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Los programas del Ministerio de Desarrollo Social cumplen un rol particularmente importante como indicador de las prioridades de la Administración Central en materia de Emergencia Social.
Se observa un incremento de 21,4% en el total de ejecución si se compara con el año 2001. Del total previsto de 1.344 millones de pesos como crédito vigente para el año en curso, se registró un devengamiento de 84,5% de ese monto. Cabe recordar que este crédito no incluye la atención médico-social de los beneficiarios de pensiones no contributivas por haber sido transferida al Ministerio de Salud.
Se destaca el Programa de Emergencia Alimentaria, que, a partir del Decreto 108/2002 destina fondos a transferencias que son ejecutadas por las provincias en forma directa, o a través de las organizaciones de la sociedad civil para la provisión de prestaciones alimentarias. Hacia fines de año también se ejecutaron mediante compras centralizadas de alimentos, a partir de la vigencia del Decreto 1402 de agosto del 2002, y se procedió a su posterior remisión.
Hacia mediados de año el Ministerio recibió incrementos de créditos presupuestarios de fuentes de Créditos Externos. Estos fueron destinados a:
Lo que se observa en todos estos casos son bajos niveles de ejecución financiera de los créditos asignados (49,1%; 23,2% y 20,7% respectivamente). En esto cabe tener en cuenta los tiempos que demanda organizar los circuitos administrativos con otras jurisdicciones.
La Ayuda Directa a Personas, aunque en niveles inferiores al año anterior, registró desvíos positivos respecto a lo programado, debido a que la unidad ejecutora logró reducir los costos medios de las prestaciones y compras que realiza para cada beneficio que otorga (medicamentos, estudios y tratamientos, prótesis, elementos ortopédicos, subsidios por alojamiento, subsidios por comedor, son los de mayor demanda) en concepto de ayuda por única vez. Esto fue posible gracias a la gestión administrativa que permitió localizar nuevos proveedores y optimizar la coordinación con otras jurisdicciones.
La actividad Desarrollo, Participación e Integración Juvenil superó en 29,1% la meta de capacitación prevista para el periodo debido a una mayor demanda. Actualmente se encuentran en ejecución 2 eventos de capacitación: "Liderazgo comunitario juvenil" y "Derechos y Obligaciones de los Jóvenes". La asistencia financiera fue inferior a la prevista por inconvenientes con la documentación formal a presentar por los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
La Atención a Niños y Menores en Riesgo (PROAME) ejecutó el 62,9% del crédito asignado íntegramente a transferencias. Respecto de las partidas provenientes de crédito externo se utilizaron el 32,6% del monto asignado. Se alcanzaron las metas programadas en cuanto a Asistencia Técnica y Financiera, logrando asistir a una cantidad de personas 105% superior a las asistidas en 2001.
El Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) ejecutó el 22,3% del crédito presupuestario vigente. Debido a la gran demanda de asistencia técnica y financiera para comedores comunitarios, por parte de organizaciones de la sociedad civil, se logró revertir las demoras en la selección, evaluación y aprobación de los proyectos a financiar registradas en el trimestre anterior, permitiendo superar las metas propuestas.
El gasto del programa se centró principalmente en transferencias (66,3%) y bienes de consumo (27,6%). Las transferencias fueron destinadas a la atención de menores en riesgo (PROAME II), al Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) y a la ayuda directa a personas. Los bienes de consumo son un gasto correspondienes a Emergencias Sociales y se aplicó fuertemente a la compra de alimentos para personas.
El programa Formulación de Políticas para la Tercera Edad y Acción Social ha rediseñado sus servicios hacia la segunda mitad del año. Se destaca la transformación de la atención de grupos vulnerables (PAGV) en una actividad de fortalecimiento de ingreso familiar (IDH- ingreso para el Desarrollo Humano). Para tal fin el programa tuvo un refuerzo de crédito presupuestario de $130.000.000, proveniente de crédito externo y destinado a Ayuda Sociales a Personas.
Se continuó con la realización de cursos de cuidadores domiciliarios y de formación de asistentes institucionales para personas con discapacidad. Estos superaron las expectativas de la unidad ejecutora, la que debido a esta creciente demanda pudo abaratar los costos de los mismos a partir de articular su dictado con diversas instituciones nacionales y provinciales.
El 97,9% del gasto devengado se asignó a las transferencias, casi la totalidad correspondientes al Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH). El nivel de ejecución del crédito fue bajo debido a que el ritmo al que se incrementó el padrón de beneficiarios fue inferior al previsto, por el mayor tiempo requerido para su selección.
El significativo incremento de la demanda de prestaciones registrado el periodo anterior, no pudo ser atendido en el actual por problemas de índole financiera: insuficiencia de cuota, demoras en la disponibilidad de fondos y aumento de precios de los insumos utilizados (básicamente semillas). Aunque con menores niveles en el último trimestre, el promedio anual indica un sobre cumplimiento de meta de 5,8%.
En cuanto al programa de Pensiones no Contributivas, las pensiones brindadas se distribuyen de acuerdo a la siguiente presentación:
Cabe recordar que en el presente informe no se incluye la meta "atención médico-social a pensionados y grupo familiar", pues a partir del 1 de septiembre se ejecuta bajo la órbita del Ministerio de Salud. El promedio mensual de las prestaciones otorgadas ascendió a $159 mensuales por pensionado.
El programa Crecimiento Regional y Comunitario se encuentra también analizando la redefinición de sus acciones. Se preve promover proyectos productivos que satisfagan necesidades comunitarias básicas de materiales, insumos y servicios. Al efecto se encuentran en evaluación 28 potenciales proyectos.
Las ampliaciones y constituciones de Fondos de Apoyo al Desarrollo registra importantes desvíos negativos en el total anual. Sin embargo se sobreejecutó la meta de constitución de Fondos para el Desarrollo, dado que se pudieron cumplimentar aspectos formales de varios municipios y organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cuya constitución estaba prevista para períodos anteriores. No se ejecutaron los fondos de El Bolsón (Río Negro) y Embarcación (Salta).
El crédito de este programa está destinado íntegramente a transferencias.
La actividad Mejoramiento Barrial es la que registra mayor participación relativa. El retraso generado en la ejecución de las metas en cuanto habilitación de barrios y familias asistidas, se debió principalmente a la falta de normativa de reconocimiento de variación de costos en la ejecución de las obras, lo cual impidió el inicio de obras con licitación cumplida.
El programa de Emergencia Alimentaria en términos de metas físicas, registra niveles de ejecución que no se corresponden con los financieros, ya que en el caso de mayor ejecución, los tickets alimentarios, se verificó un cumplimiento de sólo el 40,5%. Esto se debe a que es fácilmente medible la transferencia de fondos a cada jurisdicción provincial, pero el mecanismo de contrapartida, por el cual cada jurisdicción informa cuál fue la cobertura alimentaria ejecutada, registra todavía retrasos importantes. Estos retrasos pueden ser el resultado de diferentes causas, a saber:
Dado que la información se suministra abierta por jurisdicción, a partir del relevamiento que realiza la coordinación del programa, a la fecha no se dispone de datos de prestaciones en las siguientes provincias: Catamarca, Jujuy (única provincia que previó brindar copa de leche/mer seca), Misiones, Río Negro, San Juan y San Luis.
Cabe mencionar que el crédito de este programa se distribuye territorialmente de la siguiente forma: 40% en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y el 60% restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación establecidos en la Ley 23.548 y el Decreto 702/99.
Del análisis financiero del desempeño de programa se advierte que el crédito del programa se redujo en $38 millones a lo largo del año. Esta disminución fue distribuida en beneficio del Plan Materno Infantil que ejecuta el Ministerio de Salud, plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que ejecuta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otras actividades del Ministerio de Desarrollo Social (Emergencias Sociales, Ayudas Urgentes).
Del crédito devengado, $ 270,8 millones corresponden a las transferencias a provincias que ejecutan las jurisdicciones, y $ 28,1 millones se usaron para la realización de compras a nivel central para luego remitir los bolsones alimenticios ya armados.
Las principales jurisdicciones receptoras de transferencias fueron: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Mendoza en orden descendente. Del total devengado se encuentra pagado el 88%, generando un saldo pendiente de transferencia.
Si se cruza esta información financiera con el mapa de indigencia publicado por el Siempro con información de Octubre 2001 (15,2% de población indigente), nos permite calcular un monto medio transferido por indigente de $ 50,84 (lo que resulta en un promedio mensual de $4,62 porque el programa se hizo funcional en el mes de febrero). Sin embargo este valor per cápita no es igual para cada jurisdicción por la forma de distribución del Programa. Las provincias con mayor asignación por indigente son: Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Catamarca y San Luis, en orden descendente, con valores que oscilan entre $577 y $121 por cada indigente. La menor asignación corresponde a la Ciudad de Buenos con un valor $34 por cada persona indigente.
Las principales jurisdicciones receptoras de los 231.367 bolsones remitidos fueron: Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Río Negro y Entre Ríos en orden descendente.
El 98,1% del gasto del programa Legalización y Otorgamiento de Tierras fue destinado a Gasto en Personal (67,5%) y Servicios No Personales (30,7%). El desvío negativo en la ejecución corresponde a demoras en los organismos con los cuales articula la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales.
El gasto del programa Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales estuvo mayoritariamente producido por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. El 50,9% del gasto fue destinado a transferencias al exterior realizadas de la actividad Conservación de la Biodiversidad, 23,9% a la contratación de servicios no personales, y 23,8% en Gastos en Personal.
En cuanto a la ejecución de metas físicas, la diferencia verificada en las horas de vuelo correspondientes al sistema de prevención aéreo se debió a la indisponibilidad de los medios aéreos de ala fija desde el mes de junio por interrupción del servicio, y a la disponibilidad parcial de los helicópteros de la Fuerza Aérea. El resto de las producciones del programa, en general responden a las fluctuaciones de demanda, como principal causa de desvío. En el caso de la capacitación de agentes, la diferencia responde a la cantidad de combatientes que envían las provincias.
El gasto del programa Ordenamiento Ambiental fue repartido, principalmente, en gastos en personal (48,5%) y transferencias (42%). Estas últimas corresponden a financiamiento a municipios para gestión de la contaminación.
Con relación a los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos se observó mayor cantidad de empresas presentadas, 198% superior a las de igual periodo del año anterior. La certificación ambiental registra un significativo desvío negativo debido al desinterés de las empresas en obtener dichos certificados por, entre otras cosas, la coexistencia de las leyes 24.051 y 25.612. Esta última deroga la Ley 24.051, manteniendo su vigencia hasta tanto se reglamente la creación de los diferentes registros determinados en la Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. Esta situación genera cierta incertidumbre produciendo el retroceso en la demanda de certificaciones.
De acuerdo con la información suministrada, la subejecución de inspecciones a generadores de residuos peligrosos es producto de la falta de presupuesto para pasajes y viáticos.
El programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico se ejecutó con restricciones financieras a lo largo del año, regularizando esta situación hacia el último trimestre. El 96% de su gasto fue destinado a transferencias. Se realizaron 19 segundos pagos correspondientes a obras terminadas.
El programa Mejoramiento Habitacional y de Infraestructura Básica destinó 75,6% de su gasto a transferencias. Si bien la meta anual fue subejecutada, hacia el cuarto trimestre se sobrecumplió la meta trimestral por la puesta en marcha de las acciones tras la firma de nuevos convenios.
