Cuenta de Inversión 2018

1- Administración Central

● Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El gasto corriente y de capital durante 2018 ascendió a $2.952,3 millones. En cuanto a las Fuentes de Financiamiento, se destacan Recursos con Afectación Específica (92,9% del total), Crédito Interno (6,2%) y Tesoro Nacional (0,9%). Las erogaciones se concentraron principalmente en Gastos en Personal (42,5% del gasto), Servicios no Personales (28,4%) y Transferencias (22,0%). El restante 7,1% se distribuyó entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Otros Gastos.

Se destaca que $471,8 millones se destinaron a gastos de las Actividades Centrales, las cuales se componen en su mayor parte Gastos en Personal (45,8%) y Servicios no Personales (35,5%).

Programa: Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020

Este programa tiene como objetivo la reparación, readecuación y puesta en valor de unidades penitenciarias federales tendientes a mejorar las condiciones de detención y seguridad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

-en pesos y magnitudes físicas-

Durante el ejercicio 2018 el gasto ascendió a $643,0 millones, representando una ejecución del 98,9% del crédito final, financiado en un 83,5% mediante Recursos con Afectación Específica y un 16,5% con Crédito Interno. Desde el punto de vista del objeto del gasto, el 64,4% correspondió a Servicios No Personales, el 16,5% a Gastos en Personal, el 16,4% a Bienes de Uso, el 2,1% a Transferencias y el 0,6% a Bienes de Consumo.

En cuanto a los proyectos de inversión, se devengaron $101,0 millones en distintas obras penitenciarias, sobresaliendo el gasto en la construcción del Centro Federal del Litoral, Coronda ($18,3 millones), situado en la provincia de Santa Fe. Asimismo, se avanzó con la obra de Construcción del Complejo Penitenciario Federal de Condenados en Mercedes, provincia de Buenos Aires, devengando $60,5 millones. Es dable mencionar que dichas iniciativas fueron traspasadas a la gestión pública del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda a partir del convenio suscripto con la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal el 29/06/18.

Asimismo se desarrollaron acciones orientadas a mejorar las condiciones de detención y seguridad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal para una adecuada contención y readaptación social de los internos penitenciarios, postulándose la construcción y mejora de establecimientos en todo el territorio nacional de acuerdo a las exigencias de cada región, los requerimientos de la legislación y las normativas internacionales. Dentro de las iniciativas tendientes a mejorar la reinserción e integración social de los internos debe mencionarse el “Programa de Inclusión Social del Liberado y su Familia” consistente en implementar, desarrollar y coordinar actividades orientadas a garantizar mecanismos efectivos de inclusión social de las personas liberadas y sus familias, facilitando los procesos de integración familiar y comunitaria. Con la perspectiva psico-social como eje, se diseñaron estrategias de intervención que redunden en la posibilidad de reinserción social efectiva.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) en Materia de Justicia y Legislación Penal tiene entre sus funciones investigar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos asociados a la comisión de delitos a fin de diseñar e impulsar políticas preventivas. Durante 2018 se capacitaron 3.954 operadores jurídicos, logrando una sobrejecución del 18,9%.

En lo relativo al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, debe mencionarse una mayor demanda de incorporaciones proveniente del poder judicial nacional, que redundó en una sobrejecución de 69,7%, teniendo en cuenta que las solicitudes de incorporación bajo el dispositivo de vigilancia electrónica son expedidas por juzgados federales. Asimismo, se destaca la firma de convenios de cooperación y colaboración con provincias. En el transcurso de 2018 se firmaron cuatro convenios través de los cuales el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso a disposición de las provincias de Chubut, Formosa, Catamarca y Río Negro 170 dispositivos de vigilancia electrónica para su implementación a través de solicitudes de los juzgados o tribunales locales.

Programa: Regulación y Control Registral- Justicia 2020

Este programa se encarga de asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el análisis de los asuntos legislativos sometidos a su consideración, en la elaboración de políticas legislativas de carácter general, en sus relaciones con las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en la coordinación de los planes y programas existentes o a crearse en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Por otra parte, se planifican las actividades de los distintos Registros a cargo del Ministerio (Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Automotor, entre otros) y se coordina la ejecución de los mismos.

Desde el punto de vista presupuestario, durante 2018 el programa ostentó una ejecución de $324,9 millones (97,1% del crédito final), principalmente en Gastos en Personal (93,8%).

Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG)

Durante el ejercicio 2017 fue aprobada la reglamentación de la Ley N°26.879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, mediante el Decreto N° 522/2017. El Registro tiene por finalidad exclusiva facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual. En los últimos 10 años hubo más de 20.000 condenas registrándose un aumento de más del 100% en este tipo de delitos.

Durante el ejercicio 2018 se obtuvieron 44 muestras biológicas, y se incorporaron 18 perfiles de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) al RNDG, y se enviaron 793 notas a juzgados de todo el país para que ordenen la toma de muestras de ADN de individuos condenados por delitos contra la integridad sexual.

Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)

Esta dirección es la encargada de regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.

En el período bajo análisis se incrementó en un 40% el descuento para las transferencias on line, que se realizan mediante el formulario 08 digital a través de un convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, se puso en marcha el “Plan de Regularización de Posesión y Titularidad Registral”, para aquellos ciudadanos que tengan un vehículo en su poder pero no cuenten con el formulario 08 firmado.

Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia (DNRNR)

La DNRNR realizó 2 millones de Certificados de Antecedentes Penales y 464 mil informes oficiales de antecedentes penales.

Durante el ejercicio 2018 se incorporó al Registro la Base de Datos de Empresas con Prontuarios. Es dable mencionar la entrega de 500 equipos para captura barométrica digital en todo el país, promoviendo un ahorro de alrededor de $96,1 millones en 2018 entre gastos estimativos de envíos postales, papel, tinta, etc.

Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI)

Esta dirección es la encargada del sistema registral y la publicidad jurídica inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras cosas. Su función es posibilitar, a quienes tengan interés legítimo, el conocimiento de la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y su disponibilidad jurídica por las personas.

En el transcurso del ejercicio 2018 se implementó en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) el módulo “Registro de la Propiedad Inmueble” para la registración y publicidad de documentos. El proceso de digitalización permitió lograr las 222.511 matrículas cartulares digitalizadas y el proceso de migración redundó en 11 circunscripciones derivadas al nuevo sistema.

Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)

Dentro del plan de modernización del estado, la DNDA logró que el 99% de los trámites puedan iniciarse a través de la plataforma de Trámites a Distancia. Asimismo, se dictaron 254 horas de capacitaciones gratuitas en diversas universidades, centros educativos y culturales de distintos puntos del país, a las que asistieron más de 1.750 personas.

Inspección General de Justicia (IGJ)

La IGJ llevó a cabo la implementación de Expediente Electrónico, para todos los trámites de información y certificaciones que emite el Organismo desde Agosto de 2016, lo que reduce drásticamente los procesos administrativos.

A partir de abril de 2018 el trámite de Constitución de Sociedades Anónimas y Sociedades Anónimas Unipersonales se puede realizar en 24 horas, plazo al cabo del cual la IGJ entrega el trámite finalizado con el código constitutivo inscripto y con el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) de la sociedad asignada.

Dirección Nacional de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA)

Durante el ejercicio 2018 se realizaron 4 encuentros regionales que tuvieron sede en las provincias de Neuquén, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe en los que participaron 17 provincias con sus respectivos registros de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Los encuentros tuvieron como objetivo el intercambio, el análisis, el debate y la elaboración de propuestas que fortalezcan el sistema actual de adopción en nuestro país, a través de la puesta en común de las distintas realidades provinciales en esta materia.

El Encuentro Nacional de Adopción constituyó el cierre del ciclo de encuentros regionales, el cual se llevó a cabo en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada donde asistieron representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo con competencia en la materia de todas las jurisdicciones. Allí se presentaron las conclusiones de los trabajos regionales y se expuso sobre el rol de los jueces, organismos de protección, registros y defensores en el sistema de adopción.

Programa: Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado

El programa enmarca las acciones desarrolladas en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, tales como brindar asesoramiento en su calidad de Asesor Legal de la República y Director General del Cuerpo de Abogados del Estado; emitir opinión en cuestiones jurídicas complejas, de incidencia institucional y/o de importancia económica; dictaminar en cuestiones jurídicas de naturaleza internacional; representar al Estado Nacional en las causas de relevante significación económica y/o institucional; y asistir a los diversos servicios jurídicos del Estado Nacional, supervisando o patrocinando los juicios de gravedad institucional o relevancia económica, cuando el criterio del Procurador del Tesoro así lo exija.

Asimismo, el programa contempla las acciones a cargo de la Escribanía General de la Nación, entre las cuales se encuentran la elaboración de actas protocolares y extraprotocolares, el archivo y la custodia de las declaraciones juradas patrimoniales, la elaboración de segundos testimonios, la confección de certificados y la autenticación de fotocopias, entre otras.

En el ejercicio 2018 se devengaron $153,5 millones sobre un crédito final de $164,9 millones (93,1% de la asignación), los cuales se distribuyeron principalmente en Gastos en Personal (90,9%), en Servicios no Personales (8,1%), Bienes de Uso (0,7%) y Bienes de Consumo (0,3%). Desde el punto de vista del financiamiento, casi la totalidad de las erogaciones se atendieron mediante Recursos con Afectación Específica (99,3%).

Las acciones de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) se llevaron a cabo a través de distintas direcciones, a saber:

Dirección Nacional de Dictámenes

Durante el período informado ingresaron 497 expedientes, se elaboraron en total 322 dictámenes de la PTN y 102 referente a la Dirección Nacional de Dictámenes. Se confeccionaron 374 providencias y se tomó intervención en 148 designaciones, 51 contrataciones y 36 apoderamientos. Además se elaboraron 18 expedientes s/conflictos interadministrativos. Se dictaminaron 21 bajas y altas de delegados del interior de la PTN y 38 contrataciones de estudios externos.

Dirección Nacional de Asuntos Judiciales

Se asumió la representación judicial en forma directa en 19 juicios y el patrocinio activo en 67 causas judiciales de relevancia institucional y/o económica. Asimismo, se emitieron instrucciones a los servicios jurídicos con el fin de establecer criterios homogéneos para la defensa de los intereses estatales en juicio, sea para la contestación de demandas o para la interposición de las acciones que éste promoviera. Se mantuvo una colaboración continua con la Dirección Nacional de Auditoría y los servicios jurídicos para el control y seguimiento de la carga del Sistema Informático de Gestión Jurídica (SIGEJ) en distintas ciudades del interior del país, a fin de actualizar el Registro de Juicios del Estado el que, que a la fecha, con relación a los juicios en trámite en las provincias alcanza a la cantidad de 28.692.

Dirección Nacional de Auditoría

Durante el 2018, se confeccionaron en total 622 informes de auditorías individuales, de los cuales 40 fueron actualizaciones. En el total están incluidas 99 de relevante significación económica.

Se coordinó conjuntamente con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la realización de informes de relevamiento y seguimiento de 25 servicios jurídicos, a fin de lograr obtener mejores y mayores niveles de carga de información en el SIGEJ.

Asimismo, se llevó un registro de 11.938 comunicaciones en virtud del artículo 8° de la Ley N° 25.344 de Emergencia Económica Financiera (que se mantuvieron disponibles para consulta web) y se registraron 648 medidas cautelares y 401 comunicaciones del informe previo requerido según el artículo 4° de la Ley N° 26.854 de las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional.

Además, se respondieron 20 notas con distintos requerimientos de información de búsquedas en el SIGEJ y se elaboraron los informes anuales del mismo a la Contaduría General de la Nación, a la Auditoría General de la Nación y un informe referente a la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública.

Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas

En esta dirección se tramitaron 9 sumarios disciplinarios referidos al personal de la Administración Pública Nacional de las dos máximas categorías escalafonarias con ejercicio de funciones ejecutivas y al personal de la PTN.

Por otro lado, se emitieron 22 informes relacionados con el trámite de designación del personal y se elaboraron 7 proyectos de dictamen e informes relativos al régimen disciplinario de los agentes públicos y el sumario disciplinario.

Dirección Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

En el año 2018 se puso en marcha la nueva propuesta pedagógica de modalidad semipresencial o virtual para todas aquellas personas que vivan o se desempeñen a más de 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la modalidad virtual hubo 158 preinscriptos, 49 admitidos y 23 diplomados. Por su parte, en la modalidad semipresencial hubo 210 admitidos y 117 diplomados.

Se organizaron 43 seminarios destinados a la profundización y actualización de distintos aspectos relevantes para la Abogacía Pública; con un total de 1.456 inscriptos, de los cuales 818 mantuvieron la regularidad.

Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales

En los procedimientos arbitrales internacionales se presentaron 3 escritos sobre suspensión de ejecución; 1 escrito posterior a la audiencia; 2 memoriales de anulación; 1 memorial de excepciones a la jurisdicción. Asimismo, se formularon observaciones u objeciones a la Jurisdicción. Se registraron 2 terminaciones de procedimiento arbitral; 1 solicitud de bifurcación; 1 solicitud de anulación, 1 solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 1 réplica sobre suspensión de ejecución del laudo, 2 réplicas sobre anulación, 2 réplicas sobre Jurisdicción y 1 observación a la pericia económico/contable.

Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa

En el área de administración se realizó la gestión, seguimiento y monitoreo de 250 expedientes y actuaciones, se rindieron pasajes y viáticos de 8 misiones oficiales al exterior de la República Argentina. Asimismo, en el área de recursos humanos se mejoró el control de asistencia y presentismo. En informática se realizó la actualización, diseño y maquetado la página web del organismo.

En el departamento técnico se llevaron a cabo obras de remodelación del edificio de la calle Posadas, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, es dable mencionar que durante el año 2018 se encaró la creación del Servicio de Administración Financiero propio, para así poder brindar apoyo administrativo para un fortalecimiento de las políticas y acciones de cada una de las direcciones de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En lo que respecta a la actividad de la Escribanía General de la Nación, cabe destacar la elaboración de 1.000 actas protocolares y extraprotocolares y de 100 testimonios. Además, se archivaron 600 títulos, se confeccionaron 6.000 certificados y se autenticaron 2.000 fotocopias.

Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – Justicia 2020

-en pesos y magnitudes físicas-

El programa devengó el 95,9% del crédito final, principalmente por las Transferencias al Ente Público “Espacio para la Memoria” (31,6% del gasto total), Transferencias al Sector Privado (15,1%) y Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales (0,2%). Por otro lado, el Gasto en Personal alcanzó el 43,7% del total devengado, los Servicios no Personales el 6,2%, Bienes de Consumo 1,2% y Bienes de Uso 1,0%. Desde el punto de vista del financiamiento, casi la totalidad de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica (96,9%), aunque también se utilizaron fondos del Tesoro Nacional (2,1%) y Crédito Interno (1,0%).

Las indemnizaciones otorgadas, consistentes en un beneficio monetario que se realiza por única vez, tienen sustento jurídico en la Ley Nº 25.914. Durante 2018, se entregaron 5 indemnizaciones por sustitución de identidad, debido a que fueron pagados tres expedientes por lesiones graves y gravísimas que no estaban contemplados en la programación. Asimismo, se otorgaron 17 indemnizaciones por detención y/o nacimiento en cautiverio, incumpliéndose con la meta establecida en el inicio del ejercicio, debido demoras las áreas técnico-jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mientras que el monto promedio otorgado para las indemnizaciones por sustitución de identidad ascendió a los $3.282.559, en concepto de detención y/o nacimientos el monto promedio resultó $662.220.

Por otro lado, se destaca la firma de 42 convenios (convenios específicos, convenios marco, convenios de asistencia financiera y cooperación, convenios interadministrativos y cartas de adhesión y compromiso) tendiendo a mejorar las relaciones de trabajo conjunto con otros organismos nacionales, provinciales y municipales.

Asimismo, en el marco de la Red Federal de Municipios para el Desarrollo Local con Enfoque en Derechos Humanos y la adhesión de distintos municipios al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH) se han alcanzado los 315 municipios interesados en la realización de campañas de difusión y sensibilización, el desarrollo de programas de acceso a derechos para grupos o personas en situación de vulnerabilidad y la transversalidad en la elaboración de políticas sociales con perspectiva de derechos humanos, entre otras.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se realizaron 96 acciones de acompañamiento a víctimas de vulneración de derechos, 216 efemérides sobre Derechos Humanos, 415 acciones del Estado en Tu Barrio, 383 adhesiones al PNADH, 739 talleres, 52 acciones de promoción de derechos en medios de comunicación y 197 campañas. Se han totalizado 2.098 acciones alcanzando alrededor de 598.272 personas que adquirieron un mayor grado de sensibilización.

Entre las actividades desarrolladas bajo la órbita del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” se destaca que en 2018 se recibieron y cumplieron requerimientos judiciales de intervención del Programa “Verdad y Justicia” que duplicaron los del año anterior. Este año el Programa contactó y notificó a más de 1600 testigos convocados por tribunales y juzgados intervinientes en diferentes causas en etapa de instrucción y debate llevados a cabo en las distintas jurisdicciones del país. Vale la pena resaltar que en 2018 se desarrollaron juicios orales en 32 causas. Se intervino en más de un 90%, a través de contactos, notificaciones y acompañamientos de testigos en audiencias. Asimismo, se presentaron a la Justicia Federal alrededor de 70 informes de investigación y 14 informes sobre las condiciones de exposición y vulnerabilidad de los testigos en los juicios que se iniciaron en el año. Resulta importante destacar que durante 2018, los Tribunales Orales Federales de las distintas jurisdicciones del país dictaron 18 sentencias.

Por último, es dable mencionar el hecho de que el seguimiento físico del monitoreo de conflictos públicos pasó a la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Programa: Controles Anticorrupción – Justicia 2020

La Oficina Anticorrupción (OA) realiza investigaciones respecto de la conducta de los agentes públicos en ejercicio o en ocasión de la función pública, con el objeto de determinar la existencia de hechos ilícitos que se encuentren dentro de su ámbito de competencia material. Estas investigaciones pueden ser iniciadas de oficio o como consecuencia de denuncias de particulares o agentes públicos. En los casos que, luego de practicada la investigación correspondiente, los hechos pudieran constituir delitos, la OA debe realizar la denuncia ante el Poder Judicial, pudiendo adoptar el rol de parte querellante en aquellos procesos que poseen relevancia social, económica y/o institucional.

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución de 2018 asciende a $59,2 millones (88,8% del crédito final), principalmente relativa a Gastos en Personal ($34,2 millones, un 57,8% del total de erogaciones).

-en pesos y magnitudes físicas-

En el año 2018, la OA inició 130 investigaciones por posible comisión de hechos de corrupción y 459 con motivo del incumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral. Sobre el total de investigaciones iniciadas, cabe señalar que 476 fueron abiertas de oficio. Por su parte, al cierre del ejercicio la cantidad de investigaciones en trámite ascendió a 535 trámites.

En cuanto a las denuncias formuladas, al cierre del ejercicio se registró un total de 196 presentaciones ante el Poder Judicial. Sobre esa suma, 43 denuncias fueron formuladas por la comisión de hechos de corrupción, mientras que 153 se fundan en el incumplimiento de presentar la Declaración Jurada Integral Patrimonial por parte de los funcionarios obligados.

Asimismo, la OA realiza capacitaciones a funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional y empresas de propiedad estatal con el objetivo de institucionalizar el Sistema Preventivo de Ética Pública y prácticas de integridad en la función pública. En tal sentido, se llevaron a cabo 42 actividades de capacitación presenciales en los que se capacitaron un total de 4.464 funcionarios públicos. También se realizaron 4 cursos en modalidad virtual, en colaboración con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

En otro orden, la proyección efectuada respecto del estudio, análisis y resolución de presuntos casos de conflicto de intereses y otras violaciones a la Ley N° 25.188 ha sido superada en un 273,3% durante el ejercicio 2018. Esta notoria diferencia obedece a diversos factores, entre los que se destacan los cambios efectuados en las estructuras organizativas de la Administración Pública Nacional, lo que originó un incremento en el número de consultas e intervenciones del organismo en procesos de designación de funcionarios.

Por otra parte, la OA es el organismo responsable de administrar los datos del registro de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los agentes públicos. El control efectuado sobre el contenido de las declaraciones juradas tiene la finalidad de determinar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses. En ejercicio de esa función, durante el año 2018 se ha superado en un 27,0% la meta proyectada en lo referente al control de declaraciones juradas, las que comprendieron el control a un total de 1.536 funcionarios públicos de la alta dirección.

Por último, cabe mencionar que a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaración jurada, lo cual redundó en un significativo incremento en el nivel de cumplimiento de los funcionarios obligados a la presentación de la declaración jurada integral patrimonial, pasando de 85,41% en el 2017 a un 92,00% en 2018.

Programa : Formación Universitaria en Derechos Humanos

El programa tiene por efecto reflejar presupuestariamente las actividades de formación a cargo del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, creado a través de la Ley N° 26.995. Durante 2018, se devengaron $34,5 millones sobre un crédito final de $45,5 millones, representando un 75,9% de ejecución.

El instituto contó con 88 asignaturas en el primer cuatrimestre del 2018, cuyo dictado se llevó a cabo por 158 docentes, y con 86 asignaturas en el segundo, con 139 docentes. Se abrieron 167 mesas de examen final en julio y 184 mesas en diciembre. Asimismo, se dictó un seminario de ingreso compuesto por cuatro módulos.

Por otro lado, cabe mencionar que se han adquirido a través de distintas licitaciones privadas y acuerdos marco de procedimiento algunos bienes muebles e insumos tales como pupitres, pizarrones, sillas, sillones, impresoras especiales (para la emisión de libretas y credenciales universitarias), escritorios, mesas y una caja fuerte ignífuga. Este nuevo equipamiento contribuyó a garantizar el dictado regular de la actividad académica del Instituto.

Programa: Mejoramiento del Sistema de Justicia – Justicia 2020

El programa tiene como objetivo promover una justicia cercana, moderna, transparente e independiente; coordinar espacios de diálogo presenciales y en línea, con equipos temáticos de trabajo a fin de fomentar y garantizar la transparencia activa y la participación ciudadana e institucional en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas públicas, proyectos e iniciativas legislativas de innovación y modernización judicial transversales a las políticas de estado llevadas adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El programa devengó un total de $387,6 millones durante el ejercicio 2018, alcanzando una ejecución de 97,9% del crédito vigente. Respecto al destino del gasto la mayor parte correspondió a Transferencias (93,7%). Asimismo, se destaca el 100,0% en el financiamiento a través de Recursos con Afectación Específica.

A cargo del programa se encuentra la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, la cual se basa en dos líneas de acción: por un lado, implementar la oralidad civil efectiva en los procesos modificando prácticas y por el otro, redactar el nuevo Código Procesal civil y Comercial de la Nación.

Durante 2018 se destacaron avances en ambas iniciativas. Se organizó, en Mendoza, el Primer Encuentro Nacional de Reforma de la Justicia Civil. El evento reunió a 340 asistentes de más de 15 provincias y fue un espacio de diálogo entre jueces, funcionarios, abogados y representantes de superiores tribunales.

En lo que respecta a la redacción del nuevo código, el objetivo es elevar al Congreso de la Nación un anteproyecto de ley de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial Federal que instale la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento; simplifique estructuras procesales, distinguiendo las que requieren inmediación de las que admiten procesos escriturarios; aborde la problemática de la oficina judicial como soporte de la actividad jurisdiccional; instale el uso de modernas tecnologías en la justicia y procure la conclusión del proceso en el menor tiempo posible. A fines de 2018 el proyecto de código se encuentra en un 60% de su elaboración.

Asimismo, a través del Programa de Apoyo a las Justicias Provinciales, se brindó asistencia financiera a todas las jurisdicciones del país, con más de 30 proyectos en ejecución, 15 en trámite y 12 finalizados. Los fondos son destinados a obras de infraestructura judicial o penitenciaria, adquisición de equipamiento y tecnología para juicios orales y fortalecimiento de investigación penal, como ser los dispositivos de monitoreo electrónico.

Programa: Prevención e Investigación contra el Terrorismo, el Crimen Organizado y el Ciberdelito - Justicia 2020

El programa tiene como objetivo principal reorganizar, coordinar y fortalecer el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los Estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El programa devengó un total de $7,9 millones durante el ejercicio 2018, alcanzando una ejecución de 73,5% del crédito vigente. En cuanto al destino del gasto, la mayor parte estuvo asociada a Servicios no Personales (53,7%), aunque también se destacan Gastos en Personal (35,8%) y Bienes de Consumo (10,5%). Asimismo, se destaca la totalidad del financiamiento a través de Recursos con Afectación Específica.

Es dable mencionar que durante 2018 se procedió a brindar asistencia técnica y apoyo profesional al presidente del GAFI y se trabajó y elaboró un diagnóstico sobre los riesgos a los que está expuesta la República Argentina, realizándose la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos.

Asimismo, se diseñó un programa de capacitación nacional para entrenar a jueces y fiscales en materia de investigación patrimonial y financiera. Entre las principales actividades formativas de 2018 se destacan “Metodología GAFI, Experiencias de Evaluadores Argentinos y Evaluación Nacional de Riesgos”, “Blockchain, Criptoactivos y Ciberdelitos” y “Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Juegos de Azar”.

Programa: Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad - Justicia 2020

El programa se encarga de asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el impulso de procesos de reformas organizacionales, de gestión y de funcionamiento del Ministerio tendientes a implementar sistemas de calidad, innovadores y con base en los principios del gobierno abierto, con un fuerte eje en materia de transparencia en la información. Además, busca coordinar y articular acciones con la sociedad civil y el sistema universitario a efectos de integrarlos en el diseño e implementación de reformas, cooperando coordinadamente con otras unidades operativas de la jurisdicción que tengan competencia en la materia, en una mejor gestión del Sistema de Justicia en su conjunto, y en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.

-en pesos y magnitudes físicas-

Desde el punto de vista financiero la ejecución asciende a $55,2 millones (93,3% del crédito final), principalmente relativa a Gastos en Personal ($38,7 millones, un 70,1% del total de erogaciones).

El Portal de Datos de la Justicia Argentina es una herramienta eficiente de transparencia y acceso a la información. Desde 2016 lleva publicados 48 datasets con 155 bases de datos de 22 organizaciones. Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo 345.852 visitas al Portal, efectuadas por 90.921 usuarios.

En 2016 fue firmado el Convenio Interjurisdiccional de Datos Abiertos de Justicia por 52 instituciones de judiciales de todo el país. El trabajo, coordinado por el Ministerio junto con Superiores Tribunales de Justicia y Ministerios Públicos, permitió la publicación de los primeros datos en formatos abiertos acerca del sistema de justicia de los estados provinciales. De las 52 firmantes, 43 instituciones remitieron datos durante 2018. De ese total, 34 enviaron datos primarios (no agregados).

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Justicia Abierta, forma parte del 3° Plan de Acción presentado frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante 2018 la República Argentina asumió la vicepresidencia de ese organismo.

En otro orden, es dable mencionar la publicación del libro “Justicia Abierta: Aportes para una Agenda en Construcción”, la primera obra en español en ese formato, que recoge el estado del arte conceptual en materia de justicia abierta y datos abiertos de justicia.

Por último, debe destacarse la realización el primer concurso de etiquetado automático de textos junto con el Ministerio de Modernización de la Nación y la Fundación Sadosky. Se trabajó sobre documentos aportados por el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) y fue presentado el proyecto ganador.

Programa: Afianzamiento de la Justicia como Valor - Justicia 2020

En el marco del programa se desarrollan las acciones tendientes a contribuir a la judicialización de los casos de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual con el fin de que las víctimas obtengan las medidas de protección correspondientes y colaboren activamente para la detención de los violadores; efectuar tareas tales como la lucha contra el maltrato, explotación y prostitución infantil; cubrir las necesidades de mediación gratuita para acceder a los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; recepcionar consultas y desarrollar procesos de mediación con carácter público y gratuito; participar en congresos, jornadas y seminarios a realizarse en el territorio nacional sobre el desarrollo de la mediación; y brindar asistencia jurídica gratuita a personas con bajos recursos.

-en pesos y magnitudes físicas-

Durante el ejercicio 2018 el gasto ascendió a $305,9 millones (88,3% del crédito final), principalmente relativo a Gastos en Personal ($171,8 millones, un 56,2% del total de erogaciones). En lo relativo a la fuente de financiamiento, se destacan los Recursos con Afectación Específica (96,3%) y el Crédito Interno (3,7%).

Entre las principales líneas de acción seguidas se destaca el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (ProNalCi), cuyo objetivo medular es facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad que hayan sufrido violaciones a sus derechos esenciales en contextos democráticos y su participación en el sistema de administración de justicia. En este sentido, se realiza el acompañamiento y apoyo a víctimas y sus familias con el consecuente seguimiento de los casos judiciales, durante todo el período de tiempo que deben transitar esa ruta crítica en búsqueda del acceso a la justicia.

Asimismo, es dable mencionar que el Equipo Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, que trabaja las 24 horas durante todos los días del año, realizó durante el período bajo análisis un total de 2.118 intervenciones en terreno acompañando a 2.884 víctimas de delitos contra la integridad sexual y violencia familiar. Luego de cada intervención se realiza un seguimiento para complementar y reforzar la labor de los equipos móviles y consiste en mantener contacto con la víctima durante las semanas siguientes a la intervención para conocer la evolución de la misma. El Equipo de Seguimiento realizó durante el año 2018 el seguimiento de 915 casos, que involucraron a 1.595 víctimas, confeccionando los informes pertinentes para elevar a las instituciones correspondientes.

Por otro lado, el Equipo de Profesionales del Centro de Atención Telefónica a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual de las líneas gratuitas 137 y 0800-222-1717 atendió 13.309 llamados pertinentes a situaciones de violencia familiar y/o sexual, en los cuales se registraron 15.396 víctimas.

En lo que respecta a las personas capacitadas de la comunidad educativa se destaca un 79,5% de sobrejecución, debido a que se desarrollaron junto con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) cursos adicionales a docentes y tutores escolares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Misiones.

En otro orden, cabe destacar que se iniciaron menos procedimientos de ejecución de multas que los programados por faltante de datos en las actas y por notificaciones nulas, lo que derivó en el desvío negativo del año.

Asimismo, debe señalarse que la falta de soporte informático del circuito administrativo y la escasez de personal contribuyeron a que no se pueda llevar adelante con normalidad la tarea de certificación de firmas, impidiendo la producción física durante el ejercicio 2018.

Con respecto a la mediación penitenciaria, es dable mencionar la firma de un contrato con una nueva empresa de servicio de remises para el transporte de los profesionales de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, con el propósito de garantizar la asistencia a los complejos penitenciarios y poder cumplir la realización de las mediaciones programadas.

● Servicio Penitenciario Federal

Los programas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se desarrollan en el marco de la pena privativa de la libertad, tanto en forma directa brindando seguridad y apoyo al interno, como de manera indirecta a través de la formación y capacitación de su personal y la atención y pago de prestaciones previsionales. El SPF cuenta con 31 establecimientos penitenciarios localizados en las provincias de Buenos Aires, Salta, La Pampa, Río Negro, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Programa : Seguridad y Rehabilitación del Interno

Las acciones sustantivas del Programa se concentran en el ámbito de la ejecución de la pena privativa y restrictiva de la libertad, cuya finalidad es lograr que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Por lo tanto los recursos reales, físicos y financieros son aplicados en la meta de alcanzar su rehabilitación.

- en pesos y magnitudes físicas –

Desde el plano financiero se ejecutaron $9.580,4 millones sobre un crédito de $9.702,2 millones (98,7%), principalmente destinados a Gastos en Personal (89,0%). En cuanto al financiamiento, el 76,2% de las erogaciones correspondió al Tesoro Nacional y el 23,8% restante a Recursos con Afectación Específica.

En lo que respecta a las metas, la población total carcelaria ascendió a 12.484 internos promedio, con distinta situación judicial (condenados, condenados a prueba o procesados).

De acuerdo al período y/o fase de la progresividad del régimen penitenciario, los internos condenados al 31/12/18 se encontraban un 9,32% en el período de observación, un 78,09% en el período de tratamiento (el cual se subdivide en las fases de socialización, consolidación y confianza) y un 12,59% en el período de prueba (que comprende período de prueba sin salidas transitorias, con salidas transitorias y semilibertad). Los internos procesados incorporados al régimen de ejecución anticipada voluntaria de la pena se encuentran un 5,19% en el período de observación, un 92,38% en el período de tratamiento y un 2,43% en el período de prueba. Para el cumplimiento de este objetivo se destacaron, durante 2018, los siguientes programas de rehabilitación:

• Programa Individualizado e Integral (PROTIN).
• Programa de Asistencia Grupal para Adictos (A.G.A.).
• Programa de Adiestramiento de Canes.
• Metodología Pedagógica Socializadora (M.P.S.).
• Programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales (P.O.S.).
• Programa de Asistencia a la Interna Angloparlante.
• Programa de Rehabilitación para internos Drogadependientes (C.R.D.).
• Programa de Prelibertad.
• Programa “Estrechando manos”.
• Programa de Tutorías Penitenciarias.
• Programa Específico para Víctimas de Violencia de Género en contexto de Encierro bajo la Órbita del Servicio Penitenciario Federal.
• Programa “Régimen de Trato y Convivencia para Internos Primarios”.
• Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Pr.I.S.M.A.).
• Programa de Asistencia Integral para las Personas de la Tercera Edad Privadas de la Libertad.
• Programa de Detección e Intervención específica por Niveles de Riesgo de Suicidio.
• Programa Específico para Mujeres Transexuales en Contexto de Encierro Alojadas Bajo la Órbita del Servicio Penitenciario Federal.

A fin de garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó convenios educativos con cada una de las carteras Ministeriales provinciales. Asimismo, es importante destacar el trabajo que se está realizando en conjunto con distintas Universidades Nacionales, en orden a garantizar el acceso de internos e internas a servicios de educación superior.

Las personas privadas de la libertad pueden acceder a la educación en cualquiera de sus estadíos: Primaria de adultos (alfabetización, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de adultos); Nivel Medio de Adultos y Nivel de Estudios Superiores.

Programa: Pago a Retirados y Pensionados

Las acciones sustantivas del programa se concentran en la administración del otorgamiento de retiros y pensiones y en el contralor del régimen jubilatorio del Servicio Penitenciario Federal establecido en la Ley Nº 13.018.

- en pesos y magnitudes físicas –

El programa devengó $5.932,5 millones sobre un crédito final de $5.961,3 millones (99,5%). En cuanto al objeto del gasto, se destinó casi la totalidad a Transferencias para el pago de jubilaciones y pensiones. Desde el punto de vista del financiamiento, el 72,8% de las erogaciones correspondieron a Transferencias Internas provenientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el resto a Recursos con Afectación Específica (26,4%) y al Tesoro Nacional (0,8%).

La cantidad de retirados informados en el cierre del ejercicio 2018 resultó de 8.437 y pensionados 3.959. Las altas del período resultaron de 309 retirados y 170 pensionados.

Programa: Formación y Capacitación

El programa refleja las labores orientadas a la formación y capacitación de los agentes penitenciarios, a los fines de incrementar sus competencias cognitivas, laborales y profesionales.

- en pesos y magnitudes físicas -

Desde el plano financiero, el programa ejecutó el 99,7% del crédito final al cierre de 2018. Asimismo, los Gastos en Personal ostentaron la mayor relevancia en la ejecución presupuestaria (96,4% del devengado anual). Por otro lado, las metas físicas registraron una ejecución menor a la esperada, a excepción de la Capacitación de Oficiales, debido a una mayor cantidad de oficiales en el grado de Adjutor Principal y Alcaide Mayor en condiciones de acceder a los cursos de formación obligatorios en dichos grados.

El tiempo promedio para completar la formación de Oficiales en la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O´ Connor” con la carrera Licenciatura en Tratamiento Penitenciario, es de cuatro años, destacando que al término de tres años los mismos obtienen el grado de Subadjutor. En el ciclo lectivo 2015/2018 se inscribieron 1.510 postulantes, de los cuales ingresaron 152 aspirantes y egresaron en el 2018 un total de 78 oficiales.

Asimismo, el transcurso promedio para la formación de Suboficiales en la Escuela de Suboficiales “Subdirector Nacional Juan Carlos García Basalo” en el escalafón Cuerpo General resultó en el 2018 de 4 meses, en tanto que el de los referentes a los escalafones Profesional y Auxiliar es de 1 mes. De igual forma, se desarrollaron cursos de capacitación y perfeccionamiento para el personal superior y subalterno tales como dactiloscopia, documentologia, auxiliar armero, negociación con toma de rehenes, especialización para celadores, especialización en el uso de escopeta, tiro defensivo a corta distancia, cursos para el personal de requisa y seminario de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (R.C.P), entre otros.

Por otra parte la Academia Superior de Estudios Penitenciarios “Roberto Pettinato” (Instituto de Educación Superior no Universitaria) perfecciona al personal penitenciario respondiendo a la necesidad de contribuir a la jerarquización de la profesión penitenciaria, al fortalecimiento de su identidad y su misión, consolidando a su vez, el prestigio de la capacitación científica y técnica de quienes integran sus cuadros. En el ejercicio 2018 se desarrollaron cursos de perfeccionamiento para Oficiales Jefes en el grado de Alcaide Mayor con una extensión de 3 meses, 546 horas cátedra; y cursos de perfeccionamiento para Oficiales en el grado de Adjutor Principal con una extensión de 3 meses, 534 horas cátedra.

● Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal

Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos

El objetivo del programa creado por la Ley N° 24.372 es propender el mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los talleres de laborterapia para las personas privadas de la libertad, con la premisa de que el trabajo en el sistema carcelario es un instrumento clave para el tratamiento de las mismas, a fin de lograr su inclusión al medio social.

- en pesos y magnitudes físicas -

Desde el plano financiero, la ejecución alcanzó el 97,0% del crédito final, de los cuales el 81,9% correspondió a Servicios no Personales, principalmente por el pago del peculio a los internos trabajadores. En cuanto a la financiación de las erogaciones, el 75,7% correspondió a Recursos con Afectación Especifica y el restante 24,3% a recursos del Tesoro Nacional y Crédito Interno.

Durante el ejercicio se ha intentado mantener el abastecimiento de los talleres productivos, tanto en equipamiento e insumos, como así también en la capacitación para nuevos oficios y habilidades, dentro de las posibilidades que el contexto económico-financiero permitió.

Cabe destacar, que se realizó un incremento de la meta física proyectada inicialmente, a fin de cumplir con las obligaciones emanadas de la Ley N°24.660, en cuanto a reinserción social de los internos alojados a través de la laborterapia en los distintos talleres. A continuación se expone en un cuadro la evolución de los internos trabajadores en el periodo 2015-2018:

2- Organismos Descentralizados

● Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Programa : Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tiene como principal propósito, asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas argentinos, garantizando el cumplimiento de lo establecido constitucionalmente (artículo 75, Inciso 17). Se aboca a la atención y apoyo a la población originaria existente en la República Argentina, propiciando su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores culturales y su cosmovisión. Implementa, asimismo, acciones que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de sus producciones agropecuarias, forestal, minero, industrial o artesanal y la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza.

Impulsa la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicionales, promoviendo el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y creando las bases para un desarrollo integral, sostenido y compatible con la preservación del medio ambiente en los territorios que habitan.

-en pesos y magnitudes físicas-

Durante el ejercicio 2018, se devengaron $187,3 millones sobre un crédito final de $236,9 millones (79,1%), principalmente en Gastos en Personal (68,4% del gasto total), seguido por Transferencias (23,2%) y Servicios No Personales (8,3%). El 0,1% restante se distribuyó entre Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Desde el punto de vista del financiamiento, el 88,6% de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica y el restante 11,4% se distribuyó entre recursos del Tesoro Nacional y Crédito Interno.

Las principales acciones desarrolladas en el ejercicio 2018 fueron el relevamiento y demarcación de las tierras que actualmente ocupan las comunidades indígenas argentinas, conforme a lo establecido por la Ley N° 26.160, destacándose:

• 182 relevamientos territoriales culminados, alcanzando un máximo histórico y una evolución histórica de 650 relevamientos culminados desde la existencia del organismo.
• 5 convenios de relevamiento firmados en modalidad de co-ejecución con las provincias de Jujuy, Misiones, Río Negro y Salta.
• Avances en el proceso de negociación para la firma de convenios con las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Fe y Corrientes.

  Asimismo, en el área de promoción de derechos de las comunidades indígenas se brindaron 16 capacitaciones desde el INAI en coordinación con otros organismos del Estado.

Durante 2018 se continuó brindando el servicio jurídico a las comunidades para la defensa de sus derechos y las tierras que ocupan. En este sentido, 8 servicios jurídicos fueron financiados en el marco del Programa de Fortalecimiento de Comunidades Indígenas (creado por Resolución N° 235/04), para asegurar el acceso a la justicia de comunidades indígenas. El INAI presta servicios jurídicos también de manera centralizada, a través de asesores legales que se encuentran en la Sede de la provincia de Buenos Aires del Instituto.

Se trabajó en la Promoción de la Participación y Organización Indígena, destacándose la realización de 11 elecciones ante el Consejo de Participación Indígena. Entre los pueblos originarios que efectuaron la elección se encuentran el pueblo Comechingón, el pueblo Quechua, el pueblo Tilian, el pueblo Tastil, el pueblo Pilagá, el pueblo Guaraní, el pueblo Tehuelche, el pueblo Diaguita Cacano, el pueblo Guaycurú, el pueblo Lule Vilela y el pueblo Vilela Sanaviron.

En las acciones interinstitucionales coordinadas en territorio se destacan 78 operativos realizados a los fines de brindar respuesta a distintas necesidades de las comunidades indígenas, o para brindar servicios. Asimismo, es dable mencionar la conformación de un Gabinete de Asuntos de Indígenas que aglutina a altas autoridades de más de 15 organismos del Estado Nacional que implementan políticas públicas con comunidades indígenas con el objetivo de mejorar la coordinación de acciones que permitan avanzar en el acceso a derechos.

● Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Programa : Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Las acciones del programa están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos son afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por padecer una discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los derechos y garantías que gozan el conjunto de la sociedad, principalmente llevando a cabo el diseño, la promoción e implementación de políticas públicas destinadas a fomentar la diversidad y garantizar el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.

- en pesos y magnitudes físicas-

En 2018 se devengaron $218,7 millones sobre un crédito final de $258,6 millones (84,6% de la asignación), especialmente en lo que respecta a Gastos en Personal (61,2%), a Servicios no Personales (29,8%) y a Transferencias (6,5%), principalmente a Universidades Nacionales. El restante 2,5% se distribuyó entre Bienes de Consumo y Bienes de Uso. Desde el punto de vista del financiamiento, el 96,3% de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica, mientras que el 3,7% restante al Tesoro Nacional.

Por otra parte, la Difusión de las Acciones Contra la Discriminación alcanzó el 40,0%, correspondiéndose el último dato actualizado al ejercicio 2017. Este indicador representa el porcentaje de individuos que manifestaron reconocer al INADI como el lugar adecuado para denunciar un caso de discriminación.

Asimismo, la Percepción de la Discriminación exhibió una ejecución del 65,0%, correspondiéndose el último dato actualizado al ejercicio 2017. Se mide el porcentaje de población que manifiesta haber experimentado discriminación (sufrido o presenciado).

Se debe destacar que, al cierre del ejercicio 2018, no se alcanzó la cantidad programada de Cursos de Capacitación y Publicaciones de Valores Antidiscriminatorios, debido a la menor demanda externa por parte de organismos e instituciones. Por otra parte, se atendieron 2.572 casos de denuncia por discriminación.

En relación con los indicadores de resultado, se registró una capacidad de respuesta ante denuncias de 17 meses (desde su ingreso hasta su resolución), presentando un empeoramiento respecto al resultado del ejercicio anterior (14 meses).

El INADI, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, ha desarrollado durante el ejercicio 2018 eventos tendientes a la defensa y promoción de los derechos de la mujer. Uno de los más destacados fue el conversatorio entre Amaranta Gómez Regalado y Diana Maffía denominado “Emancipación, Derechos e Identidades”, organizado en forma conjunta por el INADI, Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura y el Programa de Actualización en Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, durante los meses de octubre y noviembre tuvo lugar la cuarta edición del Parlamento Federal Juvenil “Jóvenes por una Argentina Inclusiva”, con el objetivo de llevar a cabo un encuentro de alcance federal que reúna a estudiantes de nivel secundario de 15 a 18 años, generando espacios de participación para que los y las jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre sí sobre el desarrollo de leyes inclusivas tendientes a prevenir la discriminación y promover una sociedad más igualitaria.

La Dirección de Políticas contra la Discriminación tiene como responsabilidad asistir en el diseño y ejecución de las políticas públicas contra la discriminación que el INADI impulsa para reducir prácticas discriminatorias y promover la diversidad. Colabora en las relaciones de cooperación internacional con otros Estados, organizaciones y organismos internacionales, en especial en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en los temas de su competencia.

Con el objetivo de promover un deporte inclusivo, que respete la diversidad y garantice un juego libre de discriminación y violencia, el INADI estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con un espacio especial destinado a la promoción de derechos en el Parque Olímpico. La finalidad del stand fue difundir la diversidad cultural, en tanto punto central de encuentro entre los atletas y la comunidad local.

La Dirección de Asistencia a Víctima es la encargada de recepcionar, registrar, evaluar, investigar y analizar todas aquellas denuncias que sean presentadas sobre conductas presuntamente discriminatorias, xenófobas o racistas. Al aumentarse la cantidad de denuncias recibidas en comparación al año anterior, y ante la decisión política de intervenir en la totalidad de las denuncias que se reciben, el compromiso que se asume es el de poder resolver las mismas en un plazo no mayor a 13 meses.

● Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos

Programa : Promoción Internacional de los Derechos Humanos

Las acciones del programa se basan en promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana. En particular, se impulsa la cooperación para el desarrollo de actividades de formación, investigación científica, asistencia técnica, sistematización de información y difusión en materia de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, preparando a especialistas en derechos humanos, en particular del Mercosur y Estados asociados, de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros organismos internacionales.

En 2018, se ejecutaron $28,3 millones alcanzando el 58,9% de ejecución crediticia. El 59,4% fueron destinados a Gastos en Personal, el 39,4% a Servicios No Personales y el 1,2% restante a Bienes de Uso y de Consumo. El 98,2% de las erogaciones fueron financiadas a través de Recursos con Afectación Específica y el restante 1,8% por medio del Tesoro Nacional y el Crédito Interno.

● Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas para Restringir el Circulante de Armas de Fuego en la Sociedad Civil

La misión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) es la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nº 20.429 Nacional de Armas y Explosivos y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada, en especial aquellas vinculadas al desarme de la población civil y aquellas relacionadas a la trazabilidad de los demás materiales controlados.

-en pesos y magnitudes físicas-

En 2018 se devengaron $93,6 millones sobre un crédito final de $107,6 millones (87,0% de la asignación), principalmente en Gastos en Personal (48,7%), Servicios no Personales (26,6%), Otros Gastos (22,0% destinando la totalidad a otras pérdidas ajenas a la operación), Bienes de Consumo (2,3%) y en Bienes de Uso (0,4%). Desde el punto de vista del financiamiento, casi la totalidad de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica (98,8%). El restante 1,2% se distribuyó entre fondos del Tesoro Nacional y Crédito Interno.

Para el cumplimiento de su misión primaria, la ANMaC ha definido los siguientes objetivos prioritarios:

• Restringir el circulante de armas de fuego en la sociedad civil.
• Destruir armas de fuego y otros materiales controlados.
• Fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego para su destrucción.
• Aumentar el control registral, de traslado y resguardo de material controlado.
• Difundir políticas y acciones destinadas a la restricción de armas de fuego.

Cabe destacar que en relación a las políticas y acciones tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, particularmente mediante la implementación de Programa Nacional de Entrega de Armas de Fuego y Municiones se recibieron 47.054 armas y se otorgaron 8.775 incentivos.

Por otro lado, es dable mencionar que la empresa prestadora del servicio de destrucción final comunicó a la Dirección Nacional de Fiscalización Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados (DNFRyD) la falta de disponibilidad durante todo el ejercicio 2018, razón que explica la subejecución del 100,0% en armas destruidas. Esta situación obedece a que una vez que la ANMaC emite las resoluciones que ordenan los procesos de destrucción, debe coordinarse con el proveedor del servicio de molienda y fundición una fecha posible de ejecución en un acto público, en presencia de altas autoridades de la Agencia. Al mismo tiempo, el traslado del material controlado requiere el concurso de las fuerzas de seguridad, de manera tal que el evento está precedido por una cadena de decisiones e insume cuantiosos recursos. Durante el ejercicio 2018, no fue posible disponer de las instalaciones del proveedor en las fechas deseadas para la realización del acto y el mismo debió ser reprogramado para el ejercicio siguiente.