Cuenta de Inversión 2018

1- Administración Central

● Procuración General de la Nación

Programa : Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado, actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado, es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en 2018 de $8.714,9 millones, representando el 99,7% del crédito final. La composición del gasto se explica en un 97,0% por Gastos en Personal y en un 2,1% a Servicios no Personales, mientras que el 0,9% restante se distribuyó en Bienes de Consumo, Transferencias y Bienes de Uso. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 99,2% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 0,5% a Crédito Interno, y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.

● Defensoría General de la Nación

Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de toda la República Argentina, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas en condición de escasos recursos económicos y exclusión social.

En el caso de los procesos civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativo, la intervención se enmarca en el patrocinio de personas con limitación de recursos económicos, que vean limitado su acceso a la justicia en virtud de una situación de vulnerabilidad, o que se encuentren ausentes. También interviene en forma principal o complementaria en procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes y ejerce la representación o apoyo de personas cuyo ejercicio de la capacidad jurídica ha sido cuestionado o limitado judicialmente.

Los objetivos institucionales se canalizan también en el ámbito de los Programas y Comisiones de la Defensoría General de la Nación. Entre ellos se encuentran: la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; del Migrante; para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio; de Cárceles; sobre Temáticas de Género; a las que se suman los siguientes Programas: para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de su Libertad; de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos; de Resolución Alternativa de Conflictos; de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sobre Diversidad Cultural; sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; contra la Violencia Institucional; de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y el Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia.

Durante el 2018, el total de las erogaciones ($4.832,0 millones), el 97,0% correspondió a Gastos en Personal, el 2,2% a Servicios no Personales y el 0,8% restante se distribuyó entre Bienes de Uso y Bienes de Consumo. Dichos gastaos corresponden a la actividad de defensa judicial.

En el marco de las relaciones institucionales en el ámbito internacional, la Defensoría General trabajó en tres proyectos de cooperación con el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea. Por un lado, se confeccionó una guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en espacios de encierro (proyecto presentado por la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas - AIDEF). Por otra parte, se iniciaron proyectos sobre género y acceso a justicia y sobre derechos económicos, sociales y culturales cuya implementación continuará en el transcurso del presente año. Asimismo, se llevó a cabo el proyecto “Promoviendo estándares de transparencia activa y acceso a la información pública”, en colaboración con la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En materia de transparencia, se destaca la conformación de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), que posicionó al Ministerio Público de la Defensa (MPD) como el segundo organismo nacional en dar cumplimiento a los principios rectores de la Ley N° 27.275. La OAIP estableció un circuito rápido, claro y efectivo de atención a las solicitudes de acceso a la información, registrándose un total de 187 pedidos tramitados durante el año 2018.

Cabe señalar la implementación de encuestas de satisfacción orientadas al ciudadano. Por otra parte, se inauguró un portal web que centraliza toda la información del MPD vinculada a las obligaciones de transparencia activa, además de un índice actualizado que refleja las solicitudes tramitadas, entre otros elementos.

En el 2018, se emprendieron acciones a nivel nacional con miras a la implementación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Nº 27.372). Por un lado, se sustanciaron los concursos para la selección de los Defensores Públicos de la Víctimas, con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De un total de 24 concursos han concluido 19. Asimismo, se dictó la reglamentación que contiene los criterios para brindar patrocinio jurídico a víctimas de delitos, de conformidad con los parámetros impuestos por las Leyes N° 27.149 y N° 27.372 y el Decreto Nº 421/18.

Con relación a la implementación del Código Procesal Penal Federal, la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia ha diseñado y ejecutado nuevos programas de capacitación para las defensorías con asiento en las provincias de Salta y Jujuy. Los cursos realizados versaron sobre audiencias multipropósito, litigación y teoría del caso, brindando herramientas para el litigio en modelos acusatorios.

Resulta importante subrayar algunas acciones y logros de relevante trascendencia que se han registrado en el período que se informa. La Comisión de Cárceles participó en la puesta en funcionamiento del “Protocolo sobre alimentación en el Complejo Penitenciario Federal II” y la “Guía de procedimiento de visu médico y de control de registro de personas trans en el ámbito del servicio central de alcaidías”. Además, participó activamente en las visitas y reuniones periódicas organizadas por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.

El “Proyecto Piloto de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Violencia de Género” de la Comisión sobre Temáticas de Género recibió más de 2.300 consultas, brindando asesoramiento jurídico y patrocinio letrado en aproximadamente 1.000 casos. Cabe recordar que este servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico brinda asistencia a mujeres víctimas de violencia, que cuentan o no con recursos económicos, conforme a las pautas establecidas por la Ley N° 26.485.

En este período, la Comisión ejecutó un proyecto cuyo objetivo es la identificación y construcción de estrategias de defensa para mujeres infractoras que actuaron condicionadas por una situación de violencia de género o vulnerabilidad. Por otra parte, se elaboró y difundió el informe “Causas penales por aborto propio en Argentina”, que tuvo una significativa repercusión pública.

El Programa de Asesoramiento y Representación Legal, perteneciente a la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, tomó intervención en 1.039 solicitudes de refugio durante el año 2018. Cabe subrayar que este programa, uno de los primeros a nivel mundial en ofrecer defensa pública, gratuita y especializada para este colectivo, ha sido destacado como “Buena Práctica” por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos recibió numerosas solicitudes de asistencia, lo que ha llevado a gestionar 168 querellas en la actualidad. Entre ellas, se destacan casos de femicidio, agresión sexual y violencia institucional.

Por su parte, el Programa especializado en el Delito de Trata de Personas aumentó su trabajo en clave de asesoramiento, patrocinio y seguimiento de casos, en pos de garantizar el acceso a justicia de las víctimas de estos delitos. En tal sentido, la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte seleccionó la iniciativa presentada por el Programa “Mejorando la Administración de Justicia en casos de trata de personas para explotación sexual” (“Improving Argentine Judicial admistration in cases of human trafficking for sexual exploitation ”). Durante este período, se ejecutó el proyecto, cuyos resultados serán publicados en 2019.

Asimismo, en lo que refiere a la difusión de derechos se han realizado 25 campañas destacándose aquellas sobre temáticas de género, salud mental, niñez y privación de la libertad.

La Comisión del Migrante tiene como función brindar asistencia jurídica gratuita, ante la Dirección Nacional de Migraciones y los Tribunales del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a personas en riesgo de ser expulsadas de nuestro país por cuestiones migratorias. Desde el dictado del Decreto Nº 70/2017 se produjeron profundos cambios a la Ley de Migraciones, estableciendo un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”. Esto provocó un aumento significativo de patrocinios brindados por la Comisión debido al incremento de casos referidos a órdenes de expulsión (+10%), irregularidades migratorias (+32%) y dictado de condenas penales (+58%).

Por otro parte, con el objetivo de facilitar el contacto directo con personal de la defensa pública, el Equipo de Trabajo en Acceso a Justicia (Acceder) actúa en más de 20 Centros de Acceso a Justicia, parroquias y centros cívicos. Durante el 2018, el equipo realizó tareas de orientación legal, acceso a la información y derivación controlada en 1.800 casos. De ese universo de consultas, el 86% fueron sobre temáticas ligadas a la labor del Ministerio Público de la Defensa.

En cuanto a los recursos humanos con los que cuenta la institución, el número de agentes en todo el país asciende a 2.706, de los cuales el 58% son mujeres. En este período, el total de los pocos ingresos a los diversos agrupamientos que integran el organismo fue efectuado mediante examen.

Respecto a la labor desplegada por la Secretaría de Concursos, se han sustanciado 40 concursos de Magistrados –con 21 convocatorias realizadas en 2018-, que contaron con la participación de 1.005 postulantes. Cabe destacar el concurso público de antecedentes para médicos, psicólogos, asistentes y trabajadores sociales que contó con un total de 2.198 inscriptos. Por otra parte, se recibió juramento de ley a 10 nuevos Magistrados de la Defensa Pública.

Además, la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia organizó 153 cursos destinados al personal del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano y 23 en distintas provincias. La labor se desarrolla a través de actividades obligatorias y optativas y mediante la educación a distancia (web campus).