El cumplimiento de esta función está a cargo del Ministerio de Justicia, por medio del Servicio Penitenciario Federal, y de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, en lo que respecta a la política e infraestructura penitenciaria.

El programa Seguridad y Rehabilitación del Interno, que mide la atención, custodia y readaptación del condenado, así como la custodia y guarda del procesado, presentó el mayor porcentaje de ejecución, siendo al mismo tiempo el de mayor relevancia económica, (60,6% del crédito de la función).

En este lapso de tiempo el número de internos alojados en las unidades carcelarias (condenados y procesados) fue en promedio un 9.9% menor a lo programado. Esto es consecuencia de la propia dinámica de los procesos judiciales.

Finalmente en lo referido al programa Política e Infraestructura Penitenciaria la variación financiera respecto al año anterior se debió al comienzo del pago del canon por la entrega llave en mano de las unidades carcelarias de Ezeiza y Mercedes. En este caso, el Estado pagó alquileres y derechos al contratista, registrándolos como gastos corrientes y reservándose la opción de compra de dichos complejos penitenciarios.