La función agrupa los programas que tienen por objetivo asegurar un abastecimiento energético, en lo que hace a electricidad y gas natural, en condiciones de cantidad, calidad y precio, consistente con un creciente bienestar de los consumidores familiares y con la competitividad internacional de los usuarios intermedios. Adicionalmente se propone fomentar el desarrollo de la actividad minera en condiciones de libre competencia de modo de proveer al crecimiento de la economía nacional.

La Secretaría de Energía absorbe el 74% del crédito asignado a la función. El objetivo de su programa, Formulación y Ejecución de la Política Energética, hace a la transformación del sector en el marco de los fines del Gobierno Nacional de reasumir su rol en materia de políticas y regulación, abandonando gradualmente la actividad empresaria.

En este sentido, la actividad de Ejecución de la Política de Energía Eléctrica se orienta a la elaboración de planes y normas, promoción del uso racional de la energía y desarrollo de fuentes alternativas, tendientes a lograr un óptimo desempeño de las empresas privatizadas del sector. Similares tareas se desarrollan en la actividad de Ejecución de la Política de Hidrocarburos. Es de destacar que la primera actividad mencionada concentra el 87% del crédito asignado al programa (ya que incluye la totalidad de los fondos energéticos), mientras que la segunda recibe el 2,3%.

Asimismo, a través del Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), el programa desarrolla actividades de fomento del uso de energías renovables en sectores rurales dispersos y que actualmente no cuentan con suministro de energía eléctrica, otorgando subsidios a la inversión. Dichas inversiones (instalación de paneles solares y molinos de viento) se realizan con financiamiento conjunto del Estado Nacional (con préstamo del Banco Mundial), las provincias y el sector privado. En este sentido, se incentiva el uso de recursos renovables según las disponibilidades de cada provincia, velando por que su uso sea económico y ambientalmente sostenible.

Como resultado del proceso de privatización de empresas que cumplen funciones en el área de energía, combustibles y minería, el Estado se ha comprometido a realizar transferencias a algunas empresas privadas, empresas públicas, entes binacionales. Estas transferencias se reúnen presupuestariamente dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, y se clasifican en transferencias para gastos corrientes, y transferencias para gastos de capital.

En el marco del programa de Asistencia Financiera a Sectores Económicos, la actividad de Apoyo a Operadores Privados de la Minería constituye, básicamente, el financiamiento del déficit operativo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, en virtud del Artículo 1º del Decreto Nº 979/94. La misma cuenta con un crédito vigente de 22,5 millones de pesos, mientras que el monto devengado durante los primeros nueve meses del año es de 16,9 millones de pesos.

La Autoridad Regulatoria Nuclear reúne el 5,5 % del crédito asignado a la función. A través de su programa Regulación de las Actividades Nucleares, cumple con su función regulatoria y de fiscalización de la actividad nuclear en todos los aspectos relacionados con la seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licencias y fiscalización de instalaciones nucleares.

El programa está orientado al mantenimiento de la actividad radiológica y nuclear dentro de límites compatibles con la salud y bienestar de las personas, tanto de aquellos que trabajan en el sector y de los pacientes atendidos con estas metodologías, como del resto de la ciudadanía.

Para obtener esos resultados se realizan inspecciones y tareas de evaluación de la seguridad, inspecciones de salvaguardia y seguridad física a centrales nucleares, organismos de medicina nuclear y empresas mineras, vigilancia radiológica ocupacional y ambiental, tareas de prevención y acción en emergencias radiológicas (fallas de equipos, errores de operación), aprobación de planes de contingencia, intervención ante alertas, evaluación y manejo de personas sobreexpuestas e intervención durante y posterior a la emergencia. A continuación, puede observarse su desempeño durante el período:

La cantidad de licencias otorgadas en el período se encuentra sujeta a las fluctuaciones de demanda en el mercado, motivo por el cual su nivel de ejecución no puede ser proyectado con exactitud.

Los objetivos del programa a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) son resguardar los derechos de los consumidores finales y de los usuarios intermedios de gas natural y lograr que se les brinde un servicio eficiente, con un adecuado grado de seguridad y a precios bajos que permitan a los primeros un adecuado bienestar y a los segundos competir exitosamente en los mercados internacionales. Para ello se propone regular el transporte y distribución del gas natural, promover la competitividad de los mercados y alentar las inversiones. A continuación puede observarse su desempeño durante el período:

Los objetivos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) consisten en asegurar la provisión de electricidad en cantidad, calidad y precio acordes al máximo bienestar de los usuarios finales y a la competitividad internacional de los usuarios intermedios. Para ello las leyes 24.065 y 24.076 establecen como prioritario la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competencia asegurando el libre acceso, el estímulo a las inversiones, la regulación del transporte y la distribución y la obtención de tarifas justas. El crédito asignado al programa Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico fue menor en un 5% con respecto a 1999, mientras que el monto devengado lo fue en un 13%.

El objetivo del programa de Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera, de la Subsecretaría de Minería, es potenciar la minería en todas sus etapas contribuyendo al desarrollo del país. Dado que los recursos mineros pertenecen a las provincias, una de sus actividades consiste en buscar y lograr consenso con los gobiernos provinciales sobre el desarrollo de la visión estratégica del sector minero en su conjunto.

El crédito asignado a este programa disminuyó un 63% con respecto al año, mientras que el monto devengado lo hizo en un 58%.

Se destaca la actividad de Reingeniería, Modernización y Capacitación Institucional Pública Minera ll, proyecto BIRF 4282/AR. La misma concentra el 60% del crédito otorgado al programa. Esta actividad, en el marco del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino - PASMA - con financiamiento del Banco Mundial, tiene como objetivo continuar con la extensión al resto del país de las acciones tendientes a la consolidación de instituciones públicas del Sector Minero Argentino, iniciado en el pasado reciente en las provincias del NOA. Se busca con ello que los servicios que prestan esas instituciones mineras provinciales contribuyan a incrementar y diversificar la inversión y la producción privada minera y sus cupos exportables.

A continuación puede observarse la ejecución financiera de estos proyectos durante los primeros nueve meses del año y su porcentaje sobre el crédito vigente:

Con respecto a la ejecución física del programa, a continuación se observa su desempeño durante el período en análisis:

El atraso en la cantidad de auditorias a empresas inscriptas en el régimen minero se originó en demoras en la disponibilidad de fondos durante el primer trimestre, desvío que fue parcialmente compensado en el último trimestre. Asimismo, las exenciones impositivas y arancelarias presentan un leve desvío originado en la menor actividad económica durante el último período.