3.2. Promoción y Asistencia Social

Comprende los gastos destinados a la protección y ayuda directa a personas necesitadas, o aportes a instituciones sociales para impulsar por su intermedio el desarrollo social.

La Asistencia Financiera para el Gasto Social Provincial consiste en la transferencia de fondos automáticos a gobiernos provinciales. La provincia de Buenos Aires recibió $321,2 millones para financiar gastos de capital. De los $283,1 millones transferidos para la financiación de gastos corrientes, el 10,7% correspondió a la provincia de Santa Fe, siguiendo en importancia Córdoba (9,6%), Chaco (6,8%) y Salta (6,1%).

Una parte de los recursos del PAMI está destinada a brindar prestaciones de promoción y asistencia social. Un tercio de estos recursos es erogado a través del programa Pro-bienestar, que brinda asistencia alimentaria a 400 mil ancianos del Instituto. Las restantes prestaciones son geriatría, sepelios y subsidios.

Las Políticas de Integración para las Personas Discapacitadas, que coordina la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, utilizando los recursos provenientes de la Ley de Cheques (Ley 24.452), insumieron 4,7 millones de pesos, el 19,3% del crédito vigente. Los desembolsos correspondieron mayoritariamente a subsidios aprobados en el ejercicio 1999. En el curso del presente año se aprobó un número muy reducido de subsidios, ya que fueron priorizadas las tareas de verificación y control del cumplimiento de los requisitos legales (Decreto 961/98 y Decisión Administrativa 429/98) por parte de las instituciones beneficiarias. Se analizaron los estados de rendición de cuentas de los subsidios conferidos en el pasado, determinándose que el porcentaje de rendiciones pendientes alcanza el 90%, y se constató la falta de documentación requisitoria o la existencia de documentación vencida. Esto dio lugar al inicio de acciones de intimación por parte de los organismos integrantes del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. El otorgamiento de subsidios se irá normalizando a medida que las instituciones beneficiarias regularicen su situación.

El programa de Financiamiento a Municipios que ejecuta el Ministerio de Infraestructura y Vivienda no registró ejecución en el primer semestre.

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente ejecutaron el 27,3% del crédito presupuestario vigente. Con algunas excepciones, los bajos niveles de ejecución física y financiera obedecen a que los mismos fueron objeto de revisión y reformulación por parte de las nuevas autoridades políticas, proceso que se extendió hasta entrado el segundo trimestre del año.

El gasto en Acciones Compensatorias fue de 5,3 millones de pesos, lo que significa una ejecución del 32,4% del crédito vigente para el presente año. El gasto fue un 19,4% inferior al de igual período del año anterior.

Los subsidios a personas se otorgan en función de la demanda espontánea de los potenciales beneficiarios. En el período se verificó una disminución en el monto promedio de los subsidios demandados, lo que permitió atender a un mayor número de personas. En cuanto a los subsidios institucionales, se registraron demoras en las instancias previas a la firma y liquidación de los subsidios elevados con evaluación técnico social favorable, lo que impidió cumplir las metas programadas.

El Programa de Asistencia Nutricional Alimentaria comprende las actividades Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA) y PROHUERTA.

Su principal prestación es la asistencia alimentaria a los distintos grupos de beneficiarios (niños, ancianos o participantes de huertas), siendo estos grupos relativamente estables a lo largo del año en cuanto a su tamaño. Este programa cuenta con un crédito para 2000 de 58,6 millones de pesos, habiéndose ejecutado 14,2 millones de pesos, lo que significa una disminución del 41,6% respecto de igual período del año anterior, cuando el gasto alcanzó los 24,4 millones de pesos.

El PRANI y el ASOMA se encuentran en proceso de articulación para dar inicio al nuevo programa alimentario UNIDOS que comenzará a ejecutarse en agosto del presente año.

Durante el primer semestre las prestaciones se limitaron a la entrega y financiamiento de los módulos alimentarios de acuerdo con los criterios con que ambos programas operaron con anterioridad al cambio de gestión. En ese período el PRANI suspendió los proyectos destinados a los centros de cuidado infantil.

La cobertura alimentaria del PRANI no se vio significativamente afectada por los cambios programáticos y de gestión, en cambio sí se registró un desvío de importancia en el cumplimiento de la meta del ASOMA, debido a dificultades administrativas de las instituciones ejecutoras provinciales y a demoras en las licitaciones de productos de compra centralizada para transferencia de cajas.

El PROHUERTA muestra una leve mejora respecto del año 1999, encontrándose en funcionamiento 368.892 huertas familiares, 5.912 huertas escolares y 2.136 huertas comunitarias e institucionales, con una población asistida al 30/06/2000, de 2.434.830 personas.

La actividad Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA reorientó sus acciones, priorizando la ejecución de proyectos de agua potable, saneamiento básico, y construcción de centros de producción comunitarios. Asimismo, instrumenta los componentes de capacitación y promoción comunitaria en todos sus proyectos. En el primer semestre finalizaron 29 proyectos, habiéndose devengado 1,9 millones de pesos (27,8% del crédito).

El programa de Desarrollo de Capital Social gastó 13,8 millones de pesos, que representan el 24,5% del crédito vigente. Comprende doce actividades las que se analizan en forma desagregada.

Las actividades de Interacción con Organizaciones Comunitarias y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependientes de la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social no tuvieron ejecución física en el primer semestre ya que, debido al cambio de autoridades, realizaron tareas de diagnóstico y reformulación de objetivos y metas. La actividad Atención a Grupos Prioritarios, que históricamente intervino en los proyectos para discapacitados financiados con recursos de la Ley de Cheques, no tuvo ejecución, ya que el personal fue afectado a la regularización de expedientes de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. Se analizaron 354 expedientes y se efectuaron hasta el momento 100 intimaciones.

La actividad Atención a Grupos Vulnerables, que cuenta con financiamiento externo, ejecutó 4,2 millones de pesos, el 30,8% del crédito presupuestario. Durante el primer semestre brindó asistencia técnica y financiera a 221 proyectos de fortalecimiento de organizaciones ejecutoras de plantes barriales y a 236 proyectos de atención a grupos vulnerables. El 71% de las transferencias se canalizó hacia el sector privado y el 29% hacia gobiernos provinciales. Debido a un ajuste operativo, se suspendió el financiamiento de procesos de planificación participativa para lo que resta del corriente año, habiéndose asistido hasta el momento 40 organizaciones.

La actividad de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil fue integrada al programa de Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad. Durante el semestre implementó acciones en articulación con otros organismos gubernamentales destinadas a los jóvenes. Entre ellas se destacan la organización de recitales bajo la consigna "Viví tus derechos en Argentina en vivo", la realización de la 1º Jornada de Voluntariado Juvenil de la que participaron 360 jóvenes, la distribución de material gráfico institucional y de derechos humanos en la Feria del Libro, la organización de la muestra de fotos "Jóvenes del Siglo" y el apoyo a jóvenes estudiantes de cine para su participación en el II Festival de Cine Independiente organizado por la Ciudad de Buenos Aires.

En el cuadro precedente se han agrupado tres actividades orientadas hacia niños y adolescentes:

La actividad Atención a Menores (PROAME I), financiada con un préstamo BID y que se encuentra en su fase final de ejecución, devengó el 38,8% del crédito indicativo para el presente año. La actividad Atención a Niños y Adolescentes en riesgo (PROAME II), que constituye un segundo préstamo destinado al mismo fin, gastó el 6,9% del crédito. En total se devengaron 1,5 millones de pesos.

Entre las metas correspondientes a estas actividades se observa un desvío negativo en la cantidad de personas capacitadas en organizaciones de niñez y adolescencia, lo que obedeció a dificultades operativas del PROAME I y al retraso en el inicio de la ejecución de proyectos de organizaciones de la sociedad civil del PROAME II respecto de lo originalmente previsto. En contraposición, se superó la cantidad de personas asistidas mediante el financiamiento de proyectos, por la mayor audiencia en las actividades comunicacionales ejecutadas en el período.

La actividad de Apoyo Integral a la Socialización de Menores Marginados en el Gran Buenos Aires, PROAMBA, devengó el 51,9% del crédito asignado.

Esta actividad ejecutó 4,2 millones de pesos, esto es, el 30,8% del crédito presupuestario. Más del 70% de los recursos se canalizó mediante transferencias a gobiernos provinciales, que concentraron la mayor parte de los proyectos financiados, mientras que la participación de los proyectos presentados por municipios y sector privado fue inferior a la prevista.

Esta actividad ejecutó 3,3 millones de pesos, que representan el 25,5% del crédito asignado. El apoyo a las organizaciones comunitarias fue reprogramado para el segundo semestre del año. En cuanto a los proyectos promovidos, en el primer trimestre se contrataron 2 y en el segundo 62. El desvío se debe a demoras en el circuito jurídico del Ministerio, no habiéndose finalizado a la fecha los trámites correspondientes a la contratación de 27 proyectos.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gastó 786 mil pesos. A principios de año se produjo la reestructuración del Instituto y el traslado de sus oficinas a un nuevo edificio, lo que originó un retraso en el desarrollo de las actividades. Asimismo, se reorganizó el área que se encarga de evaluar el otorgamiento de las personerías y se reformuló la metodología para la asistencia técnica a las comunidades. De acuerdo con la nueva modalidad, se relevan directamente los datos de las comunidades en un estudio de campo lo que, si bien retarda el otorgamiento de personería jurídica, permite un análisis más acabado de la organización de las comunidades. A la fecha se habían remitido, además, 20 expedientes con proyectos de resolución para la obtención de personería jurídica.

El desvío de la meta de financiamiento de proyectos se debe a que una importante proporción de proyectos evaluados no resultaron aprobados. Otros 10 (diez) proyectos viables se encuentran en evaluación y a la espera del envío de la respectiva documentación.

El Proyecto de Desarrollo Integral Aborigen en el Departamento de Ramón Lista de la provincia de Formosa, atiende a la población de la comunidad wichi. En el segundo trimestre desarrolló los componentes de autoconstrucción de viviendas (200 beneficiarios), apicultura (69 beneficiarios), artesanías (210 beneficiarios), salud (65 beneficiarios), educación (250 beneficiarios), reforestación (12 beneficiarios) y actividad agropecuaria (93 beneficiarios). Asimismo, se realizó un diagnóstico participativo que involucró a 6.400 personas.

El Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) devengó 573 mil pesos. Además de los informes mencionados en el cuadro precedente, durante el período se elaboraron también 430 informes sobre condiciones de vida de la población.

El Consejo Nacional del Menor y la Familia gastó el 45% del crédito en transferencias. Se destinaron 11,4 millones de pesos a ayudas sociales a personas y 1,4 millones de pesos a becas.

Este organismo se encuentra en proceso de reestructuración institucional y de reformulación programática, lo que afectó el cumplimiento de algunas de las metas previstas (atención de familias en crisis y prevención y tratamiento en salud). Aún así continúa brindando algunas de las prestaciones de acuerdo con los mecanismos establecidos por la gestión anterior, adjudicando a la falta de personal especializado los desvíos en prevención del maltrato, régimen de libertad asistida y reinserción social del egresado.

Los datos de atención de madres en situación de riesgo y cuidados de menores y discapacitados en pequeños hogares son provisorios, ya que los correspondientes al mes de junio se encuentran en procesamiento.

En relación con la internación en hogares de convivencia terapéutica, no pudieron abrirse las casas de reinserción previstas. Los restantes desvíos obedecen a fluctuaciones de la demanda.

El organismo intensificó sus actividades de capacitación a integrantes de fuerzas de seguridad, consistentes en la realización de cursos y jornadas. Los cursos tienen como objetivo capacitar al personal como auxiliar superior operativo para la lucha contra el narcotráfico, destacándose el estudio de aspectos sustantivos sobre producción y tráfico ilícito de drogas de abuso. Las jornadas están dirigidas al personal superior y tienen por objetivo actualizar el conocimiento profesional en técnicas investigativas contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. Durante el segundo trimestre del año la capacitación se desarrolló en Chaco, Salta y Jujuy.

También se superó la meta de realización de operaciones conjuntas, que son programas coordinados de acción entre las fuerzas intervinientes en la lucha contra el tráfico de droga y sus delitos conexos.

La asistencia al drogadependiente, que consiste en el otorgamiento de subsidios para la atención ambulatoria y/o con internación de personas con conductas adictivas, no pudo cumplirse de acuerdo con lo programado debido a insuficiencia de fondos, habiéndose devengado los disponibles en un 98,5%.

La asistencia telefónica gratuita que brinda el organismo, registró más de 30 mil llamadas desde su creación en febrero de 1999.

La Secretaría cuenta con un Registro Nacional de Precursores Químicos en el que se registran las empresas que importan y/o exportan sustancias químicas que pueden ser utilizadas en el proceso de producción de estupefacientes. Dichas empresas deben presentar trimestralmente un informe de sus actividades, evidenciándose a la fecha un leve retraso.

El 30 de junio se realizó una reunión del Consejo Federal (COFEDRO), donde se expusieron las distintas estrategias que se llevan a cabo para la prevención de adicciones. Las provincias y organismos participantes solicitaron una mayor frecuencia de encuentro y el apoyo institucional y técnico de la Secretaría para continuar y ampliar las acciones de prevención y asistencia desarrolladas. Se organizó la primera exposición de artes plásticas convocada bajo el lema "Crear es prevenir" y se organizó la Reunión Especializada del Mercosur en la que participaron las autoridades de aplicación en materia de prevención, uso indebido de drogas y rehabilitación de drogadependientes de los países del área.

El gasto del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) se concentró en personal y en servicios no personales. Se gastaron 205 mil pesos en becas, 140 mil pesos en transferencias a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro y 94 mil pesos en transferencias a cooperativas. Se otorgaron préstamos a largo plazo por 80 mil pesos.

Los controles a cooperativas y mutuales registraron importantes desvíos positivos. En el primer caso, debido a un proceso de reempadronamiento solicitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la realización de actividades conjuntas con organismos provinciales y, en el segundo caso, en virtud de lo dispuesto por la Resolución 6/00 que estableció mecanismos para la remisión de información por parte de los interventores, comisiones normalizadoras y liquidadores de asociaciones mutuales.

La creación de nuevas cooperativas y mutuales fue inferior a lo previsto. La asunción de nuevas autoridades a principios de año demoró el inicio de estas actividades y en la actualidad un importante número de solicitudes se encuentra a consideración del Directorio. La capacitación también fue afectada por el cambio de autoridades en el primer trimestre, aunque en el segundo se recuperó parcialmente el atraso.

Durante el período sólo se brindó asistencia a las instituciones para fortalecimiento institucional, ya que se implementó un nuevo sistema de otorgamiento de subsidios y se modificaron prioridades.

El Programa Social Agropecuario - PROINDER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ejecutó sólo el 10,7% del crédito vigente, lo que se tradujo en importantes desvíos en la ejecución física.

El Centro de Reeducación Social (CENARESO) registró una menor cantidad de altas que las programadas en los servicios de asistencia ambulatoria y admisión y asistencia a pacientes en Centro de Día. Esto se debió a que se trata de programas ambulatorios que requieren la movilización del paciente varias veces por semana hacia la institución y que, debido a las dificultades económicas de la población atendida y el costo del transporte, inciden desfavorablemente en el sostenimiento del tratamiento hasta el alta. Para evitar esto, la Asociación Cooperadora del CENARESO está derivando recursos para el pago del boleto de transporte a pacientes carenciados que están en programas ambulatorios.

Las altas médicas en Reinserción Social también registraron un menor cumplimiento debido al cambio en el perfil de los pacientes asistidos, que últimamente se ha caracterizado por una mayor complejidad y gravedad, lo que retarda el alta médica.

Las restantes metas han mostrado desvíos positivos que evidencian la capacidad de respuesta del organismo, ante incrementos de la demanda.