Ministerio de Economía y Producción

 

 

Al 31 de marzo de 2005, el 28,3% del crédito vigente para gastos propios del Ministerio de Economía y Producción lo reúne el conjunto de programas a cargo de la Secretaría Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, entre los que se destaca el de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, con un importante incremento respecto de 2004 de $101,5 millones en el crédito destinado al financiamiento de préstamos a largo plazo del programa MIPES II.

 

Por su parte, los créditos asignados a las acciones de coordinación, conducción y dirección superior de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio concentran el 25 % del crédito y los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reúnen el 23,5% de los mismos.

 

En la comparación interanual del primer trimestre 2004-2005, el mayor porcentaje de variación positiva del gasto se encuentra relacionado al Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural), acompañando el incremento del 270,8 % en el crédito asignado al mismo.

 

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

 

 

La Ley de Zonas Francas N° 24.331 dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos. Las provincias se adhirieron a las previsiones de la mencionada Ley a través de Convenios de Adhesión entre los titulares de los Gobiernos Provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional. A través de la Ley Nº 25.956, se estableció que si en el plazo de quince años de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate. En el primer trimestre de 2005 se encontraban habilitadas nueve zonas francas: La Plata (Buenos Aires), Justo Daract (San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut), General Güemes (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones); no habiéndose habilitado ninguna nueva en dicho período.

 

En el marco del Régimen de Admisión Temporaria de Insumos, se emiten Certificados de Tipificación y Clasificación, que constituyen un requisito necesario para la cancelación de las operaciones de importación temporarias ante la Dirección General de Aduanas. El desvío observado, obedece a que la emisión de los mismos guarda relación directa con la demanda del sector exportador.

 

Los Certificados de Origen, se emiten para aquellos productos incluidos por los países que otorgan un beneficio en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). La diferencia existente entre la cantidad presupuestada y la cantidad efectivamente tramitada durante el período analizado, puede originarse en una mayor difusión de la existencia del sistema y sus beneficios, como en un incremento de la corriente exportadora de nuestro país.

 

La nula cantidad de empresas controladas en el marco del régimen de reintegros a la exportación bajo la modalidad de “Contrato Llave en Mano”, se debió a limitaciones en la disponibilidad de personal que impidieron la concreción de la totalidad de las auditorías previstas.

 

En materia de resolución de casos de dumping, subvenciones y salvaguardias, se resolvió implementar por tres años una medida de salvaguardia sobre las importaciones provenientes de la Zona Franca de Manaos capaces de producir daño a la industria local de aparatos receptores de televisión color, incluidos lo que poseen función picture and picture, y excluidos los que presentan en la misma envoltura un aparato de registro o reproducción de imagen y sonido (Resolución Nº 43/2005 del Ministerio de Economía y Producción).

 

 

 

El desvío observado en la habilitación de importados en el régimen automotriz, puede atribuirse, en general, a una mejora de la actividad económica que se refleja en incrementos no previstos en la demanda de importación de vehículos, tanto en el marco del régimen de discapacitados como en el de la Ley N° 25.660 para la importación de vehículos especiales.

 

Durante el primer trimestre, la renuncia del evaluador más experimentado en reintegros por compra de autopartes nacionales, repercutió negativamente sobre la cantidad emitida de certificados.

 

Respecto de la expedición de certificados en el marco del plan canje automotor, detalles inherentes a su instrumentación provocaron la demora de esta tarea.

La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola, bienes de capital y productos informáticos obedeció a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento en la operatividad de las empresas de estos sectores, en general, y en particular de las productoras de maquinaria agrícola.

 

En el Registro de Armas Químicas deben presentar sus declaraciones juradas las empresas importadoras, exportadoras y productoras de compuestos químicos considerados armas químicas -como también de sus precursores mayormente utilizados en la industria química y farmacéutica- alcanzadas por las disposiciones de la Convención Internacional en esta materia. Las empresas deben presentar sus declaraciones juradas relativas a la actividad desarrollada durante el año anterior, antes de finalizado el primer trimestre del año. Debido a esto, en este período se concentra la mayoría de las registraciones y la actividad de los demás trimestres del año depende del cumplimiento en término del plazo mencionado, o de otro tipo de intervenciones fuera del marco previsto. El desvío en el número de empresas inscriptas obedece a variaciones no previstas en la producción de aquellos productos registrables.

 

En cuanto a la administración del registro industrial, el número de empresas inscriptas depende de que éstas respeten los plazos establecidos por la normativa, o bien se presenten antes del vencimiento de su inscripción anterior. Por otra parte, al término del primer trimestre de 2005, se encontraba preparado un proyecto de normativa que eximiría del pago del arancel a aquellas empresas que realicen su presentación a través de los organismos provinciales con los que existen convenios para la registración. Dicha medida actuará como incentivo para la registración de las empresas.

 

La emisión de certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío negativo con respecto a lo programado, ya que, por diversos motivos, se anularon o denegaron 31 trámites iniciados.

 

 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSPyMEyDR)

 

A través del programa Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, la SSPyMEyDR promueve la creación y el desarrollo de un mayor número de PyMEs; facilita el acceso de las mismas al financiamiento; fomenta su acceso a la información y a los servicios técnicos; estimula las iniciativas asociativas entre ellas; y procura la inserción internacional de las mismas mediante el desarrollo de negocios de exportación sostenibles.

 

En 2005, el 75,4% del crédito asignado a este programa corresponde a la Asistencia Técnico Financiera para Microemprendimientos (MIPES II- Préstamo BID 1192 OC/AR), el 16,2% al Programa de Reestructuración Empresarial (PRE- Préstamo BID 989 OC/AR) y el 3,9% al Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones (PREX-FONPLATA ARG-10/96).

 

A través del MIPES II se conforman fideicomisos financieros (con fondos del BID y entidades financieras y beneficiarios de proyectos como contrapartes locales) cuyo objetivo es el acceso de las Micro y Pequeñas empresas a créditos en dólares, a una tasa de interés del 6,5% anual, para prefinanciar y financiar exportaciones, capital de trabajo y adquisición de activos fijos. Cabe mencionar que desde 2004 se encuentra operativo el primer fideicomiso por US$85 millones (US$50 millones que serán aportados por el BID, más US$35 millones por parte de los bancos que otorgan los créditos: Credicoop y Macro-Bansud).

 

La subejecución financiera del programa durante el primer trimestre se debió, fundamentalmente a que al 31 de marzo no se habían realizado aún préstamos para PyMES financiados con fondos externos del programa MIPES II. Esto se debió a que dicho programa constituyó una salida para la coyuntura crediticia que enfrentaban las PyMEs exportadoras luego de la devaluación, pero en la actualidad existen otras alternativas que representan menores costos financieros para las empresas, como ser las tasas bonificadas, por lo que el programa está siendo reestructurado.

 

Por su parte, el objetivo del PRE es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, cofinanciando, mediante aportes no reembolsables, hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad. En octubre de 2004 el BID aprobó la prórroga de este programa (hasta el 16 de noviembre de 2007), junto con el proyecto de reconversión de la gestión del mismo. Durante el primer trimestre de 2005, se devengaron 425.774 pesos en concepto de transferencias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 

La finalidad del PREX es asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades para poder orientarse al mercado externo y acceder a información relevante y los conocimientos para desarrollar negocios de exportación. Dicha asistencia se materializa a través de la implementación y difusión de un sistema de información de apoyo a las exportaciones cuya ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora del préstamo FONPLATA ARG-10/96. En este sentido, ya se encuentra en funcionamiento el portal www.proargentina.gov.ar en el cual se puede acceder a información sobre: oferta de productos exportables producidos por las PyMEs, la existencia de demanda externa para esos productos y datos sobre prestadores de los servicios necesarios para poder viabilizar las exportaciones.

 

Adicionalmente, se llevan a cabo las siguientes acciones:

 

Crédito fiscal : Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar dichas erogaciones (hasta un tope equivalente al 8% de su masa salarial) a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP (IVA, ganancias, ganancia mínima presunta e impuestos internos). Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación.

 

Sociedades de garantía recíproca (SGR): Las SGR tienen por objeto otorgar garantías líquidas a sus socios partícipes (PyMES) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste como credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía Recíproca. Hasta el primer trimestre del año 2005 se autorizaron 18 SGR: GARANTIZAR S.G.R (B.N.A), C.A.E.S. S.G.R., AVALUAR S.G.R., MACROAVAL S.G.R., AFIANZAR S.G.R., AZUL PYME S.G.R., LIBERTAD S.G.R., INTERGARANTÍAS S.G.R ., PROPyME S.G.R., AGROAVAL S.G.R., SOLIDUM S.G.R (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.) ), DON MARIO S.G.R, VINCULOS S.G.R, GARANTIA DE VALORES SGR, LOS GROBO SGR , CAMPO AVAL SGR, PUENTE HNOS. S.G.R., FIDUS S.G.R.

 

Crédito Italiano : el gobierno italiano a través de la SSPyMEyDR, otorgará préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría, de origen italiano o argentino. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima aproximada del 5,5 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Economía y Producción; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente.

 

Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME ): El objetivo del mismo es brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas de PyMEs nuevas o viables con limitaciones para acceder al crédito bancario tradicional. Para ello se dispuso el llamado general a concurso para el año 2005, por $39.000.000 (cuyo primer cierre por $13.000.000 estuvo previsto para el 31 de marzo del corriente año) para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tienen prioridad en la asignación de los recursos los proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos de inversión individuales y asociativos son de $ 250.000 y $ 600.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el Comité de Inversiones (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). Por otra parte, podrán acceder a créditos de recomposición de capital de trabajo (materias primas e insumos y pago de salarios), las empresas que acrediten mas de un año de actividad y los proyectos asociativos constituidos por PyMES. Los montos a financiar en estos casos son de hasta $125.000, sin superar el 40 % de venta de los últimos 12 meses (sin incluir IVA) y el plazo es hasta 18 meses y con hasta 6 meses de gracia para amortización de capital.

 

 

Adicionalmente, se dispuso el llamado a concurso público de proyectos del sector turismo por $10.000.000 (cuyo primer cierre por $5.000.000 estuvo previsto para el 31 de marzo del corriente año) para las micro, pequeñas y medianas empresas, existentes o a ser creadas, cuyo objeto sea la explotación de la actividad de turismo. La misma comprende la construcción, ampliación, refacción y terminación de hoteles, hosterías y otros establecimientos de alojamiento turístico, equipamiento de los mismos, rodados nuevos u otros artefactos de fabricación nacional destinados a la prestación de servicios turísticos, instalaciones, etc.

 

Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro): está d estinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. El proyecto estará a cargo de las organizaciones sociales y populares. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 ($3.000 por integrante) y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7 % anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia con garantía a sola firma. Además del crédito a baja tasa y a sola firma, FoMicro dispone (a través de una red de organizaciones sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brinda capacitación, asesoramiento y orientación para asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas. Los objetivos del FoMicro, entre otros, son: fomentar y crear microemprendimientos, generar nuevos puestos de trabajo, promover el asociativismo de trabajadores desocupados, incentivar el desarrollo productivo local y las economías regionales y aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales.

 

Bonificación de tasa de interés: tiene por objetivo facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas al crédito en condiciones y costos razonables, haciéndose cargo el Gobierno Nacional de una parte del costo financiero de los préstamos. Actualmente se ha establecido una bonificación de hasta ocho (8) puntos porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual ofrecida por las entidades intermediarias lo que resultó en un costo financiero menor. Pueden participar en calidad de intermediarias tanto Entidades Financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina, y otras tales como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para viviendas, cooperativas y cajas de crédito que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto y sociedades que actúen en operaciones de bolsa. El destino del financiamiento podrá estar entre los siguientes: adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, adquisición de bienes de capital mediante el sistema leasing, constitución de capital de trabajo, financiación de exportaciones de bienes y servicios, e industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica.

 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)

 

El programa Formulación de Políticas del Sector Primario representa el 54,0% del crédito total asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), siguiendo en orden de importancia el Programa Social Agropecuario-PROINDER que concentra el 32,5% del mismo.

 

A través del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico. En concordancia a este objetivo, las transferencias para el ejercicio 2005, representan el 71,5% del crédito vigente del programa y el 46,6 % con respecto al total del crédito asignado a la SAGPyA.

 

Tanto la asistencia financiera a pobladores rurales como la capacitación de productores rurales presentaron una ejecución menor a la programada para el trimestre, debido a que hubo demoras en la habilitación de los fondos por parte de las administraciones de las provincias de Corrientes y Formosa. Por otra parte, en la provincia de Chaco, algunos grupos de pobladores manifestaron su decisión de recibir los fondos en el mes de abril. Asimismo, los técnicos privados encargados de formular los proyectos a ser financiados, estuvieron asignados específicamente a la formulación de los proyectos de jóvenes que fueron preseleccionados en un Concurso llevado a cabo a fines de 2004.

 

En cuanto a la asistencia técnica a pobladores rurales, dado que los beneficiarios de algunos proyectos manifestaron la necesidad de continuar con el acompañamiento, se prorrogó esta actividad, resultando un nivel de ejecución mayor al previsto.

 

Respecto de la asistencia técnico-financiera a grupos de aborígenes, debido a las restricciones en la administración provincial de Misiones, la falta de un técnico responsable de la ejecución del componente para comunidades aborígenes en dicha provincia, ocasionó un más lento y dificultoso proceso de identificación y formulación de proyectos. Asimismo, la provincia del Chaco programó asistir a pobladores aborígenes en el interfluvio, en el marco de una acción provincial más amplia que, al término del primer trimestre, aún no había terminado de definir su plan.

 

El número de hectáreas forestadas mediante la asistencia financiera a productores forestales, da cuenta del impacto de los distintos beneficios fiscales y de los apoyos económicos no reintegrables a los bosques implantados (ANR), otorgados en cumplimiento de la Ley Nº 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados). Las actividades comprendidas por el régimen que estable dicha Ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento, manejo, riego, protección, cosecha, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando todas ellas formen parte de proyectos forestales o foresto-industriales integrados. Los ANR son realizados a través del programa Asistencia Financiera a Sectores Económicos correspondiente a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro y están destinados a: favorecer el desarrollo de proyectos de forestación con especies tradicionales, no tradicionales y especies de alto valor comercial; enriquecer los bosques nativos; financiar los distintos tratamientos silviculturales (poda, raleo y manejo de rebrotes); y apoyar proyectos de pequeños productores forestales agrupados. Durante el primer trimestre de 2005, el nivel de ejecución fue menor al previsto, debido a que se dio prioridad a planes atrasados. De manera adicional, también incidió negativamente la falta de personal para la evaluación y aprobación de los planes.

 

La sobre ejecución observada en la cantidad de productores forestales asistidos a través de los aportes realizados mediante el Proyecto Forestal de Desarrollo, se debió a que durante el primer trimestre de 2005 se realizaron asistencias correspondientes a 2004 que se habían demorado a la espera de los convenios -concretados en diciembre de 2004- con las entidades ejecutoras. Con respecto a la extensión e investigación de plantaciones, en las previsiones no se tuvieron en cuenta 8 proyectos iniciados en años anteriores que continuaron ejecutándose en el primer trimestre de 2005.

 

Por su parte, los 119 kilómetros de drenes, canales y caminos construidos durante el primer trimestre corresponden: 8,6 km. a canales de los proyectos Valle 16 de Octubre (Chubut) y Proyecto Integral Reducción Los Andes (Mendoza); 75 km. a caminos del Proyecto Mejoramiento de Caminos en Areas Rurales Productivas (Entre Ríos); y 35 km. a drenes del Proyecto Saneamiento Hídrico y Desarrollo Productivo de la Línea Tapenagá (Chaco).

 

La sobre ejecución observada en la cantidad de buques monitoreados bajo el control del tráfico pesquero marítimo y de inspecciones en buques pesqueros, se debió a que dada la reestructuración que se ha estado llevando a cabo en la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, se continuó incrementando ambos tipos de controles sobre la flota pesquera a fin de optimizar el sistema.

El Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural) se basa en el trabajo en grupo de pequeños y medianos productores agropecuarios quienes, junto a un profesional del sector privado que los asesora (el “promotor asesor”), buscan soluciones a sus problemas empresariales. Los objetivos que se persiguen son aumentar la eficiencia de los procesos de producción, lograr una mayor diferenciación del producto final, reorganizar la estructura productiva y de gestión empresarial mediante introducción, adaptación y ajuste de nuevas tecnologías, y consolidar nuevas prácticas de organización social. La población objetivo estimada es de 100.000 pequeños y medianos productores y no hay criterios predeterminados de elegibilidad, sólo se requiere la condición de trabajar en grupos según la metodología prevista.

 

El programa subsidia una parte de los honorarios del “promotor asesor” durante 3 años, en forma decreciente, luego de los cuales se espera que el grupo se haga cargo integralmente del monto total. Esto apunta a la conformación de un modelo de transferencia de tecnología mixto público-privado, cuyo costo es asumido finalmente por el productor. Asimismo, la labor de los asesores está coordinada por “agentes de proyecto”, articulados con la estructura de extensión e investigación del INTA, actuando como nexos entre ésta y los grupos, canalizando demandas y posibilitando la oferta de tecnología. Los agentes de proyecto son los responsables de la selección, capacitación, actualización permanente y seguimiento del promotor asesor y los grupos.

 

La asistencia técnica está orientada hacia temáticas como: mejoramiento de la capacidad empresarial, diseño de alternativas de reconversión, planificación y seguimiento de actividades, información sobre mercados y alternativas de comercialización, experimentación adaptativa, organización de los productores e integración a las cadenas agroalimentarias, entre otras. Por otra parte, se brinda capacitación y entrenamiento permanente a los profesionales, productores y operarios rurales y se realizan actividades de comunicación, difusión y participación.

 

También el programa actúa como facilitador en la vinculación con organismos de crédito, asesorando a los productores en la elaboración de un plan técnico-económico-financiero que les posibilite la obtención de financiamiento en el mercado.

 

 

 

El Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER- BIRF 4212) realizan acciones de manera complementaria, con el fin de asistir al sector rural más pobre del país.

 

El PROINDER amplía las acciones que ejecuta el PSA teniendo por objetivos principales: mejorar las condiciones de vida de 40.000 pequeños productores agropecuarios procurando el aumento de sus ingresos en forma sostenible (a través del componente Apoyo a las Iniciativas Rurales - AIR) y fortaleciendo la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo rural (a través del componente Fortalecimiento Institucional - FI).

 

La composición social de la población beneficiaria incluye principalmente a los pequeños productores minifundistas, situación en la que pueden combinarse una variedad de categorías ocupacionales y, en menor medida, a los trabajadores transitorios agropecuarios ubicados en todo el territorio nacional. Por otra parte, se asiste a “grupos vulnerables” al interior de las dos categorías básicas mencionadas, en particular, a sectores de indígenas, mujeres y jóvenes.

 

El componente AIR del PROINDER es ejecutado por la Coordinación Nacional a través de las Unidades Técnicas Provinciales del PSA.

 

El PSA se implementa a través del desarrollo de Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) tanto para actividades de autoconsumo como para dirigidas al mercado, basados en cuatro líneas de acción: Asistencia Financiera, Asistencia Técnica, Apoyo a la Comercialización y Capacitación.

 

Los EPAs son desarrollados por grupos de productores minifundistas (4 familias en el caso de la Patagonia y 6 familias en el resto del país, como mínimo) quienes presentan proyectos para su financiamiento a las unidades técnicas provinciales del PSA. En todos los casos se contempla el asesoramiento técnico al grupo tanto para la formulación del proyecto, como para el acompañamiento durante la ejecución del mismo. La asistencia técnica es un subsidio para el grupo.

 

En el caso del PSA la asistencia financiera consiste en créditos de hasta $500 por familia y $5.000 por grupo para la línea de autoconsumo (sin tasa de interés), y hasta $2.400 por familia y $50.000 por grupo para los EPAs tradicionales e innovadores (a una tasa del 6% y 4% respectivamente).

 

En el caso del PROINDER, se entrega financiamiento no reembolsable de hasta $200 por familia y $4.000 por grupo para proyectos de autoconsumo; de hasta $1.500 por familia y $22.500 por grupo para iniciativas de inversión de bienes y obras de infraestructura predial; y de hasta $50.000 por grupo para infraestructura de uso comunitario y organización para la comercialización.

 

Al 31 de marzo de 2005, el 99% del gasto devengado por el programa estuvo destinado a transferencias, en concordancia con la participación de éstas en la estructura de créditos del mismo (99,3%). Los desvíos producidos respecto a lo planificado en la asistencia financiera y técnica durante el primer trimestre de 2005, se originan en la existencia de demandas adicionales que pudieron atenderse dando continuidad a las acciones del programa.

Secretaría de Coordinación Técnica

 

 

 

El desvío en el número de entidades de consumidores subsidiadas, se debió a que una de las entidades que estaba previsto asistir no completó al 31 de marzo la documentación necesaria para la percepción del subsidio.

 

Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado está originado, principalmente, en la delegación de la verificación periódica de instrumentos de medición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por el Decreto N° 788/03. Los 75 instrumentos verificados (68 balanzas y 7 surtidores) corresponden a las verificaciones primitivas que, según el mencionado decreto, permanecen bajo la competencia de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

 

En cuanto a los operativos de lealtad comercial, si bien el desvío no resulta significativo, cabe resaltar que los mismos estuvieron orientados al control de precios en supermercados y comercios de ramos generales.

 

Por otra parte, se efectuó un mayor número al previsto de instrucciones de sumarios a empresas, producto de la introducción de mejoras en los procesos que intervienen en la realización de los mismos.

 

En cuanto a los 209 casos resueltos en el arbitraje entre consumidores y empresas, 96 de ellos se hicieron a través de laudos arbitrales y los restantes se resolvieron por acuerdo entre las partes, antes de la audiencia prevista en el procedimiento arbitral.

 

 

 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.

 

A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la CNDC.

 

El desvío observado en el número de dictámenes complejos, obedeció a que un caso previsto se resolvió satisfactoriamente sin que el análisis implicase la consideración de elementos estimados anteriormente como críticos.

 

Por su parte, la sobreejecución observada en la elaboración de dictámenes simples se debió a que las previsiones subestimaron el número de notificaciones de concentración económica efectivamente realizadas.

 

En cuanto a las investigaciones de mercado, se pospusieron cuatro de las previstas para el primer trimestre, con el fin de dedicar los recursos disponibles al estudio del producto siderúrgico hierro redondo, en atención a su relevancia.

 

Asimismo, durante el trimestre se realizaron múltiples auditorías a empresas del mercado de oxígeno líquido, en virtud de la apertura del período de prueba posterior a la imputación de firmas denunciadas.