JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La Constitución Nacional establece en su Título Primero correspondiente al Gobierno Federal, cuatro secciones pertinentes a los clásicos tres poderes del Estado y la relacionada con el Ministerio Público, instituido como un órgano independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y bicéfalo, integrado por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.

La misión del Ministerio Público, prevista en el Artículo 120 de la Constitución Nacional, consiste en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

El Ministerio Público Fiscal tiene como misión fundamental ejercer la acción penal pública, es decir, es el órgano requirente y, por tanto, actúa como parte acusadora en el proceso penal. Ello, sin perjuicio de funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal.

La comprensión precisa de las funciones del Ministerio Público Fiscal y de su política presupuestaria se encuentra determinada por la reformulación de su rol como acusador público, transformación operativa producida en los últimos quince años en la legislación adjetiva nacional.

Esta reformulación efectuada merced a diversas reformas legislativas, consistió en que la función de investigar los delitos que históricamente estuvo en cabeza de los jueces de instrucción o federales, fuese encomendada en mayor medida al Ministerio Público Fiscal.

Ya en ocasión de la reforma en materia procesal penal de 1992 se había adoptado la regla del Artículo 196, en virtud de la cual, el juez de instrucción puede delegar discrecionalmente la investigación a los fiscales. Subsiguientemente, mediante la Ley Nº 24.826 se estableció la regla del Artículo 353 bis, que coloca en cabeza de los fiscales la investigación en los casos de flagrancia sin prisión preventiva. Ulteriormente, la Ley Nº 25.409 introdujo el Artículo 196 bis, que trasladó a los fiscales la investigación de los delitos de autor desconocido (NN); y la Ley Nº 25.760 puso en cabeza de los fiscales la investigación de todos los secuestros extorsivos (Artículo 196 bis, 2° párrafo del Código Procesal Penal). Finalmente, la Ley Nº 26.364 incorporó la investigación del delito de trata de personas a la órbita de la justicia federal, con el consiguiente incremento de tareas y responsabilidades en los miembros del Ministerio Público Fiscal. 

Es importante señalar que, tanto la problemática de los “secuestros extorsivos” como la “trata de personas”, son dos modalidades delictivas que poseen una impronta específica en términos de dedicación, esfuerzo y coordinación de acciones concretas con otros Organismos del Estado, pues se trata de delitos en curso de ejecución. Ello significa que, en gran número de casos, la víctima se encuentra cautiva, hecho que motiva e impulsa a los fiscales y funcionarios investigadores a desplegar todas las estrategias de investigación y persecución penal posibles para lograr, junto con las fuerzas de seguridad afectadas a la función judicial, esclarecer el hecho en forma exitosa y, esencialmente, proteger la vida e integridad física y psíquica de las víctimas. 

Estas específicas acciones de investigación requieren contar con recursos específicos (movilidad propia, tanto para traslado de los investigadores como para facilitar el traslado de víctimas y testigos; medios ágiles de comunicación; recursos informáticos para recoger pruebas en el lugar del hecho; acceso expedito a las bases de datos de los organismos de la administración pública nacional o provincial para coordinar eficazmente los recursos imprescindibles para proteger a las víctimas y testigos; y, un sinnúmero de labores investigativas que hacen a la problemática en sí). Por lo demás, se trata de delitos que mayoritariamente trascienden las fronteras de la nación y, por tanto, requieren el despliegue de medidas de investigación específicas a efectos de cumplir con las recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por nuestro país.  

Concretamente, la República Argentina ha ratificado e incorporado como legislación interna la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (incorporado su texto por Ley Nº 24.072 de fecha 11 de marzo de 1992 y publicada con fecha 14 de abril de 1992); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado su texto y sus protocolos complementarios mediante Ley Nº 25.632 sancionada con fecha 1 de agosto de 2002 y promulgada con fecha 29 de agosto de 2002); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incorporado su texto mediante Ley Nº 26.097, sancionada con fecha 10 de mayo de 2006 y promulgada de hecho con fecha 6 de junio de 2006). Compromisos internacionales que, en su plexo normativo, contienen un claro compromiso de los Estados signatarios, en pos de asignar recursos específicos y suficientes para enfrentar la investigación y persecución de las conductas delictivas transnacionales.

En este marco de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, se encuentran, entre otros, la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros. En suma, todos compromisos que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos de la administración de justicia, específicamente, en el Ministerio Público Fiscal; éste, resulta el órgano encargado de llevar adelante los casos para lograr la sanción correspondiente de las conductas delictivas, siendo imprescindible para ello, adecuar la infraestructura y las competencias específicas de investigación y persecución de las actuales estructuras de recursos humanos y brindar capacitación y entrenamiento específico en estas nuevas áreas de la criminalidad a los integrantes del Ministerio Público Fiscal Nacional.

Durante el año próximo se afianzará el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal, cuya implementación comenzó a partir del mes de septiembre de 2012. Para cumplir eficientemente con las misiones asignadas a este Ministerio Público, se dispuso la creación del Plan de Transparencia Institucional, para el cual no se requiere solamente una buena tecnología sino que es necesario trabajar en distintos niveles: voluntad política, marco legal, estructura organizativa, capacidad técnica e interés social, lo que exige análisis, planificación y una debida asignación de recursos. En definitiva, este es su desafío a largo plazo.

En materia de recursos humanos resulta necesario aumentar el personal de las fiscalías a fin de atender el volumen y la complejidad de trabajo que las mismas registran actualmente; así como para completar el personal de las fiscalías que, por distintos motivos, tienen su dotación incompleta. Asimismo, las distintas Procuradurías especializadas y Unidades Fiscales deben ser reforzadas con el objeto de diseñar la política criminal y de persecución penal de este Ministerio, y promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

La creación de estas Procuradurías especializadas ha sido inspirada en el Artículo 33, inciso g) y e) de la Ley Orgánica Nº 24.946, y fueron diseñadas para asistir y colaborar con los distintos fiscales del país que deban intervenir en investigaciones o debates vinculados con hechos delictivos, dado que son ellos, los fiscales titulares, quienes deciden si requieren su asistencia y quienes dan las directivas en las investigaciones. Entre ellas se encuentran la Unidad Especializada para casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado; el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género; la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de modo de centralizar las tareas de intervención, asesoramiento de fiscales, coordinación, seguimiento de casos y elevar los índices de eficacia del sistema de administración de justicia en hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico; la Procuraduría de la Violencia Institucional (PROCUVIN), con el fin de garantizar los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, garantizados en la Constitución Nacional; la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con el objeto de profundizar y ampliar los recursos sobre los cuales diseñar una política criminal específica aprovechando la experiencia en la materia que acumula el Estado a nivel nacional, provincial y municipal; la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, en la inteligencia de jerarquizar su estructura existente dotándola de mayores recursos materiales y humanos; etc. 

Las Fiscalías que se han creado y que se encuentran pendientes de habilitación son: Fiscalía Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos; Fiscalía Federal de Goya, provincia de Corrientes; Fiscalía Federal de Ejecución Penal Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Fiscalía Federal de General Pico, provincia de la Pampa; Fiscalía Federal de Villa Mercedes, provincia de San Luis; Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Matanza, provincia de Buenos Aires; Fiscalía Federal de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy; Fiscalía Federal de Moreno, provincia de Buenos Aires; Fiscalía General ante el Tribunal Oral y Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; Fiscalía Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe; Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Matanza, provincia de Buenos Aires; Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Matanza, provincia de Buenos Aires;  Fiscalía Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia de Chubut; Fiscalía Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; Fiscalía Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta; Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero; Fiscalía General ante el Tribunal Oral Nº 7 de Capital Federal; Fiscalía General ante el Tribunal Oral Nº 8 de Capital Federal; Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Córdoba; Fiscalía General ante el Tribunal Oral de La Plata; Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Rosario; Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Salta; Fiscalía de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos; Fiscalía de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires; Fiscalía Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; Fiscalías Generales Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Resulta imprescindible establecer un nuevo modelo de gestión interna de las Fiscalías, pensada y dirigida a responder a las exigencias derivadas de la creciente delegación de investigaciones por parte del Poder Judicial de la Nación, y asumiendo el costo presupuestario que implica la realización de pericias que no pueden ser llevadas a cabo por los cuerpos periciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a recientes disposiciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. Al mismo tiempo, resulta necesario afianzar los mecanismos para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 25.409, en cuanto a las funciones que a partir de su sanción le corresponden al Ministerio Público Fiscal, es decir, aquellas referidas a la dirección de las investigaciones de autor no identificado, realizando para ello acciones concretas de georeferenciación de los hechos ilícitos (mapa del delito) y el entrecruzamiento de investigaciones con patrones comunes, a los fines de facilitar el esclarecimiento de los delitos que en una primera instancia se presentan como de dificultosa investigación.

En el marco de lo expresado precedentemente, los objetivos de política presupuestaria para el próximo ejercicio son:

-	Adquirir servidores adecuados a fin de satisfacer el aumento de servicios y funcionalidad que posee actualmente la Red Informática Nacional del Ministerio Público Fiscal a través de su portal institucional, de la Intranet y la Internet, así como de los demás aplicativos que se incorporan al Organismo, y mantener un ancho de banda de las redes conforme al tráfico de información que actualmente existe, con el objeto de brindar un uso pleno a todos los integrantes del Ministerio y efectuar los ajustes técnicos necesarios para brindar un servicio óptimo. 

-	Continuar con el mantenimiento y actualización del sistema FISCALNET, que consiste en un software de gestión de casos para uso de todas las Fiscalías del país y proseguir con la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales, así como el mantenimiento de las redes LAN y WAN del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de brindar conexión en red a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo y posibilitando la comunicación interna del Organismo mediante una intranet con contenidos de interés para toda la institución, una ágil actualización de contenidos e integración y acceso a bases de datos necesarios para el cumplimiento de la función asignada. Asimismo, se prevé el desarrollo e implementación de nuevas páginas WEB específicas del Ministerio, como es el caso de la página FISCALES, y otras que se desarrollarán en el ámbito de las nuevas Procuradurías recientemente creadas, como así también, ampliar el ancho de banda de los enlaces WAN, debido a la incorporación de nuevos servicios multimediales extendidos recientemente a todos los integrantes del MPF, y aumentar la disponibilidad de enlaces en determinadas sedes con la incorporación de líneas de backup.

-	Ampliar las potencialidades de comunicación telefónica y transmisión de datos a otros organismos vinculados con el sistema de administración de justicia, para optimizar el flujo de comunicaciones y agilizar los procesos de investigación criminal y de comunicación en general, en particular con organismos como el Poder Judicial de la Nación, la Defensoría General de la Nación y las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeroportuaria, Dirección Nacional de Migraciones, entre otras). También es preciso completar la red de VOIP en todo el ámbito del MPF, para lo cual se requiere adquirir nuevas centrales telefónicas y contratar nuevas líneas digitales ATD (líneas digitales para 30 comunicaciones telefónicas simultáneas) en determinados edificios, en los cuales se concentra un número importante de dependencias y Fiscalías. 

-	Satisfacer las necesidades edilicias de la jurisdicción (sea por adquisición, transferencia o alquiler de nuevos inmuebles) con el objeto de lograr una eficiente utilización de las áreas propias disponibles a través del mejoramiento de la infraestructura existente. La política general es avanzar hacia la adquisición definitiva de espacios que permitan realizar un único gasto en materia de adecuaciones, instalaciones eléctricas, refrigeración, mudanza e instalación y cableados informáticos certificados. Cabe señalar la importancia de contar con instalaciones afines, que permitan planificar un adecuado sistema de justicia y en particular trabajar el “acceso a la justicia”, y con espacio pertinente para los magistrados, funcionarios y empleados, para permitir efectuar las tareas de capacitación regionales, separar a los testigos y víctimas de los imputados al momento de declarar, alojar transitoriamente a las personas privadas de su libertad que tienen que concurrir a las fiscalías, y para archivar adecuadamente los legajos, la documentación e instalar en lugares seguros y acondicionados los servidores y demás hardware que implica el sostenimiento de la red informática instalada en todas las Fiscalías el país. 

-	Optimizar las actividades complementarias y auxiliares del servicio de administración de justicia, tales como: informes periciales, traducciones e intérpretes, proveyendo los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, contribuyendo, además, al mejoramiento del sistema administrativo y de gestión de los despachos fiscales. Es una realidad que los delitos de competencia federal tienden a su trasnacionalización y, por tanto, son cada vez más frecuentes los exhortos diplomáticos para requerir la producción de prueba fuera del país y, en muchos casos, en otros idiomas, con el consiguiente gasto en traducciones e intérpretes que ello demanda para poder practicar la diligencia internacional.

-	Afianzar en materia de capacitación la Escuela del Servicio de Justicia creada en forma conjunta con la Defensoría General de la Nación, con el objeto de satisfacer las necesidades que la sociedad demanda al sistema de administración de justicia como un servicio público.

-	Fortalecer el Área de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal, con la finalidad de capacitar al personal en nuevas técnicas y estrategias investigativas, tendientes a mejorar la eficiencia del Organismo y combatir delitos de moderna generación. Ello implica contratar a especialistas nacionales o internacionales de las distintas materias requeridas por los fiscales y el traslado de los mismos, para la celebración de cursos y conferencias en el interior del país.

-	Fortalecer la adquisición y provisión de material bibliográfico específico, con el objeto de facilitar la función fiscal y mantener actualizadas jurídicamente a las dependencias fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Ello comprende la compra de publicaciones varias, revistas y obras nacionales y extranjeras, así como la recopilación y clasificación de la jurisprudencia producida en las diferentes jurisdicciones del país. 

-	Continuar con el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la comunicación de todas las tareas y funciones propias de la Institución, tanto hacia el interior del Ministerio Público Fiscal de la Nación como hacia el resto de la sociedad, para lo cual se incorporarán nuevas herramientas tecnológicas a las ya adquiridas, que permitan expandir el conocimiento y su presencia en la comunidad. Esta misión cumple especial relevancia en esta Institución respecto al principio de publicidad de los actos de gobierno, inherente al sistema republicano previsto en la Constitución Nacional, por lo que su cumplimiento es una exigencia ineludible para las autoridades públicas de los organismos integrantes de los diferentes poderes del Estado Nacional. Ello, a su vez, posibilita a los ciudadanos ejercer adecuadamente su derecho de acceso a la información del Estado, con el objeto de efectuar un adecuado control sobre las autoridades públicas así como facilitar la transparencia en la gestión de gobierno.

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, como institución encargada de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas, tiene entre sus principales funciones:

-	Garantizar la defensa en juicio de toda persona involucrada como imputada en un proceso penal.

-	Brindar asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, en materia no penal, a las personas que lo soliciten y que invoquen y justifiquen pobreza. Asimismo, debe asumir la representación en juicio de quienes se encuentran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos.

-	Ejercer la asistencia y representación de las personas menores de edad e incapaces en los términos del Artículo 59 del Código Civil.

-	Ejercer la tutela pública de los menores de edad sin representación legal o de aquellos cuyos intereses se encuentran en contraposición con los de sus representantes legales. 

-	Asumir la curatela pública de los incapaces e inhabilitados, que no cuenten con recursos sociales y/o económicos para procurarse una curatela diferente de la pública. 

El Ministerio Público de la Defensa ejerce un rol activo y preponderante en materia de acceso a la justicia, en especial de las personas en condición de vulnerabilidad, debiendo diseñar y ejecutar políticas orientadas a tal fin. La institución debe, asimismo, velar por la defensa de los derechos humanos, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique su violación. Las funciones son ejercidas por los defensores públicos de diversas instancias y fueros, tutores y curadores públicos y funcionarios letrados. 

En ese marco los principales objetivos que el Ministerio Público de la Defensa se propone llevar a cabo durante 2014 son:

-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa, mediante la dotación de personal suficiente y de bienes de capital, tales como adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología informática y comunicaciones, que permitan conexiones en red con todas las defensorías, curadurías, tutorías y demás dependencias que integran la institución en todo el país.

-	Proseguir con el fortalecimiento de la formación y capacitación profesional de los integrantes de la institución en materia de: organización, estructura y funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa; derechos y garantías en materia de derechos humanos; cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública; acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; y nuevas técnicas y estrategias de defensa y de cobertura del servicio para cristalizar la igualdad en el acceso a la justicia, entre otros. En ese sentido, se prevé diseñar y ejecutar programas de capacitación para los integrantes del Organismo, de manera de brindar un servicio profesionalizado, de calidad y eficiente; e implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa.

-	Intervenir en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, en cumplimiento de todas las normas procesales que aseguren el debido ejercicio del derecho de defensa (Artículo 60, Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946).

-	Ejercer, en materia no penal, la defensa y representación en juicio de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos (Artículo 60, Ley Nº 24.946).

-	Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa en relación a los intereses de las personas menores de edad, incapaces y personas inhabilitadas, conforme las previsiones de los Artículos 51, inc. i), 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946.

-	Representar y asistir a las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica, con procesos radicados en el ámbito de la justicia de la Capital Federal, a través de las Curadurías Públicas.

-	Ejercer la tutoría pública de niñas, niños y adolescentes, en el marco de lo normado por los Artículos 58 y 59 de la Ley Nº 24.946 y conforme se lo demande el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

-	Intervenir conforme las previsiones dispuestas en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, en orden a asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquéllas que se encuentren internadas por padecimientos mentales.

-	Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión.

-	Brindar asesoramiento y asistencia en el trámite administrativo de expulsión (Artículo 64 de la Ley Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública.

-	Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales que corresponda y a las personas que lo soliciten, en los términos de lo establecido en el Artículo 51, inc. v) de la Ley Nº 24.946.

-	Ejercer la representación letrada de los progenitores que se encuentren en otro Estado Parte y carezcan de recursos económicos, en los casos de restitución internacional de menores, previstos en el Convenio de La Haya sobre Restitución Internacional de Menores y en el Convenio Interamericano sobre Restitución Internacional de Menores. 

-	Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.

-	Idear, promover y ejecutar políticas, planes y proyectos que tengan por finalidad la eficiencia y cobertura del servicio, la formulación de estrategias relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública y, en particular, con la defensa y la remoción de obstáculos para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

-	Fortalecer los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación vinculados con la asistencia de grupos especialmente vulnerables, que seguidamente se mencionan: Comisión de cárceles; Comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes; Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad; Comisión para la asistencia integral y protección al refugiado y peticionante de refugio y Programa de Asesoramiento y Representación Legal para personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiada; Comisión de seguimiento del tratamiento institucional neuropsiquiátrico; Comisión sobre temáticas de género; Comisión del migrante; Programa piloto sobre diversidad cultural; Programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de la libertad; Programa de asistencia y patrocinio jurídico; Programa para la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno; el Programa sobre temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; y el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos. 

-	Diseñar y ejecutar, en coordinación con organismos e instituciones vinculados en la materia, programas de acción destinados a la remoción de obstáculos al acceso a la justicia de los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como: adultos mayores; niños/as y adolescentes; mujeres; personas con discapacidad; migrantes; refugiados; pueblos indígenas; y población de escasos recursos económicos; entre otros.

-	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los asistidos por la defensa pública, incentivando una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de esos derechos, como es la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano). Asimismo, se prevé fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y estimular acciones tendentes a revertir criterios restrictivos en la evaluación del concepto de pobreza para acceder a la defensa pública.

-	Constituir nexos de colaboración y asistencia con entidades comprometidas con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, firmar convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos gubernamentales y no gubernamentales, y efectuar el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en dichos documentos. 

-	Promover relaciones con las instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, para fomentar la integración regional e internacional y contribuir al afianzamiento y desarrollo de la defensa pública.

-	Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas con instituciones afines, nacionales e internacionales, en orden a instar el fortalecimiento del sistema de defensa pública y procurar la remoción de obstáculos al acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, siguiendo los principios rectores que emanan de las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

-	Hacer conocer la opinión del Ministerio Público de la Defensa con respecto a la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias, que permitan una mejor y más efectiva prestación del servicio de defensa pública.

-	Diseñar y ejecutar políticas de comunicación institucional, con el objetivo de dar a conocer la misión institucional y labor del Ministerio Público de la Defensa y proyectar y acercar el servicio de defensa pública hacia los grupos más necesitados. 

-	Tramitar actuaciones y presentaciones diversas relacionadas con la protección del cumplimiento funcional del defensor público, denuncias sobre limitaciones de derechos de los asistidos o situaciones que pongan en riesgo, afecten o dificulten la normal prestación del servicio de defensa pública, informes sobre casos especialmente complejos, solicitudes de conformación de equipos de trabajo, y demás solicitudes de particulares y de organismos, sobre materias o competencias de la Defensoría General o los defensores oficiales, tutores o curadores, requerimientos de defensores ad hoc en los términos del Artículo 11 de la Ley Nº 24.946.

-	Velar por la defensa de los derechos humanos de todas las personas asistidas por la defensa pública, alojados en establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que las personas allí alojadas sean tratadas con el respeto debido a su persona.

-	Reforzar el sistema de cobertura específica del servicio de defensa pública en ámbitos relacionados con detención en sede policial.

-	Fortalecer la Unidad de detección, registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura, de otras formas de violencia institucional y condiciones inhumanas de detención, y continuar con acciones concretas, en el marco de la “Campaña Nacional contra la Tortura”, con el fin de visibilizar esta terrible práctica y de sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la tortura en nuestro país.

-	Conformar cuerpos técnicos específicos para coadyuvar con la defensa técnica de los asistidos por la defensa pública. 

-	Llevar a cabo el análisis de gestión y estadísticas de la labor desarrollada por la institución, a los fines de la optimización del servicio de la defensa pública.

-	Llevar a cabo el enlace en red del Ministerio Público de la Defensa, vinculando distintas dependencias con la Defensoría General de la Nación, mediante la instalación de un sistema con contenidos de interés para todo el Organismo, de ágil actualización en integración y con un buen acceso a base de datos necesarios para el fiel cumplimiento de las funciones de competencia del servicio público de defensa.

-	Fortalecer las acciones llevadas a cabo por el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos, con miras a instrumentalizar las pautas internacionales en materia de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, así como aquéllas que proponen la articulación de mediadas alterativas a la pena de prisión.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (JURISDICCIÓN)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	2.821.623.545 	
				
TOTAL			2.821.623.545	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	2.821.623.545	
		
Gastos en Personal 	2.655.145.949	
Personal Permanente	2.592.592.398 	
Personal Temporario	46.199.227 	
Servicios Extraordinarios	3.022.213 	
Asistencia Social al Personal	3.398.442 	
Personal contratado	9.933.669 	
		
Bienes de Consumo 	15.167.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.297.187 	
Textiles y Vestuario	1.561.699 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.904.706 	
Productos de Cuero y Caucho	11.111 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.540.289 	
Productos de Minerales No Metálicos	140.515 	
Productos Metálicos	317.073 	
Minerales	86.747 	
Otros Bienes de Consumo	7.307.673 	
		
Servicios No Personales 	102.770.258	
Servicios Básicos	16.713.583 	
Alquileres y Derechos	27.984.488 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	28.833.107 	
Servicios Técnicos y Profesionales	9.216.752 	
Servicios Comerciales y Financieros	6.102.375 	
Pasajes y Viáticos	9.096.495 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.956.231 	
Otros Servicios	2.867.227 	
		
Bienes de Uso 	48.481.338	
Maquinaria y Equipo	35.197.534 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	647.500 	
Activos Intangibles	12.636.304 	
		
Transferencias 	59.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	59.000 	

 

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	1.735.474.174 	4.728	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	1.086.149.371 	2.692	0	
	A					
TOTAL			2.821.623.545	7.420	0	

 

 
 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (Artículo 120 de la Constitución Nacional). Los fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen, en nombre de ésta, el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros (civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc.) los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les corresponde desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público. Esto es así, porque la representación y defensa de los intereses generales de la sociedad necesitan indefectiblemente una particular representación en juicio, ya que en el órgano jurisdiccional no pueden confluir, dado que su rol de juzgar requiere condiciones de independencia e imparcialidad, que se verían afectadas si aquél fuera a un mismo tiempo juez y parte.

Por ello la Constitución Nacional lo establece como un órgano independiente y autárquico, que tiene la delicada función de representar ante el juez al interés social comprometido en el proceso.

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación	1.711.149.316	
				
02	Investigación Causa Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA	Unidad de Investigación Causa AMIA	24.324.858	
				
TOTAL:			1.735.474.174	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.735.474.174 	
		
   Gastos en Personal 	1.646.678.835	
       Personal Permanente                                                               	1.636.328.097 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	951.213 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	2.480.448 	
       Personal contratado                                                               	6.919.077 	
		
   Bienes de Consumo 	6.033.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	783.658 	
       Textiles y Vestuario                                                               	222.213 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.269.087 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	846.994 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	134.188 	
       Productos Metálicos                                                               	241.538 	
       Minerales                                                               	80.513 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.454.809 	
		
   Servicios No Personales 	58.195.001	
       Servicios Básicos                                                               	11.300.910 	
       Alquileres y Derechos                                                               	16.033.718 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	15.681.774 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.194.856 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	3.253.946 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	5.805.826 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	1.102.669 	
       Otros Servicios                                                               	821.302 	
		
   Bienes de Uso 	24.516.338	
       Maquinaria y Equipo                                                               	20.814.020 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	340.000 	
       Activos Intangibles                                                               	3.362.318 	
		
   Transferencias 	51.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	51.000 	

 

 

 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe alegar que no solo procede para personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los procesos de naturaleza Civil, Comercial, Contencioso Administrativo o Laboral, etc.       
        
El Ministerio Público de la Defensa a través de su programa "Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial" tiene por finalidad hacer valer ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la representación y Defensa Oficial de los intereses de los ausentes, como actores y demandados, en procesos civiles, comerciales, contencioso administrativo y laborales. 

Ejercer la representación de los menores e incapaces, así como la curatela de menores huérfanos o abandonados, conforme lo prescribe la Ley Nº 24.946 Orgánica del Ministerio Público.

En materia Criminal o Penal, en que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, el Estado debe inexcusablemente proveer de la defensa oficial gratuita e irrenunciable a toda persona que por cualquier circunstancia no designe abogados de la matrícula, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, consagrado en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. De modo tal que, quien sufre un proceso penal, ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad substancial de la defensa en juicio.

Cabe destacar  que la Ley Nº 24.964 - Artículo 4 - último párrafo, incorpora la Dirección de Curaduría Oficial, teniendo ésta como objeto la defensa, representación y asistencia de las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica con procesos incoados ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que fuere designado el Curador Oficial.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.086.149.371 	
		
   Gastos en Personal 	1.008.467.114	
       Personal Permanente                                                               	956.264.301 	
       Personal Temporario                                                               	46.199.227 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	2.071.000 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	917.994 	
       Personal contratado                                                               	3.014.592 	
		
   Bienes de Consumo 	9.134.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	513.529 	
       Textiles y Vestuario                                                               	1.339.486 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.635.619 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	11.111 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	693.295 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	6.327 	
       Productos Metálicos                                                               	75.535 	
       Minerales                                                               	6.234 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	4.852.864 	
		
   Servicios No Personales 	44.575.257	
       Servicios Básicos                                                               	5.412.673 	
       Alquileres y Derechos                                                               	11.950.770 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	13.151.333 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	5.021.896 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.848.429 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	3.290.669 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	853.562 	
       Otros Servicios                                                               	2.045.925 	
		
   Bienes de Uso 	23.965.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	14.383.514 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	307.500 	
       Activos Intangibles                                                               	9.273.986 	
		
   Transferencias 	8.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	8.000 	

 
 
 LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
01	Ejercicio de la Curatela Pública Oficial 	Defensoría General de la Nación	34.406.046	
				
02	Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental 	Defensoría General de la Nación	12.849.392	
				
TOTAL			47.255.438	

 

  
  Subprograma 01 
EJERCICIO DE LA CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Atiende al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. 

Conforme a ello es menester ejercer la curatela de menores huérfanos o abandonados, tal como lo prescribe la Ley Nº 24.946 Orgánica del Ministerio Público - Artículo 59. Cabe destacar  que dicha norma legal, en su Artículo 4 - último párrafo, incorpora la Dirección de  Curaduría Oficial, teniendo ésta como objeto la defensa, representación y asistencia de las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica con procesos incoados ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que fuere designado el Curador Oficial.

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	34.406.046 	
		
   Gastos en Personal 	32.406.046	
       Personal Permanente                                                               	32.333.980 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	22.066 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	50.000 	
		
   Bienes de Consumo 	181.600	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	30.200 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	151.400 	
		
   Servicios No Personales 	1.012.000	
       Servicios Básicos                                                               	391.500 	
       Alquileres y Derechos                                                               	120.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	150.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	87.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	60.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	120.000 	
       Otros Servicios                                                               	83.500 	
		
   Bienes de Uso 	806.400	
       Maquinaria y Equipo                                                               	764.400 	
       Activos Intangibles                                                               	42.000 	

 

 

  Subprograma 02 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El subprograma encuentra su fundamento a partir del dictado de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, que fue reglamentada por Decreto Nº 603/2013 y tiende a obtener la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. En tal sentido, la Defensoría General de la Nación cuenta con una unidad específica para garantizar un abogado defensor gratuito a toda persona internada involuntariamente y  que no cuente con una representación legal. Esta unidad  brinda asistencia jurídica gratuita a todas las personas internadas contra su voluntad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no designen un abogado particular.   

 
 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	12.849.392 	
		
   Gastos en Personal 	12.239.392	
       Personal Permanente                                                               	12.198.359 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	11.033 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	30.000 	
		
   Bienes de Consumo 	40.000	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	40.000 	
		
   Servicios No Personales 	525.000	
       Pasajes y Viáticos                                                               	525.000 	
		
   Bienes de Uso 	45.000	
       Activos Intangibles                                                               	45.000