JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del Estado y la relacionada con el Ministerio Público, instituido como un órgano independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y bicéfalo, integrado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y el Ministerio Público Fiscal (MPF). 

El Ministerio Público Fiscal de la Nación es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes (Artículo 120 de la Constitución Nacional y Ley Nº 27.148).

Sin perjuicio de las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal, se destaca especialmente el ejercicio de la acción penal pública actuando como parte acusadora en el proceso penal.

En los últimos años, y fundamentalmente en razón de la necesidad de investigar modalidades delictivas y organizaciones criminales más complejas y sofisticadas, el organismo fue experimentando un constante y significativo incremento de su nivel de actividad y despliegue. 

Por otra parte el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales, sobre la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros, que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos responsables de la persecución penal.

Asimismo, resulta necesario destacar que en torno a la implementación del sistema procesal federal de tinte acusatorio previsto en la Ley Nº 27.063 (B.O. 10/12/2014), finalmente y luego de varias postergaciones, la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal estableció como fecha de entrada en vigencia del código Procesal Penal Federal el día 10 de junio de 2019 para la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

En esa directriz, se advierte que este nuevo Código redefine el papel del Ministerio Público Fiscal y lo posiciona en un lugar central dentro del nuevo sistema procesal. Además del ejercicio y la promoción de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal le corresponderá la investigación de los delitos y la prueba de los hechos que fundan su acusación. Ello exige diseñar un nuevo esquema de funcionamiento de la Institución en el que será necesario crear ámbitos dinámicos e interdisciplinarios de trabajo, diferentes a la estructura estática, propia del sistema inquisitivo, en la cual esta organización se constituyó como reflejo del Poder Judicial. Esta reconfiguración constituye una condición que permitirá alcanzar los objetivos de la nueva política criminal, orientada especialmente a la investigación y persecución de la criminalidad organizada.

Este nuevo contexto determina la necesidad de procurar una reorganización interna y una adecuación de las competencias específicas del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación y persecución del delito. Asimismo, con el fin de afrontar eficazmente el nuevo desafío institucional, resulta indispensable contar con recursos humanos capacitados y entrenados específicamente en estas áreas de la criminalidad, así como mejorar la infraestructura edilicia general del organismo y contar con equipamiento y medios tecnológicos acordes a las crecientes necesidades. 

Por último, en virtud de la sanción de las Leyes Nros. 27.272, 27.307 y 27.308, modificatoria del procedimiento de flagrancia, de “Fortalecimiento de los tribunales orales federales”, de “Unificación de los fueros criminal y correccional de la justicia nacional” se instauraron trascendentes reformas procesales que determinaron la necesidad de este Ministerio Público Fiscal de reforzar su actuación y representación procesal por medio de un plan de implementación progresiva de la puesta en funciones de los Auxiliares Fiscales, que son los funcionarios que colaboran con los magistrados del organismo actuando bajo sus instrucciones, supervisión y responsabilidad, conforme el artículo 44, inciso g y artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

En este orden, mediante la Resolución PGN 66/18, se advirtió la existencia de dificultades de orden práctico cuya superación resulta de gran importancia a los efectos de materializar los actos procesales en los plazos previstos en el código de forma. En ese marco, cabe hacer notar que si bien se han tomado medidas para reducir el impacto generado por las reformas legales y así optimizar la intervención del Ministerio Público Fiscal, el nuevo trámite ha impuesto una organización de trabajo que quita dedicación a las restantes causas de las fiscalías y altera las tareas que regularmente se venían llevando en las dependencias requiriendo, en consecuencia, que se profundicen los esfuerzos para incrementar la asistencia a los señores Fiscales. 

Los objetivos de política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el año 2021 se ven condicionados por la necesidad de hacer frente a la emergencia del COVID-19, declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que obligó a modificar los objetivos que formaban parte de la agenda de este Ministerio para el año 2020; en rigor, modificar algunos objetivos para atender la emergencia y suspender o continuar con otros. En ese sentido, si normalmente los objetivos trascienden los ejercicios y se caracterizan por la continuidad interanual, con mayores razones puede sostenerse en referencia a la política presupuestaria para el año 2021, ejercicio en el que además deberán retomarse los objetivos que debieron ser suspendidos a raíz de la pandemia mundial.

En ese orden, los principales objetivos de la política presupuestaria proyectados para el ejercicio 2021 son un continuo de los objetivos que habían sido oportunamente fijados para el ejercicio 2020 y consisten en: 

-	Avanzar con la implementación progresiva, conforme el cronograma establecido con el resto de los integrantes del Sistema de Administración de Justicia, de las reformas previstas en el Código Procesal Penal Federal de la Nación sancionado por Ley Nº 27.063, el cual adopta un sistema procesal acusatorio guiado, sustancialmente, por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización; con miras de llevar a cabo procesos ágiles y rápidos que podrán ser resueltos en audiencias orales y públicas y donde las víctimas tendrán amplios derechos de intervención. 
-	Atender las jurisdicciones de Salta, Mendoza, Rosario y Comodoro Rivadavia, en todo lo que concierne a cuestiones de infraestructura edilicia, actualización y modernización en materia de tecnología y mobiliario y dotación de recursos humanos, entre otros. 
-	Fortalecer y mejorar la capacidad operativa y los niveles de eficacia y eficiencia de las áreas de apoyo administrativo y logístico del organismo, intensificando e incrementando las acciones de capacitación estratégica de todo el personal del Ministerio Público Fiscal, a través de la profundización y ampliación de la nueva política de formación integral orientada a optimizar y modernizar el perfil profesional y adecuarlo al requerido para el ejercicio de la función pública.  
-	Ampliar y articular la organización y funcionamiento de dispositivos de asistencia y apoyo técnico y científico en materia forense a la función de investigación a cargo de los Fiscales. Los equipos técnicos responsables de la organización de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encuentran abocados al logro de estos objetivos generales desarrollando tareas de coordinación de los pedidos de estudios periciales, digitalización de causas complejas, y producción de protocolos de actuación para la preservación de la prueba técnica; como así también se prevén promover y coordinar tanto acciones de uso compartido de recursos con los Laboratorios Forenses del país, como la celebración de convenios con instituciones de apoyo técnico locales y extranjeras.
-	Continuar con el plan de implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos administrativos y jurisdiccionales bajo los requisitos establecidos en las normas ISO 9001, ello como sinónimo de compromiso para lograr resultados relevantes y contribuir en la solución de problemas en forma eficiente y eficaz.
-	Incrementar los servicios y funcionalidades que posee actualmente la Red Informática Nacional del MPF a través de su portal institucional, de Intranet e Internet, como así también, de las aplicaciones en proceso de desarrollo para su incorporación al organismo. Para dicha implementación se deberán potenciar algunos servidores actuales e incrementar el ancho de banda de los accesos a Internet y de los de los enlaces IP/MPLS de cada sitio del MPF.
-	Continuar en la actualización y reconfiguración de la topología de la sala de red a efectos de incrementar la disponibilidad, redundancia (repetición de componentes que realizan un trabajo crítico para evitar que su caída provoque un caos en el sistema) y el ancho de banda de acceso a los servidores.
-	Dar continuidad al plan de renovación del equipamiento informático del MPF, dentro del cual se encuentra incluido la adquisición de impresoras en red y de escritorio, como así también equipos de computación y la adquisición y renovación de licencias de software.
-	Profundizar la implementación de herramientas que promuevan y faciliten la gestión de documentación electrónica a distancia, el teletrabajo, la desformalización de las actuaciones y el expediente digital. 
-	Continuar con la implementación, mantenimiento y actualización de los sistemas COIRON, que es el software de gestión seleccionado para el nuevo régimen acusatorio y del Sistema de Gestión No Penal (SINOPE), destinado para todas aquellas dependencias con competencia en casos no penales.
-	Ampliar la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales.
-	Continuar con el proyecto de comunicación telefónica mediante VOIP (voz sobre IP) en todas las dependencias del MPF. Asimismo, en la segunda etapa se incorporarán servicios de valor agregado a los terminales de VOIP como ser video llamadas, mensajería instantánea y movilidad, entre otros. 
-	Priorizar la adquisición de edificios propios en el marco de la implementación del sistema acusatorio y conforme vaya surgiendo del cronograma de incorporación por jurisdicciones previsto. Contar con infraestructura propia resulta ser una pieza clave en la implementación que se pretende y como condición necesaria para el cabal cumplimiento de las metas, objetivos y obligaciones asumidas. En la medida de avanzar en esta línea se irá paliando, adicional y paulatinamente el déficit de infraestructura en materia edilicia que afecta al organismo desde su creación.
-	Realizar refacciones y remodelaciones en edificios propios y cuya materialización se encontraba postergada, pero que resultan indispensables atender a los fines de revertir el deterioro progresivo que se evidencia y que, en algunos sitios, ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de las dependencias que allí se ubican.
-	Realizar mudanzas de algunas dependencias a inmuebles alquilados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) así como también en el interior del país, ello en el entendimiento que no pueden seguir funcionando adecuadamente en el sitio donde se encuentran emplazadas. 
-	Resolver necesidades de mantenimiento, refacción y mejora continua en los espacios hoy asignados y en los que tienen asiento las distintas dependencias, fiscalías y oficinas que integran este Ministerio Público Fiscal, ya sea en espacios propios como en sitios alquilados.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nº 27.149, Artículo 1º).  

Las funciones son ejercidas por los defensores públicos y funcionarios que integran la institución, así como letrados convocados para el caso concreto. Entre sus principales funciones se destacan:

-	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.
-	Desarrollar programas y actividades sobre el acceso al derecho y a la justicia, ejecutando políticas de fortalecimiento y comunicación institucional para acercar a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa con los distintos sectores sociales, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad. 
-	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente y fuere citado por edictos.
-	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias conforme la legislación vigente.
-	Ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral.
-	Intervenir judicialmente o extrajudicialmente, según el caso, en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.
-	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 
-	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.
-	Brindar asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las leyes y reglamentación vigentes.
-	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo. 
-	Ejercer la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial.
-	Intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.
-	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.
-	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.
-	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.
-	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica y la que surge de la función.

En ese marco, los principales objetivos que se proponen llevar a cabo durante 2021 son los siguientes:

-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la dotación de personal y de bienes de capital, tales como: adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología, informática y comunicaciones, todas accesibles; dotación de personal para la conformación de equipos interdisciplinarios, cuerpo de peritos y consultores técnicos, investigadores e intérpretes lingüísticos; y la promoción de acciones para el acceso a laboratorios (conforme las previsiones de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa N° 27.149, Artículo 10).
-	Continuar con la sustanciación de los concursos para la selección de magistrados/as, así como la realización de exámenes de ingreso para los demás agrupamientos. 
-	Promover políticas y acciones concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia y en el ámbito del Ministerio Publico de la Defensa, tanto para sus integrantes como para los usuarios del servicio de justicia. 
-	Instar y adoptar las medidas que resulten necesarias para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, en lo que respecta al ámbito de actuación funcional de este Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes. 
-	Fortalecer la asistencia y el patrocinio jurídico que se brinda a víctimas de delitos, que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa; adoptando las medidas que correspondan al organismo para la implementación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Nº 27.372).  
-	Intervenir como salvaguardia de los apoyos proporcionados judicialmente o en otros ámbitos, cuando ello fuera resuelto en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.
-	Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado y de apátrida en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión. 
-	Brindar asesoramiento y asistencia en los trámites administrativo y judicial de expulsión (Artículo 64 de la Ley de Migraciones Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública, y brindar asesoramiento y asistencia a personas migrantes en los trámites administrativos ante la Dirección Nacional de Migraciones, cuando corresponda en virtud de la Ley Nº 27.149, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley referida. 
-	Asegurar la intervención de la Defensa Pública en casos de restitución internacional y visitas de niños, niñas y adolescentes, según los requisitos del derecho internacional. 
-	Garantizar el ejercicio de una defensa técnica eficaz en el procedimiento administrativo de imposición de sanciones disciplinarias a personas privadas de su libertad asistidas por la defensa pública. 
-	Impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.
-	Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, conforme la reglamentación específica.
-	Continuar con el diseño y ejecución de políticas públicas para la protección de grupos en condición de vulnerabilidad y garantizar su acceso a la justicia, fortaleciendo, entre otras acciones, los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación existentes (Comisión de Cárceles; Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión sobre Temáticas de Género; Comisión del Migrante; Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio y Programa de Asesoramiento y Representación Legal para personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y Programa de Asistencia y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados o separados de sus familias; Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; Programa sobre Diversidad Cultural; Programa para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de la Libertad; Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos; Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; Programa de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales; Programa contra la Violencia Institucional; Equipo de Trabajo Río Matanza-Riachuelo; Equipo de Trabajo ACCEDER; Programa de Resolución Alternativa de Conflictos; y Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas); como así también, crear otros programa y comisiones que se estimen conducentes para el logro de los fines propuestos, y a fin de coadyuvar para una mejor gestión de casos. 
-	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los asistidos por la defensa pública, e incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de tales derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y el acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano), y fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, creando, en caso de resultar pertinente, equipos de trabajo para la defensa de sus derechos.
-	Instar acciones que propendan a la defensa o asistencia con especial consideración de la perspectiva de género y diversidad cultural. 
-	Ejercer las funciones previstas por la Ley Nº 27.149 en orden al Órgano de Revisión de Salud Mental creado por la Ley Nº 26.657. 
-	Continuar con la promoción de políticas de colaboración y fortalecimiento institucional de la defensa pública, autónoma e independiente, en el ámbito provincial, regional e internacional, impulsando el vínculo con instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, y con organizaciones regionales e internacionales.  
-	Impulsar la cobertura del servicio, en igualdad de armas con la acusación, con especial énfasis en los procedimientos de flagrancia (Ley Nº 27.277) y los juicios unipersonales.
-	Conformar cuerpos técnicos específicos, unidades interdisciplinarias y de investigación para coadyuvar con la cobertura del servicio de defensa pública. 
-	Desarrollar y/o fortalecer políticas de transparencia, acceso a la información pública y control de gestión del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y sus integrantes, dando cumplimiento con la normativa específica que rige en cada caso.
-	Fortalecer las acciones que realiza la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras Formas de Violencia Institucional y continuar con acciones concretas, con el fin de visibilizar esta terrible práctica y de sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la tortura en nuestro país. Asimismo, continuar la labor orientada a la prevención eficaz de los actos de violencia institucional, así como promover los derechos de las personas víctimas de hechos de violencia institucional.
-	Continuar con el diseño y ejecución de las actividades de formación y capacitación para los integrantes de la institución, bajo la modalidad presencial o de educación a distancia con la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de brindar un servicio profesionalizado, con perspectiva de género, de calidad y eficiente, y garantizar la óptima prestación del servicio de defensa pública. Asimismo, implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa.
-	Promover acuerdos de colaboración y asistencia técnica con organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento institucional y formación permanente de los integrantes del MPD; así como para promover la elaboración de proyectos con financiación de asociaciones, organismos y entidades nacionales, regionales e internacionales que contribuyan a cumplir la misión institucional del MPD. 
-	Brindar asistencia y colaboración al Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Ley Nº 26. 827 y su reglamentación.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (JURISDICCIÓN)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	36.059.411.716 	
				
TOTAL			36.059.411.716	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	36.059.411.716	
		
Gastos en Personal 	33.456.768.789	
Personal Permanente	32.601.639.678 	
Personal Temporario	595.049.935 	
Servicios Extraordinarios	49.922.119 	
Asistencia Social al Personal	210.157.057 	
		
Bienes de Consumo 	117.202.459	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6.972.676 	
Textiles y Vestuario	2.365.533 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	36.949.874 	
Productos de Cuero y Caucho	16.045 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4.478.927 	
Productos de Minerales No Metálicos	1.004.652 	
Productos Metálicos	1.980.266 	
Minerales	1.638 	
Otros Bienes de Consumo	63.432.848 	
		
Servicios No Personales 	599.567.468	
Servicios Básicos	205.246.418 	
Alquileres y Derechos	225.029.869 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.786.184 	
Servicios Técnicos y Profesionales	53.062.100 	
Servicios Comerciales y Financieros	37.190.713 	
Pasajes y Viáticos	23.250.187 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	5.151.143 	
Otros Servicios	24.850.854 	
		
Bienes de Uso 	1.885.000.000	
Bienes Preexistentes	424.249.804 	
Construcciones	228.088.662 	
Maquinaria y Equipo	1.026.784.889 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	313.604 	
Activos Intangibles	205.563.041 	
		
Transferencias 	873.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	873.000 	

 

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	22.303.274.872 	6.168	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	13.756.136.844 	3.984	0	
	A					
TOTAL			36.059.411.716	10.152	0	

 

 
 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado Nacional, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (artículo 120 de la Constitución Nacional).

Los Fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta, el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros – civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc. – los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Procuración General	Procuración General de la Nación	22.146.857.422	
Proyectos:				
				
08	Puesta en Valor Inmueble sito en Sánchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires.	Procuración General de la Nación	46.275.000	
				
09	Puesta en Valor Inmueble Sito en Guido Nº1577 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	10.092.500	
				
10	Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sito en Av. De Mayo Nº 760 C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	14.145.000	
				
11	Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	25.904.950	
				
12	Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.	Procuración General de la Nación	60.000.000	
				
TOTAL:			22.303.274.872	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	22.303.274.872 	
		
   Gastos en Personal 	20.902.883.789	
       Personal Permanente                                                               	20.728.647.770 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	40.462.982 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	133.773.037 	
		
   Bienes de Consumo 	92.918.663	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	2.765.663 	
       Textiles y Vestuario                                                               	2.000.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	30.000.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	2.700.000 	
       Productos Metálicos                                                               	1.000.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	54.453.000 	
		
   Servicios No Personales 	391.599.420	
       Servicios Básicos                                                               	159.776.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	146.403.420 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	14.000.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	31.400.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	16.020.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	14.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	2.000.000 	
       Otros Servicios                                                               	8.000.000 	
		
   Bienes de Uso 	915.000.000	
       Construcciones                                                               	156.417.450 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	642.769.509 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	250.000 	
       Activos Intangibles                                                               	115.563.041 	
		
   Transferencias 	873.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	873.000 	

 

 

 
 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del estado y la relacionada con el Ministerio Público, instituido como un órgano independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y bicéfalo, integrado por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.  

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, es una institución orientada a la defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Constitución Nacional y leyes que rigen su funcionamiento. Debe promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley Nº 27.149, Artículo Nº 1).  

Además, tiene entre sus principales funciones:

-	Instar todas las acciones para la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia y el aseguramiento del derecho de defensa e impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos.

-	Brindar asistencia y ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado, en los distintos fueros, de quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar los gastos del proceso, situación de vulnerabilidad o cuando estuviere ausente.

-	Ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias.

-	Intervenir judicialmente o extrajudicialmente -según el caso- en supuestos en que se encuentren comprometidos derechos o intereses de niñas, niños y adolescentes, o respecto de quienes haya recaído sentencia en un proceso referente al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias.

-	Ejercer la tutela pública para brindar protección a los derechos, intereses o bienes de niñas, niños y adolescentes cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental; cuando exista conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y su representante legal y en los demás casos previstos por la normativa legal. 

-	Actuar en el marco de procesos referentes al ejercicio de la capacidad jurídica y de implementación de sistemas de apoyos y salvaguardias, sea en función de defensa técnica, de representación, de apoyo o salvaguardia, según el caso.

-	Ejercer, en los casos que corresponda, la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo, la representación de las personas en sede administrativa cuando la naturaleza de los derechos en juego exija la actuación de un defensor público oficial e intervenir en todos los procesos disciplinarios que se realicen en los ámbitos de privación de libertad o de internación.

-	Realizar visitas y tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los asistidos o defendidos alojados en establecimientos de detención, de internación o que impliquen cualquier forma de privación de la libertad.

-	Desplegar acciones de abordaje territorial y relevamiento de demandas individuales y colectivas, si las características de la problemática o la situación de vulnerabilidad las exigieren.

-	Promover la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales, de carácter individual o colectivo.

-	Ejercer la asistencia técnica de las personas involuntariamente internadas por motivos de salud mental, de acuerdo a la normativa específica.

- 	Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en las siguientes Jurisdicciones: Salta, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Rosario

Las funciones son ejercidas por los defensores públicos y funcionarios que integran la institución, así como letrados convocados para el caso concreto.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	13.121.888.397	
				
02	Acciones de la Escuela de Servicios de Justicia	Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia	1.782.925	
Proyectos:				
				
08	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	6.312.455	
				
12	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	7.500.000	
				
13	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	18.156.000	
				
14	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	3.900.000	
				
15	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	8.948.927	
				
19	Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	4.353.830	
				
20	Construcción de inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa	Administrador General de la Defensoría General de la Nación	22.500.000	
				
TOTAL:			13.195.342.534	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	13.756.136.844 	
		
   Gastos en Personal 	12.553.885.000	
       Personal Permanente                                                               	11.872.991.908 	
       Personal Temporario                                                               	595.049.935 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	9.459.137 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	76.384.020 	
		
   Bienes de Consumo 	24.283.796	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	4.207.013 	
       Textiles y Vestuario                                                               	365.533 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	6.949.874 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	16.045 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.778.927 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	1.004.652 	
       Productos Metálicos                                                               	980.266 	
       Minerales                                                               	1.638 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	8.979.848 	
		
   Servicios No Personales 	207.968.048	
       Servicios Básicos                                                               	45.470.418 	
       Alquileres y Derechos                                                               	78.626.449 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	11.786.184 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	21.662.100 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	21.170.713 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	9.250.187 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	3.151.143 	
       Otros Servicios                                                               	16.850.854 	
		
   Bienes de Uso 	970.000.000	
       Bienes Preexistentes                                                               	424.249.804 	
       Construcciones                                                               	71.671.212 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	384.015.380 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	63.604 	
       Activos Intangibles                                                               	90.000.000 	

 
 
 LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
01	Ejercicio de la Curatela Pública Oficial 	Defensoría General de la Nación	343.421.716	
				
02	Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental 	Defensoría General de la Nación	217.372.594	
				
TOTAL			560.794.310	

 

  
  Subprograma 01 
EJERCICIO DE LA CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

A través de este subprograma se atienden las acciones vinculadas al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. 

Conforme a ello es menester ejercer la curatela de menores huérfanos o abandonados, tal como lo prescribe la Ley Nº 24.946 Orgánica del Ministerio Público - Artículo Nº 59. 

Cabe destacar que dicha norma legal, en su Artículo Nº 4, incorpora la Dirección de Curaduría Oficial, teniendo ésta como objeto la defensa, representación y asistencia de las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica con procesos incoados ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que fuere designado el Curador Oficial.

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	343.421.716 	
		
   Gastos en Personal 	341.797.000	
       Personal Permanente                                                               	298.747.285 	
       Personal Temporario                                                               	42.221.171 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	89.544 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	739.000 	
		
   Bienes de Consumo 	10.077	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	503 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.447 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	900 	
       Productos Metálicos                                                               	1.317 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	5.910 	
		
   Servicios No Personales 	1.567.432	
       Servicios Básicos                                                               	1.389.103 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	59 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	3.097 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	27.093 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	128.687 	
       Otros Servicios                                                               	19.393 	
		
   Bienes de Uso 	47.207	
       Maquinaria y Equipo                                                               	35.405 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	11.802 	

 

 

  Subprograma 02 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma encuentra su fundamento a partir del dictado de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, que fue reglamentada por Decreto Nº 603/2013 y tiende a obtener la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. En tal sentido, la Defensoría General de la Nación cuenta con una unidad específica para garantizar un abogado defensor gratuito a toda persona internada involuntariamente y que no cuente con una representación legal. Esta unidad brinda asistencia jurídica gratuita a todas las personas internadas contra su voluntad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no designen un abogado particular.   

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	217.372.594 	
		
   Gastos en Personal 	217.261.675	
       Personal Permanente                                                               	141.040.026 	
       Personal Temporario                                                               	75.859.765 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	120.884 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	241.000 	
		
   Bienes de Consumo 	54.242	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	21.600 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	296 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	3.108 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	1.720 	
       Productos Metálicos                                                               	1.720 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	25.798 	
		
   Servicios No Personales 	33.073	
       Servicios Básicos                                                               	5 	
       Alquileres y Derechos                                                               	69 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	298 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	149 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	10.941 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	21.577 	
       Otros Servicios                                                               	34 	
		
   Bienes de Uso 	23.604	
       Maquinaria y Equipo                                                               	11.802 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	11.802