JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La misión del Ministerio Público, prevista en el Artículo 120 de la Constitución Nacional, consiste en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público está compuesto por dos instituciones: el Ministerio Público Fiscal, también conocido como Procuración General de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, conocido como Defensoría General de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal tiene como misión fundamental ejercer la acción penal pública, es decir, es el órgano requirente y, por tanto, actúa como parte acusadora en el proceso penal. Ello, sin perjuicio de funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativo federal y ejecución fiscal. 

La comprensión precisa de las funciones del Ministerio Público Fiscal y de su política presupuestaria se encuentra determinada por la reformulación de su rol como acusador público; transformación operativa producida en los últimos quince años en la legislación adjetiva nacional.

Esta reformulación efectuada merced a diversas reformas legislativas, consistió en que la función de investigar los delitos que históricamente estuvo en cabeza de los jueces de instrucción o federales fuese encomendada en mayor medida al Ministerio Público Fiscal.

Ya en ocasión de la reforma en materia procesal penal de 1992, se había adoptado la regla del Artículo 196, en virtud de la cual, el juez de instrucción puede delegar discrecionalmente la investigación a los fiscales. Subsiguientemente, mediante la Ley Nº 24.826 se estableció la regla del Artículo 353 bis, que coloca en cabeza de los fiscales la investigación en los casos de flagrancia sin prisión preventiva. Ulteriormente, la Ley Nº 25.409 introdujo el Artículo 196 bis, que trasladó a los fiscales la investigación de los delitos de autor desconocido (NN); y, la Ley Nº 25.760 puso en cabeza de los fiscales la investigación de todos los secuestros extorsivos (Artículo 196 bis, 2º párrafo del Código Procesal Penal). Finalmente, la Ley Nº 26.364 incorporó la investigación del delito de trata de personas a la órbita de la justicia federal, con el consiguiente incremento de tareas y responsabilidades de los miembros del Ministerio Público Fiscal. 

Es importante señalar que tanto la problemática de los “secuestros extorsivos” como la “trata de personas”, son dos modalidades delictivas que poseen una impronta específica en términos de dedicación, esfuerzo y coordinación de acciones concretas con otros organismos del Estado, pues se trata de delitos en curso de ejecución. Ello significa que, en gran número de casos, la víctima se encuentra cautiva, hecho que motiva e impulsa a los fiscales y funcionarios investigadores a desplegar todas las estrategias de investigación y persecución penal posibles para lograr, conjuntamente con las fuerzas de seguridad afectadas a la función judicial, esclarecer el hecho en forma exitosa; y, esencialmente, proteger la vida e integridad física y psíquica de las víctimas. 

Estas específicas acciones de investigación requieren contar con recursos específicos (movilidad propia: tanto para traslado de los investigadores como para facilitar el traslado de víctimas y testigos; medios ágiles de comunicación; recursos informáticos para recoger pruebas en el lugar del hecho; acceso expedito a las bases de datos de los organismos de la administración pública nacional o provincial para coordinar eficazmente los recursos imprescindibles para proteger a las víctimas y testigos; y un sinnúmero de labores investigativas que hacen a la problemática en sí). Por lo demás, se trata de delitos que mayoritariamente trascienden las fronteras de la Nación; y, por tanto, requieren el despliegue de medidas de investigación específicas a efectos de cumplir con las recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.  

Concretamente, la República Argentina ha ratificado e incorporado como legislación interna la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (incorporado su texto por Ley Nº 24.072 de fecha 11 de marzo de 1992 y publicada con fecha 14 de abril de 1992); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado su texto y sus protocolos complementarios mediante Ley Nº 25.632 sancionada con fecha 1 de agosto de 2002 y promulgada con fecha 29 de agosto de 2002); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incorporado su texto mediante Ley Nº 26.097, sancionada con fecha 10 de mayo de 2006 y promulgada de hecho con fecha 6 de junio de 2006). Compromisos internacionales que, en su plexo normativo, contienen un claro compromiso de los Estados signatarios, en pos de asignar recursos específicos y suficientes para enfrentar la investigación y persecución de las conductas delictivas transnacionales.

En este marco de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, se encuentran: la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros. En suma, todos compromisos que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos de la administración de justicia; específicamente, en el Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de llevar adelante los casos para lograr la sanción correspondiente de las conductas delictivas. Resulta imprescindible para ello, adecuar la infraestructura y las competencias específicas de investigación y persecución de las actuales estructuras de recursos humanos, así como brindar capacitación y entrenamiento específico en estas nuevas áreas de la criminalidad a los integrantes del Ministerio Público Fiscal Nacional.
 
En ese marco, los objetivos de política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el año 2013 son:

-	Establecer un nuevo modelo de gestión interna de las Fiscalías, pensada y dirigida a responder a las exigencias derivadas de la creciente delegación de investigaciones por parte del Poder Judicial de la Nación y asumiendo los costos que implica la realización de pericias que no pueden ser llevadas a cabo por los cuerpos periciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a recientes disposiciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. Asimismo, resulta necesario afianzar los mecanismos para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 25.409, en cuanto a las funciones que, a partir de su sanción, le corresponden al Ministerio Público Fiscal, es decir, aquellas referidas a la dirección de las investigaciones de autor no identificado, realizando para ello acciones concretas de georeferenciación de los hechos ilícitos (mapa del delito) y el entrecruzamiento de investigaciones con patrones comunes, a los fines de facilitar el esclarecimiento de los delitos que, en una primera instancia, se presentan como de dificultosa investigación.

-	Fortalecer el uso e incorporación de nuevas tecnologías que faciliten y simplifiquen el acceso a las actuaciones judiciales, acelerando el tratamiento de las causas y asegurando fluidez y seguridad en las comunicaciones, con el fin de potenciar la interacción entre las distintas dependencias fiscales y la transferencia de información legal y jurisprudencia a través del portal institucional www.mpf.gov.ar y la Intranet. Ello implica, entre otros tópicos, acceder a mejores herramientas tecnológicas y comunicacionales.
-	Continuar con el desarrollo, implementación y capacitación del FISCALNET, que consiste en un software de gestión de casos para uso de todas las fiscalías del país (comprensivo de más de 3.500 usuarios), bajo la coordinación y seguimiento de una comisión integrada por fiscales y personal técnico informático designado al efecto. 

-	Brindar conexión en red a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo y posibilitando la comunicación interna del organismo mediante una Intranet con contenidos de interés para toda la institución, una ágil actualización de contenidos e integración y acceso a bases de datos necesarios para el cumplimiento de la función asignada, para lo cual es preciso proseguir con la incorporación e implementación de herramientas informáticas y de comunicaciones para uso de las dependencias fiscales, así como el mantenimiento de las redes LAN y WAN del Ministerio Público Fiscal, y ampliar la dotación de personal informático para el desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas especialmente destinados al área de Administración de la Procuración General de la Nación. 

-	Ampliar las potencialidades de comunicación telefónica y transmisión de datos a otros organismos vinculados con el sistema de administración de justicia, para optimizar el flujo de comunicaciones y agilizar los procesos de investigación criminal y de comunicación en general, en particular con organismos como el Poder Judicial de la Nación, la Defensoría General de la Nación y las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeroportuaria), así como también la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras. Esto implica la necesidad de adquirir nuevas centrales telefónicas, efectuar tendidos de fibra óptica, contratar nuevos enlaces para la conexión con dichos organismos o adquirir placas de red específicas para enlazar las comunicaciones interinstitucionales, e incorporar nuevas líneas ATD (líneas digitales para 30 comunicaciones telefónicas simultáneas) en determinados edificios, en los cuales se concentra un número importante de dependencias y Fiscalías. 

-	Continuar con la reingeniería de procesos administrativos iniciada en la Procuración General de la Nación a través del Programa de Modernización del Ministerio Público Fiscal durante el año 2008, en las tareas de gestión y de administración del Ministerio Público Fiscal en materia de planificación, presupuesto, compra y contrataciones de bienes y servicios; administración de recursos humanos; desarrollo de software; soporte informático y provisión de equipamiento; logística para la atención de las áreas sustantivas del Organismo; relaciones de cooperación interinstitucional. 

-	Planificar la implementación de un nuevo sistema de información, si resulta satisfactoria la evaluación durante el transcurso del año 2013, que los sectores usuarios del SIU-Pampa realicen sobre las funcionalidades equivalentes en el SIU-Mapuche, el que beneficiará al Ministerio, debido a que la nueva aplicación aprovecha las potencialidades de su plataforma brindando una herramienta más robusta y consistente, permitiendo mayores y mejor niveles de personalización.

-	Culminar con la elaboración y aprobación de los manuales de normas y procedimientos de las áreas administración, recursos humanos e informática y comunicaciones.

-	Satisfacer las necesidades edilicias de la jurisdicción (adquisición, transferencia o alquiler de nuevos inmuebles), con el objeto de lograr una eficiente utilización de las áreas propias disponibles a través del mejoramiento de la infraestructura existente, espacio edilicio y recursos adecuados, para poder desarrollar las actividades en forma idónea. La resolución que se adopte sobre la situación edilicia incidirá en forma directa sobre la inversión en tecnología informática y comunicaciones (conexión en redes LAN y WAN de las fiscalías), que tanta influencia ejerce en aras de brindar un mejor y más moderno servicio de administración de justicia. 

-	Optimizar las actividades complementarias y auxiliares del servicio de administración de justicia (tales como: informes periciales, traducciones e intérpretes) proveyendo los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios y contribuyendo, además, al mejoramiento del sistema administrativo y de gestión de los despachos fiscales. Es una realidad que los delitos de competencia federal tienden a su transnacionalización y, por tanto, son cada vez más frecuentes los exhortos diplomáticos para requerir la producción de prueba fuera del país y, en muchos casos, en otros idiomas, con los costos que ello implica para poder practicar la diligencia internacional.

-	Fortalecer el Área de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal con la finalidad de capacitar al personal en nuevas técnicas y estrategias investigativas, tendientes a mejorar la eficiencia del Organismo y combatir delitos de moderna generación. Ello implica contratar a especialistas nacionales o internacionales de las distintas materias requeridas por los fiscales, así como otros gastos que ello demanda. Cabe destacar que, además, se han desarrollado estrategias de capacitación a distancia a través del sistema de “e-learning” conformando un WEB CAMPUS del Ministerio Público Fiscal.

-	Fortalecer la adquisición y provisión de material bibliográfico específico, con el objeto de facilitar la función fiscal y mantener actualizadas jurídicamente a las dependencias fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Ello comprende la compra de publicaciones varias, revistas y obras nacionales y extranjeras, así como la recopilación y clasificación de la jurisprudencia producida en las diferentes jurisdicciones del país. Al respecto cabe señalar que la Institución adquirió un nuevo inmueble para la instalación de su Biblioteca Central, con el objetivo de potenciar los servicios que brinda a todos los magistrados y funcionarios del Organismo. Asimismo, se planteó como objetivo para el próximo ejercicio constituirla en una biblioteca referente a nivel nacional sobre Derecho Penal Internacional, de modo tal de especializarla en una materia en la que no se han desarrollado otras bibliotecas del país y, con ello, atender a una problemática cada día más requerida y cuya oferta es escasa.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa, como institución encargada de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas, tiene entre sus principales funciones: 

-	Garantizar la defensa en juicio de toda persona involucrada como imputada en un proceso penal.

-	Brindar asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, en materia no penal, a las personas que lo soliciten y que invoquen y justifiquen pobreza. Asimismo, debe asumir la representación en juicio de quienes se encuentran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos.

-	Ejercer la asistencia y representación de los menores de edad e incapaces en los términos del Artículo 59 del Código Civil.

-	Ejercer la tutela pública de los menores de edad sin representación legal o de aquellos cuyos intereses se encuentran en contraposición con los de sus representantes legales. 

-	Asumir la curatela pública de los incapaces e inhabilitados, que no cuenten con recursos sociales y/o económicos para procurarse una curatela diferente de la pública. 

El Ministerio Público de la Defensa ejerce un rol activo y preponderante en materia de acceso a la justicia, en especial de las personas en condición de vulnerabilidad, debiendo diseñar y ejecutar políticas orientadas a tal fin, como así también, velar por la defensa de los derechos humanos, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique su violación. Las funciones son ejercidas por los defensores públicos de diversas instancias y fueros, tutores y curadores públicos.

En ese marco, los principales objetivos que se propone llevar a cabo el Ministerio Público de la Defensa durante 2013 son:

-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la dotación de personal suficiente y de bienes de capital tales como: adquisición y mejora edilicia e inversiones en tecnología informática y comunicaciones, que permitan conexiones en red con todas las defensorías, curadurías, tutorías y demás dependencias que integran la Institución en todo el país.

-	Proseguir con el fortalecimiento de la formación y capacitación profesional de los integrantes de la Institución en materia de: organización, estructura y funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa; derechos y garantías en materia de derechos humanos; cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública; acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; nuevas técnicas y estrategias de defensa y de cobertura del servicio para cristalizar la igualdad en el acceso a la justicia, entre otros. En ese marco, se prevé diseñar y ejecutar programas de capacitación para los integrantes del Organismo, de manera de brindar un servicio profesionalizado, de calidad y eficiente; implementar programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa.

-	Intervenir en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, en el cumplimiento de todas las normas procesales que aseguren el debido ejercicio del derecho de defensa (Artículo 60, Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946).

-	Recurrir en todas las decisiones jurisdiccionales que afecten los intereses de sus defendidos y representados, inclusive ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando corresponda, y patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.

-	Ejercer, en materia no penal, la defensa y representación en juicio de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos (Artículo 60 de la Ley Nº 24.946).

-	Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa en relación a los intereses de los menores de edad, incapaces y personas inhabilitadas, conforme las previsiones de los Artículos 51, inciso i), 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946.

-	Representar y asistir a las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica, con proceso radicados en el ámbito de la justicia de la Capital Federal, a través de la Curaduría Pública.
-	Ejercer la Tutoría pública de niñas, niños y adolescentes, en el marco de lo normado por los Artículos 58 y 59 de la Ley Nº 24.946 y conforme se lo demande el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

-	Intervenir conforme las previsiones dispuestas en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, en orden a asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas que se encuentren internadas por padecimientos mentales.

-	Brindar asesoramiento y representación legal a toda persona que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado en Argentina, desde el inicio mismo del expediente y hasta su conclusión.

-	Brindar asesoramiento y asistencia en el trámite administrativo de expulsión (Artículo 64 de la Ley Nº 25.871) y las vías recursivas habilitadas para tal proceso a los migrantes detenidos y no detenidos, asistidos por la defensa pública.

-	Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales que corresponda y a las personas que lo soliciten, en los términos de lo establecido en el Artículo 51, inciso V) de la Ley Nº 24.946.

-	En los casos de restitución internacional de menores previstos en el Convenio de La Haya sobre Restitución Internacional de Menores y en el Convenio Interamericano sobre Restitución Internacional de Menores, ejercer la representación letrada de los progenitores que se encuentren en otro Estado Parte y carezcan de recursos económicos.

-	Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional. 

-	Idear, promover y ejecutar políticas, planes y proyectos que tengan por finalidad la eficiencia, cobertura y formulación de estrategias relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública y, en particular, con la defensa y la remoción de obstáculos para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

-	Fortalecer los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación vinculados con la asistencia de grupos especialmente vulnerables: Comisión de cárceles; Comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes; Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad; Comisión para la asistencia integral y protección al refugiado y peticionante de refugio; Programa de asesoramiento y representación legal para personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiada, Comisión de seguimiento del tratamiento institucional neuropsiquiátrico; Comisión sobre temáticas de género; Comisión del migrante; Programa piloto sobre diversidad cultural; Programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de la libertad; Programa de asistencia y patrocinio jurídico; Programa para la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno.

-	Diseñar y ejecutar, en coordinación con organismos e instituciones vinculados en la materia, programas de acción destinados a la remoción de obstáculos al acceso a la justicia (en materia no penal) de los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como: adultos mayores; niños/as y adolescentes; mujeres; migrantes; personas con discapacidad; refugiados; pueblos originarios; población de escasos recursos económicos; entre otros.

-	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los asistidos por la defensa pública; incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano); fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y estimular acciones tendentes a revertir criterios restrictivos en la evaluación del concepto de pobreza, para acceder a la defensa pública.

-	Constituir nexos de colaboración y asistencia con entidades comprometidas con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, firmando convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos gubernamentales y no gubernamentales, y efectuando el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en dichos documentos. 

-	Promover relaciones con las instituciones nacionales e internacionales representativas del servicio de defensa pública y afines, para fomentar la integración regional e internacional y contribuir al afianzamiento y desarrollo de la defensa pública.

-	Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas con instituciones afines, nacionales e internacionales, en orden a instar el fortalecimiento del sistema de defensa pública y procurar la remoción de obstáculos al acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, siguiendo los principios rectores que emanan de las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. 

-	Hacer conocer la opinión del Ministerio Público de la Defensa con respecto a la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias, que permitan una mejor y más efectiva prestación del servicio de defensa pública.

-	Diseñar y ejecutar políticas de comunicación institucional, con el objetivo de dar a conocer la misión institucional y labor del Ministerio Público de la Defensa y proyectar y acercar el servicio de defensa pública hacia los grupos más necesitados.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
 1	2	Judicial	2.081.570.838 	
				
TOTAL			2.081.570.838	

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	2.081.570.838	
		
Gastos en Personal 	1.956.522.938	
Personal Permanente	1.871.115.938 	
Personal Temporario	65.021.770 	
Servicios Extraordinarios	1.971.000 	
Asignaciones Familiares	9.259.900 	
Asistencia Social al Personal	2.081.330 	
Personal Contratado	7.073.000 	
		
Bienes de Consumo 	10.887.400	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	474.089 	
Textiles y Vestuario	147.780 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.579.517 	
Productos de Cuero y Caucho	11.111 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	578.981 	
Productos de Minerales No Metálicos	142.367 	
Productos Metálicos	364.783 	
Minerales	13.184 	
Otros Bienes de Consumo	5.575.588 	
		
Servicios No Personales 	75.207.500	
Servicios Básicos	15.412.933 	
Alquileres y Derechos	22.563.568 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.689.745 	
Servicios Técnicos y Profesionales	8.621.157 	
Servicios Comerciales y Financieros	3.625.862 	
Pasajes y Viáticos	8.394.569 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.231.546 	
Otros Servicios	2.668.120 	
		
Bienes de Uso 	38.894.000	
Bienes Preexistentes	14.360.405 	
Maquinaria y Equipo	19.013.201 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	547.744 	
Activos Intangibles	4.972.650 	
		
Transferencias 	59.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	59.000 	

 

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	1.341.409.464 	4.331	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	740.161.374 	2.391	0	
	A					
TOTAL			2.081.570.838	6.722	0	

 

 
 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (Artículo 120 de la Constitución Nacional).

Los fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social, por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros – civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc. – los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les corresponde desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar, en el proceso, la plena observancia de las normas que interesan al orden público.

Esto es así, porque la representación y defensa de los intereses generales de la sociedad necesitan indefectiblemente una particular representación en juicio, ya que en el órgano jurisdiccional no pueden confluir, dado que su rol de juzgar requiere condiciones de independencia e imparcialidad, que se verían afectadas si aquél fuera a un mismo tiempo juez y parte.

Por ello, la Constitución Nacional lo establece como un órgano independiente y autárquico, que tiene la delicada función de representar ante el juez al interés social comprometido en el proceso.

  

 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación	1.324.900.028	
				
02	Investigación Causa Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA	Unidad de Investigación Causa AMIA	16.509.436	
				
TOTAL:			1.341.409.464	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.341.409.464 	
		
   Gastos en Personal 	1.269.938.564	
       Personal Permanente                                                               	1.235.486.564 	
       Personal Temporario                                                               	22.011.770 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	922.000 	
       Asignaciones Familiares                                                               	6.832.900 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.409.330 	
       Personal Contratado                                                               	3.276.000 	
		
   Bienes de Consumo 	6.030.400	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	257.697 	
       Textiles y Vestuario                                                               	91.233 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	2.370.547 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	356.653 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	44.108 	
       Productos Metálicos                                                               	88.216 	
       Minerales                                                               	6.950 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.814.996 	
		
   Servicios No Personales 	45.389.500	
       Servicios Básicos                                                               	9.839.150 	
       Alquileres y Derechos                                                               	15.341.053 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	6.138.278 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.159.639 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.657.544 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	6.871.280 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	771.758 	
       Otros Servicios                                                               	610.798 	
		
   Bienes de Uso 	20.000.000	
       Bienes Preexistentes                                                               	5.360.405 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	13.639.201 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	347.744 	
       Activos Intangibles                                                               	652.650 	
		
   Transferencias 	51.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	51.000 	

 

 

 
 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado, que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como también la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe alegar que no solo procede para personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los procesos de naturaleza Civil, Comercial, Contencioso Administrativo o Laboral, etc.
           
Asimismo, el programa tiene por finalidad hacer valer ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la representación y Defensa Oficial de los intereses de los ausentes como actores y demandados, en procesos civiles, comerciales, contencioso administrativo y laborales. 

En materia Criminal o Penal, en que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, el Estado debe inexcusablemente proveer de la defensa oficial gratuita e irrenunciable a toda persona que, por cualquier circunstancia, no designe abogados de la matrícula, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, consagrado en él Articulo 18 de la Constitución Nacional. De modo tal que, quien sufre un proceso penal, ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad  substancial de la defensa en juicio.
           
Por otra parte, es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria, o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos ejerce su representación, el Asesor de Menores e Incapaces, conjuntamente con los representantes necesarios.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	740.161.374 	
		
   Gastos en Personal 	686.584.374	
       Personal Permanente                                                               	635.629.374 	
       Personal Temporario                                                               	43.010.000 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	1.049.000 	
       Asignaciones Familiares                                                               	2.427.000 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	672.000 	
       Personal Contratado                                                               	3.797.000 	
		
   Bienes de Consumo 	4.857.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	216.392 	
       Textiles y Vestuario                                                               	56.547 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.208.970 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	11.111 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	222.328 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	98.259 	
       Productos Metálicos                                                               	276.567 	
       Minerales                                                               	6.234 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.760.592 	
		
   Servicios No Personales 	29.818.000	
       Servicios Básicos                                                               	5.573.783 	
       Alquileres y Derechos                                                               	7.222.515 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	6.551.467 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.461.518 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.968.318 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.523.289 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	459.788 	
       Otros Servicios                                                               	2.057.322 	
		
   Bienes de Uso 	18.894.000	
       Bienes Preexistentes                                                               	9.000.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	5.374.000 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	200.000 	
       Activos Intangibles                                                               	4.320.000 	
		
   Transferencias 	8.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	8.000