JURISDICCIÓN 10

MINISTERIO PÚBLICO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La misión del Ministerio Público, prevista en el Artículo 120 de la Constitución Nacional, consiste en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público está compuesto por dos instituciones: el Ministerio Público Fiscal, también conocido como Procuración General de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, conocido como Defensoría General de la Nación.
           
El Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene como misión fundamental ejercer la acción penal pública, es decir, es el órgano requirente y, por tanto, actúa como parte acusadora en el proceso penal. Ello, sin perjuicio de las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativa federal y de ejecución fiscal.
           
La comprensión precisa de las funciones del Ministerio Público Fiscal y de su política presupuestaria se encuentra determinada por la reformulación de su rol como acusador público, transformación operativa producida en los últimos quince años en la legislación adjetiva nacional.
           
Esta reformulación efectuada merced a diversas reformas legislativas, consistió en que la función de investigar los delitos que históricamente estuvo en cabeza de los jueces de instrucción o federales fuese encomendada en mayor medida al Ministerio Público Fiscal.
           
Ya en ocasión de la reforma en materia procesal-penal de 1992 se había adoptado la regla del artículo 196 en virtud de la cual el juez de instrucción puede delegar discrecionalmente la investigación a los fiscales. Subsiguientemente, mediante la Ley Nº 24.826 se estableció la regla del Artículo 353 bis, que coloca en cabeza de los fiscales la investigación en los casos de flagrancia sin prisión preventiva. Ulteriormente, la Ley Nº 25.409 introdujo el Artículo 196 bis, que trasladó a los fiscales la investigación de los delitos de autor desconocido (NN); y la Ley Nº 25.760 puso en cabeza de los fiscales la investigación de todos los secuestros extorsivos (Artículo 196 bis, 2º párrafo del Código Procesal Penal). Finalmente, la Ley Nº 26.364 incorporó la investigación del delito de trata de personas a la órbita de la justicia federal, con el consiguiente incremento de tareas y responsabilidades de los miembros del Ministerio Público Fiscal. 
           
Es importante señalar que, tanto la problemática de los “secuestros extorsivos” como la “trata de personas”, son dos modalidades delictivas que poseen una impronta específica en términos de dedicación, esfuerzo y coordinación de acciones concretas con otros organismos del Estado, pues se trata de delitos en curso de ejecución. Ello significa que, en gran número de casos, la víctima se encuentra cautiva, hecho que motiva e impulsa a los fiscales y funcionarios investigadores a desplegar todas las estrategias de investigación y persecución penal posibles para lograr, juntamente con las fuerzas de seguridad afectadas a la función judicial, esclarecer el hecho en forma exitosa; y, esencialmente, proteger la vida e integridad física y psíquica de las víctimas. 
           
Estas acciones específicas de investigación demandan, a su vez, contar con recursos específicos como movilidad propia tanto para traslado de los investigadores como para facilitar el traslado de víctimas y testigos; medios ágiles de comunicación; recursos informáticos para recoger pruebas en el lugar del hecho; acceso expedito a las bases de datos de los organismos de la administración pública nacional o provincial para coordinar eficazmente los recursos imprescindibles para proteger a las víctimas y testigos; y un sinnúmero de labores investigativas que hacen a la problemática en sí. Por lo demás, se trata de delitos que mayoritariamente trascienden las fronteras de la Nación y, por tanto, requieren el despliegue de medidas de investigación específicas a efectos de cumplir con las recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.  
           
Concretamente, la República Argentina ha ratificado e incorporado como legislación interna la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (incorporado su texto por la Ley Nº 24.072 de 1992); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado su texto y sus protocolos complementarios mediante Ley Nº 25.632 de 2002); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incorporado su texto mediante Ley Nº 26.097 de 2006). Estos compromisos internacionales que, en su plexo normativo contienen un claro compromiso de los Estados signatarios de enfrentar la investigación y persecución de las conductas delictivas transnacionales.
           
En este marco de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, se encuentran, entre otros, la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros. En suma, se trata de compromisos que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos de la administración de justicia, específicamente del Ministerio Público Fiscal, como órgano encargado de llevar adelante los casos para lograr la sanción correspondiente de las conductas delictivas. En este sentido, ha resultado imprescindible adecuar la infraestructura y las competencias específicas de investigación y persecución de las estructuras de recursos humanos así como brindar capacitación y entrenamiento específico en estas nuevas áreas de la criminalidad a los integrantes del Ministerio Público Fiscal Nacional.
            
La exposición de esta situación constituye el marco que explica la política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal y sus necesidades en materia de infraestructura de funcionamiento así como del conjunto de herramientas necesarias para una investigación eficiente de los delitos y para realizar el adecuado control de legalidad en un gran número de casos en materia no penal pero que resultan tan importantes como ellos y cuantitativamente significativos, tales como los juicios en materia previsional, contencioso-administrativa federal, electoral, laboral, civil y comercial, y de ejecución fiscal. 
           
En este marco, los objetivos de política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el año 2012 son:
           
- 	Desenvolver una política de recursos humanos que atienda los problemas de personal de las fiscalías cuya planta ha devenido insuficiente en relación al volumen y la complejidad de trabajo que registran actualmente. En este marco también se prevé fortalecer la planta del personal afectado a tareas de apoyo interno a la gestión institucional. 

- 	Avanzar en la habilitación de fiscalías que se han creado proveyendo a las necesidades en materia de personal, infraestructura, mobiliario, informática y comunicaciones. Entre las mismas cabe mencionar: la Fiscalía Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos; la Fiscalía Federal ante Tribunal Oral de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; la Fiscalía Federal de Oberá, provincia de Misiones; la Fiscalía Federal de Goya, provincia de Corrientes; la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz; la Fiscalía Federal de Ejecución Penal Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Fiscalía Federal de General Pico, provincia de La Pampa; la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, provincia de San Luis; la Fiscalía Federal en lo Contencioso Administrativo de La Matanza, provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal Nº 2 de Corrientes, provincia de Corrientes; la Fiscalía Federal de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy; la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Azul (asiento Tandil), provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal de Moreno, provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; la Fiscalía Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe; la Fiscalía Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires.

- 	Establecer un nuevo modelo de gestión interna de las fiscalías pensado y dirigido a responder a las exigencias derivadas de la creciente delegación de investigaciones por parte del Poder Judicial de la Nación y asumiendo la realización de pericias que no pueden ser llevadas a cabo por los cuerpos periciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a recientes disposiciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

- 	Facilitar el esclarecimiento de los delitos que en una primera instancia se presentan como de dificultosa investigación, afianzando los mecanismos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 25.409 en cuanto a las funciones que le corresponden al Ministerio Público Fiscal, es decir, aquellas referidas a la dirección de las investigaciones de autor no identificado, realizando para ello acciones concretas de georreferenciación de los hechos ilícitos (mapa del delito) y el entrecruzamiento de investigaciones con patrones comunes.

- 	Facilitar y simplificar el acceso a las actuaciones judiciales acelerando el tratamiento de las causas y asegurando fluidez y seguridad en las comunicaciones, con el fin de potenciar la interacción entre las distintas dependencias fiscales y la transferencia de información legal y jurisprudencia a través del portal institucional www.mpf.gov.ar y la Intranet. Para ello se prevé fortalecer el uso e incorporar nuevas tecnologías así como una renovación del parque de computadoras del organismo en orden a los requerimientos mínimos del uso de herramientas informáticas en red y de Internet.

- 	Aumentar los servicios y la funcionalidad que posee actualmente la Red Informática Nacional del MPF a través de su portal institucional, de la Intranet y la Internet así como de los demás aplicativos que se incorporan al organismo, con el objeto de brindar un uso pleno a todos los integrantes del Organismo y un servicio óptimo a los destinatarios de la actividad institucional. 

- 	Continuar con el desarrollo, implementación y capacitación del FISCALNET, un software de gestión de casos para uso de todas las fiscalías del país (comprensivo de más de 3.500 usuarios), bajo la coordinación y seguimiento de una comisión integrada por fiscales y personal técnico informático designado al efecto. Asimismo, se prevé brindar conexión en red a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo y posibilitando la comunicación interna mediante una Intranet con contenidos de interés para toda la institución, una ágil actualización de contenidos e integración y acceso a bases de datos necesarios para el cumplimiento de la función asignada. 

- 	Optimizar el flujo de comunicaciones y agilizar los procesos de investigación criminal y de comunicación en general con otros Organismos vinculados con el sistema de administración de justicia, en particular con organismos como el Poder Judicial de la Nación, la Defensoría General de la Nación y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de seguridad Aeroportuaria) y la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras. 

- 	Elevar la eficacia y la eficiencia del accionar institucional continuando con la reingeniería de procesos administrativos iniciada en la Procuración General de la Nación a través del Programa de Modernización del Ministerio Público Fiscal durante el año 2008. En este marco, se prevén adecuaciones de los sistemas de gestión internos, programas especiales de capacitación para el personal profesional que revista en las áreas de gestión y de administración y la finalización y aprobación de los manuales de normas y procedimientos de las áreas administración, recursos humanos e informáticos y comunicaciones, que permitan entre otros factores, facilitar la comunicación con las Fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país.

- 	Realizar las evaluaciones correspondientes de los desarrollos efectuados en el SIU-MAPUCHE que tengan relación con las funcionalidades requeridas por este Ministerio, para que con posterioridad se pueda programar su implementación.

- 	Culminar con la elaboración y aprobación de los manuales de normas y procedimientos de las áreas administración, recursos humanos e informática y comunicaciones.

- 	Planificar un adecuado sistema de justicia y en particular trabajar el “acceso a la justicia”, procurando instalaciones afines a la función, con espacio pertinente para los magistrados, funcionarios y empleados, así como para efectuar las tareas de capacitación regionales, separar a los testigos y víctimas de los imputados al momento de declarar, alojar transitoriamente a las personas privadas de su libertad que tienen que concurrir a las fiscalías, archivar adecuadamente los legajos y la documentación y garantizar la seguridad y acondicionamiento de la red informática instalada en todas las fiscalías el país. 

- 	Desenvolver una política destinada a atender la realidad de los delitos de competencia federal que tienden a su trasnacionalización, haciendo cada vez más frecuentes los exhortos diplomáticos para requerir la producción de prueba fuera del país y, en muchos casos, en otros idiomas. En este sentido, se prevé optimizar las actividades complementarias y auxiliares del servicio de administración de justicia (tales como informes periciales, traducciones e intérpretes), proveyendo los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios y contribuyendo además al mejoramiento del sistema administrativo y de gestión de los despachos fiscales. 

- 	Mejorar la eficiencia del Organismo y combatir delitos de moderna generación a partir del fortalecimiento del Área de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal, capacitando en nuevas técnicas y estrategias investigativas. Ello implicará contratar a especialistas nacionales o internacionales en las distintas materias requeridas por los fiscales, así como la celebración de cursos y conferencias en el interior del país. Cabe destacar que, además, se han desarrollado estrategias de capacitación a distancia a través del sistema de “e-learning” conformando un “Web Campus” del MPF, línea sobre la cual se prevé seguir avanzando.

- 	Facilitar la función fiscal y mantener actualizadas jurídicamente a las dependencias fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país, fortaleciendo la adquisición y provisión de material bibliográfico especifico. Ello comprende la compra de publicaciones varias, revistas y obras nacionales y extranjeras, así como la recopilación y clasificación de la jurisprudencia producida en las diferentes jurisdicciones del país. Al respecto cabe señalar que la Institución adquirió un nuevo inmueble para la instalación de su Biblioteca Central con el objetivo de potenciar los servicios que brinda a todos los magistrados y funcionarios del organismo. Asimismo, se planteó como objetivo para el próximo ejercicio, constituirla en una biblioteca referente a nivel nacional sobre Derecho Penal Internacional de modo tal de especializarla en una materia en la que no se han desarrollado otras bibliotecas del país y con ello, atender a una problemática cada días más requerida y cuya oferta es escasa. 

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa o Defensoría General de la Nación, es la institución encargada de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas. En este marco sus principales funciones consisten en garantizar la defensa en juicio de toda persona involucrada como imputada en un proceso penal, brindando asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, en materia no penal, a las personas que así lo soliciten y que justifiquen situación de pobreza. Asimismo debe asumir la representación en juicio de quienes se encuentran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos; así como la representación de los menores de edad e incapaces en los términos del (Artículo 59 del Código Civil); la tutela pública de los menores de edad sin representación legal o de aquellos cuyos intereses se encuentran en contraposición con los de sus representantes legales y asumir la curatela pública de los incapaces e inhabilitados, que no cuenten con recursos sociales y/o económicos para procurarse una curatela diferente de la pública. Estas funciones son ejercidas por los defensores públicos de diversas instancias y fueros, tutores y curadores públicos. 

Es decir, el Ministerio Público de la Defensa ejerce un rol activo y preponderante en materia de acceso a la justicia, en especial de las personas en condición de vulnerabilidad, debiendo diseñar y ejecutar políticas orientadas a tal fin.
           
La institución debe, asimismo, velar por la defensa de los derechos humanos, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique su violación. 
           
Los principales objetivos que se prevé llevar a cabo durante el año 2012 son:
           
- 	Implementar conexiones en red con todas las defensorías, curadurías, tutorías y demás dependencias que integran la institución en todo el país, a cuyo fin es preciso el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa a través de la dotación suficiente de personal, bienes de capital e inversiones en tecnología informática y comunicaciones.

- 	Brindar un servicio profesionalizado, de calidad y eficiente, fortaleciendo la formación y capacitación profesional de los integrantes de la institución en materia de organización, estructura y funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa; derechos y garantías en materia de derechos humanos; cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública; acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; nuevas técnicas y estrategias de defensa y de cobertura del servicio para cristalizar la igualdad en el acceso a la justicia, entre otros. En tal sentido se prevé diseñar y ejecutar programas de capacitación para los integrantes del organismo, implementado programas de becas e investigaciones de interés, que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa.

- 	Intervenir en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, en cumplimiento de las normas procesales que aseguren el debido ejercicio del derecho de defensa (Artículo 60 de la Ley Nº 24946 Orgánica del Ministerio Público).

- 	Recurrir cuando corresponda ante todas las decisiones jurisdiccionales que afecten los intereses de sus defendidos y representados, inclusive ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.

- 	Ejercer la defensa y representación en juicio, en materia no penal, de quienes invoquen y justifiquen situación de pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos (Artículo 60 de la Ley Nº 24.946).

- 	Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa ante los menores de edad, incapaces y personas inhabilitadas, conforme las previsiones de los Artículos 51, 54, 56 y 57 de la Ley Nº 24.946.

- 	Representar y asistir, a través de la Curaduría Pública, a las personas pasibles de juicios de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica, con procesos radicados en el ámbito de la justicia de la Capital Federal.

- 	Ejercer la Tutoría pública de niñas, niños y adolescentes, en el marco de lo normado por los Artículos 58 y 59 de la Ley Nº 24.946 y conforme se lo demande el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

- 	Idear, promover y ejecutar políticas, planes y proyectos que tengan por finalidad la eficiencia y cobertura del servicio, la formulación de estrategias relacionadas con la prestación del servicio de defensa pública y, en particular, con la defensa y la remoción de obstáculos para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

- 	Fortalecer los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación vinculados con la asistencia de grupos especialmente vulnerables: Comisión de cárceles; Comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes; Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad; Programa para la asistencia integral y protección al refugiado y peticionante de refugio; Comisión de seguimiento del tratamiento institucional neuropsiquiátrico; Comisión sobre temáticas de género; Comisión del migrante; Programa piloto sobre diversidad cultural; Programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de la libertad; Programa de asistencia y patrocinio jurídico; Programa para la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno.

- 	Diseñar y ejecutar, en coordinación con organismos e instituciones vinculados a la materia, programas de acción destinados a la remoción de obstáculos al acceso a la justicia (en materia no penal) de los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como: ancianos/as; niños/as y adolescentes; mujeres; migrantes; personas con capacidades diferentes; refugiados; pueblos originarios; población de escasos recursos económicos; entre otros.

- 	Constituir nexos de colaboración y asistencia con entidades comprometidas con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, firmando convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos gubernamentales y no gubernamentales y efectuar el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en dichos documentos. 

- 	Fomentar la integración regional e internacional y contribuir al afianzamiento y desarrollo de la defensa pública promoviendo las relaciones con las organizaciones representativas del servicio de defensa pública.

- 	Hacer conocer la opinión del Ministerio Público de la Defensa con respecto a la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias, que permitan una mejor y más efectiva prestación del servicio de defensa pública.

- 	Diseñar y ejecutar políticas de comunicación institucional con el objetivo de dar a conocer la misión institucional y labor del Ministerio Público de la Defensa y proyectar y acercar el servicio de defensa pública hacia los grupos más vulnerables.
 
- 	Tramitar actuaciones y presentaciones de diversa índole relacionadas con la protección del cumplimiento funcional del defensor público, denuncias sobre la limitación de los derechos de los asistidos o situaciones que pongan en riesgo, afecten o dificulten la normal prestación del servicio de defensa pública, informes sobre casos especialmente complejos, solicitudes de conformación de equipos de trabajo, y demás solicitudes de particulares y de organismos, sobre materias o competencias de la Defensoría General o los defensores oficiales, tutores o curadores, así como requerimientos de defensores “ad hoc” en los términos del Artículo 11 de la Ley Nº 24.946.

- 	Realizar todas las acciones conducentes a la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.

- 	Promover acciones orientadas a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los asistidos por la defensa pública. Incentivar una mayor intervención de los defensores públicos en aquellas materias relacionadas con la efectiva vigencia de tales derechos, tales como la problemática relativa a desalojos forzosos y al acceso a la vivienda digna y a la tierra (ámbito urbano y no urbano). Estimular acciones tendientes a revertir criterios restrictivos en la evaluación del concepto de pobreza para acceder a la defensa pública.

- 	Verificar las condiciones de detención de los internos asistidos por la defensa oficial que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios y centros de detención de todo el país así como propiciar y promover canales de comunicación interinstitucional especialmente entre las diferentes defensorías públicas, unidades carcelarias y los diferentes operadores judiciales para la solución de los problemas derivados del incumplimiento de la obligación estatal de asegurar condiciones de encierro respetuosas de la dignidad humana.

- 	Fortalecer el sistema de cobertura específica del servicio de defensa pública en ámbitos relacionados con detención en sede policial.

- 	Fortalecer la Unidad de detección, registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura, otras formas de violencia institucional y condiciones inhumanas de detención.

- 	Conformar cuerpos técnicos específicos para coadyuvar con la defensa técnica de los asistidos por la defensa pública. 
- 	Ejercer la representación letrada de los progenitores que se encuentren en otro Estado Parte y carezcan de recursos económicos en los casos de restitución internacional de menores previstos en el Convenio de La Haya sobre Restitución Internacional de Menores y en el Convenio Interamericano sobre Restitución Internacional de Menores. 

- 	Intervenir, conforme las previsiones dispuestas en la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, en orden a asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas que se encuentren internadas por padecimientos mentales.

- 	Optimizar el servicio de la defensa pública, para lo cual se prevé llevar a cabo el análisis de gestión y estadísticas de la labor desarrollada por la institución.

- 	Llevar a cabo el enlace en red del Ministerio Público de la Defensa, vinculando distintas dependencias con la Defensoría General de la Nación mediante la instalación de un sistema con contenidos de interés para todo el Organismo, de ágil actualización en integración y el acceso a la base de datos necesario para el cabal cumplimiento de las funciones de competencia del servicio público de defensa.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	1.674.927.925 	
				
TOTAL			1.674.927.925	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	1.674.927.925	
		
Gastos en Personal 	1.525.620.214	
Personal Permanente	1.469.105.641 	
Personal Temporario	34.079.028 	
Servicios Extraordinarios	1.824.000 	
Asignaciones Familiares	11.016.742 	
Asistencia Social al Personal	1.299.260 	
Personal contratado	8.295.543 	
		
Bienes de Consumo 	10.895.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.008.957 	
Textiles y Vestuario	198.670 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.431.544 	
Productos de Cuero y Caucho	25.772 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.013.459 	
Productos de Minerales No Metálicos	79.528 	
Productos Metálicos	220.708 	
Minerales	24.472 	
Otros Bienes de Consumo	4.891.890 	
		
Servicios No Personales 	74.876.600	
Servicios Básicos	18.749.911 	
Alquileres y Derechos	21.109.945 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.791.156 	
Servicios Técnicos y Profesionales	9.952.061 	
Servicios Comerciales y Financieros	4.399.101 	
Pasajes y Viáticos	5.346.703 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.408.833 	
Otros Servicios	2.118.890 	
		
Bienes de Uso 	63.486.111	
Bienes Preexistentes	35.425.018 	
Maquinaria y Equipo	22.509.646 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	619.134 	
Activos Intangibles	4.932.313 	
		
Transferencias 	50.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	50.000 	

  
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación 	1.085.590.297 	4.204	0	
	A					
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación 	589.337.628 	2.246	0	
	A					
TOTAL			1.674.927.925	6.450	0	

 PROGRAMA 16
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

           El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la prosecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.
           
           Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia. Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (Artículo 120 de la Constitución Nacional).
           
           Los Fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la reparación de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas. Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros – civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc. – los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.
           
           Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les corresponde desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público.
           
           Esto es así, porque la representación y defensa de los intereses generales de la sociedad necesitan indefectiblemente una particular representación en juicio, ya que en el órgano jurisdiccional no pueden confluir, dado que su rol de juzgar requiere condiciones de independencia e imparcialidad, que se verían afectadas si aquél fuera a un mismo tiempo juez y parte. Por ello la Constitución Nacional lo establece como un órgano independiente y autárquico, que tiene la delicada función de representar ante el juez al interés social comprometido en el proceso.

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación	1.070.316.159	
				
02	Investigación Causa Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA	Unidad de Investigación Causa AMIA	15.274.138	
				
TOTAL:			1.085.590.297	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	1.085.590.297 	
		
   Gastos en Personal 	987.045.186	
       Personal Permanente                                                               	961.272.641 	
       Personal Temporario                                                               	10.787.028 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	884.000 	
       Asignaciones Familiares                                                               	7.016.742 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	855.260 	
       Personal contratado                                                               	6.229.515 	
		
   Bienes de Consumo 	6.028.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	297.789 	
       Textiles y Vestuario                                                               	161.677 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	2.456.262 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	366.722 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	50.759 	
       Productos Metálicos                                                               	101.519 	
       Minerales                                                               	6.768 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.586.504 	
		
   Servicios No Personales 	45.385.000	
       Servicios Básicos                                                               	13.404.998 	
       Alquileres y Derechos                                                               	14.173.009 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	5.428.496 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.961.571 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.852.302 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	3.832.605 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	958.424 	
       Otros Servicios                                                               	773.595 	
		
   Bienes de Uso 	47.090.111	
       Bienes Preexistentes                                                               	25.947.018 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	19.059.973 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	173.120 	
       Activos Intangibles                                                               	1.910.000 	
		
   Transferencias 	42.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	42.000 	

 
 
 PROGRAMA 17
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

           El programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe alegar que no solo procede para personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los procesos de naturaleza Civil,  Comercial, Contencioso Administrativo o Laboral, etc.           
           
           Asimismo, el programa tiene por finalidad hacer valer ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la representación y Defensa Oficial de los intereses de los ausentes como actores y demandados, en procesos civiles, comerciales, contencioso administrativo y laborales 
           
           En materia Criminal o Penal, en que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, el Estado debe inexcusablemente proveer de la defensa oficial gratuita e irrenunciable a toda persona, que por cualquier circunstancia, no designe abogados de la matrícula, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, consagrado en él Articulo 18 de la Constitución Nacional. De modo tal que, quien sufre un proceso penal, ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad  substancial de la defensa en juicio.
           
           Por otra parte, es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria, o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos ejerce su representación, el Asesor de Menores e Incapaces, conjuntamente con los representantes necesarios.

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
 Actividades:				
				
01	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	589.337.628	
				
TOTAL:			589.337.628	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	589.337.628 	
		
   Gastos en Personal 	538.575.028	
       Personal Permanente                                                               	507.833.000 	
       Personal Temporario                                                               	23.292.000 	
       Servicios Extraordinarios                                                               	940.000 	
       Asignaciones Familiares                                                               	4.000.000 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	444.000 	
       Personal contratado                                                               	2.066.028 	
		
   Bienes de Consumo 	4.867.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	711.168 	
       Textiles y Vestuario                                                               	36.993 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	975.282 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	25.772 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	646.737 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	28.769 	
       Productos Metálicos                                                               	119.189 	
       Minerales                                                               	17.704 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.305.386 	
		
   Servicios No Personales 	29.491.600	
       Servicios Básicos                                                               	5.344.913 	
       Alquileres y Derechos                                                               	6.936.936 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	6.362.660 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.990.490 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.546.799 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	1.514.098 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	450.409 	
       Otros Servicios                                                               	1.345.295 	
		
   Bienes de Uso 	16.396.000	
       Bienes Preexistentes                                                               	9.478.000 	
       Maquinaria y Equipo                                                               	3.449.673 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	446.014 	
       Activos Intangibles                                                               	3.022.313 	
		
   Transferencias 	8.000	
      Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	8.000