Ministerio de Economía y Producción

 

Al 31 de diciembre de 2005, las acciones de coordinación, conducción y dirección superior de la Secretaría Legal y Administrativa representaron el 29,7% del gasto total devengado y los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos reunieron el 29,1% del mismo, seguida por la Secretaría de Política Económica que concentró el 22,3%.

En la comparación interanual del gasto acumulado al 31 de diciembre (2004-2005), los gastos propios de la Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME tuvieron el mayo porcentaje de variación positiva (136,3%), siguiendo en importancia el programa de Definición de Políticas de Comercio Exterior con el 58,3% debido, en este último caso, en gran parte, a un aumento en las transferencias al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1311,3%) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (81,7%).

 

En cuanto a la composición del gasto acumulado al 31 de diciembre, las transferencias comprendieron el mayor porcentaje del total (45,7%), correspondiendo el 38,1% de las mismas a las efectuadas por el programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas a la provincia de San Juan para financiar los gastos de capital asociados a la asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica "Los Caracoles" ($80 millones) y el 23,6% al Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212 para financiar ayudas sociales a personas y actividades científicas y académicas.

Secretaría de Industria Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

La Ley de Zonas Francas N° 24.331 dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias se adhirieron a las previsiones de la mencionada Ley a través de Convenios de Adhesión entre los titulares de los Gobiernos Provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional. A través de la Ley Nº 25.956, se estableció que si en el plazo de quince años de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate. Actualmente se encuentran en funcionamiento nueve zonas francas: La Plata (Buenos Aires), Justo Daract (San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut), General Güemes (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones).

 

En el marco del Régimen de Admisión Temporaria de Insumos, se emiten Certificados de Tipificación y Clasificación, que constituyen un requisito necesario para la cancelación de las operaciones de importación temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Este régimen, tiene como objetivo la eliminación de aranceles y demás tributos que graven a la importación de los insumos o materiales que estén contenidos en un producto a exportar. El desvío observado, obedece a que la emisión de los mismos guarda relación directa con las exportaciones concretadas por el sector privado.

 

Los Certificados de Origen, se emiten para aquellos productos incluidos por los países que otorgan un beneficio en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este Sistema consiste en el otorgamiento por parte de 29 países desarrollados de una reducción o eliminación total de derechos de importación y de restricciones no tarifarias para determinados productos exportados desde países en vías de desarrollo. El objetivo es incrementar las corrientes comerciales. La diferencia existente entre la cantidad presupuestada y la cantidad efectivamente tramitada durante el período analizado, puede originarse en una mayor difusión de la existencia del sistema y sus beneficios, como en un incremento de la corriente exportadora de nuestro país y de los requerimientos de certificación por parte de los países otorgantes del beneficio.

 

El régimen de reintegros a la exportación de plantas bajo la modalidad "Llave en Mano" consiste en reembolsos específicos que se otorgan por la venta al exterior de plantas industriales completas u obras de ingeniería de forma tal que el mismo alcanza no sólo a los bienes sino también a los servicios. El objetivo es favorecer la exportación de bienes y servicios de origen nacional. La menor cantidad de empresas controladas en el marco de este régimen, se debió a limitaciones en la disponibilidad de personal que impidieron la concreción de la totalidad de las auditorías previstas.

 

Las empresas promovidas bajo el régimen de financiamiento del Impuesto al Valor Agregado sobre los bienes de capital, fueron inferiores a las previstas, ya que durante el segundo trimestre del año los proyectos presentados se encontraban en proceso de completar la información necesaria para continuar con el trámite. Son beneficiarios del presente régimen los adquirentes o importadores de los referidos bienes en tanto que los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia las ventas en el mercado externo.

 

En materia de resolución de casos de dumping, subvenciones y salvaguardias, durante el año 2005, se resolvieron los siguientes 6 casos: se implementó por tres años una medida de salvaguardia sobre las importaciones provenientes de la Zona Franca de Manaos capaces de producir daño a la industria local de aparatos receptores de televisión color, incluidos lo que poseen función picture in picture, y excluidos los que presentan en la misma envoltura un aparato de registro o reproducción de imagen y sonido (Resolución Nº 43/2005 del Ministerio de Economía y Producción); se cerró la investigación en operaciones de importación de neumáticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados en bicicletas originarias de la República Federativa del Brasil, que deberán exportarse al país a un valor mínimo de exportación FOB de 4,12 dólares por kilogramo (Resolución Nº 332/2005); se fijaron valores mínimos de exportación provisionales FOB para operaciones con determinados productos originarios de la República Popular China, como gafas de sol y armazones o monturas de metal o de plástico con o sin lentilla (Resolución Nº 655/2004); se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping en las operaciones con determinados tejidos originarios de República de Indonesia, del Reino de Thailandia, de la República de Corea y de Malasia, que se despachan a plaza por diversas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (Resolución 37/2004); se declaró procedente la apertura de una investigación relativa a la existencia de dumping en operaciones con Tereftalato de polietileno (PET) de determinadas viscosidades, originario de las Repúblicas de Corea, Taiwan y Federativa del Brasil (Resolución Nº 354/2004) y se dispuso el cierre de una investigación sobre operaciones con artículos sanitarios de cerámica originarios de las Repúblicas Federativa del Brasil y Oriental del Uruguay. (Resolución 21/2005).

 

La habilitación de nacionales en el régimen automotriz depende de los niveles de demanda de las terminales automotrices, autopartistas y particulares. Debido a la reorganización del sector se lograron optimizar los recursos disponibles, lo que permitió atender el incremento de la demanda.

 

El desvío observado en la habilitación de importados en el régimen automotriz, puede atribuirse, en general, a una mejora de la actividad económica que se refleja en incrementos no previstos de la demanda de importación de vehículos en el marco de la Resolución Nº 64/2001 de la Secretaría de Industria que establece los trámites para el otorgamiento de la extensión de la Licencia para Configuración de Modelos ya otorgada, para las personas que en forma particular soliciten importar vehículos, acoplados o semiacoplados.

 

La emisión y entrega de bonos fiscales dentro del régimen de reintegro por compra de autopartes nacionales estaba suspendida al 31 de diciembre a raíz de un dictamen de la Dirección de Legales de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que establece la inviabilidad jurídica de la emisión de dichos bonos fiscales como consecuencia de la derogación de los decretos 778/2001 y su modificatorio 1304/2001 referidos al régimen de incentivos a las compras de autopartes nacionales que realicen las terminales automotrices para ser destinadas a la producción local de vehículos automotores. Los 19 certificados expedidos corresponden al primer semestre del año.

 

Respecto de la expedición de certificados en el marco del plan canje automotor, la Resolución 238/2005 del Ministerio de Economía y Producción, dictada el 26 de abril, estableció un Programa de Estímulo para las Inversiones en el Sector Automotriz destinado a aquellas empresas que hubieran efectuado operaciones de compraventa bajo la vigencia del Régimen de Renovación del Parque Automotor (denominado Plan Canje), que hubiesen solicitado la emisión de los bonos respectivos y no los hubiesen obtenido a esa fecha. Para acceder a dicho programa, las empresas deberán presentar para su aprobación, un plan de inversiones destinado a la modernización del sector y, una vez aprobados éstos, firmar un acta de compromiso en la que renuncian a iniciar cualquier acción legal inherente al cumplimiento del Régimen anterior. Una vez realizada la aprobación de dichos planes y firmada el acta mencionada, se les transferirá a la terminal correspondiente el monto correspondiente a las inversiones efectivamente realizadas, en 5 cuotas trimestrales consecutivas. Los créditos para esta operación estaban previstos en la jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro. Los certificados corresponden a las cancelaciones efectivizadas exclusivamente durante el segundo semestre.

 

La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola, bienes de capital y productos informáticos obedecieron a un aumento importante de las presentaciones, producido por el incremento en la operatividad de las empresas de estos sectores, en general, y en particular de las productoras de maquinaria agrícola.

 

Las autorizaciones otorgadas a discapacitados para importaciones fueron superiores a las previstas, dado que hubo un mayor nivel de prestaciones por parte de las obras sociales, aceptando mayor cantidad de solicitudes.

 

En cuanto a la asistencia técnica en promoción industrial, la menor cantidad de empresas asistidas al 31 de diciembre, se debió a un atraso en la fecha del primer concurso público para la asignación del cupo fiscal previsto por la Ley Nº 25.924, originalmente establecido para el mes de marzo y efectivamente realizado en el mes de junio de 2005. Sin embargo, cabe destacar que durante el segundo semestre del año, se superaron los niveles previstos ya que se puso operativo el Régimen de Promoción de Software.

 

En el Registro de Armas Químicas deben presentar sus declaraciones juradas las empresas importadoras, exportadoras y productoras de compuestos químicos considerados armas químicas -como también de sus precursores mayormente utilizados en la industria química y farmacéutica- alcanzadas por las disposiciones de la Convención Internacional en esta materia. Las empresas deben presentar sus declaraciones juradas relativas a la actividad desarrollada durante el año anterior, antes de finalizado el primer trimestre del año. Debido a esto, en este período se concentra la mayoría de las registraciones y la actividad de los demás trimestres del año depende del cumplimiento en término del plazo mencionado, o de otro tipo de intervenciones fuera del marco previsto. El desvío en el número de empresas inscriptas obedece a variaciones no previstas en la producción de aquellos productos registrables.

 

En el Registro Industrial de la Nación (RIN) deben inscribirse todas las empresas que realicen actividades industriales y manufactureras dentro del país. El número de empresas inscriptas depende de que éstas respeten los plazos establecidos por la normativa, o bien se presenten antes del vencimiento de su inscripción anterior. El desvío observado, se debió a que la falta de personal impidió procesar inscripciones remitidas por correo, debiéndose priorizar la atención al público.

 

La emisión de certificados de verificación de compre nacional mostró un desvío negativo con respecto a lo programado ya que, por diversos motivos, durante el primer trimestre, se anularon o denegaron 31 trámites iniciados y durante el tercer trimestre la demanda de certificados por parte de las firmas alcanzadas por el régimen fue menor a la prevista.

 

Con respecto a la administración del registro de importaciones del sector editorial, la cantidad de certificados expedidos superó los niveles previstos como consecuencia de un incremento en la competitividad de las empresas del sector en el mercado interno, externo y en el Mercosur, lo que resultó en un mayor número de nuevas publicaciones y una mayor tirada de las existentes, lo que conlleva, en este caso, a un mayor consumo de papel importado.

 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSPyMEyDR)

 

A través del programa Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, la SSPyMEyDR promueve la creación y el desarrollo de un mayor número de PyMEs; facilita el acceso de las mismas al financiamiento; fomenta su acceso a la información y a los servicios técnicos; estimula las iniciativas asociativas entre ellas; y procura la inserción internacional de las mismas mediante el desarrollo de negocios de exportación sostenibles.

 

Del total del crédito devengado por el programa al 31 de diciembre de 2005, el 39,4% correspondió a la actividad de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, el 33,9% al Programa de Reestructuración Empresarial (PRE- Préstamo BID 989 OC/AR), el 19,2% al Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones (PREX-FONPLATA ARG-10/96) y el 7,6% correspondió a la Asistencia Técnico Financiera para Microemprendimientos (MIPES II- Préstamo BID 1192 OC/AR).

 

El objetivo del PRE es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, cofinanciando, mediante aportes no reembolsables, hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad. En octubre de 2004 el BID aprobó la prórroga de este programa (hasta el 16 de noviembre de 2007), junto con el proyecto de reconversión de la gestión del mismo. Al 30 de septiembre de 2005, se devengaron 3,5 millones de pesos en concepto de transferencias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (73,3%) y a PyMES (26,7%), lo que representó el 94,9% del total del gasto devengado en esta actividad.

 

Por su parte, la finalidad del PREX es asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades para poder orientarse al mercado externo y acceder a la información relevante y a los conocimientos necesarios para desarrollar negocios de exportación. Dicha asistencia se materializa a través de la implementación y difusión de un sistema de información de apoyo a las exportaciones cuya ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora del préstamo FONPLATA ARG-10/96. En este sentido, se encuentra en funcionamiento el portal www.proargentina.gov.ar en el cual se puede acceder a información sobre: oferta de productos exportables producidos por las PyMEs, la existencia de demanda externa para esos productos y datos sobre prestadores de los servicios necesarios para poder viabilizar las exportaciones. Del gasto devengado en esta actividad al 31 de diciembre de 2005, el 73,2% correspondió a transferencias efectuadas al FONPLATA, y el 26,8% restante a servicios no personales.

 

MIPES II es un programa de crédito (en dólares o en pesos) dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de las entidades financieras participantes (Banco Macro-Bansud y el Banco Credicoop). Los créditos para capital de trabajo tienen un plazo máximo de 12 meses y para el financiamiento de inversiones en bienes de capital el plazo máximo es de 7 años, incluyéndose hasta 3 años de gracia para el pago del capital. La tasa vigente para créditos en dólares, a mediano y largo plazo, es de 7,9% anual y para créditos en pesos se sitúa entre el 7% y 12% anual según el plazo y la evaluación de la operación que realice el banco otorgante. El monto máximo financiable es de 1.000.000 de dólares, o su equivalente en pesos, para las micro y pequeñas empresas y de 3.000.000 de dólares, o su equivalente en pesos, para las medianas empresas.

 

Adicionalmente, se llevan a cabo las siguientes acciones:

 

Crédito fiscal : Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar dichas erogaciones (hasta un tope equivalente al 8% de su masa salarial) a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo la AFIP (IVA, ganancias, ganancia mínima presunta e impuestos internos). Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos (hasta $120 por hora dictada por todo concepto) y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al Proyecto de Capacitación aprobado por la SSEPYMEYDR (el monto a reintegrar depende de la modalidad del proyecto).

 

Crédito Italiano : El gobierno italiano a través de la SSPyMEyDR, otorgará créditos destinados al sostenimiento de las PyMEs con proyectos de elevado impacto social. Los préstamos se harán por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría, de origen italiano o argentino. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia, dependiendo del monto y del destino del proyecto. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Economía y Producción; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente.

 

Sociedades de garantía recíproca (SGR): Consiste en una estrategia asociativa entre grandes empresas y PyMES. Las SGR tienen por objeto otorgar garantías líquidas a sus socios partícipes (PyMES) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste como credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía Recíproca. A su vez las SGR pueden brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico y financiero en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin. Al 31 de diciembre de 2005 se autorizaron 22 Sociedades de Garantía Recíproca: GARANTIZAR S.G.R. (B.N.A), C.A.E.S. S.G.R., AVALUAR S.G.R., MACROAVAL S.G.R., AFIANZAR S.G.R., AZUL PYME S.G.R., LIBERTAD S.G.R., INTERGARANTÍAS S.G.R., PROPyME S.G.R., AGROAVAL S.G.R., SOLIDUM S.G.R. (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.), DON MARIO S.G.R., VINCULOS S.G.R., GARANTIA DE VALORES S.G.R., LOS GROBO S.G.R. , CAMPO AVAL S.G.R., PUENTE HNOS. S.G.R., FIDUS S.G.R., AVAL RURAL S.G.R., AMERICANA DE AVALES S.G.R., ACINDAR PYMES S.G.R y CONFIABLES S.G.R.

 

 

Fondo de Garantía para las Mipyme (FOGAPyME): Se creó con el objeto de otorgar garantías en respaldo de las que emitan las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los Fondos Provinciales, Regionales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, otorgar reafianzamientos. En sectores o regiones sin cobertura suficiente de Sociedades de Garantía Recíproca, puede ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las mismas. Se constituye con un aporte inicial equivalente a $100.000.000 a cargo del Estado Nacional, y permite también aportes provenientes de otros organismos, tanto nacionales como internacionales y privados.

 

Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME ): El objetivo del mismo es brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas de PyMEs nuevas o viables con limitaciones para acceder al crédito bancario tradicional. Los montos mínimos y máximos a financiar como así también los plazos, varían en función del llamado y del sector (general, turismo, avícola, calidad en alimentos, forestal, de energía). La tasa de interés es anual y variable, equivalente al 50% de la Tasa de Cartera General del Banco de la Nación Argentina y el sistema de amortización francés. Las cuotas se determinaran en períodos mensuales, trimestrales o semestrales en función de las características del proyecto. Aquellas empresas que cumplan siempre con todos y cada uno de los pagos de las cuotas de capital e intereses en tiempo y forma, tendrán una bonificación del 20% sobre los intereses. El monto resultante de la bonificación de cada cuota se acumulará, y se descontará de las últimas cuotas del préstamo. En caso de incumplimiento perderán la bonificación y se aplicarán además los recargos correspondientes. Podrán recibir financiamiento del FONAPyME las micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tienen prioridad en la asignación de los recursos los proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo.

 

Fondo Nacional para la creación y consolidación de Microemprendimientos (FoMicro): está destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes. El programa está coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría PyME del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. El proyecto estará a cargo de las organizaciones sociales y populares quienes llevarán adelante tareas de: promoción, apoyo para la formulación, aprobación del proyecto, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7% anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia con garantía a sola firma. Además, el FoMicro dispone (a través de una red de organizaciones sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brinda capacitación, asesoramiento y orientación para asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas. Los objetivos del FoMicro, entre otros, son: fomentar y crear microemprendimientos, generar nuevos puestos de trabajo, promover el asociativismo de trabajadores desocupados, incentivar el desarrollo productivo local y las economías regionales y aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales.

 

Bonificación de tasa de interés: tiene por objetivo facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas al crédito en condiciones y costos razonables, haciéndose cargo el Gobierno Nacional de una parte del costo financiero de los préstamos. Actualmente se ha establecido una bonificación de hasta ocho (8) puntos porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual ofrecida por las entidades intermediarias o hasta el 50% de la misma, lo que resulte en un costo financiero menor. Pueden participar en calidad de intermediarias tanto Entidades Financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina, y otras tales como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para viviendas, cooperativas y cajas de crédito que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto y sociedades que actúen en operaciones de bolsa. El destino del financiamiento podrá estar entre los siguientes: adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, adquisición de bienes de capital mediante el sistema leasing, constitución de capital de trabajo, financiación de exportaciones de bienes y servicios, e industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica.

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)

 

El programa Formulación de Políticas del Sector Primario representa el 52,6% del crédito total devengado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), siguiendo en orden de importancia el Programa Social Agropecuario-PROINDER que concentra el 38,5% del mismo.

A través del programa de Formulación de Políticas del Sector Primario se desarrolla la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación micro y macroeconómicas, en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentación. En ese sentido, por intermedio de dicho programa se realiza la transferencia de fondos al sector privado e instituciones provinciales y municipales con el objetivo de promocionar la producción y la inversión sectorial, como así también el cambio tecnológico. En concordancia a este objetivo, las transferencias efectuadas al 31 de diciembre, representan el 59,2% del crédito devengado por el programa y el 31,1% con respecto al total del crédito devengado por la SAGPyA.

 

La mayor cantidad de ejemplares impresos se debió, a que en la provincia de Tucumán, comenzó la promoción del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste y Noroeste Argentino (PRODERNEA y PRODERNOA) y a que en la provincia de Corrientes hubo un mayor número de interesados.

 

La mayor cantidad de buques monitoreados bajo el control del tráfico pesquero marítimo y de inspecciones en buques pesqueros, se produjo como consecuencia de la optimización del sistema. Cabe destacar, que durante el cuarto trimestre del año, se incorporaron controles para la especie "Merluza Hubbsi".

 

El número de hectáreas forestadas producto de la asistencia financiera a productores forestales, da cuenta del impacto de los distintos beneficios fiscales y de los apoyos económicos no reintegrables a los bosques implantados (ANR), otorgados en cumplimiento de la Ley Nº 25.080 (Ley de Inversiones para Bosques Cultivados). Las actividades comprendidas por el régimen que estable dicha Ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento, manejo, riego, protección, cosecha, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando todas ellas formen parte de proyectos forestales o foresto-industriales integrados. Los ANR son realizados a través del programa Asistencia Financiera a Sectores Económicos correspondiente a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro y están destinados a: favorecer el desarrollo de proyectos de forestación con especies tradicionales, no tradicionales y especies de alto valor comercial; enriquecer los bosques nativos; financiar los distintos tratamientos silviculturales (poda, raleo y manejo de rebrotes); y apoyar proyectos de pequeños productores forestales agrupados. Al 31 de diciembre de 2005, el nivel de ejecución fue menor al previsto, debido a que se dio prioridad a planes atrasados. De manera adicional, también incidió negativamente la falta de personal para la evaluación y aprobación de los planes, así como el tiempo requerido para la evaluación de cada uno de ellos.

 

El nivel de ejecución observado en la cantidad de productores forestales asistidos a través de los aportes realizados mediante el Proyecto Forestal de Desarrollo, se debió a que durante el primer trimestre de 2005 se realizaron asistencias correspondientes a 2004 que se habían demorado a la espera de los convenios -concretados en diciembre de 2004- con las entidades ejecutoras.

 

En cuanto a la asistencia técnico-financiera e infraestructura básica a grupos de aborígenes, problemas administrativos en el uso de los fondos en la provincia de Misiones retrasaron el proceso de identificación y formulación de proyectos. Asimismo, en la provincia del Chaco, los acuerdos necesarios para brindar asistencia a los pobladores sufrieron un atraso en su aprobación. Cabe mencionar, que durante el tercer trimestre, la asistencia técnica a grupos de aborígenes fue superior a la prevista debido a que comenzó a subsanarse el retraso producido en la provincia de Misiones; durante el cuarto trimestre, no hubo nuevos beneficiarios, y se continuó, de esta manera, con la asistencia a los grupos existentes en el trimestre anterior.

 

Con respecto a la extensión e investigación de plantaciones, en las previsiones no se tuvieron en cuenta proyectos iniciados en años anteriores que continuaron ejecutándose en el primer trimestre de 2005. Adicionalmente, se solicitó una prorroga del Proyecto Forestal de Desarrollo, y al no obtenerse, una cantidad adicional de proyectos de investigación debieron terminarse durante el cuarto trimestre del año.

 

La mayor cantidad de mujeres campesinas capacitadas, se debió, en parte, a que durante el segundo trimestre del año, se trabajó en forma conjunta con otros organismos e instituciones (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Organismos no Gubernamentales locales), lo que permitió ampliar la cantidad de personas capacitadas. Además, hubo una mayor afluencia de las postulantes ya que los cursos fueron de libre acceso. Cabe destacar, que durante el cuarto trimestre del año, el Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212, obtuvo un incremento de crédito ($9,8 millones) lo que permitió incrementar las actividades de capacitación en general.

 

La asistencia financiera a pobladores rurales fue menor a la programada, debido a que las provincias de Catamarca y Formosa tuvieron dificultades en su ejecución. Algunos pobladores que preveían ejecutar proyectos en Formosa, desistieron de las gestiones correspondientes, fundamentalmente por la caída del precio de la miel. En el caso de Catamarca, hubo dificultades para la ejecución del programa en general, y del componente de asistencia financiera en particular. Adicionalmente, se destinó una mayor cantidad de recursos a la asistencia técnica y a la capacitación de poblaciones rurales, considerando que esta actividad debe preceder a la asistencia financiera.

El Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural) se basa en el trabajo en grupo de pequeños y medianos productores agropecuarios quienes, junto a un profesional del sector privado que los asesora (el "promotor asesor"), buscan soluciones a sus problemas empresariales. Los objetivos que se persiguen son aumentar la eficiencia de los procesos de producción, lograr una mayor diferenciación del producto final, reorganizar la estructura productiva y de gestión empresarial mediante introducción, adaptación y ajuste de nuevas tecnologías, y consolidar nuevas prácticas de organización social. La población objetivo estimada es de 100.000 pequeños y medianos productores y no hay criterios predeterminados de elegibilidad, sólo se requiere la condición de trabajar en grupos según la metodología prevista. Los integrantes de la agrupación reciben capacitación permanente e información de Cambio Rural y, a la vez, retroalimentan al programa con información del grupo y de los sistemas de producción que asiste.

El programa subsidia una parte de los honorarios del "promotor asesor" durante 3 años, en forma decreciente, luego de los cuales se espera que el grupo se haga cargo integralmente del monto total. Esto apunta a la conformación de un modelo de transferencia de tecnología mixto público-privado, cuyo costo es asumido finalmente por el productor. Asimismo, la labor de los asesores está coordinada por "agentes de proyecto", articulados con la estructura de extensión e investigación del INTA, actuando como nexos entre ésta y los grupos, canalizando demandas y posibilitando la oferta de tecnología. Los agentes de proyecto son los responsables de la selección, capacitación, actualización permanente y seguimiento del promotor asesor y los grupos.

 

La asistencia técnica está orientada hacia temáticas como: mejoramiento de la capacidad empresarial, diseño de alternativas de reconversión, planificación y seguimiento de actividades, información sobre mercados y alternativas de comercialización, experimentación adaptativa, organización de los productores e integración a las cadenas agroalimentarias, entre otras. Por otra parte, se brinda capacitación y entrenamiento permanente a los profesionales, productores y operarios rurales y se realizan actividades de comunicación, difusión y participación.

 

También el programa actúa como facilitador en la vinculación con organismos de crédito, asesorando a los productores en la elaboración de un plan técnico-económico-financiero que les posibilite la obtención de financiamiento en el mercado.

El Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER- BIRF 4212) realizan acciones de manera complementaria, con el fin de asistir al sector rural más pobre del país.

 

El PROINDER amplía las acciones que ejecuta el PSA teniendo por objetivos principales: mejorar las condiciones de vida de 40.000 pequeños productores agropecuarios procurando el aumento de sus ingresos en forma sostenible (a través del componente Apoyo a las Iniciativas Rurales - AIR) y fortaleciendo la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo rural (a través del componente Fortalecimiento Institucional - FI).

 

La composición social de la población beneficiaria incluye principalmente a los pequeños productores minifundistas, situación en la que pueden combinarse una variedad de categorías ocupacionales y, en menor medida, a los trabajadores transitorios agropecuarios ubicados en todo el territorio nacional. Por otra parte, se asiste a "grupos vulnerables" al interior de las dos categorías básicas mencionadas, en particular a indígenas, mujeres y jóvenes.

 

El componente AIR del PROINDER es ejecutado por la Coordinación Nacional a través de las unidades técnicas provinciales del PSA.

 

El PSA se implementa a través del desarrollo de Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) tanto para actividades de autoconsumo como para las dirigidas al mercado, basados en cuatro líneas de acción: asistencia financiera, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y capacitación.

 

Los EPAs son desarrollados por grupos de productores minifundistas (4 familias en el caso de la Patagonia y 6 familias en el resto del país, como mínimo) quienes presentan proyectos para su financiamiento a las unidades técnicas provinciales del PSA. En todos los casos se contempla el asesoramiento técnico al grupo tanto para la formulación del proyecto, como para el acompañamiento durante la ejecución del mismo.

 

En el caso del PSA la asistencia financiera consiste en créditos de hasta $500 por familia y $5.000 por grupo para la línea de autoconsumo (sin tasa de interés), y hasta $2.400 por familia y $50.000 por grupo para los EPAs tradicionales e innovadores (a una tasa del 6% y 4% respectivamente).

 

En el caso del PROINDER, se entrega financiamiento no reembolsable de hasta $200 por familia y $4.000 por grupo para proyectos de autoconsumo; de hasta $1.500 por familia y $22.500 por grupo para iniciativas de inversión en bienes y obras de infraestructura predial; y de hasta $50.000 por grupo para infraestructura de uso comunitario y organización para la comercialización.

 

Al 30 de diciembre de 2005, el 96,3% del gasto devengado por el programa estuvo destinado a transferencias para financiar la ayuda social a personas y las actividades científicas y académicas (entre las que se incluyen las destinadas a ArgenINTA). Los desvíos producidos respecto a lo planificado en la asistencia financiera y técnica, se originaron en una mayor disponibilidad financiera durante el segundo trimestre del año. Adicionalmente, durante el tercer trimestre, se produjo una disminución del monto promedio otorgado, permitiendo la asistencia a un mayor número de familias.

Secretaría de Coordinación Técnica

 

El número de casos resueltos en el análisis de fusiones o adquisiciones fue mayor al previsto debido a una importante cantidad de operaciones de concentración económica que llevaron adelante los principales refinadores que producen combustibles líquidos en el país, adquiriendo estaciones de servicio.