4.1 Energía, Combustibles y Minería
La función agrupa los programas que tienen por objetivo asegurar un abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad y gas natural, en condiciones de cantidad, calidad y precio, consistente con un creciente bienestar de los consumidores familiares y con la competitividad internacional de los usuarios intermedios. Adicionalmente, se propone fomentar el desarrollo de la actividad minera en condiciones de libre competencia de modo de proveer al crecimiento de la economía nacional.
La Secretaría de Energía concentra el 80,3% del crédito asignado a la función. El objetivo de su programa, Formulación y Ejecución de la Política Energética, hace a la transformación del sector en el marco de los fines del Gobierno Nacional de reasumir su rol en materia de políticas y regulación, abandonando gradualmente la actividad empresaria.
En este marco, la actividad de Ejecución de la Política de Energía Eléctrica concentra tareas como la elaboración de planes de orientación para los diferentes sectores, la actualización e interpretación de normas, la promoción del uso racional de la energía y el desarrollo de fuentes alternativas, tendientes a lograr un óptimo desempeño de las empresas privatizadas del sector. Asimismo, lleva a cabo la implementación del Proyecto de Energía Renovable en Mercados Eléctricos Rurales (Préstamo BIRF 4445 - PERMER y Donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente) y las tareas relacionadas con la mejora en el nivel de conocimiento de la oferta hidroeléctrica futura, en materia convencional y no convencional. Esta actividad concentra el 89,5% del crédito asignado al programa, ya que incluye los siguientes fondos energéticos: Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), transferencias a Empresa Eléctrica de Santa Cruz S.A., transferencias a Productores de Energía Eólica y Fondo Fiduciario.
Por su parte, la actividad de Ejecución de la Política de Hidrocarburos se ocupa principalmente de proponer y controlar la política de hidrocarburos, carbón mineral y otros combustibles, en lo referente a la promoción y regulación en todas sus etapas, el estudio y la promoción de políticas de competencia y eficiencia en el mercado desregulado de hidrocarburos, la explotación racional de los recursos, preservación del medio ambiente y la ejecución de acciones de control y fiscalización. Esta actividad concentra el 1,0% del crédito asignado al programa.
A través del Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), se desarrollan actividades de fomento del uso de energía renovable en sectores rurales dispersos y que actualmente no cuentan con suministro de energía eléctrica, otorgando subsidios a la inversión. Dichas inversiones (instalación de paneles solares y molinos de viento) se realizan con financiamiento conjunto del Estado Nacional (con préstamo del Banco Mundial), las provincias y el sector privado. En este sentido, se incentiva el uso de recursos renovables según las disponibilidades de cada provincia, velando por que su uso sea económico y ambientalmente sostenible.
Como resultado del proceso de privatización de empresas que cumplen funciones en el área de energía, combustibles y minería, el Estado se ha comprometido a realizar transferencias a algunas empresas privadas, empresas públicas, entes binacionales. Estas transferencias que se destinan a financiar tanto gastos corrientes como de capital, se reúnen presupuestariamente dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro. En el marco del programa de Asistencia Financiera a Sectores Económicos, la actividad de Apoyo a Operadores Privados de la Minería constituye, básicamente, el financiamiento del déficit operativo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, en virtud del Artículo 1º del Decreto Nº 979/94.
La Autoridad Regulatoria Nuclear reúne el 3,7% del crédito asignado a la función. A través de su programa Regulación de las Actividades Nucleares, cumple con su función regulatoria y de fiscalización de la actividad nuclear en todos los aspectos relacionados con la seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licencias y fiscalización de instalaciones nucleares. El programa atiende al mantenimiento de la actividad radiológica y nuclear dentro de límites compatibles con la salud y bienestar de las personas, tanto de aquellos que trabajan en el sector y de los pacientes atendidos con estas metodologías, como del resto de la ciudadanía.
Para cumplir con estos objetivos se realizan inspecciones y tareas de evaluación de la seguridad, inspecciones de salvaguardia y seguridad física a centrales nucleares, organismos de medicina nuclear y empresas mineras, vigilancia radiológica ocupacional y ambiental, tareas de prevención y acción en emergencias radiológicas (fallas de equipos, errores de operación), aprobación de planes de contingencia, intervención ante alertas, evaluación y manejo de personas sobreexpuestas e intervención durante y posterior a la emergencia. En el siguiente cuadro puede observarse su desempeño durante el período:
Tanto las licencias médicas industriales como las otorgadas al personal de instalaciones nucleares presentan desvíos con respecto a la cantidad programada. Esto se debe a que no pueden estimarse con exactitud, ya que dependen de la demanda del mercado.
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) concentra el 3,4% del crédito asignado a la función. Los objetivos del programa a su cargo son resguardar los derechos de los consumidores finales y de los usuarios intermedios de gas natural y lograr que se les brinde un servicio eficiente, con un adecuado grado de seguridad y a precios bajos que permitan a los primeros un adecuado bienestar y a los segundos competir exitosamente en los mercados internacionales. Para alcanzar estos objetivos se propone regular el transporte y distribución del gas natural, promover la competitividad de los mercados y alentar las inversiones. Puede observarse su desempeño durante el año en el siguiente cuadro:
Los objetivos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) consisten en asegurar la provisión de electricidad en cantidad, calidad y precio acordes al máximo bienestar de los usuarios finales y a la competitividad internacional de los usuarios intermedios. Para ello las leyes N°24.065 y N°24.076 establecen como prioritario la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competencia asegurando el libre acceso, el estímulo a las inversiones, la regulación del transporte y la distribución y la obtención de tarifas justas. Puede observarse una disminución del 15,5% en la ejecución del 2001 con respecto a la del año anterior. La misma se debe, principalmente, a una baja en los Servicios No Personales.
El objetivo del programa de Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera, de la Subsecretaría de Minería, es potenciar la minería en todas sus etapas contribuyendo al desarrollo del país. Dado que los recursos mineros pertenecen a las provincias, una de sus actividades consiste en buscar y lograr consenso con los gobiernos provinciales sobre el desarrollo de la visión estratégica del sector minero en su conjunto. Asimismo, se encarga de monitorear el accionar del sector y los impactos socio-económicos que provoca.
El crédito asignado a este programa disminuyó un 66,4% con respecto al año 2000, mientras el monto devengado a lo largo del año lo hizo en un 64,2%.
Con respecto a la ejecución física del programa, a continuación se observa su desempeño durante el período bajo análisis:
Los desvíos con respecto a lo programado que se observan en las auditorías realizadas a empresas inscriptas en el régimen minero se originan en una disminución de la actividad por parte de las empresas del sector. Por su parte, los desvíos en las exenciones impositivas y arancelarias a inscriptos en el régimen de inversiones mineras se deben a una menor presentación de solicitudes por parte de las empresas del sector, motivada por una retracción en la inversión de bienes de capital.
En el concepto de "Resto" se incluye el gasto originado por un convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Neuquén por el cual se pagó un total de 10,6 millones de pesos, a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) que aumenta el gasto de este año.
