JURISDICCIÓN 10 

MINISTERIO PÚBLICO
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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

La misión del Ministerio Público –prevista en el Artículo 120 de la Constitución Nacional– consiste en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público está compuesto por dos instituciones: el Ministerio Público Fiscal, también conocido como Procuración General de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, conocido como Defensoría General de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal tiene como misión fundamental ejercer la acción penal pública, es decir, es el órgano requirente y, por tanto, actúa como parte acusadora en el proceso penal. Ello, sin perjuicio de las funciones de control de legalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral, electoral, previsional, contencioso-administrativa federal y de ejecución fiscal.

La comprensión precisa de las funciones del Ministerio Público Fiscal y de su política presupuestaria se encuentra determinada por la reformulación de su rol como acusador público, transformación operativa producida en los últimos quince años en la legislación adjetiva nacional.

Esta reformulación, efectuada merced a diversas reformas legislativas, consistió en que la función de investigar los delitos que históricamente estuvo en cabeza de los jueces de instrucción o federales fuese encomendada progresivamente en mayor medida al Ministerio Público Fiscal.

Ya en ocasión de la reforma en materia procesal-penal de 1992 se había adoptado la regla del Artículo 196 en virtud de la cual el juez de instrucción puede delegar discrecionalmente la investigación a los fiscales. Subsiguientemente, mediante la Ley N 24.826 se estableció la regla del Artículo 353 bis, que coloca en cabeza de los fiscales la investigación en los casos de flagrancia sin prisión preventiva. Ulteriormente, la Ley N 25.409 introdujo el Artículo 196 bis, que trasladó a los fiscales la investigación de los delitos de autor desconocido (NN); y, la Ley N 25.760 puso en cabeza de los fiscales la investigación de todos los secuestros extorsivos (Artículo 196 bis, 2do. párrafo del Código Procesal Penal). Finalmente, la Ley N 26.364 incorporó la investigación del delito de trata de personas a la órbita de la justicia federal, con el consiguiente incremento de tareas y responsabilidades de los miembros del Ministerio Público Fiscal.

Es importante señalar que, tanto la problemática de los “secuestros extorsivos” como la “trata de personas”, son dos modalidades delictivas que poseen una impronta específica en términos de dedicación, esfuerzo y coordinación de acciones concretas con otros Organismos del Estado, pues se trata de delitos en curso de ejecución. Ello significa que en un gran número de casos la víctima se encuentra cautiva, hecho que motiva e impulsa a los fiscales y funcionarios investigadores a desplegar todas las estrategias de investigación y persecución penal posibles para lograr, conjuntamente con las fuerzas de seguridad afectadas a la función judicial, esclarecer el hecho en forma exitosa y, esencialmente, proteger la vida e integridad física y psíquica de las víctimas.

Estas acciones específicas de investigación demandan a su vez recursos específicos (como movilidad propia tanto para traslado de los investigadores como para facilitar el traslado de víctimas y testigos; medios ágiles de comunicación; recursos informáticos para recoger pruebas en el lugar del hecho; acceso expedito a las bases de datos de los Organismos de la Administración Pública Nacional o Provincial para coordinar eficazmente los recursos imprescindibles para proteger a las víctimas y testigos; y un sinnúmero de labores investigativas que hacen a la problemática en sí). Por lo demás, se trata de delitos que mayoritariamente trascienden las fronteras de la Nación y, por lo tanto,  requieren el despliegue de medidas de investigación específicas a efectos de cumplir con las recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

Concretamente, la República Argentina ha ratificado e incorporado como legislación interna la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (incorporado su texto por la Ley N 24.072 de 1992); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado su texto y sus protocolos complementarios mediante Ley N 25.632 de 2002); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incorporado su texto mediante la Ley N 26.097 de 2006). Estos compromisos internacionales contienen en su plexo normativo un claro compromiso de los Estados signatarios de enfrentar la investigación y persecución de las conductas delictivas transnacionales.

En este marco de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, se encuentran la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución infantil, la violencia de género, los ciberdelitos, el contrabando, los delitos ambientales, entre otros. En suma, se trata de compromisos que generan responsabilidades directas que recaen sobre los órganos de prevención y, en particular, sobre los órganos de la administración de justicia, y específicamente del Ministerio Público Fiscal, como órgano encargado de llevar adelante los casos para lograr la sanción correspondiente de las conductas delictivas. En este sentido, ha resultado imprescindible adecuar la infraestructura y las competencias específicas de investigación y persecución de las estructuras de recursos humanos, así como brindar capacitación y entrenamiento específico en estas nuevas áreas de la criminalidad a los integrantes del Ministerio Público Fiscal Nacional.

La exposición de esta situación constituye el marco que explica la política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal y sus necesidades en materia de infraestructura de funcionamiento, así como del conjunto de herramientas necesarias para una investigación eficiente de los delitos y para realizar el adecuado control de legalidad en un gran número de casos en materia no penal, pero que resultan tan importantes como ellos y cuantitativamente significativos, tales como los juicios en materia provisional, contencioso-administrativa federal, electoral, laboral, civil y comercial, y de ejecución fiscal.

En este marco, los objetivos de política presupuestaria del Ministerio Público Fiscal para el año 2011 son:

-	Desenvolver una política de recursos humanos que atienda a los problemas de personal de las fiscalías cuya planta ha devenido insuficiente en relación al volumen y la complejidad de trabajo que registran actualmente. En este marco, también se prevé fortalecer la planta del personal afectado a tareas de apoyo interno a la gestión institucional.

-	Avanzar en la habilitación de fiscalías que se han creado proveyendo a las necesidades en materia de personal, infraestructura, mobiliario, informática y comunicaciones. Entre las mismas cabe mencionar: la Fiscalía Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos; la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; la Fiscalía Federal de San Francisco, provincia de Córdoba; la Fiscalía Federal de Oberá, provincia de Misiones; la Fiscalía Federal de Goya, provincia de Corrientes; la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz; la Fiscalía Federal de Ejecución Penal N 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Fiscalía Federal de General Pico, provincia de La Pampa; la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, provincia de San Luis; la Fiscalía Federal en lo Contencioso Administrativo de La Matanza, provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal N 2 de Corrientes, provincia de Corrientes; la Fiscalía Federal de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy; la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Azul (asiento Tandil), provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal de Moreno, provincia de Buenos Aires; la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; la Fiscalía Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe; y la Fiscalía Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires.

-	Establecer un nuevo modelo de gestión interna de las fiscalías pensado y dirigido a responder a las exigencias derivadas de la creciente delegación de investigaciones por parte del Poder Judicial de la Nación y asumiendo la realización de pericias que no pueden ser llevadas a cabo por los cuerpos periciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a recientes disposiciones del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

-	Facilitar el esclarecimiento de los delitos que en una primera instancia se presentan como de dificultosa investigación, afianzando los mecanismos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N 25.409 en cuanto a las funciones que le corresponden al Ministerio Público Fiscal, es decir, aquellas referidas a la dirección de las investigaciones de autor no identificado, realizando para ello acciones concretas de georreferenciación de los hechos ilícitos (mapa del delito) y el entrecruzamiento de investigaciones con patrones comunes.

-	Facilitar y simplificar el acceso a las actuaciones judiciales acelerando el tratamiento de las causas y asegurando fluidez y seguridad en las comunicaciones, con el fin de potenciar la interacción entre las distintas dependencias fiscales y la transferencia de información legal y jurisprudencia a través del portal institucional www.mpf.gov.ar y la Intranet. Para ello se prevé fortalecer el uso e incorporar nuevas tecnologías, así como una renovación del parque de computadoras del organismo en orden a los requerimientos mínimos del uso de herramientas informáticas en red y de Internet.

-	Aumentar los servicios y la funcionalidad que posee actualmente la red informática nacional del MPF a través de su portal institucional, de la Intranet y la Internet, así como de los demás aplicativos que se incorporan al Organismo, con el objeto de brindar un uso pleno a todos los integrantes del Organismo y un servicio óptimo a los destinatarios de la actividad institucional.

-	Continuar con el desarrollo, implementación y capacitación del FISCALNET, un software de gestión de casos para uso de todas las fiscalías del país (comprensivo de más de 3.500 usuarios), bajo la coordinación y seguimiento de una comisión integrada por fiscales y personal técnico informático designado al efecto. Asimismo, se prevé brindar conexión en red a todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo y posibilitando la comunicación interna mediante una Intranet con contenidos de interés para toda la Institución, una ágil actualización de contenidos e integración y acceso a bases de datos necesarios para el cumplimiento de la función asignada.

-	Optimizar el flujo de comunicaciones y agilizar los procesos de investigación criminal y de comunicación en general con otros Organismos vinculados con el sistema de administración de justicia, en particular con Organismos como el Poder Judicial de la Nación, la Defensoría General de la Nación y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria), y la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras.

-	Elevar la eficacia y eficiencia del accionar institucional continuando con la reingeniería de procesos administrativos iniciada en la Procuración General de la Nación a través del Programa de Modernización del Ministerio Público Fiscal durante el año 2008. En este marco, se prevén adecuaciones de los sistemas de gestión internos, programas especiales de capacitación para el personal profesional que revista en las áreas de gestión y de administración y la finalización y aprobación de los manuales de normas y procedimientos de las áreas administración, recursos humanos e informática y comunicaciones.

-	Planificar un adecuado sistema de justicia y, en particular trabajar el “acceso a la justicia”, procurando instalaciones afines a la función, con espacio pertinente para los magistrados, funcionarios y empleados, así como para efectuar las tareas de capacitación regionales, separar a los testigos y víctimas de los imputados al momento de declarar, alojar transitoriamente a las personas privadas de su libertad que tienen que concurrir a las fiscalías, archivar adecuadamente los legajos y la documentación, y garantizar la seguridad y acondicionamiento de la red informática instalada en todas las fiscalías del país.

-	Desenvolver una política destinada a atender la realidad de los delitos de competencia federal que tienden a su transnacionalización, haciendo cada vez más frecuentes los exhortos diplomáticos para requerir la producción de prueba fuera del país y, en muchos casos, en otros idiomas. En este sentido, se prevé optimizar las actividades complementarias y auxiliares del servicio de administración de justicia –tales como informes periciales, traducciones e intérpretes– proveyendo los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, y contribuyendo además al mejoramiento del sistema administrativo y de gestión de los despachos fiscales.

-	Mejorar la eficiencia del Organismo y combatir delitos de moderna generación a partir del fortalecimiento del Área de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal, capacitando en nuevas técnicas y estrategias investigativas. Ello implicará contratar a especialistas nacionales o internacionales en las distintas materias requeridas por los fiscales, así como la realización de cursos y conferencias en el interior del país. Cabe destacar que, además, se han desarrollado estrategias de capacitación a distancia a través del sistema de “e-learning” conformando un “Web Campus” del MPF, línea sobre la cual se prevé continuar avanzando.

-	Fortalecer la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, y consolidar el accionar de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP); la Unidad Especial Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE); la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO); la Unidad para la Investigación de Delitos Relativos a los Recursos de la Seguridad Social (UFISES); la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa Amia (UFIAMIA); la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFIPAMI); la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de la actuación del Registro Nacional de Armas (UFIRENAR); la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA); la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero (UFILAVDIN); la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFIINTSEX); y la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI).

-	Facilitar la función fiscal y mantener actualizadas jurídicamente a las dependencias fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país fortaleciendo la adquisición y provisión de material bibliográfico específico. Ello comprende la compra de publicaciones varias, revistas y obras nacionales y extranjeras, así como la recopilación y clasificación de la jurisprudencia producida en las diferentes jurisdicciones del país. Al respecto cabe señalar que la Institución adquirió un nuevo inmueble para la instalación de su Biblioteca Central con el objetivo de potenciar los servicios que brinda a todos los magistrados y funcionarios del Organismo. Asimismo, se planteó como objetivo para el próximo ejercicio constituirla en una biblioteca referente a nivel nacional sobre Derecho Penal Internacional, de modo tal de especializarla en una materia en la que no se han desarrollado otras bibliotecas del país y, con ello, atender a una problemática cada día más requerida y cuya oferta es escasa.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa o Defensoría General de la Nación Argentina es la Institución encargada de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas. En este marco, sus principales funciones consisten en garantizar la defensa en juicio de toda persona involucrada como imputada en un proceso penal, brindando asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico gratuito en materia no penal a las personas que así lo soliciten y que invoquen y justifiquen situación de pobreza. Asimismo, debe asumir la representación en juicio de quienes se encuentran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos; así como la representación de los menores de edad e incapaces (Artículo 59 Código Civil), la tutela pública de los menores de edad sin representación legal y la curatela pública de los incapaces o inhabilitados. Estas funciones son ejercidas por los defensores públicos de diversas instancias y fueros, tutores y curadores públicos.

Es decir, el Ministerio Público de la Defensa ejerce un rol preponderante en materia de acceso a la justicia, en especial de las personas en condición de vulnerabilidad, debiendo diseñar y ejecutar políticas orientadas a tal fin.

Los principales objetivos que se prevé llevar a cabo durante el año 2011 son:

-	Intervenir en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, en cumplimiento de todas las normas procesales que aseguran el debido ejercicio del derecho de defensa (Artículo 60 de la Ley N 24.946 Orgánica del Ministerio Público).

-	Recurrir cuando corresponda ante todas las decisiones jurisdiccionales que afecten los intereses de sus defendidos y representados, inclusive ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, patrocinando y asistiendo técnicamente a las personas que así lo soliciten en presentaciones ante los organismos internacionales que corresponda.

-	Ejercer la defensa y representación en juicio en materias no penales de quienes invoquen y justifiquen situación de pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos.

-	Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público a través de la Curaduría Pública en juicios vinculados a una situación de incapacidad, inhabilitación o internación psiquiátrica, con proceso radicado en el ámbito de la justicia de la Capital Federal.

-	Ejercer la Tutoría Oficial en el marco de lo normado por los Artículos 58 y 59 de la Ley N 24.946 y conforme lo demanda el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia.

-	Idear, promover y ejecutar políticas, planes y proyectos de investigación que tengan por finalidad la eficiencia y cobertura del servicio de defensa pública, la formulación de estrategias relacionadas con la prestación del mismo y, en particular, con la defensa y la remoción de obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las personas en condición de vulnerabilidad.

-	Continuar con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Defensa mediante la adecuación de la dotación de personal y la infraestructura edilicia, así como de inversiones en tecnología informática y comunicaciones que permitan la conexión en red con todas las defensorías, curadurías, tutorías y demás dependencias que integran la Institución en todo el país.

-	Brindar un servicio profesionalizado, de calidad y eficiente, implementando programas de becas e investigaciones de interés que guarden relación con los objetivos y funciones del Ministerio Público de la Defensa. Para ello se prevé continuar fortaleciendo la formación y capacitación profesional de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa en lo que respecta a derechos y garantías en materia de derechos humanos, aspectos relacionados con la prestación del servicio de la defensa pública, acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, nuevas técnicas y estrategias de defensa y de cobertura del servicio para cristalizar la igualdad en el acceso a la justicia, entre otros. 

-	Fortalecer los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación vinculados con la asistencia de grupos especialmente vulnerables: Comisión de Cárceles, Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes, Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, Programa para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio, Comisión del Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico, Comisión sobre Temáticas de Género, Comisión de Migrante, Programa Piloto sobre Diversidad Cultural, Programa Piloto para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de la Libertad, Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico, Programa para la Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el Ámbito Interno.

-	Diseñar y ejecutar, en coordinación con organismos e instituciones vinculados en la materia, programas de acción destinados a la remoción de obstáculos al acceso a la justicia (en materia no penal) de los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como: ancianos/as, niños/as y adolescentes, mujeres, migrantes, personas con capacidades diferentes, refugiados, pueblos originarios y población de escasos recursos económicos, entre otros.

-	Constituir de nexos de colaboración y asistencia con entidades comprometidas con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos. En el mismo sentido se prevé la firma de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos gubernamentales y no gubernamentales y el monitoreo del cumplimiento de lo establecido en los convenios firmados.

-	Fomentar la integración regional e internacional y contribuir al afianzamiento y desarrollo del Ministerio Público de la Defensa promoviendo las relaciones con las organizaciones representativas del servicio de defensa pública.

-	Actuar el virtud del Artículo 86 del Decreto N 616/2010, el que dispone que la Dirección Nacional de Migraciones, ante el planteo que efectúe un extranjero, dará inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa, disponiendo la suspensión de cualquier trámite y de los plazos  en curso de las actuaciones administrativas, hasta que el referido Ministerio tome intervención o el interesado reciba la asistencia jurídica necesaria para la salvaguarda de sus intereses. 

-	Proponer reformas legislativas y reglamentarias que permitan una mejor y más efectiva prestación del servicio de la defensa pública.

-	Dar a conocer la misión institucional y labor del Ministerio Público de la Defensa y proyectar y acercar el servicio de defensa pública hacia los grupos más necesitados diseñando y ejecutando políticas de comunicación institucional tendientes a tal fin.
-	Tramitar actuaciones y presentaciones de diversa índole relacionadas con la protección del cumplimiento funcional del defensor público, denuncias sobre la limitación de los derechos de los asistidos o situaciones que pongan en riesgo, afecten o dificulten la normal prestación del servicio de defensa pública, informes sobre casos especialmente complejos, solicitudes de conformación de equipos de trabajo, y demás solicitudes de particulares y de organismos sobre materias o competencias de la Defensoría General o los defensores oficiales, tutores o curadores, así como requerimientos de defensores “ad hoc” en los términos del Artículo 11 de la Ley N 24.946.

-	Realizar todas las acciones conducentes a la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.

-	Propiciar y promover canales de comunicación interinstitucional, especialmente entre las diferentes defensorías públicas, unidades carcelarias y los distintos operadores judiciales para la solución de los problemas derivados del incumplimiento de la obligación estatal de asegurar condiciones de encierro respetuosas de la dignidad humana, continuando con la misión llevada a cabo por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General. En particular, se prevé verificar las condiciones de detención de los internos asistidos por la defensa oficial que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios y centros de detención de todo el país.

-	Conformar cuerpos técnicos específicos a fin de coadyuvar con la defensa técnica de los asistidos por la defensa pública.

-	Ejercer la representación letrada de los progenitores que se encuentren en otro Estado Parte y carezcan de recursos económicos, en los casos de restitución internacional de menores previstos en el Convenio de la Haya sobre Restitución Internacional de Menores y en el Convenio Interamericano sobre Restitución internacional de Menores.

-	Llevar a cabo el enlace en red del Ministerio Público de la Defensa, vinculando distintas dependencias con la Defensoría General de la Nación mediante la instalación de un sistema con contenidos de interés para todo el Organismo, de ágil actualización en integración y con el acceso a la base de datos necesario para el cabal cumplimiento de las funciones de competencia del servicio público de defensa.

	GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES 
(JURISDICCIÓN)	

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	1.147.501.540 	
TOTAL			1.147.501.540	

 
	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (JURISDICCIÓN)	
 (en pesos)  
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	1.147.501.540 	
		
 Gastos en Personal                                                                   	1.047.237.455	
   Personal Permanente	1.009.073.935  	
   Personal Temporario	30.000.998  	
   Servicios Extraordinarios	1.480.999  	
   Asignaciones Familiares	4.316.997  	
   Asistencia Social al Personal	1.078.526  	
   Personal contratado	1.286.000  	
		
 Bienes de Consumo                                                                   	8.370.983	
   Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	580.865  	
   Textiles y Vestuario	191.323  	
   Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.246.577  	
   Productos de Cuero y Caucho	5.685  	
   Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	508.162  	
   Productos de Minerales No Metálicos	42.019  	
   Productos Metálicos	108.067  	
   Minerales	10.661  	
   Otros Bienes de Consumo	4.677.624  	
		
 Servicios No Personales                                                                   	55.122.000	
   Servicios Básicos	15.358.145  	
   Alquileres y Derechos	16.359.797  	
   Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.280.741  	
   Servicios Técnicos y Profesionales	5.025.639  	
   Servicios Comerciales y Financieros	3.031.184  	
   Pasajes y Viáticos	5.282.757  	
   Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	314.297  	
   Otros Servicios	1.469.440  	
		
 Bienes de Uso                                                                   	36.721.102	
   Bienes Preexistentes	14.244.609  	
   Maquinaria y Equipo	16.772.962  	
   Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	602.941  	
   Activos Intangibles	5.100.590  	
		
 Transferencias                                                                   	50.000	
   Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	50.000  	

 
	LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS DE CATEDRA	
16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad	Procuración General de la Nación	729.509.562	4.005	0	
						
17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	417.991.978	2.069	0	
						
TOTAL			1.147.501.540	6.074	0	

 

 PROGRAMA 16 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

UNIDAD EJECUTORA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
________________________________________________

DESCRIPCIÓN

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administración de justicia.

Su natural trascendencia en el marco de la actividad pública ha merecido un tratamiento especial en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, que la establece como una autoridad independiente y autárquica respecto de las otras tres tradicionales del Gobierno (Artículo 120 de la Constitución Nacional).

Los Fiscales, que es la denominación que reciben quienes ejercen esta magistratura, actúan según su jerarquía en todas las instancias del proceso judicial como representantes en el mismo interés de la sociedad. En el ámbito propiamente penal, asumen en nombre de ésta el deber substancial de proteger el normal desarrollo de la vida comunitaria, exigiendo ante los jueces la restauración de las violaciones que pudieran afectar dicho orden social por parte de quienes no respeten las pautas de convivencia asumidas por el conjunto de los ciudadanos, a través de las normas legales que tipifican conductas ilícitas.

Asimismo, tanto en el despliegue de los procesos penales como en el resto de los otros fueros – civil, comercial, laboral, contencioso-administrativo, previsional, etc. – los fiscales vigilan el cumplimiento de la legalidad y de las normas fundamentales, dictaminando ante los jueces.

Es decir, que frente a la función juzgadora que ejercen los órganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Público Fiscal les corresponde desempeñar lo que se conoce como función requirente, la que se configura mediante la interposición ante los jueces de todas las pretensiones jurídicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden público.

Esto es así porque la representación y defensa de los intereses generales de la sociedad necesitan indefectiblemente una particular representación en juicio, ya que en el órgano jurisdiccional no pueden confluir, dado que su rol de juzgar requiere condiciones de independencia e imparcialidad, que se verían afectadas si aquél fuera a un mismo tiempo juez y parte.

Por ello la Constitución Nacional lo establece como un órgano independiente y autárquico, que tiene la delicada función de representar ante el juez al interés social comprometido en el proceso.

 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades				
01	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
	Procuración General de la Nación	719.804.166  	
02	Investigación Causa Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA	Unidad de Investigación Causa AMIA	9.705.396  	
TOTAL
			729.509.562 	

 
	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL 	
 (en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	729.509.562 	
		
   Gastos en Personal 	675.400.477	
       Personal Permanente                                                               	665.442.946  	
       Personal Temporario                                                               	6.291.005  	
       Servicios Extraordinarios                                                               	606.999  	
       Asignaciones Familiares                                                               	2.457.000  	
       Asistencia Social al Personal                                                               	602.527  	
       Personal Contratado                                                               	0  	
		
   Bienes de Consumo 	4.449.983	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	275.273  	
       Textiles y Vestuario                                                               	180.309  	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	1.599.762  	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	261.211  	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	38.218  	
       Productos Metálicos                                                               	77.528  	
       Minerales                                                               	6.197  	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.011.485  	
		
   Servicios No Personales 	33.266.000	
       Servicios Básicos                                                               	11.690.429  	
       Alquileres y Derechos                                                               	10.717.307  	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	3.839.597  	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.194.775  	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	967.206  	
       Pasajes y Viáticos                                                               	3.254.887  	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	147.138  	
       Otros Servicios                                                               	454.661  	
		
   Bienes de Uso 	16.351.102	
       Maquinaria y Equipo                                                               	13.620.792  	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	150.310  	
       Activos Intangibles                                                               	2.580.000  	
		
   Transferencias 	42.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	42.000  	

 
 PROGRAMA 17 
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

UNIDAD EJECUTORA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
________________________________________________

DESCRIPCIÓN

El programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe alegar que no solo procede para personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los procesos de naturaleza Civil, Comercial, Contencioso Administrativo o Laboral, etc.

Asimismo, el programa tiene por finalidad hacer valer, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la representación y Defensa Oficial de los intereses de los ausentes como actores y demandados, en procesos civiles, comerciales, contencioso administrativo y laborales, así como ejercer la representación de los menores e incapaces, y la curatela de menores huérfanos o abandonados.

En materia Criminal o Penal, en que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, el Estado debe inexcusablemente proveer de la defensa oficial gratuita e irrenunciable a toda persona que por cualquier circunstancia no designe abogados de la matrícula, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de  defensa y el debido proceso, consagrado en él Articulo 18 de la Constitución Nacional. De este modo, quien sufre un proceso penal, ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad  substancial de la defensa en juicio.

Por otra parte, es una obligación del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria, o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos ejerce su representación, el Asesor de Menores e Incapaces, conjuntamente con los representantes necesarios.

 
 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades				
01	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial	Defensoría General de la Nación	417.991.978  	
TOTAL
			417.991.978 	

 
	CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL 	
 (en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	417.991.978 	
		
   Gastos en Personal 	371.836.978	
       Personal Permanente                                                               	343.630.989  	
       Personal Temporario                                                               	23.709.993  	
       Servicios Extraordinarios                                                               	874.000  	
       Asignaciones Familiares                                                               	1.859.997  	
       Asistencia Social al Personal                                                               	475.999  	
       Personal contratado                                                               	1.286.000  	
		
   Bienes de Consumo 	3.921.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	305.592  	
       Textiles y Vestuario                                                               	11.014  	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	646.815  	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	5.685  	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	246.951  	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	3.801  	
       Productos Metálicos                                                               	30.539  	
       Minerales                                                               	4.464  	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.666.139  	
		
   Servicios No Personales 	21.856.000	
       Servicios Básicos                                                               	3.667.716  	
       Alquileres y Derechos                                                               	5.642.490  	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	4.441.144  	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.830.864  	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	2.063.978  	
       Pasajes y Viáticos                                                               	2.027.870  	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	167.159  	
       Otros Servicios                                                               	1.014.779  	
		
   Bienes de Uso 	20.370.000	
       Bienes Preexistentes                                                               	14.244.609  	
       Maquinaria y Equipo                                                               	3.152.170  	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	452.631  	
       Activos Intangibles                                                               	2.520.590  	
		
   Transferencias 	8.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	8.000