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3.6 Trabajo

Los programas pertenecientes a la función trabajo son ejecutados mayormente en la jurisdicción Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y se destinan a la generación de empleo y capacitación a los desocupados y empleados en general, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. A partir del ejercicio 2001, se incluye también la atención de Programas de Empleo Provincial dentro de la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. La ejecución del presupuesto para esta función al 30/06/2001 puede observarse en el siguiente cuadro:

Durante el primer semestre, la función registró una disminución neta de su crédito de 8,4 millones de pesos, que influyó básicamente sobre el programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes. Al 30/06/2001, el crédito total resultaba un 75,2% mayor al de igual período de 2000, debido a la incorporación del monto para la atención de programas de empleo local provincial como consecuencia de los convenios firmados en el marco del Compromiso Federal. La distribución de la totalidad de los fondos entre las provincias comprende el 50% en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación. Los gobiernos provinciales, asimismo, se comprometen a confeccionar un padrón único de beneficiarios integrando los existentes a nivel nacional, provincial y municipal.

El programa de Políticas de Empleo y Capacitación Laboral abarca tres áreas principales: Empleo Transitorio, Empleo Privado y Capacitación Laboral. Adicionalmente, durante el segundo trimestre se incorporó la actividad de Fiscalización de Proyectos de Empleo –hasta el momento incluida en el Servicio Integral de Contralor-. El crédito resultó un 35,4% mayor al de igual período de 2000, lo cual permitió elevar el nivel de gasto y ofrecer una mayor cobertura la cual se visualiza a continuación:

Dentro de Empleo Transitorio, se incluye el Programa de Emergencia Laboral (PEL) cuya cobertura, durante el primer semestre se concentró mayormente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes y Chaco. Dicho programa comprende tres componentes:

En general, el criterio para la elección de los beneficiarios es el mismo en todas las líneas que comprende el programa, destinándose a desocupados con baja calificación laboral pertenecientes a hogares de bajos recursos. Particularmente, para Desarrollo Comunitario deben aprobarse proyectos con un cupo mínimo de 60% de beneficiarias mujeres. La duración de los proyectos es entre 3 y 9 meses.

Dentro de Fomento del Empleo Privado, se incluye la línea CREAR TRABAJO, cuyos componentes se orientan a apoyar la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo estables en el marco de microemprendimientos familiares y comunitarios o micro y pequeñas empresas dentro de la actividad extractiva, manufacturera, agropecuaria, de servicios turísticos, etc. otorgándose un subsidio remunerativo de 200 pesos, de tres a seis meses. La demora en el inicio de los proyectos justificó el menor ritmo de ejecución respecto a la cobertura programada para el semestre.

Las Acciones de Capacitación alternan actividades en aula/taller con prácticas calificantes en un lugar de trabajo, destinándose a trabajadores sea ocupados o desocupados de ciertas ramas de actividades para favorecer su empleabilidad. Si bien los cursos son totalmente gratuitos, se abonan adicionalmente becas únicamente a los desocupados. La cobertura prevista para el año 2001 es de 6.500 personas, siendo 2.308 las dadas de alta durante el primer semestre. La diferencia respecto a la cantidad programada para el período se justificó por demoras en el inicio de los cursos. La distribución por provincia indicó que la capacitación se concentró mayormente en Capital Federal, Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Córdoba y La Pampa.

La incorporación al programa de la actividad de fiscalización de condiciones en planes de empleo se vincula con la constatación de la presencia de beneficiarios, la realización de los proyectos aprobados y la percepción de las ayudas económicas. Durante el primer semestre, la cantidad de inspecciones se duplicó respecto al año 2000.

El programa Trabajar III brinda ocupación transitoria a trabajadores desocupados con baja calificación y en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social. Asimismo, y con el objetivo de complementarse con otros programas sociales que financian asistencia técnica, capacitación y/o insumos para realizar obras de infraestructura, prevé un componente que incorpora la ayuda económica para la provisión de materiales, mediante la cobertura de hasta el 80% del costo de los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos, en aquellos municipios que presentan dificultades para realizar inversiones en obras de infraestructura prioritarias para la comunidad.

Dicho programa se financia con crédito externo a través del Préstamo BIRF Nº 4366-AR. El nivel de gasto se encuentra por debajo del registrado para igual período de 2000, en coincidencia con la reducción de los desembolsos prevista según cronograma plurianual. Durante el primer semestre, se otorgaron 182.035 beneficios cuya distribución por provincia se señala a continuación, siendo los montos liquidados en concepto de ayuda económica de 29,5 millones de pesos –un 94% del gasto total devengado-:

Provincias

Cantidad de Beneficios

%

Buenos Aires

57.888

32%

Santa Fe

20.464

11%

Salta

12.396

7%

Tucumán

11.261

6%

Córdoba

11.152

6%

Jujuy

9.264

5%

Chaco

8.105

4%

Misiones

7.107

4%

Santiago del Estero

6.819

4%

Mendoza

4.621

3%

Resto

32.958

18%

Total

182.035

100%

(*) El resto agrupa a las provincias que registraron una distribución uniforme de las prestaciones.

 

El programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes se financia mediante préstamo BID 1031 OC-AR. Durante 2000 se consideró la posibilidad de cierre del programa modificándose, luego, dicha situación a partir de una reformulación de aspectos principales del programa y una prórroga al BID por 18 meses para completar su ejecución. Si bien en el transcurso del primer semestre de 2001 registró una reducción presupuestaria de 27,8 millones de pesos, dicho nivel de crédito resultó mayor al de igual período de 2000.

Su principal componente es CapacitAR y tiene por objetivo mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes entre 16 y 35 años provenientes de hogares de bajos ingresos, con secundario completo como máximo nivel de educación y que se encuentren desocupados o subocupados, al momento de ingresar. Los participantes reciben una asignación mensual en concepto de beca. Los cursos, cuya duración máxima es de 6 meses, enfatizan los aspectos prácticos incluyendo pasantías formativas y calificantes. Durante el segundo trimestre se comenzó con la capacitación registrándose demoras en la aprobación e inicio de nuevos cursos.

El programa de Formulación y Regulación de la Política Laboral comprende las siguientes actividades: Conducción y Coordinación, Negociaciones Colectivas y Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

La mayor parte de su presupuesto –17,2 millones- se destina a la actividad de Conducción y Coordinación. Dentro de ella funciona la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo que se encarga, entre otras funciones, de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral vigente, de las habilitaciones y fiscalizaciones de las empresas de servicios eventuales, rúbrica de libros, etc. en todo el país y del funcionamiento del Tribunal de Servicio Doméstico, como primera instancia en conflictos entre empleador y empleado. También se incluyen los gastos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que se ocupa de la aplicación de normas relativas a la existencia y funcionamiento de asociaciones gremiales y del registro de asociaciones profesionales de empleadores.

En cuanto a las Negociaciones Colectivas, su principal competencia es la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores y del Registro de las Asociaciones Profesionales de Empleadores, así como la regulación de las condiciones de trabajo de pequeñas empresas. Pese a que el ritmo de negociación registra una tendencia decreciente desde el año 1999, la negociación colectiva se ajustó a la cantidad prevista para el semestre.

El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que comenzó a operar desde 1998, interviene en todos los reclamos individuales y conjuntos que versen sobre conflictos de derecho laboral correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. De carácter previo a la demanda judicial, gratuito para el trabajador y tarifado - aunque de bajo costo - para el empleador, se encarga de recibir el reclamo, gestionar la asignación por sorteo de los conciliadores, fijar la primera audiencia, registrar los trámites y acuerdos conciliatorios, mantener la intercomunicación con los conciliadores y homologar los acuerdos conciliatorios que se logren. Dado que en su ámbito se resuelven aproximadamente el 40% de los conflictos laborales, se reduce la cantidad de litigios presentados ante el fuero laboral, a la vez que constituye una fuente de información muy valiosa para el análisis de la conflictividad laboral. Para el año 2001, se espera tramitar 30.000 conciliaciones, de las cuales se efectuaron 23.053 durante el primer semestre.

A través del programa de Fiscalización-Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, la misión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como ente de regulación y control de la Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo, consiste en reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo, reparar los daños derivados de los siniestros laborales y promover la reclasificación y la reinserción laboral de los trabajadores accidentados. Para ello realiza las siguientes actividades: controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo; imponer las sanciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y mantener actualizado el Registro Nacional de Incapacidades Laborales, entre otras.

En términos generales, la ejecución física del programa evolucionó de acuerdo a lo programado. Las Auditorías de Calidad de Atención de Accidentados Leves registraron una evolución lenta dado que, durante el primer trimestre, no fueron cumplimentadas debido a revisiones metodológicas, en el marco del programa de Modernización del Estado de Jefatura de Gabinete. La cantidad de Inspecciones en Obra sobre Cumplimiento de Normas de Seguridad resultó menor a la programada debido a la delegación de facultades de fiscalización a la Ciudad de Buenos Aires –Ley 265/99- por lo que, en lo sucesivo, disminuirá el ritmo de ejecución previsto.

Con una menor participación económica–por su monto asignado- dentro de la función, el Servicio Integral de Contralor tiene por objetivo principal incrementar el número de trabajadores regularizados a través de la incorporación al sistema de Seguridad Social de los trabajadores asalariados excluidos.

La fiscalización de establecimientos prevista en materia de Seguridad Social no pudo cumplimentarse por dificultades de carácter organizativo y operativo.

 

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