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La Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor a través de los distintos programas que se encuentran bajo su órbita, se encarga de la implementación de políticas y de los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.
En ese sentido, efectúa las propuestas, evaluación y control de las políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios, tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la simplicidad funcional y la modernización de las normas técnicas.
En función de la disponibilidad de recursos durante el primer trimestre del año y del reclamo de las asociaciones de consumo para recibir dichos subsidios, se decidió adelantar las contribuciones financieras a favor de las 16 asociaciones de consumo inscriptas en la Secretaría. Asimismo, durante el segundo trimestre, se otorgó un subsidio a una nueva asociación de consumo debido a que cumplió en el mes de junio del corriente año con su trámite de inscripción.
La cantidad de arbitrajes en conflictos entre consumidores y empresas realizados fue menor a la estimada principalmente debido a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, que la resolución del caso lleve más tiempo que el previsto. Asimismo, los sectores bancarios y de planes de ahorro previo han rechazado los pedidos de arbitraje solicitado por los consumidores.
Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado se originó, principalmente, en una reasignación de personal hacia la realización de operativos de lealtad comercial que no implican verificación de instrumentos de medición ( control de precios) y a la atención del público. De igual modo, la disminución de la importación de instrumentos de medición (tales como cintas métricas, metros de madera etc), como el cambio de las autoridades influyeron sobre el desvío observado. Asimismo, la sobre ejecución en la cantidad de los operativos de lealtad comercial (a cargo de esta Dirección) se debió a la gran cantidad de denuncias recibidas que tuvieron como objetivo el control de precios en supermercados y comercios en general.
En cuanto a la instrucción de sumarios a empresas el desvío es no significativo, pese a que no se pudieron concluir algunos casos complejos.
Con respecto a la publicación de precios relevantes, se decidió, para el primer semestre del año, elaborar informes bimestrales en lugar de mensuales atendiendo a un requerimiento presupuestario que se espera normalizar para la segunda parte del año.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.
A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (CNDC).
Las audiencias públicas fueron proyectadas para que cuando el interés económico general y el propio de las partes lo amerite; se realizan con la participación de denunciantes, damnificados, presuntos responsables, testigos y peritos para optimizar la resolución de los conflictos. Durante el trimestre analizado, en ninguno de los casos fue necesaria la realización de dichas audiencias públicas.
La razón del desvío en dictámenes complejos, obedece al tamaño y la complejidad de la investigación de "Loma Negra y Otros"- C 506" (cemento) y de la concentración Pecom/ Petrobras, en detrimento de otras investigaciones por denuncias y/u oficio.
Por su parte, la sobreejecución presentada en la elaboración de dictámenes simples radica en que se concluyeron casos no resueltos en el ejercicio anterior. Asimismo, dichos dictámenes se refieren a pequeñas o medianas empresas y/o mercados que poseen una estructura simple o bien de los cuales ya se poseía información de antecedentes y/o estudios anteriores, por lo que sólo debieron ser actualizados.
Los estudios de mercado configuran una fuente de información necesaria para la orientación de casos complejos y los estudios de concentraciones económicas.
Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por defensa de la libre competencia y del consumidor, se requirió de un mayor número de auditorías a las empresas (sobre la base de la documentación contable y/o extracontable) a fin de poder dictaminar al respecto. Durante el segundo trimestre se ha dado un mayor impulso a la investigación de casos antimonopólicos, destacándose entre ellas las auditorías realizadas en las firmas Siderar, Cristaldo e YPF Gas.
De acuerdo a los casos analizados, la Comisión no consideró el otorgamiento de autorizaciones de prácticas comerciales determinadas.
El análisis de las fusiones y adquisiciones se vio reducido a partir de la modificación de las formas jurídicas de presentación, como así también los umbrales de volumen de negocios requeridos para su notificación. Asimismo, en forma adicional al análisis de fusiones y adquisiciones se incorporó el análisis de opiniones consultivas y de diligencias preliminares, lo cual requirió de una reorientación de recursos humanos a la resolución de los mismos.
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (PyMEyDR), realiza su actividad de apoyo a dicho sector mediante las siguientes acciones:
Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP ( IVA y Ganancias). En el año 2002 se realizaron dos convocatorias para la presentación de proyectos de capacitación en el marco del Régimen de Crédito Fiscal con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $12.000.000. Luego del proceso de evaluación de los proyectos presentados, se aplicó un criterio de priorización a los proyectos aprobados y de acuerdo a los parámetros establecidos, se asignaron un total de 354 proyectos por un monto de $7.998.328. Por su parte, con fecha 31 de diciembre de 2002 se publicó la Resolución SEPyMEyDR Nº 804/2002 donde se asignaron 162 proyectos de capacitación por un monto de $4.001.162 quedando 350 proyectos por un importe de $6.344.860 a ser asignados con la partida presupuestaria del 2003. Asimismo, durante el primer semestre del 2003 se puso en vigencia mediante la RESOLUCION N° 112/2003 el llamado a presentación de proyectos de capacitación en el marco del Régimen de Crédito Fiscal con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $5.655.139,24. Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación.
El llamado a presentación de proyectos de capacitación convocó a pequeñas y medianas empresas de 23 provincias, que presentaron 839 proyectos por un monto de 18.240.469 pesos. Los proyectos se presentan bajo cuatro modalidades:
La modalidad "A" implica la cesión de cupo de crédito fiscal de una o varias grandes empresas o PyMEs en favor de PyMEs que propongan el desarrollo de una iniciativa asociativa. Para este año se presentaron 112 proyectos por un importe de 2,3 millones de pesos.
En la modalidad "B", que contempla proyectos para fortalecer y mejorar la cadena de valor, se presentaron 158, por 5,8 millones.
En la "C", que tiene por objeto generar capacidades emprendedoras para la creación de empresas, se recibieron 78 presentaciones por un monto de 1,7 millón de pesos.
Y en la modalidad "D" ---proyectos de mejora de competitividad que requieran un componente de capacitación específica--- se recibieron 491 proyectos, que representan un importe de 8,2 millones.
En cuanto a la presentación por sector, la mayor cantidad de proyectos de capacitación (322) provino de Pymes industriales, por un importe de 6,6 millones de pesos; seguidas por las de servicios (247 proyectos por 5,4 millones) y los comercios (151 proyectos por 3,5 millones). En tanto, desde el sector agropecuario se recibieron 64, por un monto de un millón y medio de pesos.
La presentación por provincias arrojó 322 proyectos bonaerenses por 6,5 millones, seguida por la Capital Federal con 107 proyectos (2,9 millones de pesos). Desde Córdoba se recibieron 98, desde Santa Fe 88 y desde Mendoza un total de 75.
Consejeros empresarios para la reconversión: Es un servicio de asesoramiento gratuito para la dirección competitiva de las empresas. Son beneficiarios las personas físicas, titulares o gerentes que formen parte de micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen iniciar un emprendimiento productivo o se encuentren ejecutándolo y soliciten el servicio.
Apoyo a la reestructuración empresarial: El objetivo es facilitar procesos de reestructuración de las PyMEs que deriven en una mayor capacidad de gestión, aumento de competitividad y mejor inserción en los mercados. También, fomentar la formación y puesta en marcha de proyectos asociativos, especialmente aquellos correspondientes a encadenamientos productivos de carácter regional. El programa cofinancia, mediante aportes no reembolsables, hasta el 33% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de consultores profesionales para elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo empresarial y hasta 50% en el caso de proyectos de desarrollo asociativo.
La convocatoria a presentar proyectos asociativos abierta en agosto de 2002, reunió, hasta la fecha, la presentación de 89 iniciativas que involucraron a 654 Pymes. No obstante, se recibieron numerosas consultas de Grupos Asociativos que no llegaban a reunir el mínimo impuesto de cinco empresas, particularmente del interior del país.
Es por ello que el Programa propuso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizar en el 2003, ciertas modificaciones, tendientes a flexibilizar las condiciones de acceso al mismo, las cuales fueron aprobadas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó la ‘no objeción’ a las modificaciones planteadas por el Programa de apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE) a principios de año, orientadas a flexibilizar el acceso de las Pymes a los Planes de Desarrollo Asociativo (PDA), así como a abrir el Programa a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE) individuales.
De este modo se redujo de 5 a 3 el número mínimo de Pymes que se requieren para configurar un Plan Asociativo, en tanto que las restantes condiciones de acceso, así como los criterios de elegibilidad, permanecieron intactos
Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyME y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. A los efectos de su constitución, toda SGR deberá contar con un mínimo de ciento veinte socios partícipes, pudiendo la autoridad de aplicación modificar estos mínimos en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme. El capital social está compuesto por los aportes de los socios y se representan en acciones ordinarias normativas de igual valor y números de votos. El capital mínimo para su constitución es de $ 240.000.- ($ 1000.- por PyME). La participación de los socios protectores no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Hasta el primer semestre del año 2003 se autorizaron 10 SGR.
Crédito Italiano: el gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorga préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía, Relaciones Exteriores y Producción) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Calificarán microempresas y PYMES –incluidas las sociedades cooperativas– residentes y legalmente formadas en la República Argentina, con no menos de 3 años de actividad. En el caso de las empresas ítalo-argentinas, deberán estar constituidas por empresas madres en actividad desde al menos 3 años en Italia y en Argentina. La participación societaria de minoría, italiana o argentina, no podrá ser inferior al 15%. Por su parte, se prorrogó hasta el 1° de octubre el plazo límite establecido para la recepción de proyectos en el marco de la Línea de Crédito Italiano para el Sostenimiento PyME.
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME): fue creado por la Ley N° 25.300, y su objeto es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, hasta el 25 %, a las micro pequeñas y medianas empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de dicha Ley, a fin de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las mismas.
La administración del Fondo esta a cargo de un Comité de Administración integrado por dos representantes (titulares y alternos) del Ministerio de Economía, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. El aporte inicial de $100.000.000 (cien millones) a cargo del Estado Nacional, permite también aportes provenientes de otros organismos, tanto nacionales como internacionales y privados.
Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): se ha dispuesto el llamado a concurso por $ 40.000.000, para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tendrán prioridad en la asignación de los recursos aquellos proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos individuales y proyectos asociativos son de $ 200.000 $ 300.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el CI (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). El monto total del proyecto a financiar es de hasta el 70 %, y la amortización es hasta 3 años con un período de gracia de12 meses. Se ha establecido un mecanismo de asignación predeterminada de cupos para la financiación de proyectos entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los coeficientes de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. En tal sentido, la distribución territorial se realizará sobre la base de la asignación presupuestaria de $ 100.000.000, aplicando al presente llamado un monto de $ 40.000.000, para destinar a infraestructura, maquinaria, tecnología y capital de trabajo.
Se recibieron 877 proyectos para acceder al FONAPyME, por un monto total de 64.879.653 pesos, en el marco del llamado a concurso público que venció el 5 de mayo (a excepción de la provincia de Santa Fe, la cual tuvo una prórroga hasta el 5 de junio a causa de las inundaciones). En este momento se está llevando a cabo la etapa de control formal de los proyectos presentados, y aquellos que superen esta instancia ingresarán en el proceso de evaluación técnica.
Crédito a la micro y pequeña empresa: El objetivo es ampliar el acceso y la cobertura de crédito a las Micro y Pequeñas Empresas, para mejorar sus niveles de empleo e ingresos mediante el incremento de su productividad. Los beneficiarios del mismo serán las Micro y Pequeñas empresas que tengan un volumen de ventas anuales que no excedan de U$S 3.500.000.- (sin IVA) y realicen actividades que le permitan minimizar el riesgo de cambio emergente del financiamiento en dólares que se proveerá a través del programa. El destino de crédito será para la financiación de inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios que a juicio del Fiduciario y del banco sean técnica, económica y financieramente viables. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar U$S 1.000.000.- (dólares un millón), siendo el plazo máximo para su devolución de 12 meses; sin perjuicio de ello, se podrá autorizar al financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete años, incluidos hasta tres de gracia. Las tasas de interés serán fijadas oportunamente por los bancos, guardando relación con las tasas de mercado y en armonía con la legislación y las normas vigentes emanadas por el BCRA.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) elabora y ejecuta planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agro-industrial, coordinando y conciliando los intereses del gobierno nacional, las provincias y los diferentes subsectores. El objetivo perseguido es promover la utilización y conservación de los recursos naturales destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. Asimismo, efectúa el seguimiento del accionar de los organismos descentralizados del sector (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), a fin de evaluar su desempeño y realimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tiene asignado el 40,1% del crédito asignado a la Administración Central del Ministerio de la Producción.
A través del Programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico.
La menor cantidad de productores agropecuarios capacitados durante el segundo trimestre, se debió al cambio de orientación sobre las acciones del PRODERNEA en función de la renovación de autoridades de la Secretaría. Asimismo, el período preelectoral en algunas provincias retrasaron la aprobación de la documentación que autoriza las distintas fases del PRODERNEA. En ese sentido, el apoyo a comunidades aborígenes ha demostrado una mayor dinámica durante el primer trimestre del año en detrimento del segundo trimestre que resultó nula. Dicha asistencia fue llevada a cabo a través de diversos proyectos, en diferentes localidades de la provincia del Chaco se destacan : Nueva Pompeya (cabras – miel – tuna – huerta), Sauzalito (apícola), Miraflores (huerta y provisión de agua), Charata (granja), Machagai (ganadero) y en la provincia de Misiones: Fortín Mbororè (huerta y frutales) y Katupyrí (cría de carpinchos).
En cuanto a la asistencia a productores forestales, en la Ley N° 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados) se establecen beneficios fiscales a fin de generar una masa boscosa que se acerque a las 100.000 ha. En este período, la falta de fondos impidió la asistencia a los pequeños productores forestales y en cuanto a las hectáreas forestadas, el sector ha disminuido la plantación.
No se brindó asistencia financiera a los productores agropecuarios en el segundo trimestre del año.
En cuanto a la construcción de drenajes y rehabilitación de áreas, se reprogramó la ejecución trimestral debido a retrasos en el trámite licitatorio.
El programa implementa su intervención a través de dos grandes componentes:
Los criterios de focalización utilizados están dirigidos hacia explotaciones pequeñas y medianas que, debido al tamaño del predio y tipo de organización del trabajo y del capital, obtienen un ingreso anual inferior al requerido para financiar sus necesidades familiares y la evolución de la empresa. El sector analizado presenta una demanda potencial de 120.000 pequeños y medianos productores agropecuarios, lo que implica que sólo se cubre aproximadamente el 10% de la demanda.
La menor asistencia financiera a grupos de pequeños productores tuvo relación directa con los fondos disponibles.
En cuanto a la asistencia técnica, si bien el promedio de familias asistidas es lo programado, durante el primer trimestre se asistieron 10.500 familias mientras que en el segundo trimestre se asistió a 7.500 ( 3.000 familias menos) debido a restricciones presupuestarias y operativas.
La mayor cantidad de bolsas de semillas certificadas se originó en que se adelantaron los pedidos de Documentos de Autorización de Ventas (DAV) de híbridos. Por su parte, la menor cantidad de inspecciones realizadas tuvo relación directa con los fondos disponibles para estas acciones. En cuanto al otorgamiento de títulos de propiedad intelectual, problemas operativos generaron la menor cantidad de títulos otorgados, ya que la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) se reunió por primera vez en mayo de este año, por lo cual las solicitudes se encuentran en distintas etapas de tramitación.
La menor cantidad de análisis de calidad de semillas se originó en la menor demanda de las empresas exportadoras.
La Secretaría de Industria, Comercio y Minería es la encargada de la definición de la política industrial y el diseño, financiamiento y utilización de los instrumentos para contribuir a promover el desarrollo y crecimiento de dicho sector, actuando como autoridad de aplicación de los regímenes de promoción, cuando las normas respectivas así lo establezcan. En ese sentido, analiza la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica para definir acciones sectoriales en el área industrial del proceso de integración regional y/o acuerdos especiales con otros países. Del mismo modo, actúa en lo referente a las prácticas antidumping, a las subvenciones y medidas compensatorias en el ámbito de su competencia e interviene en la fijación de la política de promoción comercial y participación en ferias, exposiciones y misiones destinadas a estimular el intercambio con el exterior. Por su parte, elabora la política minera nacional, para fomentar el crecimiento económico-minero e impulsar la inversión en el sector y actúa como autoridad de aplicación en la definición del régimen jurídico-minero, normas de procedimiento conexas, inversiones mineras y seguridad e higiene minera, promoviendo las acciones conducentes a su sanción legislativa.
Asimismo, ejerce el control superior del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), supervisa lo vinculado al desarrollo de las actividades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y al accionar del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
La ley de Zonas Francas dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentran habilitadas 8 zonas francas: La Plata (provincia de Bs. As), Justo Daract ( provincia de San Luis), Cruz Alta (provincia de Tucumán), Córdoba (provincia de Córdoba), Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), General Pico (provincia de La Pampa), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Güemes (provincia de Salta) y por último Puerto Iguazú (provincia de Misiones) habilitada en el primer trimestre del año 2002. El motivo del desvío observado responde a problemáticas de origen financiero, que no resultaron previsibles para la autoridad de aplicación.
La demanda de los certificados expedidos en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos está determinada por las exportaciones concretadas por el sector privado, en directa relación con los requerimientos sobre certificación.
La demanda de Certificados de Origen Nacional para Productos de Exportación está determinada por las exportaciones realizadas en el sector privado, motivo por el cual el número final de certificados emitidos depende de factores no previsibles.
En cuanto al régimen de financiamiento del IVA para bienes de capital, los proyectos que se encuentran en el área carecen de la información esencial para la prosecución del trámite, en consecuencia, se procedió a solicitar dicha información a los interesados. No obstante, la actual situación financiera dificulta el acceso al crédito, motivo por el cual las empresas no han completado la información.
La menor cantidad de auditorías realizadas para el control de empresas inscriptas en el régimen minero, se debió a la retracción en la inversión de bienes de capital por parte de las empresas del sector, lo cual impactó en la cantidad de auditorías previstas.
El objetivo del programa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Asimismo, se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo- producto, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.
La mayor ejecución observada en la habilitación de nacionales en el régimen automotor, se debió a que entró en plena vigencia la emisión de certificados de Licencia de Configuración de Modelos (LCM) y de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Asimismo, en la proyección anual no se había estimado el volumen de expedientes presentados para tramitar las excepciones de CHAS y LCM.
La menor cantidad de certificados expedidos para la habilitación de importados en el régimen automotor se debió al dictado de la nueva Ley N° 25.660, que autoriza la importación de vehículos importados para ser utilizados por las Asociaciones de Bomberos dejando de tener intervención esa Secretaría, y a la poca importación de vehículos dada la devaluación monetaria.
Con respecto al plan canje automotor, los expedientes que ingresan se refieren al pedido del beneficio fiscal. En estos momentos en que el régimen está terminado, sólo quedan pretensiones de las beneficiarias por operaciones de compra y venta que en su momento fueron observadas por incompletas, por temas de precios, registrales, desórdenes de fechas, categoría de camiones y otras causas. Debido a que la entrega de bonos está suspendida por motivos de política presupuestaria, los expedientes evaluados conforme, se acreditan en la cuenta de la terminal correspondiente hasta tanto se resuelva la suspensión de la entrega de bonos. Esto significa que las empresas siguen presentando solicitudes de reintegro que se acumulan e implican un cargo devengado a futuro que no se está efectivizando en el presente.
Por su parte, la baja ejecución en reintegros para la compra de autopartes nacionales se debió a que las solicitudes de bonos no se hicieron en el ritmo previsto, como consecuencia de la magnitud de la documentación que debía acompañar a las mismas ( de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de la Secretaría de Industria N° 81/01). No obstante, el proyecto para simplificar las mismas se aprobó con la Resolución de la Sec. de Industria Comercio y Minería N° 42/2002. Las primeras presentaciones fueron desordenadas, incompletas y con faltas de consistencia, por lo cual aún se trabaja para subsanar deficiencias. Por su parte, la verificación del 100% de la documentación presentada demora la operatoria, además del incumplimiento por parte de las recurrentes que imposibilita la tramitación de la documentación presentada.
La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola obedeció a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento de la operatividad de las empresas del sector agrícola-industrial.
Con respecto a la autorización a discapacitados para la importación de vehículos importados, la menor ejecución se produjo como consecuencia de la modificación de la relación $/U$S y su consecuente repercusión sobre los ingresos reales de los particulares como de las entidades (obras sociales, mutuales, etc), lo cual provocó la disminución de los pedidos de autorización. Asimismo, durante el segundo trimestre se gestionaron 66 solicitudes que en su mayoría han sido para implantes cocleares; mercaderías de imposible obtención en plaza.
Dentro del Registro de Armas Químicas presentan sus declaraciones las empresas importadoras, exportadoras y productoras de los compuestos químicos, que son considerados armas químicas, como también sus precursores, que en la mayor parte de los casos, tienen importantes y variados usos en la industria química y farmacéutica.
En cuanto a la administración del registro industrial, la menor ejecución se generó como consecuencia de la nueva modalidad de presentación de los trámites, por lo cual las empresas requirieron de un mayor asesoramiento para la presentación de las inscripciones y renovaciones, mientras que otros, por contener errores no pudieron ser ingresados en su primera entrega.
Los certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío negativo con respecto a lo programado debido a que el inicio efectivo de su obligación de presentación fue en enero del 2003, por lo cual en el 2002 no se generó ningún certificado. Por ese motivo, se considera el período transcurrido como una etapa de conocimiento, aprendizaje y adaptación por parte de la autoridad de aplicación y de los sujetos obligados, y en particular a su cumplimiento por estos últimos. Cabe remarcar que sólo 5 entidades privadas se encuentran participando, y ninguna por parte del sector público. En el caso del Estado Nacional, se ha informado que son escasas las compras que el estado esté realizando, y que de ellas no habría bienes no nacionales que ameriten la solicitud de certificados. Esta ausencia compradora del estado es la que se estima como principal causa del desvío resultante. Asimismo, se considera que la cantidad programada fue sobrestimada, principalmente por no haberse considerado las demoras propias de la etapa de implementación.
La Secretaría de Transporte tiene como objetivo asistir en la elaboración, propuesta y ejecución de las políticas y planes de corto, mediano y largo plazo en materia de transporte, orientados a una adecuada coordinación con los demás países y, en especial, a favorecer la integración latinoamericana. Asimismo, es la encargada del funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema.
Por su parte, coordina con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y las restantes autoridades aeroportuarias, las actividades referidas a la prestación de los servicios de apoyo al transporte aerocomercial y al desarrollo de la infraestructura aeronáutica. Asimismo, asiste en la supervisión respecto del accionar de los organismos descentralizados de su órbita: Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; y ejerce las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria: Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima; Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima; Ferroexpreso Pampeano Concesionaria Sociedad Anónima; Ferrosurroca Sociedad Anónima; Ferrocarril Mesopotamico Urquiza Sociedad Anónima; Buenos Aires al Pacifico San Martin Sociedad Anónima; Belgrano Cargas Sociedad Anónima; Intercargo Sociedad Anónima Comercial; Administración General de Puertos Sociedad del Estado y también respecto de la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del Programa Hidrovía Paraguay- Paraná.
Dentro de este programa, en la actividad relevamiento, reconocimiento, dragado y balizamiento de vías navegables, se realizaron los siguientes trabajos:
En el Canal Sur del Río de la Plata, se reconocieron 11,3 Km. En el Canal Norte del Río de la Plata se reconocieron 20,5 Km. En el Acceso al Puerto de Buenos Aires se reconocieron 14,4 Km.
En el Río Paraná Superior se reconocieron en 50 pasos 200,7 Km, en el Río Paraná Medio se reconocieron en 22 pasos 195,5 Km, y se relevaron en 5 pasos 51,5 Km.
El total de kilómetros reconocidos fue de 442,4 Km y el total de kilómetros relevados fue de 51,5 Km.
Durante el segundo trimestre del año 2003 se extrajo un volumen de 471.970 m3 correspondientes a:
Se realizaron intervenciones en 28 balizas:
