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En el cuadro precedente se desagrega información referente a los programas presupuestarios que lleva adelante el Ministerio de Salud, en forma centralizada. Para el desarrollo de los programas específicos se dedica alrededor del 85% del crédito, lo demás se distribuye en transferencias a los Hospitales Garrahan y Posadas ($63,9 millones y $52,4 millones respectivamente) y en el sostenimiento de las actividades centrales y comunes a los distintos programas.
En 2004 se continuaron reforzando con financiamiento externo, los gastos asociados a la atención de la emergencia sanitaria -que fue extendida hasta el 31 de diciembre- y los relacionados al cumplimiento de los objetivos sanitarios regulares y permanentes, cuyo sostenimiento no resultaba posible por la variación de costos derivada de la devaluación monetaria, en un contexto social regido por el aumento de la población de riesgo y sin cobertura de salud.
Los programas alcanzados por la emergencia sanitaria, a los que fueron reorientados recursos externos, figuran en el cuadro adjunto. En los programas regulares, la ejecución de estos recursos, continúa bajo la responsabilidad de las unidades ejecutoras de los convenios de préstamos.
Emergencia Sanitaria
Programa |
Cobertura |
Unidad Ejecutora |
Plan Materno Infantil |
Leche fortificada, medicamentos e insumos para salud reproductiva |
U.E. Central PROMIN |
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos. |
Vacunas, tuberculosis, insumos para dengue, chagas, paludismo y bancos de sangre |
U. E. Central VIGI-A |
Lucha contra el SIDA y ETS |
Medicamentos y reactivos |
U.E. Central VIGI-A |
Emergencia Sanitaria |
Medicamentos para atención primaria |
U.E. Central PROAPS |
Si bien la ejecución general continuó siendo baja, algunos programas incrementaron su nivel de gasto con respecto al año anterior y presentan una ejecución más uniforme. Si se observa la ejecución financiera de 2003, se advierte que más de la mitad del gasto se efectuó en el último trimestre y de ello se desprende que la recepción de insumos tuvo lugar en ese período o ya iniciado el año 2004. Todo parece indicar que este año podría repetirse el patrón de gasto del año anterior, con fuerte peso del último trimestre.
A continuación se presenta la producción física acumulada en el período por los programas de la Administración Central del Ministerio de Salud.
El programa Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica está compuesto, en el actual ejercicio, por dos actividades directamente ligadas a la atención médica de distinto tipo de beneficiarios: pacientes que necesitan atención de alta complejidad en cardiocirugía y aquellos que requieren ser tratados con hormona de crecimiento. El crédito vigente de cada una de ellas asciende a: $3,9 millones y $3,0 millones respectivamente.
La asistencia para prestaciones de alta complejidad en cardiocirugía, comprende la realización de estudios diagnósticos y tratamientos a pacientes de todo el país sin cobertura social y se lleva a cabo en convenio con la Fundación Favaloro. El 90% del crédito devengado se transfirió a la Fundación para financiar el tratamiento de esas patologías.
En cuanto a la asistencia con hormona de crecimiento, el número de pacientes asistidos se incrementó con respecto al año anterior y ronda los niveles históricos, como consecuencia de que en el último trimestre del 2003 se adquirió hormona a través de este programa y del de Emergencia Sanitaria, lo cual contribuyó a destrabar una situación conflictiva que se extendía desde el año 2001. No obstante, en el primer semestre del año 2004, el gasto sólo ascendió a $200 mil.
Este programa está integrado por tres subprogramas, el Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño, el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II), que cuenta con $27,9 millones financiados por el BIRF y el Seguro Universal Materno Infantil que tiene asignados $20,0 millones.
El crédito vigente del Plan asciende a $143,5 millones, considerando los recursos provenientes del Tesoro Nacional y los adicionales (PROMIN-BIRF) para enfrentar la emergencia. Al cierre del trimestre, el gasto del subprograma fue de $43,1 millones, concentrados en financiamiento externo.
El componente nutricional ocupa un lugar central en la asignación del gasto. La distribución de leche en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C, especialmente formulada para disminuir la incidencia de la anemia y contribuir a prevenirla, se focaliza en embarazadas, menores de 2 años y niños desnutridos, que se atienden en servicios públicos de salud y se plantea como complementación alimentaria. La cobertura poblacional se programa sobre la base de las normas preventivas que establecen el óptimo de provisión de leche según el tipo de beneficiario.
En este trimestre se entregaron casi 5,0 millones de kilogramos de leche adquiridos con fondos PROMIN, de acuerdo a los índices establecidos por el COFESA (Consejo Federal de Salud). La diferencia con lo programado se debe a que la primera entrega prevista originalmente para 2004, se adelantó a diciembre de 2003.
Por otra parte, se reasignaron fondos provenientes del Tesoro Nacional, originalmente destinados a transferencias financieras a las jurisdicciones provinciales para la compra de leche, para ser aplicados a compras centralizadas por parte de este subprograma, razón por la cual en los próximos trimestres se incrementará la programación de leche entregada.
En consecuencia, las transferencias de fondos a las provincias para la adquisición de leche fueron suspendidas y se prevé que esta situación se prolongará hasta que se normalice la situación con relación a las transferencias de años anteriores. Para ello se inició un proceso de regularización de rendiciones de cuentas y de determinación de saldos pendientes de ejecución, con miras a consolidar los saldos residuales y redefinir su aplicación. La compra por parte de las provincias presentaba, asimismo, inconvenientes tales como: aumento de costos por adquisición de cantidades limitadas, dispersión de precios, costo de fletes, etc., por lo que el tema se encuentra en estudio.
La entrega de medicamentos para asistir a la población materno infantil no alcanzó lo programado porque se encuentra pendiente de entrega un lote de medicamentos, proveniente del exterior del país. No obstante, se estima que la distribución final será menor a la prevista inicialmente.
La distribución de insumos de salud reproductiva (anticonceptivos orales e inyectables, DIU, preservativos) para cubrir por un año a más de 800 mil mujeres en edad fértil, fue prevista para el tercer trimestre.
Las inversiones del PROMIN II en mejoramiento de infraestructura beneficiaron al Centro de Salud Nueva Rioja, de la provincia de La Rioja y al Hospital de Esquel, provincia de Chubut. Se inició, además, una obra en Villa Río Negro de la provincia del Chaco, que tiene un plazo de 60 días para su finalización.
Se informó que el personal de los centros de salud y de desarrollo infantil continuó siendo capacitado, pero se plantearon cambios en la metodología de prestación.
El Seguro Universal Materno Infantil incrementó su crédito, en este trimestre, de $2,0 millones a $20,0 millones. No registró hasta el momento ejecución financiera ni física, pero de acuerdo a lo programado, las prestaciones comenzarían en el tercer trimestre. A través del seguro se plantea disminuir la morbimortalidad en niños y niñas menores de 6 años y la morbimortalidad materna en embarazadas y hasta 45 días después del parto, que no cuenten con cobertura explícita de salud. El financiamiento se instrumenta a través de un subsidio en base a cápitas, que permiten brindar un conjunto de prestaciones básicas en materia de salud.
El programa destina casi la totalidad de sus recursos al financiamiento de residencias médicas, destinadas a la formación de especialistas, de acuerdo a las necesidades sanitarias establecidas como prioritarias. Las mismas tienen una duración de tres años para las especialidades básicas, con el agregado de un cuarto año para las post básicas.
En el trimestre analizado se produjo el egreso de especialistas en distintas disciplinas del área salud. Asimismo, se celebró el concurso para el ingreso de residentes de primer año, residencias postbásicas y jefes de residentes.
La planta de residentes y jefes de residentes promedió los 1.611 profesionales, número que se irá acercando a lo programado, cuando se completen las asignaciones de cargos y la remisión de documentación por parte de las provincias.
Las becas para perfeccionamiento profesional consisten en una ayuda económica de alrededor de $85,0 mensuales, orientada a auxiliares de la salud, especialmente a la reconversión de enfermeros empíricos. El bajo nivel de ejecución es atribuible a los cambios en la titularidad del programa, cuya situación actual dificulta también la reprogramación de la meta.
El objetivo general de este programa es la promoción de la formación de recursos humanos y tecnológicos en investigación clínica, básica y epidemiológica. Asimismo, a través de la Dirección de Estadística e Información en Salud se produce información y se coordinan las normas y procedimientos a aplicar para la captación de la información, la elaboración y el procesamiento de datos, en todo el territorio nacional.
En el trimestre analizado comenzaron a implementarse las becas de investigación "Ramón Carrillo - Arturo Oñativia" 2004, según las siguientes modalidades:
Las áreas temáticas prevalecientes son: mortalidad materna y perinatal, medicamentos, calidad de servicios, microbiología e infección hospitalaria, nutrición/desnutrición, salud reproductiva, biología molecular, neurociencia y oncología. Los estudios colaborativos multicéntricos estimulan la investigación sobre accidentes de tránsito, muertes no institucionales, tabaquismo, etc. La dispersión de los investigadores en distintos centros del país propician una mirada abarcadora sobre el objeto de estudio.
La financiación de las becas es la erogación más importante del programa y se realiza en dos pagos semestrales, que se concretan en el segundo y en el último trimestre del año.
La Dirección de Estadística e Información en Salud elaboró en el primer semestre del año las siguientes publicaciones correspondientes a las series y boletines estadísticos:
Se elaboraron informes sobre evolución de la mortalidad por desnutrición y brechas entre provincias en el período 1980-2002; jurisdiccionales del sector salud de las provincias de Tucumán y Mendoza, para el Equipo Interinstitucional de Análisis de Información Social del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; sobre vigilancia permanente de la mortalidad materna, para la elaboración de indicadores de salud de las Metas del Milenio, etc.
Se realizaron talleres relacionados con la temática y se atendieron consultas sobre publicaciones, acceso a las bases de datos disponibles y para la elaboración de procesamientos especiales de responsables e integrantes de programas permanentes del Ministerio de Salud, de programas de cooperación externa, de distintos programas de otras instituciones oficiales, privadas y público en general.
A través de la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables se realizaron las actividades previstas para la difusión de esa estrategia. Se llevaron a cabo talleres para capacitación de los recursos humanos de los municipios participantes -cuyo número superó las expectativas iniciales- en los temas: Residuos sólidos urbanos; Atención primaria de la salud y Salud sexual y reproductiva.
Asimismo, se atendieron consultas electrónicas que, en el 80% de los casos, consistieron en solicitudes de información general y acerca de los requisitos para ingresar a la red nacional; el resto se basó en temas específicos de promoción de la salud y fueron redireccionadas a las áreas competentes. Cabe resaltar que además de las respuestas por vía electrónica, se remite material impreso de difusión (folletos, trípticos, publicaciones, libros) por correo postal, a solicitud de las intendencias.
Este programa procura disminuir los riesgos previsibles, atribuidos a enfermedades transmisibles y no transmisibles y dar tratamiento a situaciones particulares de interés sanitario.
Está integrado por las siguientes actividades: normatización, suministro y supervisión de vacunaciones; control de enfermedades transmisibles por vectores (ambas cuentan con recursos provenientes del tesoro nacional y de crédito externo); control del cólera y vigilancia epidemiológica -Proyecto VIGI+A-.
Para la mayoría de las metas de este programa, los datos de ejecución física con que se cuenta son parciales y están sujetos a modificación, debido a que las acciones se despliegan en todo el país y pocas jurisdicciones envían la información a término. Esto afecta especialmente a las acciones de inmunización, capacitación y de control vectorial del Chagas, el Paludismo y el Dengue.
Si bien la distribución de vacunas no alcanzó lo programado, la distribución se desarrolló dentro de parámetros normales; no hubo falta en las provincias, se atendieron peligros de brotes de algunas enfermedades y se cubrieron situaciones de urgencia. Al respecto, cabe mencionar que, además de las vacunas que integran el Calendario Nacional, se adquieren y distribuyen otras, que el Estado provee en forma gratuita a todas las jurisdicciones del país de acuerdo a la situación epidemiológica, para el control de enfermedades zoonóticas y para prevención de grupos de riesgo (antiamarílica, antisarampionosa, antihepatitis A, antihepatitis B adultos, SALK, antimeningocóccica, antirrábica humana y veterinaria, antihaemophilus, gammaglobulina, antitetánica, gammaglobulina antihepatitis).
A la fecha de cierre de este informe, las jurisdicciones provinciales no habían suministrado datos sobre inmunización de niños menores de 1 año durante el segundo trimestre y los registrados corresponden al primer trimestre y son totalmente provisorios. Los valores del año anterior, en cambio, fueron actualizados en el primer trimestre del año 2004.
De acuerdo a la informado por la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera, la cobertura de la población por medio de la distribución de pastillas potabilizadoras de agua y la contratación de agentes sanitarios, se desarrolló en el trimestre de acuerdo a lo previsto.
La ejecución de las metas referidas a vigilancia epidemiológica no superó el standard del año anterior, pese a las expectativas iniciales. Las acciones de capacitación y financiamiento de investigaciones sufrieron una reprogramación interna que no fue notificada. En tanto que la distribución de equipamiento informático fue mucho mayor a lo programado para el segundo trimestre, pero no resultó suficiente para alcanzar lo programado para el semestre en su conjunto.
Cabe mencionar que el Proyecto VIGI+A desarrolla, también, acciones de promoción de la salud, entre las que destacaron las campañas antitabáquicas, la realización del concurso "Abandone y Gane" y el aliento a la creación de espacios libres de humo en ámbitos laborales.
El programa está formado por distintas áreas que tienen bajo su responsabilidad la regulación, fiscalización y registro de establecimientos sanitarios y del ejercicio profesional; el control de la salud preocupacional y de las causales de ausentismo de los agentes de la Administración Pública Nacional; el control sanitario de fronteras y terminales de transporte y el desarrollo del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica que desarrolla acciones normativas, evaluativas, de asistencia técnica y capacitación. El gasto ejecutado por las distintas actividades rondó el total de la asignación presupuestaria.
Se dictaron cursos de capacitación en seguridad radiológica y láser, dirigidos a médicos, odontólogos, veterinarios, técnicos radiólogos, técnicos industriales, etc., vinculados al uso de equipos generadores de Rayos X.
Al respecto cabe destacar que el número de personas capacitadas depende en gran medida de la demanda y que lo mismo ocurre en los casos de matriculación, certificación y habilitaciones.
En materia de salud ocupacional, los valores relativos a licencias médicas, evaluación de la capacidad laboral y seguimiento de accidentes fueron estimados y pueden ser modificados, debido a que falta completar la información de las prestaciones del mes de julio, de algunos centros del interior del país. Se continuó, además, con la matriculación de especialistas en Medicina del Trabajo y con el dictado de cursos vinculados a la especialidad.
Los resultados alcanzados con relación a la sanidad de fronteras y terminales de transporte pueden modificarse al incorporar más información proveniente del interior del país.
Las acciones de capacitación relacionadas con la calidad de la atención médica se pospusieron para los últimos trimestres del año, por razones operativas. Asimismo la distribución de discos compactos (CD) con las normas publicadas no pudo realizarse por falta de insumos, pues los expedientes de compra aún no fueron adjudicados.
En el marco del Plan Nacional de Sangre, en el mes de mayo se realizaron talleres de capacitación de los equipos de promotores de donación de sangre, en las regiones centro, sur y norte del país, con participación de representantes de 22 jurisdicciones provinciales. Se está trabajando en la elaboración de información sobre promoción de hemodonación y refuerzo de las estructuras provinciales y nacionales, con el fin de imprimir y distribuir un boletín informativo en el cuarto trimestre del año. Las supervisiones en terreno a bancos de sangre se centraron en el área metropolitana de la provincia de Córdoba, el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco y el Banco Central de la provincia de San Juan. Mientras tanto, teniendo como base el requerimiento de los proyectos provinciales, a nivel central se elaboraron especificaciones para realizar la asistencia en materia de reactivos para el tamizaje de infecciones transmisibles por transfusión, equipamiento para producción y distribución de componentes sanguíneos, equipamiento informático para la gestión de bancos de sangre y hemovigilancia.
Se realizaron talleres de cooperación técnica en atención primaria de la salud (APS), orientada a la salud mental, en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, en la que se capacitaron profesionales médicos y agentes sanitarios. El programa fue desarrollado por profesionales que se desempeñan en PROMIN, PROFE y CENARESO, por lo que los gastos de pasajes y viáticos fueron afrontados por esas dependencias. Se llevaron a cabo, además, talleres de APS/Salud Mental en Enfermería en las provincias de Jujuy y Catamarca, con la asistencia de 55 enfermeros. El material de difusión estuvo destinado a estas jornadas.
Las acciones de este programa se orientan a prevenir en la población la infección por VIH, a brindar atención a pacientes con VIH/SIDA, a disminuir el impacto biológico y socieconómico de la enfermedad y a prevenir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Para el desarrollo de las actividades regulares del programa se cuenta con recursos del Tesoro Nacional y de fuente externa (VIGI-A - BIRF), incorporados para cubrir las necesidades de insumos a los costos actuales. Este año, a las acciones habituales se sumaron las que se generaban a través del Proyecto Lusida, referidas a la elaboración de materiales de difusión y al fomento de la prevención a través de la distribución de preservativos. Asimismo, se dará inicio a la distribución de leche maternizada a recién nacidos de madres infectadas de VIH, con el fin de evitar la transmisión vertical de la enfermedad.
El promedio de personas asistidas con medicamentos de provisión gratuita, superó en alrededor del 9% el promedio del mismo lapso del año anterior, pero fue inferior a lo previsto. Cabe recordar que en el mes de diciembre se informó que se asistía a 18.127 personas. Alrededor del 70% de las personas afectadas de HIV/SIDA, en tratamiento en todo el país, recibe los medicamentos provistos por el Ministerio de Salud.
Si bien la demanda tiende al crecimiento por los buenos resultados obtenidos con los tratamientos y la disminución de la mortalidad, el ingreso de pacientes al programa nacional depende de nuevos diagnósticos y además de parámetros clínicos y de laboratorios. Actualmente la tendencia es monitorear más exhaustivamente y retrasar el comienzo de tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Esta metodología, se refleja en el incremento de estudios de carga viral, que se aprecia en el cuadro inicial.
Si bien se retrasó la compra internacional de reactivos, no se produjeron faltas en ninguna provincia y los insumos resultan suficientes para cubrir los requerimientos hasta el mes de julio.
La distribución de leche de inicio, para hijos de madres infectadas con VIH, comenzará en el mes de agosto, fecha estimada para la recepción del insumo, según la Dirección de Compras del Ministerio.
Debido al estado de la epidemia en la Argentina, se incrementaron las campañas de prevención y difusión por medios masivos y en espacios no convencionales, así como la distribución de preservativos. Es que, además de los casos notificados de VIH/SIDA, se estima en 120 mil el número de personas que pueden estar infectadas sin saberlo. De acuerdo con los sondeos oficiales, la enfermedad se propaga con mayor intensidad entre jóvenes y mujeres de los sectores más pobres de la sociedad, lo que llevó a decir a la titular del programa que el SIDA "es cada vez más femenino, más joven y más pobre". Asimismo, la vía de contagio que más se ha incrementado es la de las relaciones heterosexuales.
En la línea 0800 3333 444 se atienden consultas -en forma confidencial y gratuita- y se brinda información sobre stock, entrega de medicamentos y requisitos administrativos para acceder al programa.
La acción más destacada de este programa y la de mayor relevancia presupuestaria, es el suministro de drogas oncológicas a pacientes de escasos recursos económicos y sin cobertura de salud, que lleva adelante el Programa Nacional de Control del Cáncer, a través del Banco de Drogas Oncológicas.
La provisión de drogas se efectuó en el orden de lo programado y el crédito devengado fue aplicado casi en su totalidad a su adquisición.
Desde hace algunos años la demanda se vio incrementada por un mayor flujo de pacientes provenientes de la provincia de Buenos Aires, hacia los servicios de oncología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido al agravamiento de la situación socieconómica y la crisis de la cobertura de salud. Cabe destacar que entre el año 2002 y 2004, la provisión de tratamientos se incrementó en más de un 20%.
El programa de Atención Primaria de la Salud, está integrado por los subprogramas Estrategias para la Atención Primaria de la Salud y Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, cuyo crédito asciende a $7,7 millones y $3,9 millones respectivamente.
El subprograma Estrategias para la Atención Primaria de la Salud incluye el servicio de Médicos de Atención Primaria de la Salud, que se implementa en el ámbito municipal y provincial con apoyo, supervisión y financiamiento del Ministerio de Salud y destina sus recursos al pago de los contratos de los profesionales, que brindan asistencia de primer nivel de atención a beneficiarios sin cobertura social de todo el país. Dicho servicio está en vías de revisión.
El Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, comprende atención primaria en salud ambiental y riesgos específicos, educación sanitaria de la población y apoyo nacional de acciones humanitarias para las poblaciones indígenas (ANAHI).
No se concretó el suministro de sales de flúor para dar cumplimiento y continuidad a los convenios suscriptos con distintos partidos del conurbano bonaerense, con destino a la fluoración de las aguas de consumo para evitar enfermedades bucodentales. Asimismo, no se proveyó a los laboratorios de los materiales necesarios para el control de la calidad del agua y del aire. Estas acciones -que atraviesan una situación irregular desde hace varios años- no fueron priorizadas debido a la emergencia sanitaria, según informó el área responsable. Actualmente se carece de insumos y se informa que no se cuenta con los recursos financieros para hacer frente a la compra de los mismos, por lo que se incumplirá la meta establecida.
El Programa ANAHI financia la contratación de agentes sanitarios aborígenes que se desempeñan dentro de sus comunidades. Los agentes prestan servicios en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Misiones y, habitualmente, reciben capacitación antes de cada ronda de atención primaria. Los agentes de todas las jurisdicciones cumplieron con sus funciones, aunque la transferencia de fondos sufrió demora, al igual que el año anterior.
El programa de cobertura de emergencias sanitarias es llevado adelante en forma regular por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, que cuenta con equipamiento de transporte terrestre y aéreo, de comunicaciones y sanitarios para los traslados, derivaciones y atención de los afectados por accidentes y catástrofes, tanto de origen natural como social.
Como consecuencia del Operativo Tren Sanitario en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Río Negro, la demanda de medicamentos e insumos médicos excedió lo programado. La misma fue asistida con medicamentos de stock propio y con los provistos por el programa de Emergencia Sanitaria.
El resultado de la meta referida a traslados sanitarios, contempla los traslados de rutina y los que surgieron del operativo Tren Sanitario, habida cuenta de que hubo que trasladar a personas asentadas en parajes vecinos al de instalación del tren para su atención, derivándolas a centros asistenciales de mayor complejidad en los casos que fue necesario.
En el trimestre analizado se llevaron a cabo las siguientes acciones de capacitación:
A partir de la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional, se inició este programa que tiene por fin contribuir a que la población acceda a los bienes y servicios necesarios para la conservación de la salud.
Consta de dos actividades básicas:
Respecto a las acciones compensatorias, se ejecutaron $7,2 millones destinados al operativo Tren Sanitario, a la adquisición de medicamentos, de vacuna antigripal, de equipamiento sanitario y de laboratorio, de instrumental, de equipos de rayos y al pago de derechos de importación sobre placas radiográficas.
Por su parte, el programa Remediar cuenta con $101,9 millones de crédito de fuente externa (PROAPS - BID) y su ejecución financiera ascendió a 15,5 millones. En el trimestre analizado, el ministro de Salud de la Nación entregó el botiquín número 200.000 a la Unidad Sanitaria "San Alberto", de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
El Remediar llega a más de 5.000 CAPS de todo el país y prevé dar cobertura a 15 millones de beneficiarios, el 96% de los cuales es pobre o extremadamente pobre. Se distribuyen 53 medicamentos esenciales, que cubren el 80% de los motivos de consulta y son provistos y prescriptos por su nombre genérico o Denominación Común Internacional (DCI). Se estima que la cantidad de consultas a estos centros asistenciales, aumentó considerablemente desde el establecimiento del Remediar.
La cantidad de botiquines a distribuir por provincia se calcula basándose en un índice que combina los indicadores de pobreza y la cantidad de consultas de atención primaria en estos centros asistenciales. La supervisión la realiza la Red de Control Social, integrada por Cáritas y la Cruz Roja Argentina. Además, se realizan auditorías periódicas tanto a los CAPS como a los beneficiarios del mismo.
El Programa Federal de Salud (PROFE) tiene por objetivo atender la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar (las pensiones se otorgan por invalidez, vejez, para madres de 7 o más hijos, para beneficiarios de regímenes especiales -ex combatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos, entre otros-, pensiones graciables otorgadas por el Congreso de la Nación, etc.).
Los titulares de pensiones no contributivas son aproximadamente 322.000 personas y cerca del 70% del total utiliza la cobertura médico social, para sí mismo y su grupo familiar. Los beneficiarios se distribuyen por todo el país y la mayor concentración se produce en la provincia de Buenos Aires. En el mes de junio los afiliados se distribuían de la siguiente forma en todo el país:
Población con cobertura PROFE
(al mes de junio de 2004)
Jurisdicción |
Población |
% |
Ciudad de Buenos Aires |
10.928 |
2,6 |
Provincia de Buenos Aires |
66.058 |
15,7 |
Catamarca |
5.963 |
1,4 |
Córdoba |
17.097 |
4,1 |
Corrientes |
16.383 |
3,9 |
Chaco |
16.487 |
3,9 |
Chubut |
4.053 |
1,0 |
Entre Ríos |
9.640 |
2,3 |
Formosa |
10.143 |
2,4 |
Jujuy |
8.931 |
2,1 |
La Pampa |
9.185 |
2,2 |
La Rioja |
7.315 |
1,7 |
Mendoza |
8.894 |
2,1 |
Misiones |
14.686 |
3,5 |
Neuquén |
4.878 |
1,2 |
Rio Negro |
4.996 |
1,2 |
Salta |
19.172 |
4,6 |
San Juan |
11.309 |
2,7 |
San Luis |
5.881 |
1,4 |
Santa Cruz |
1.735 |
0,4 |
Santa Fe |
13.778 |
3,3 |
Santiago del Estero |
24.128 |
5,7 |
Tierra del Fuego |
837 |
0,2 |
Tucumán |
12.965 |
3,1 |
PAMI |
114.528 |
27,3 |
TOTAL PAIS |
419.970 |
100.0 |
El padrón de beneficiarios es relativamente estable, aunque se producen altas y bajas que introducen algunas variaciones. El desvío que presenta el número de beneficiarios atendidos en promedio, se debe a que al programar se contempló la extensión del beneficio a adultos mayores de 70 años sin cobertura de seguro social, pero las incorporaciones no alcanzaron la magnitud prevista.
El PROFE financia los servicios de salud realizando convenios con las jurisdicciones bajo la forma de cápita, según la distribución geográfica de la población beneficiaria. También establece convenios con instituciones publicas y privadas para la atención de patologías específicas. Entre sus funciones figura el monitoreo y la auditoría de los servicios y prestaciones realizadas.
En la cobertura de salud que brinda el PROFE sobresalen algunos tratamientos de alto costo y larga duración: dialisis, transplantes y tratamientos con inmunosupresores, reemplazo enzimático con Imiglucerace, enfermedad fibroquística del páncreas, hemofilia, VIH/SIDA y tratamiento con hormona de crecimiento. Asimismo, los beneficiarios discapacitados reciben cobertura prestacional y quienes lo requieren son asistidos en geriátricos.
El 50% del gasto del programa se destinó al Plan Nacional de Manejo del Fuego, seguido por la Conservación de la Biodiversidad (20%) y el Mejoramiento y Construcción en Areas Protegidas de Bosques Nativos (16%).
La Ley Nº 22.241 de Conservación de la Fauna Silvestre y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 666/97, establecen que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación de la norma. De acuerdo a las atribuciones establecidas, se encuentra facultada para fijar aranceles de inspección, correspondientes a la identificación de especies y control de certificados de origen para la exportación, importación y comercio interno en jurisdicción federal. La norma establece, además, la obligatoriedad para todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen a la importación, exportación, comercialización, curtimiento, cría, viveros, taxidermia o industrialización de los productos de la fauna, así como a su acopio en cualquier etapa, o a la compraventa de animales silvestres, de proceder a su inscripción y registro ante la Dirección de Fauna.
Las autorizaciones de exportación e importación de fauna se concretan mediante la emisión de un certificado, que se expide a pedido del interesado en comerciar una especie o sus productos, procesados o no. El comercio de esta amplia gama de productos y subproductos es de gran variación, ya sea por cuestiones monetarias (en particular por el tipo de cambio), tendencias de la moda o cambios estacionales, por lo que responde netamente a la demanda de los consumidores y comerciantes.
La certificación de valor de especies amenazadas corresponde a aquellos certificados que avalan el comercio internacional de productos y/o subproductos de especies que se encuentran incorporadas a alguno de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
El transporte de animales vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre, debe contar con la guía de tránsito otorgada por la Dirección de Fauna provincial que corresponda, de acuerdo al origen o procedencia de la misma para su traslado con destino final en otra jurisdicción. Al llegar el envío a manos del destinatario, deberá presentar la guía de transito a la autoridad de aplicación dentro de su período de validez para su inspección y acreditación en los registros de dicha autoridad.
La falta de insumos básicos y la necesidad de hacer un uso restrictivo de los existentes, llevó a que sólo pudieran imprimirse parte de los documentos técnicos previstos.
Es importante destacar la promulgación de la ley 25.831 que establece el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Este instrumento instala los presupuestos mínimos de protección para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial o municipal. El texto de la nueva norma señala que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, y no será necesario acreditar razones ni interés determinado.
Las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, estarán obligados a facilitar la información ambiental requerida. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad ambiental nacional, deberá cooperar para facilitar el acceso a la información, promoviendo la difusión del material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones.
Por ser autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.051 de residuos peligrosos, la Secretaría lleva un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Cumplidos los requisitos que dicha ley impone a los inscriptos, se les otorga el certificado ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que será aplicado a los residuos peligrosos. Este certificado deberá ser renovado en forma anual.
La misma norma, asigna a la autoridad ambiental el poder de policía y fiscalización respecto a la generación, transporte y operación de residuos peligrosos. En tal sentido, la Unidad de Residuos Peligrosos interviene en las inspecciones que se ordenan en plantas ubicadas en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de determinar el cumplimiento de la norma.
Asimismo, en julio de 2002 fue sancionada la Ley Nº 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, cuya reglamentación se esperaba para este año, cuando se definiría quién sería la autoridad de aplicación de la norma. Por este motivo se programó entregar un número inferior de certificados.
Las autorizaciones otorgadas para el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos dan cumplimiento en el país al Convenio de Basilea, sobre el control de dichos residuos y su eliminación, como así también autoriza las exportaciones e importaciones de aquellos que no se consideran peligrosos. Esta operatoria, tiende a favorecer la consolidación de procesos de desarrollo sustentable, a través de la procuración de insumos, en el caso de la importación, para distintas iniciativas industriales. Las operaciones dependen exclusivamente de las condiciones comerciales y de producción de las empresas.
El Plan Nacional de Valoración de Residuos difunde entre los pequeños y medianos asentamientos, la práctica del manejo ambiental de sus residuos sólidos mediante la recuperación y reciclado de los mismos y la desactivación de los basurales a cielo abierto. Para ello presta asistencia técnica, orienta hacia posibles fuentes de financiamiento y otorga apoyo financiero parcial a modo de incentivo a las iniciativas locales (municipios).
La Secretaría considera que la adopción voluntaria de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) tales como el propuesto por la norma ISO 14001/1996, es un camino adecuado para tender al desarrollo sostenible, por lo que promueve su implementación en todo tipo de organizaciones. Es este contexto las pequeñas y medianas empresas (PyME) deben ser el foco de apoyo por parte de la Secretaría considerando su gran número y los reducidos recursos económicos y tecnológicos con los que suelen contar. Para lograr dicho objetivo se desarrolló el proyecto "Prepararse para Certificar", con la asistencia de Canadá y con la colaboración de la Unión Industrial Argentina.
La evaluación de impacto ambiental consta de un asesoramiento y revisión de estudios de impacto ambiental de proyectos en los que la Secretaría es autoridad de aplicación, en comisiones interjurisdiccionales o comisiones ad hoc (Administración de Parques Nacionales, Puertos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, etc.); la emisión de dictámenes en proyectos de envergadura nacional (Hidrovía, Puente Buenos Aires-Colonia, Puente Rosario-Victoria, etc.) y el registro de consultores en estudios de impacto ambiental. Este registro tiene por objetivo brindar información sobre aquellos consultores individuales o firmas consultoras que cumplen con las exigencias de las citadas resoluciones a todos aquellos que deban realizar obras en las cuales es imperativa la realización de estudios de impacto ambiental para la ejecución de las mismas y en particular es obligatorio para todos los estudios de impacto ambiental que se presenten en la Administración de Parques Nacionales, en esta Secretaría y en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. El incremento con respecto a lo programado se debe a un requerimiento específico de la Dirección Nacional de Vialidad.
La Secretaría es asimismo, autoridad ambiental de aplicación del Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley Nº 24.449 de tránsito por lo que es competente para todos los aspectos relativos al control de la emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores. Su función es aprobar las configuraciones de modelos de vehículos automotores, en lo referente a emisión de gases contaminantes y nivel sonoro. Dicha aprobación, deberá ser presentada por el fabricante para solicitar la licencia para configuración de modelo en el Ministerio de Economía y Producción. La industria automotriz ha presentado nuevos motores y mejoras de anteriores modelos requiriendo un mayor número de certificados de emisión de gases y sonidos vehiculares. Por otra parte, con el objeto de acompañar el desarrollo de la industria automotriz, el precio del arancel correspondiente a la realización de los ensayos en el laboratorio de control de emisiones gaseosas vehiculares, se redujo en más de un 50% desde principios de 2004.
El nivel de gasto correspondiente al primer semestre se debió, en parte, a la necesidad de corregir una ejecución defectuosa de trimestres anteriores en la compra de equipamiento para la ampliación del laboratorio de emisiones gaseosas vehiculares y, en parte, al comienzo de la obra civil del mismo proyecto.
El objetivo principal del programa, es el de brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas e incrementar el área forestada nacional, favoreciendo a comunidades rurales concentradas y dispersas, contribuyendo a evitar el desarraigo.
En este sentido se precisa que el ente ejecutor de un proyecto ProSoBo, puede ser el
municipio, bajo cuya jurisdicción política se encuentra el núcleo poblacional beneficiario; una organización no gubernamental, incluyendo cooperativas, empresas y sindicatos, o cualquier otra entidad pública o privada que promueva la participación comunitaria.
La promoción de nuevos proyectos se encuentra demorada por cambios institucionales.
