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Del monto total devengado durante el primer semestre del año, el 27,5% corresponde a la actividad de control de la actividad aseguradora y reaseguradora. Los servicios administrativos reúnen un 16% del total ejecutado, mientras que un 14,7% de dicho monto se destina a la actividad de liquidación de entidades aseguradoras. El resto corresponde a la supervisión y gestión de fondos y recaudación de tasas, a la dirección superior y servicios de apoyo, al otorgamiento de autorizaciones para operar en seguros y reaseguros, a la asesoría, representación y patrocinio legal y a la realización de estudios económico-financieros.
La subejecución que se observa en la cantidad de publicaciones responde a que parte de las mismas se encuentran en período de impresión.
Con respecto a la supervisión e inspección a empresas aseguradoras, cabe aclarar que incluye inspecciones patrimoniales, verificaciones y denuncias. En el caso de las denuncias tramitadas, la cifra prevista se determina en base a estimaciones según datos históricos. Por otra parte, dentro del rubro verificaciones, se encuentran las presentaciones efectuadas por las aseguradoras en el marco de las resoluciones de desafectación de depósitos reprogramados para hacer frente a los compromisos vinculados con siniestros, prestaciones comprendidas en la ley de riesgos de trabajo y rentas vitalicias previsionales voluntarias, y de transferencia al exterior con motivo del pago de primas por reaseguro.
En ambos casos, los desvíos se deben a las directivas impartidas por las autoridades del organismo.
