente los plazos legales, no se ha podido concluir con las investigaciones de mercado en curso (mercado postal, de oxígeno líquido, de caucho sintético, análisis de la vacuna contra la fiebre aftosa por incremento de precio, glisfosato, ente otras).

Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por defensa de la libre competencia y del consumidor, se requirió de un mayor número de auditorías a las empresas (sobre la base de la documentación contable y/o extracontable) a fin de poder dictaminar al respecto. Se realizaron auditorías a la empresa Balbazoni Hnos. S.R.L. en la ciudad de Rosario, en el marco de la investigación por presuntas conductas anticompetitivas en el mercado de lentes oftálmicas; a las empresas Gastecmor S.A. y Fermín Cuirolo en la ciudad de Arrecifes, por presunto aumento concertado de precios en el mercado de GNC; al igual que las empresas Alpamar GNC, Petrogas Tandil S.A. y GNC Tandil S.A. en la ciudad de Tandil. El desvío por sobre lo programado fue producto del elevado número de empresas involucradas en los casos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tiene asignado el 27,8% del crédito a la Administración Central del Ministerio de Economía y Producción. Por su parte, el programa de Formulación de Políticas del Sector Primario representa el 55,9% del crédito total otorgado a dicha Secretaría, siguiendo en orden de importancia el Programa Social Agropecuario-PROINDER que concentra el 34,3% del crédito asignado.

A través del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico. En concordancia a este objetivo, las transferencias para el ejercicio 2004, representan el 67,9% del crédito vigente del programa y el 37,9 % con respecto al total del crédito asignado a dicha Secretaría.

 

 

El desvío negativo observado en publicaciones, se debió a que al cierre del primer trimestre la publicación prevista se encontraba en la etapa de verificación de la información con otras áreas del Gobierno Nacional.

La capacitación a pobladores rurales y a técnicos (PRODERNEA) mostró una mayor ejecución con respecto a la programado, debido a que la provincia de Corrientes inició las actividades del PRODERNEA. En ese sentido, dicha provincia determinó una estrategia de capacitación, promoción y difusión dirigida a la población objetivo en función de los diferentes aspectos del programa. Asimismo, el cambio de autoridades en la provincia del Chaco implicó nuevos enfoques en cuanto a la implementación del programa, determinando la necesidad de capacitar a los equipos técnicos en las nuevas estrategias de ejecución.

En cuanto a la asistencia a productores forestales, en la Ley N° 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) se establecen beneficios fiscales a fin de generar una masa boscosa que se acerque a las 100.000 ha. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas del sector atraviesan una situación económica y financiera poco propicia para alcanzar el desarrollo forestal buscado. En adición, se registraron atrasos en el otorgamiento de los apoyos económicos no reintegables, que desalentó a los forestadores en la actividad de implantación. Si bien, durante el ejercicio 2003, se realizaron importantes desembolsos tendientes a regularizar esta situación, los mismos se concentraron principalmente en el segundo semestre del año. En ese sentido, durante el último semestre del ejercicio anterior se concentró el esfuerzo en la implementación de proyectos prediales, que habían sido elaborados en los meses anteriores y que por ausencia de fondos no habían sido iniciados, lo cual repercutió en las actividades de preparación y elaboración de los nuevos proyectos programados para el primer trimestre de 2004.

Con respecto a la extensión e investigación de plantaciones, la menor cantidad de proyectos en ejecución se debió a la falta de la confirmación oficial de la extensión del Proyecto hasta el 30 de junio de 2005. En consecuencia, no se realizaron prórrogas de viejos proyectos ni se iniciaron nuevos proyectos de investigación.

En materia de la asistencia técnico-financiera e infraestructura básica a grupos de aborígenes el desvío negativo observado se generó a raíz del cambio de autoridades en la provincia del Chaco, por lo cual, varios proyectos se hallan en etapa de revisión. Asimismo, en la provincia de Formosa se produjo una reestructuración del manejo y control de las cuentas públicas que determinaron la falta de disponibilidad de fondos para el programa. En cuanto a la provincia de Misiones, luego del cambio de autoridades no se han nombrado aún los equipos técnicos que estarían a cargo de la ejecución de dichas actividades. De igual modo, las acciones de asistencia financiera y técnica a pobladores rurales se vieron afectadas por los cambios llevados a cabo en las provincias de Chaco, Formosa y Misiones.

Por su parte, durante el primer trimestre de 2004 se comenzó la construcción de canales y la de caminos en dos proyectos identificados como: Colonia 16 de Octubre- Chubut y mejoramiento de caminos en áreas rurales productivas- Entre Ríos, sin que hasta el final del período analizado se hayan recibido certificados de obra o se hubieren efectuados desembolsos.

El programa es de alcance nacional, no se priorizan áreas y se definió como población objetivo a los productores pequeños y medianos, que se estiman en 100.000. Asimismo, no tiene criterios predeterminados de elegibilidad, sólo se requiere la condición de trabajar en grupos con la metodología llevada a cabo por el programa.

La asistencia técnica integral a los productores se brinda de acuerdo a cuatro componentes o campos de acción:

• Asistencia técnica, orientada hacia los aspectos de mejoramiento de la capacidad empresarial, diseño de alternativas de reconversión; planificación y seguimiento de actividades, información de mercados y comercialización, organización de productores y experimentación adaptativa.

• Capacitación y entrenamiento, tanto a los profesionales involucrados como a los productores agrupados, con una propuesta de capacitación permanente.

• Promoción y motivación, buscando la concientización de la población objetivo a partir de actividades de comunicación, difusión y participación

El programa se basa en el trabajo en grupo de productores quienes, junto a un profesional son asesorados para buscar nuevas oportunidades de mercado. Los objetivos son aumentar la eficiencia de los procesos de producción, lograr una mayor diferenciación del producto final, reorganizar la estructura empresarial y productiva, mejorar la gestión empresarial y consolidar nuevas formas de organización social, entre otros.

En la actualidad existen más de 600 grupos que financian totalmente el pago de la asistencia técnica mientras que, en el caso de grupos nuevos, el programa subsidia el pago de los honorarios a los asesores en forma decreciente. Durante el primer año del grupo el programa otorga $500 por mes al asesor, en el segundo año $400 y en el tercero $300. A partir del cuarto año los grupos deben cubrir integralmente los honorarios, lo cual sustenta la transformación de un modelo de extensión y transferencia de tecnología público a un modelo mixto público- privado, donde el costo de la misma es asumido por el productor.

El seguimiento y evaluación se hacen tanto a nivel regional como nacional, y es realizado por la unidad de auditoría interna ubicada en el INTA.

El Programa Social Agropecuario (PSA) y el PROINDER realizan acciones de manera complementaria. El ámbito de acción es nacional, con excepción de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego debido al reducido número de población objetivo.

La distribución de los fondos para proyectos entre las provincias se realiza en base a la proporción de explotaciones minifundistas determinada en base al Censo Nacional Agropecuario (CNA) 1988, lo que lleva a la priorización de las regiones NOA y NEA. Por su parte el PROINDER, seleccionó los departamentos en los que la cantidad absoluta de jefes de hogar rurales con necesidades básicas insatisfechas (NBI) vinculados al sector agropecuario es superior al promedio provincial. Asimismo, el programa aplica criterios de focalización adicionales para los casos de aborígenes y trabajadores transitorios agropecuarios.

La población objetivo del PSA ha sido cuantificada en 159.712 familias, basada en la estimación de productores minifundistas, realizada por la Dirección de desarrollo Agropecuario a partir del CNA 1988. Dicha población representa aproximadamente un 40% del total de los productores argentinos. El programa no tiene establecida una población meta a atender sino que la determina anualmente en función de los recursos presupuestarios asignados.

En el PROINDER la población objetivo fue definida en base a los datos del Censo Nacional de Población 1991 en cuanto a jefes de hogar de la rama agropecuaria que residen en localidades de hasta 2000 habitantes o en áreas de población dispersa con NBI. El resultado es una población objetivo estimada en 127.565 familias en todo el país.

Las acciones propiamente dichas brindadas por el PSA, consisten en la asistencia financiera, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y capacitación. Las modalidades de asistencia financiera varían según el tipo de emprendimientos; en el caso de los proyectos de autoconsumo se otorgan, según una actualización recientemente efectuada, hasta $500 por familia o $5.000 por grupo, se financian insumos, equipos e inversiones para la producción de granja y huerta y para industrialización de productos. Se devuelven con productos a las organizaciones de la comunidad (escuelas, hospitales, asilos, etc). en el caso de los demás proyectos se otorgan hasta $ 3.000 por familia y el monto máximo no puede superar los $100.000 por grupo. Los rubros financiables son inversiones prediales, equipos y herramientas e insumos para la producción; mano de obra familiar y ajena. Para los proyectos tradicionales la tasa de interés es del 6% anual sobre saldo y para los innovadores el 4%. La devolución de los fondos depende del rubro financiado y se integran a un fondo rotatorio a nivel de cada provincia.

En el caso del PROINDER, se entrega financiamiento no reembolsable para iniciativas de inversión en bienes y obra de infraestructura grupal y comunitaria. Se financian infraestructura y mejoras fijas, ganado mayor y menor, herramientas y equipo menor, plantaciones y pasturas permanentes, mano de obra, insumos y servicios necesarios para la realización de inversiones. Los topes de financiamiento (recientemente actualizados) son de $500 por familia y $10.000 por grupo para proyectos de autoconsumo, $3.500 por familia y $ 52.500 por grupo para los subproyectos destinados a bienes e infraestructura de uso comunitario y/o prediales, $3.500 por familia y $100.000 por grupo para subproyectos de inversión destinados a infraestructura de uso comunitario y $8.400 para los subproyectos de asistencia técnica y apoyo a la comercialización. Cabe mencionar que el promedio por familia en el 2002 fue de $590 mientras que al cierre del año 2003, dicho monto actualizado, alcanzó los $1.034. Por su parte, el promedio no se acerca a los límites porque los proyectos destinados al autoconsumo tienen un monto máximo de $500, y las familias sin experiencia de trabajo grupal pueden pedir primero un autoconsumo y al año un proyecto productivo, pero sin exceder el monto de $3.500. En término de las metas acordadas con el BIRF, la actualización no se hizo por tipo de cambio sino por modelos de proyectos y actualización de sus costos.

En el ejercicio 2004, si bien se generó un incremento del 126,3 % en cuanto a la ejecución financiera con respecto al año 2003, cabe mencionar no se observa una relación y actualización directa con la ejecución física de las metas, debido a que las mismas son informadas en función del pagado. Por su parte, las transferencias representan el 98,7 % del total del crédito devengado por el programa. En ese sentido, la asistencia financiera a grupos de pequeños productores tuvo relación con los fondos disponibles durante el año. La mayor ejecución se explica porque el pago de los subproyectos aprobados en diciembre de 2003 se realizó durante el primer trimestre de 2004.

En cuanto a la asistencia técnica a pequeños productores, el retraso en el pago de los subproyectos repercutió sobre el inicio de la asistencia técnica, ya que la misma se concreta luego de hacerse efectivo el beneficio financiero a los productores además de estar ligada al ciclo biológico de la producción. En consecuencia, muchas asistencias técnicas serán realizadas durante el segundo semestre.

 

 

 

La demanda de los certificados expedidos en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos y la de Certificados de Origen Nacional para Productos de Exportación están determinadas por las exportaciones realizadas en el sector privado.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), emite certificados de origen para aquellos productos exportados bajo este régimen, que se encuentran incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio. La diferencia existente entre la cantidad presupuestada y la cantidad efectivamente tramitada durante el período analizado, se sustenta en una mayor difusión, en el sector exportador, de la existencia del sistema y los beneficios ofrecidos, como así también a un incremento de la corriente exportadora de nuestro país.

La menor cantidad de empresas controladas, en función del régimen planta llave en mano, se debió a las limitaciones en la disponibilidad de personal lo cual determinó la imposibilidad de concretar la totalidad de las auditorías previstas.

En cuanto al régimen de financiamiento del IVA para bienes de capital, los proyectos que se encuentran en el área carecen de la información esencial para la prosecución del trámite, en consecuencia, se procedió a solicitar dicha información a los interesados. No obstante, la actual situación financiera dificulta el acceso al crédito, motivo por el cual las empresas no han completado la información.

En materia de resolución de casos de dumping, se presentaron nuevas investigaciones de las cuales se resolvió sobre termos con ampolla de acero inoxidable, almidones y féculas y glifosato y sus formulaciones.

El objetivo del programa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Asimismo, se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo-precio, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.

Con respecto al plan canje automotor, los expedientes que ingresan se refieren al pedido del beneficio fiscal. En estos momentos en que el régimen está terminado, sólo quedan pretensiones de las beneficiarias por operaciones de compra y venta que en su momento fueron observadas por incompletas, por temas de precios, registrales, desórdenes de fechas, categoría de camiones y otras causas. Debido a que la entrega de bonos está suspendida por motivos de política presupuestaria, los expedientes evaluados conforme, se acreditan en la cuenta de la terminal correspondiente hasta tanto se resuelva la suspensión de la entrega de bonos. Esto significa que las empresas siguen presentando solicitudes de reintegro que se acumulan e implican un cargo devengado a futuro que no se está efectivizando en el presente.

Por su parte, la mayor ejecución en reintegros para la compra de autopartes nacionales se debió a que las solicitudes de bonos se hicieron en un ritmo mayor al previsto. Asimismo, considerando que las primeras presentaciones, realizadas durante el ejercicio anterior, fueron perfeccionadas por parte de las recurrentes, se posibilitó la finalización de la tramitación anteriormente presentada.

La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola obedeció a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento de la operatividad de las empresas del sector agrícola-industrial y a la prórroga del régimen de incentivo fiscal hasta el 31/12/03 y posteriormente hasta el 31/03/2004.

Dentro del Registro de Armas Químicas presentan sus declaraciones las empresas importadoras, exportadoras y productoras de los compuestos químicos, que son considerados armas químicas, como también sus precursores, que en la mayor parte de los casos, tienen importantes y variados usos en la industria química y farmacéutica.

En cuanto a la administración del registro industrial, la mayor ejecución se generó como consecuencia de la nueva modalidad de presentación de los trámites. Asimismo, se observó una recuperación y un incremento progresivo de la cantidad de empresas inscriptas, al comparar con el mismo período del ejercicio 2003 (229 %). Por su parte, y en función de los nuevos procedimientos, aumentó la presentación de empresas con documentación que no sufrió rechazos.

Los certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío positivo con respecto a lo programado. Por su parte, el inicio efectivo de su obligación de presentación fue en enero del 2003, por lo cual se observa un incremento del 380% con respecto a igual período durante el primer trimestre del 2004. Por ese motivo, se consideró el primer período transcurrido como una etapa de conocimiento, aprendizaje y adaptación por parte de la autoridad de aplicación y de los sujetos obligados, y en particular a su cumplimiento por estos últimos.

 

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (PyMEyDR), realiza su actividad de apoyo a dicho sector mediante las siguientes acciones:

Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP ( IVA y Ganancias). Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación. En ese sentido, se adjudicó el remanente del cupo del presente año del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación, con el que fueron beneficiados 260 proyectos por un monto total de $ 5.655.139 distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para acceder al Régimen del corriente año se han presentado ochocientos cuarenta y dos (842) proyectos de capacitación bajo las diferentes modalidades vigentes: Modalidad A, desarrollo de iniciativas asociativas orientadas a proyectos de desarrollo regional; Modalidad B, proyectos para fomentar la articulación productiva con el objeto de fortalecer y/o mejorar la cadena de valor de las empresas beneficiarias; Modalidad C, proyectos orientados a la generación de redes de emprendedores o al desarrollo individual de su unidad de negocios; Modalidad D, proyectos de mejora de competitividad para una o más Pymes.

Detalle por Modalidad

En cuanto a la distribución por sector de dichos proyectos se observó lo siguiente: Industria 107, Servicios 107, Comercio 29, Agropecuario 9, Informático 3, Otros 5.

Apoyo a la reestructuración empresaria (PRE): El PRE beneficia a las empresas PyME subsidiando hasta el 50% de proyectos de asistencia técnica que incluyan servicios tales como: estudios de mercado externo e interno, desarrollo de nuevos productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, planes comerciales, certificación de normas de calidad, etc, y que estén orientados a fortalecer su competitividad en áreas tales como: proyectos de exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y proveedores, promoviendo la asociatividad necesaria, potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el mercado. Hasta el 30 de junio de 2004 está abierto el plazo para la presentación de formularios de proyectos Asociativos (PDAs) e Individuales Focalizados (PDEs) que serán evaluados en el transcurso del mes de julio, factibles de comenzar su ejecución en septiembre.

Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyME y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Hasta el primer trimestre del año 2004 se autorizaron 16 SGR ((GARANTIZAR S.G.R (B.N.A), C.A.E.S.S.G.R., AVALUAR S.G.R., MACROAVAL S.G.R., AFIANZAR S.G.R., AZUL PYME S.G.R., LIBERTAD S.G.R., INTERGARANTÍAS S.G.R ., PROPyME S.G.R., AGROAVAL S.G.R., SOLIDUM S.G.R (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.) ), DON MARIO S.G.R, VINCULOS S.G.R, GARANTIA DE VALORES SGR, LOS GROBO SGR, CAMPO AVAL SGR.

Crédito Italiano: el gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorga préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía y Producción y Relaciones Exteriores) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Durante el ejercicio 2004, el Comité Técnico concluyó la evaluación del 2° llamado (vencido el 3/11/03). En cuanto al 1° llamado (31/10/02), el Banco de la Nación Argentina aprobó 40 proyectos por 25,38 millones de euros y se continúa con el envío de proyectos a Italia, donde, la institución intermediaria de la línea crediticia, el Mediocrédito Centrale, aprobó 5 (ingresaron en la etapa de instrumentación final de la operación de crédito), 12 están siendo evaluados en el país europeo, y 13 se encuentran completando la documentación para ser girados. En referencia al segundo llamado, de las 370 solicitudes de crédito presentadas quedaron 99 proyectos por € 61.334.767, que están siendo analizados por el Banco de la Nación.

Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): se ha dispuesto el llamado general a concurso por $ 80.000.000, para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tendrán prioridad en la asignación de los recursos aquellos proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos individuales y proyectos asociativos son de $ 200.000 $ 300.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el CI (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). El monto total del proyecto a financiar es de hasta el 70 %, y la amortización es hasta 3 años con un período de gracia de12 meses.

En cuanto a los proyectos presentados y aprobados en el Tramo III del llamado general con fecha de cierre del 31/03/04, se recibieron, a nivel nacional, 48 (cuarenta y ocho) proyectos por un monto total solicitado de $ 4.740.147. A la fecha, fueron aprobados 27 proyectos por un total de $ 2.785.946. Con respecto al llamado para la presentación de proyectos vinculados a Turismo, con fecha de cierre el 31 de marzo, se presentaron 12 proyectos por $2.743.710, mientras que en materia de acuicultura, que culminó el 31 de marzo, se presentaron 2 proyectos por un monto de $191.796.

Con respecto a los desembolsos efectuados, del Tramo I (29/10/ 2002) del llamado general más de un 92 % de los beneficiarios ha percibido los desembolsos correspondientes. En cuanto al Tramo II (5 de mayo del 2003) del llamado general, quedaron aprobados y en trámite de instrumentación ante el Banco de la Nación Argentina 110 proyectos por un monto total de $ 10.131.514. A la fecha, más de un 61 % de los beneficiarios ha recibido los desembolsos correspondientes.

Crédito a la micro y pequeña empresa (Mypes II): En el marco de la reformulación del Programa Global de Crédito, se aprobó la creación de un programa de Fideicomisos. Se prevé, en total, u$s 200 millones en créditos, de los cuales 100 millones serán financiados por los fondos del Préstamo BID y los 100 millones restantes provendrán de la contraparte local, integrada por las entidades financieras participantes y los aportes de los beneficiarios de los respectivos proyectos. El destino de crédito será para la prefinanciación y financiación de exportaciones y adquisición de activos fijos para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar U$S 1.000.000.- (dólares un millón), siendo el plazo máximo para su devolución de 12 meses; sin perjuicio de ello, se podrá autorizar al financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete años, incluidos hasta tres de gracia. Las tasas de interés serán fijadas oportunamente por los bancos, guardando relación con las tasas de mercado y normas vigentes emanadas por el BCRA. En el 2004, se firmó el primer fideicomiso, por 85 millones de dólares, y se concretó la compulsa entre entidades financieras para administrar el primer fideicomiso, el cual contará con 50 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 35 millones de dólares por los bancos Credicoop y Macro-Bansud, adjudicatarios de la operatoria en una licitación realizada por el Banco Central de la República Argentina, para ser destinados a préstamos en dólares a empresas MiPyMEs.

 

Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro):

Destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. El proyecto estará a cargo de las organizaciones sociales y populares. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 ($3.000 por integrante) y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7 % Anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia con garantía a sola firma. Al cierre del ejercicio 2003 se recibieron 560 propuestas de organizaciones sociales de todo el país. En el año 2004, se han evaluado 504 proyectos de los cuales se aprobaron 277 proyectos, por un monto de $4.435.747, fueron denegados 91 y 136 se encuentran en etapa de consulta.

Bonificación de tasa de interés: El Gobierno nacional amplió el régimen de bonificación de tasas de interés para los créditos destinados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) –régimen actualmente vigente a través de la Subsecretaría PyMEyDR-, incrementando ese subsidio de 3 hasta 8 puntos porcentuales anuales, por un monto de 500 millones de pesos. Por su parte, el Ministerio de Economía y Producción llamó a licitación de bancos para adjudicar una bonificación de tasa de 3 puntos porcentuales anuales, por un monto total de 100 millones de pesos en créditos para capital de trabajo, adjudicándose la licitación 14 bancos privados, con una tasa de interés promedio para la MiPyME de 9,61% (TNAVda). El 14 de abril de 2004 se licitarán cupos de crédito de $100 millones, por Disposición Nº 96/2004, para bonificar tasas de interés en créditos a Pymes y estará destinada a la financiación de hasta el 80% de la compra de bienes de capital nuevos de fabricación nacional (monto máximo de préstamo por empresa de $ 800.000 con un plazo ente 24 y 60 meses con una tasa fija anual en pesos).