 | | | | | | | |
 | | ||||||
 |  |  |  |  |  |  | |
 |  |  | | ||||
| | | | | | | |
| | ||||||
| | | | | | | |
| | | | ||||
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor a través de los distintos programas que se encuentran bajo su órbita, se encarga de la implementación de políticas y de los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios.
En ese sentido, efectúa las propuestas, evaluación y control de las políticas y normas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios, tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer la transparencia, la simplicidad funcional y la modernización de las normas técnicas.
El desvío, con respecto a lo programado, en los servicios de asistencia técnica a provincias se originó por una limitación en la utilización del Fondo rotatorio. La misma provocó que no se pudiera asistir a las provincias de la forma programada.
En cuanto a los subsidios a entidades de consumidores, se benefició a tres entidades más, con respecto a lo programado, debido a que a la fecha de realizar las proyecciones anuales dichas entidades no se hallaban inscriptas en el registro de Asociaciones de Consumidores de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor.
La cantidad de arbitrajes en conflictos entre consumidores y empresas realizados fue menor a la estimada principalmente debido a una fuerte disminución en las denuncias recibidas. Tales denuncias se tratan en una instancia conciliatoria por medio de audiencias celebradas con la presencia de las partes. Las mismas pueden resultar en el acuerdo de las partes en conflicto, o bien, en la prosecución del sumario administrativo. En ese sentido, cuestiones propias del arbitraje hacen necesaria la realización de cuartos intermedios, provocando en consecuencia, que la resolución del caso lleve más tiempo que el previsto. Asimismo, los sectores bancarios y de planes de ahorro previo han rechazado los pedidos de arbitraje solicitado por los consumidores.
Las tareas de verificación y/o aprobación de instrumentos de medición, conforme a la Ley N°19.511 de metrología legal, persiguen los objetivos de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones comerciales y seguridad. El desvío observado con respecto a lo programado se originó, principalmente, en una reasignación de personal hacia la realización de operativos de lealtad comercial y a la disminución de la importación de instrumentos de medición. Asimismo, la sobre ejecución en la cantidad de estos operativos se debió a la gran cantidad de denuncias recibidas, que tuvieron como objetivo el control de precios en supermercados y comercios en general.
En cuanto a la instrucción de sumarios a empresas, el cambio de la autoridad a cargo de la Dirección de Actuaciones por Infracción y la complejidad de los casos a dictaminar han hecho que un determinado volumen de expedientes no hayan podido ser resueltos en el período analizado.
Con respecto a la publicación de precios relevantes, al cierre del tercer trimestre no se había concluido con la edición y publicación del número correspondiente al mes de septiembre del presente año.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene las facultades necesarias para prevenir y sancionar las conductas anticompetitivas en el comercio, como así también los abusos de posición dominante en el mercado.
A partir de la sanción de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia fue incorporada la actividad de control de las principales operaciones de concentración económica (fusiones y adquisiciones). Dicha tarea representó un cambio de prioridades para la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor.
La nula ejecución de audiencias públicas se originó en que no fue necesaria su realización durante los primeros nueve meses del año.
A partir del dictado del Decreto N° 396/01 se redujo el número de concentraciones económicas analizadas, por lo que la Comisión Nacional pudo abocarse con mayor intensidad al estudio de ciertas investigaciones y denuncias. El elevado caudal de expedientes en trámite relacionados con fusiones y concentraciones económicas ha sido el motivo por el cual se atrasó la realización de dictámenes complejos. Asimismo, en forma adicional al análisis de fusiones y adquisiciones se incorporó el análisis de opiniones consultivas y de diligencias preliminares, lo cual requirió de una reorientación de recursos humanos a la resolución de los mismos. Por tales motivos se observa un atraso en el análisis y resolución de casos por la violación de la Ley de Defensa de la Competencia.
Por su parte, la sobreejecución presentada en la elaboración de dictámenes simples radica en que se concluyeron casos no resueltos en trimestres anteriores.
Asimismo, la Comisión Nacional no consideró, según los casos analizados, otorgar autorizaciones de prácticas comerciales.
Debido a las características propias de los nuevos casos analizados por defensa de la libre competencia y del consumidor, se requirió de un mayor número de auditorías a las empresas a fin de poder dictaminar al respecto.
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (PyMEyDR), realiza su actividad de apoyo a dicho sector mediante las siguientes acciones:
Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos cuya recaudación y fiscalización está a cargo de la AFIP ( IVA y Ganancias). Se realizarán dos convocatorias para la presentación de proyectos de capacitación con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $12.000.000. La primera desde el 3 de junio hasta el 14 de agosto del 2002, por un monto de $ 8,0 millones, y la segunda desde el 19 de septiembre hasta el 14 de noviembre del 2002, por un monto de $4 millones. Con fecha 14/08/2002 se presentaron un total de 730 proyectos por un monto de $17.968.876,11, distribuidos de la siguiente manera:
Por Sector Económico
|
SECTOR |
PROYECTOS |
MONTO |
|
Agropecuario |
77 |
$ 2.411.847,92 |
|
Comercio |
109 |
$ 2.767.997,84 |
|
Industria |
313 |
$ 7.265.558,69 |
|
Informático |
7 |
$ 213.160,96 |
|
Servicios |
200 |
$ 4.626.828,70 |
|
Otros |
24 |
$ 683.482,00 |
Por Región
|
REGION |
PROYECTOS |
MONTO |
|
Buenos Aires |
274 |
$ 6.794.006,55 |
|
Centro |
192 |
$ 4.044.966,99 |
|
Cuyo |
60 |
$ 1.370.403,00 |
|
NEA |
32 |
$ 903.792,00 |
|
NOA |
52 |
$ 946.624,92 |
|
Patagonia |
40 |
$ 1.135.203,00 |
|
Capital Federal |
80 |
$ 2.773.879,65 |
Luego del proceso de evaluación de los proyectos presentados, la cual consistió primeramente en una verificación de requisitos de presentación y luego en una evaluación técnico pedagógica, se aplicó un criterio de priorización a los proyectos aprobados, de acuerdo a los parámetros establecidos, quedando un total de 447 proyectos pasibles de asignación por un monto total de $9.182.522,32.
Consejeros empresarios para la reconversión: Es un servicio de asesoramiento gratuito para la dirección competitiva de las empresas. Son beneficiarios las personas físicas, titulares o gerentes que formen parte de micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen iniciar un emprendimiento productivo o se encuentren ejecutándolo y soliciten el servicio.
Apoyo a la reestructuración empresarial: El objetivo es facilitar procesos de reestructuración de las PyMEs que deriven en una mayor capacidad de gestión, aumento de competitividad y mejor inserción en los mercados. También, fomentar la formación y puesta en marcha de proyectos asociativos, especialmente aquellos correspondientes a encadenamientos productivos de carácter regional. Se cofinancia, mediante aportes no reembolsables, hasta el 33% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de consultores profesionales para elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo empresarial y hasta 50% en el caso de proyectos de desarrollo asociativo.
Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyME y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. A los efectos de su constitución, toda SGR deberá contar con un mínimo de ciento veinte socios partícipes, pudiendo la autoridad de aplicación modificar estos mínimos en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme. El capital social está compuesto por los aportes de los socios y se representan en acciones ordinarias normativas de igual valor y números de votos. El capital mínimo para su constitución es de $ 240.000.- ($ 1000.- por PyME). La participación de los socios protectores no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio. Hasta los primeros nueve meses del año 2002 se autorizaron 9 SGR.
La secretaría PyME, contribuyó a crear en el año 2000 el Programa de Estímulo al Crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objeto de mejorar las condiciones de acceso al crédito del sector, a través de la bonificación en 3 puntos en la tasa de interés. Dichas acciones dieron como resultado, los años anteriores, el otorgamiento de 1406 créditos por un monto de $57,7 millones. No obstante, en el transcurso del año 2002 no se otorgaron nuevos créditos, quedando sólo la ejecución de aquellos remanentes.
Crédito a la micro y pequeña empresa: El objetivo es ampliar el acceso y la cobertura de crédito a las Micro y Pequeñas Empresas, para mejorar sus niveles de empleo e ingresos mediante el incremento de su productividad. Los beneficiarios del mismo serán las Micro y Pequeñas empresas que tengan un volumen de ventas anuales que no excedan de U$S 3.500.000.- (sin IVA) y realicen actividades que le permitan minimizar el riesgo de cambio emergente del financiamiento en dólares que se proveerá a través del programa. El destino de crédito será para la financiación de inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios que a juicio del Fiduciario y del banco sean técnica, económica y financieramente viables. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar U$S 1.000.000.- (dólares un millón), siendo el plazo máximo para su devolución de 12 meses; sin perjuicio de ello, se podrá autorizar al financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete años, incluidos hasta tres de gracia. Las tasas de interés serán fijadas oportunamente por los bancos, guardando relación con las tasas de mercado y en armonía con la legislación y las normas vigentes emanadas por el BCRA.
Crédito Italiano: el Gobierno italiano a través de la Secretaría PyME, otorga préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracias y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía, Relaciones Exteriores y Producción) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales, que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Calificarán microempresas y PYMES –incluidas las sociedades cooperativas– residentes y legalmente formadas en la República Argentina, con no menos de 3 años de actividad. En el caso de las empresas ítalo-argentinas, deberán estar constituidas por empresas madres en actividad desde al menos 3 años en Italia y en Argentina. La participación societaria de minoría, italiana o argentina, no podrá ser inferior al 15%.
Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME): fué creado por la Ley 25.300, y su objeto es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, hasta el 25 %, a las micro pequeñas y medianas empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1 de dicha Ley, a fin de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las mismas.
La administración del Fondo esta a cargo de un Comité de Administración integrado por dos representantes (titulares y alternos) del Ministerio de Economía, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. El aporte inicial de $100.000.000 (cien millones) a cargo del Estado Nacional, permite también aportes provenientes de otros organismos, tanto nacionales como internacionales y privados.
Fondo Nacional de Desarrollo para la Mipyme (FONAPyME): se ha dispuesto el llamado a concurso para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tendrán prioridad en la asignación de los recursos aquellos proyectos que estén orientados al mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos individuales y proyectos asociativos son de $ 150.000 $ 250.000, respectivamente, con una tasa de interés mensual variable a fijar cada mes por el CI (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). La opción de préstamos en dólares es a tasa Libor + 3%. El monto total del proyecto a financiar es de hasta el 70 %, y la amortización es hasta 3 años con un período de gracia de12 meses. Debido a que el llamado a concurso realizado en el primer semestre del año resultó desierto, se dispuso un segundo llamado que finalizará el 29 de octubre del presente año.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos elabora y ejecuta planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agro-industrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las provincias y los diferentes subsectores. El objetivo perseguido es promover la utilización y conservación de los recursos naturales destinados a la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector. Asimismo, efectúa el seguimiento del accionar de los organismos descentralizados del sector: Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) e Instituto Nacional de Vitivinicultura, a fin de evaluar su desempeño y realimentar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) tiene asignado el 34,9% del crédito asignado a la Administración Central del Ministerio de la Producción vigente al 31/9/2002. Asimismo, se observó un incremento del crédito vigente del 15,0% en el transcurso del tercer trimestre.
En el año 2001 se registraron los gastos correspondientes al programa que administraba el Apoyo a la Reconversión del Sector Tabacalero (Fondo Especial del Tabaco) que no figura en el Presupuesto 2002, esto explica la disminución del gasto total.
El crédito vigente asignado al programa de Formulación de Políticas del Sector Primario mostró un incremento del 12,7 % con respecto al primer semestre del año.
La mayor ejecución observada en la capacitación a productores agropecuarios obedeció a que se están recuperando atrasos incurridos en trimestres anteriores.
El apoyo a comunidades aborígenes ha demostrado una mayor dinámica durante el primer semestre el año 2002 que en los años anteriores. El resultado fue la asistencia a 10 comunidades de Nueva Pompeya ( provincia del Chaco) a través del proyecto "Dos Mazorcas de Maíz", 3 comunidades de Saenz Peña ( provincia del Chaco) mediante el proyecto Te’esaq lta’a lo’opi qompi y 1 comunidad de Charata, también en la provincia del Chaco, con el proyecto Ne Se Te. No obstante, durante el tercer trimestre se informó una ejecución nula debido al nuevo sistema de información con que la coordinación del proyecto está informando esta meta.
Por su parte, la extensión e investigación de plantaciones mostró una mayor ejecución debido a que se terminaron 7 proyectos.
La asistencia financiera a pequeños productores agropecuarios y la capacitación de técnicos (PRODERNEA) presentaron una menor ejecución debido a la insuficiencia de fondos. Asimismo, problemas en la disponibilidad de los fondos repercutieron sobre la construcción de drenajes, canales y caminos; las obras realizadas en el período, todas en la provincia de Mendoza, han sido canales de riego. Asimismo, se terminaron los tramos 5° y 6°, y el canal California. El resto de los canales: Caligniana Segura, Alijuela Reina, Nuevo Retamo 1° etapa y canales unificadores alcanzaron distinto grado de avance.
En cuanto a la asistencia a productores forestales a través de la Ley 25.080 (Ley de Inversiones de Bosques Cultivados) se establecen beneficios fiscales a fin de generar una masa boscosa que se acerque a las 100.000 ha. Durante el transcurso del año 2002 se comenzaron a observar los beneficios otorgados por dicha ley, a partir de los planes presentados durante el año 2000. No obstante, no se asistió financieramente a ningún productor forestal debido a que, a la finalización del tercer trimestre, no se pudieron renovar los convenios necesarios por falta de disponibilidad de fondos.
El programa implementa su intervención a través de dos grandes componentes:
Los criterios de focalización utilizados están dirigidos hacia explotaciones pequeñas y medianas que, debido al tamaño del predio y tipo de organización del trabajo y del capital, obtienen un ingreso anual inferior al requerido para financiar sus necesidades familiares y la evolución de la empresa. El sector analizado presenta una demanda potencial de 120.000 pequeños y medianos productores agropecuarios, lo que implica que, a partir de los recursos otorgados al programa, sólo se cubre aproximadamente el 11,6 % de la demanda potencial. Asimismo, con respecto al año 2001 el crédito vigente para el presente año se redujo en un 25%.
Si bien no se observan en general desvíos significativos en las metas fijadas para los primeros nueve meses del año, es importante señalar que las ejecuciones realizadas durante el año 2002 son inferiores, en todos los casos, a las concretadas en el ejercicio 2001 para el mismo período. Dichas diferencias se fundamentan en el menor control del mercado, con relación a la certificación de semillas, lo cual originó un menor nivel de rotulación y expectativa de venta de semillas. No obstante, en el transcurso del tercer trimestre se registró un incremento en la intención de siembra de las principales especies. Por su parte, la menor cantidad de inspecciones se debió a restricciones presupuestarias, mientras que la variación observada en análisis de calidad obedeció a requerimientos del mercado. En cuanto al otorgamiento de títulos de propiedad, la disminución de títulos otorgados se generó como consecuencia del incumplimiento de requisitos legales por parte de los solicitantes.
La Secretaría de Industria, Comercio y Minería es la encargada de la definición de la política industrial y el diseño, financiamiento y utilización de los instrumentos para contribuir a promover el desarrollo y crecimiento de dicho sector, actuando como autoridad de aplicación de los regímenes de promoción, cuando las normas respectivas así lo establezcan. En ese sentido, analiza la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica para definir negociaciones sectoriales en el área industrial del proceso de integración regional y/o acuerdos especiales con otros países. Del mismo modo, actúa en lo referente a las prácticas antidumping, a las subvenciones y medidas compensatorias en el ámbito de su competencia e interviene en la fijación de la política de promoción comercial y participación en ferias, exposiciones y misiones destinadas a estimular el intercambio con el exterior. Por su parte, elabora la política minera nacional, para fomentar el crecimiento económico-minero e impulsar la inversión en el sector y actúa como autoridad de aplicación en la definición del régimen jurídico-minero, normas de procedimiento conexas, inversiones mineras y seguridad e higiene minera, promoviendo las acciones conducentes a su sanción legislativa.
Asimismo, ejerce el control superior del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), supervisa lo vinculado al desarrollo de las actividades del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y al accionar del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
La ley de Zonas Francas dispone la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentran habilitadas 8 zonas francas: La Plata ( provincia de Bs. As), Justo Daract ( provincia de San Luis), Cruz Alta (provincia de Tucumán), Córdoba ( provincia de Córdoba), Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), General Pico (provincia de La Pampa), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), Güemes ( provincia de Salta) y por último, Puerto Iguazú (provincia de Misiones), habilitada en el primer trimestre del año 2002. Las mismas presentan un desvío con respecto a lo programado que se originó en demoras de los trámites de creación.
La demanda de los certificados expedidos en el Régimen de Admisión Temporaria de Insumos está determinada por las exportaciones concretadas por el sector privado, en directa relación con los requerimientos.
El Sistema Generalizado de Preferencias, emite certificados de origen para aquellos productos exportados bajo ese régimen, que se encuentran incluidos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio. La demanda de Certificados de Origen Nacional para Productos de Exportación está determinada por las exportaciones realizadas en el sector privado, motivo por el cual el número final de certificados emitidos depende de factores no previsibles.
El control del cumplimiento del Régimen de Importación de Plantas LLave en Mano, se vio limitado como consecuencia de la insuficiencia de fondos, lo cual determinó la imposibilidad de concretar las auditorías previstas para el tercer trimestre del año.
La diferencia observada en el Régimen de Financiamiento de IVA sobre Bienes de Capital, obedeció a proyectos presentados que debían haber estado en condiciones de preparar el proyecto de resolución, pero que carecieron de la información esencial requerida para la prosecución del trámite.
-Subsecretaría de Minería
El objetivo del programa de Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera, es potenciar la minería en todas sus etapas contribuyendo al desarrollo del país. Dado que los recursos mineros pertenecen a las provincias, una de sus actividades consiste en buscar y lograr consenso con los gobiernos provinciales sobre el desarrollo de la visión estratégica del sector minero en su conjunto. Asimismo, se encarga de monitorear el accionar del sector y los impactos socio-económicos que provoca.
El desvío observado en las exenciones impositivas y arancelarias a inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras se originaron por las solicitudes acumuladas por parte de las empresas del sector como consecuencia de la retracción en la inversión de bienes de capital en el mismo período.
La menor cantidad de auditorías realizadas para el control de empresas inscriptas en el régimen minero, se debió a la retracción en la inversión de bienes de capital por parte de las empresas del sector y a la insuficiencia de fondos, lo cual impactó en la cantidad de auditorías previstas.
El objetivo del programa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Asimismo, se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo- producto, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.
La mayor cantidad de licencias otorgadas se debió a que en la proyección no se estimó el volumen de expedientes presentados para tramitar excepciones.
La mayor ejecución observada en la habilitación de importados en el régimen automotor se debió a un aumento de la demanda de autorizaciones en este rubro, la cual no siguió la tendencia a la disminución observada en el primer trimestre y en otros tipos de trámites referidos a importaciones.
Por su parte, la ausencia de ejecución en reintegros para la compra de autopartes nacionales se debió a que se encuentra en trámite un proyecto de norma que simplificaría los recaudos documentales que deben satisfacer las empresas que solicitaren el beneficio. Por tal razón, sólo se encuentran en trámite unas pocas presentaciones en proceso de verificación que aún no han sido concluidas. En función de lo señalado, algunas de las beneficiarias no adjuntaron la documentación necesaria para la emisión de Bonos.
Con respecto al Plan Canje Automotor, por circular del señor Secretario de Industria, Comercio y Minería se solicitó a las empresas terminales automotrices que acotaran los plazos para resolver las operaciones de canje observadas, eso motivó el ingreso de gran número de aclaraciones.
Con respecto a la autorización a discapacitados para la importación de vehículos importados, la menor ejecución se produjo como consecuencia de la modificación de la relación $/U$S lo cual provocó la disminución de los pedidos de autorización.
En cuanto a la administración del registro de armas químicas, el desvío observado se debe a que durante el primer trimestre se recibe, se procesa y se envían las declaraciones juradas anuales industriales correspondientes al año anterior. En consecuencia, los restantes trimestres se pueden recibir declaraciones adicionales, dependiendo de las actividades de la industria y se participa en las reuniones de la autoridad nacional (cuya secretaría ejecutiva está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). En estas reuniones se proyectan normas relativas al cumplimiento de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas; se contestan pedidos de información técnica de la autoridad internacional. También se acompaña a inspectores internacionales enviados por el organismo internacional para la Prohibición de Armas Químicas a las inspecciones que el organismo determine.
En cuanto a la administración del registro industrial, la menor ejecución se generó como consecuencia de una menor demanda de inscripción por parte de las empresas.
La Secretaría de Transporte tiene como objetivo asistir en la elaboración, propuesta y ejecución de las políticas y planes de corto, mediano y largo plazo en materia de transporte internacional, orientados a una adecuada coordinación con los demás países y, en especial, a favorecer la integración latinoamericana. También, es la encargada del funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. El crédito vigente asignado a la Secretaría de Transporte se redujo en un 10,1% con respecto al primer semestre del año.
Asimismo, coordina con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y las restantes autoridades aeroportuarias, las actividades referidas a la prestación de los servicios de apoyo al transporte aerocomercial y al desarrollo de la infraestructura aeronáutica. Además, actúa en la supervisión del accionar de los organismos descentralizados de su órbita: Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; y ejerce las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria: Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima; Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima; Ferroexpreso Pampeano Concesionaria Sociedad Anónima; Ferrosurroca Sociedad Anónima; Ferrocarril Mesopotamico Urquiza Sociedad Anónima; Buenos Aires al Pacifico San Martin Sociedad Anónima; Belgrano Cargas Sociedad Anónima; Intercargo Sociedad Anónima Comercial; Administración General de Puertos Sociedad del Estado —en liquidación— y también respecto de la Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del Programa Hidrovía Paraguay- Paraná.
El crédito vigente asignado al programa se redujo un 10,1 % con respecto al primer semestre del año.
Las causas que dieron origen a la menor cantidad de m3 dragados se focalizan en la alteración de las variables económicas, en cuanto a los precios internos y el tipo de cambio, lo que provocó que las diferentes contrataciones en trámite quedaran desiertas (por ejemplo, la adquisición de combustible, repuestos, reparaciones de embarcaciones, etc.) adicionada a la falta de asignación del fondo rotatorio durante el período de marzo a julio (régimen a través del cual se atienden gastos menores que contribuyen a la operatividad del programa).
