Cuenta de Inversión 2017

1- Administración Central

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

El Ministerio propone, diseña, elabora, administra y fiscaliza las políticas para todas las áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la seguridad social. Durante 2017 orientó sus acciones en pos de mejorar la empleabilidad de los trabajadores desocupados y de promover su inserción laboral en puestos de trabajo de calidad.

Programa: Acciones de Empleo

El gasto del programa ascendió a $6.134,4 millones, lo que representó un 97,5% del crédito final, mientras que el financiamiento de las erogaciones correspondió en $3.724,9 millones (60,7%) al Tesoro Nacional, $2.406,4 millones (39,2%) a Transferencias Internas y el restante 0,1% a Transferencias Externas. Desde el punto de vista del objeto, el 96,9% correspondió a Transferencias, principalmente para financiar ayudas sociales a personas.

A continuación se expone la cobertura del programa por línea de acción, alcanzando casi 470 mil beneficiarios en 2017:

Cantidad de Personas Atendidas en 2017

dentro del Programa Acciones de Empleo.

Subprograma : Acciones de Empleo

El subprograma lleva adelante iniciativas destinadas a brindar asistencia financiera, ocupación transitoria y capacitación a trabajadores desocupados, con el objetivo de brindarle las herramientas necesarias para su reinserción en el mercado de trabajo. Asimismo, se llevan adelante acciones para preservar los puestos de trabajo existentes, mediante incentivos financieros a empresas en situación de emergencia.

- en pesos y magnitudes físicas –

Desde el punto de vista presupuestario, durante 2017 el subprograma ostentó una ejecución de $5.241,0 millones (98,1% del crédito final), principalmente en lo que respecta a transferencias corrientes al sector privado (98,4% de la erogación).

Por otra parte, la Secretaría de Empleo continuó con la ejecución de distintas iniciativas, que se exponen a continuación:

Programa de Recuperación Productiva (Mantenimiento Empleo Privado)

El objetivo del programa RePro es sostener el empleo en sectores económicos en declinación y áreas geográficas en crisis para paliar los efectos negativos que tales circunstancias provocan en las condiciones laborales de los trabajadores afectados. Respecto de las acciones de seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas participantes del Programa, cabe destacar el control mensual que se realiza mediante la utilización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a efectos de comprobar si los empleadores mantienen la cantidad de trabajadores registrados al momento de adhesión al Programa. Durante el año 2017, se otorgó una ayuda económica no remunerativa mensual a trabajadores pertenecientes a empresas localizadas en distintas jurisdicciones de la República Argentina. A lo largo de 2017, la iniciativa alcanzó a 51.221 trabajadores de 268 empresas, concentrando el 78,7% de los beneficiarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

En la distribución por sexo de los beneficiarios del programa, se observa una menor participación de las mujeres respecto a los varones:

Distribución por Sexo del Programa de Recuperación Productiva

-en cantidad de beneficiarios y % de participación-

Por otra parte, cabe destacar que el 60,2% de los beneficiarios se encontraron entre los 26 y 45 años. A continuación, se detalla la distribución de beneficiarios por rango etario para el ejercicio 2017:

Distribución por Rango Etario del Programa de Recuperación Productiva

-en cantidad de beneficiarios y % de participación–

Acciones de Sostenimiento del Empleo (Mantenimiento del Empleo Privado)

Durante el 2017 se llevaron adelante diversas acciones de sostenimiento del empleo, entre las que se destacan las acciones de apoyo y fortalecimiento a la competitividad de las industrias textil e indumentaria y del calzado, en conjunto con las secretarias de Transformación Productiva e Integración Productiva del Ministerio de Producción de la Nación. Durante el año 2017 se otorgó una ayuda económica no remunerativa mensual de $3.000 a 23.465 trabajadores pertenecientes a 242 empresas localizadas en distintas jurisdicciones de nuestro país. Por otra parte, se rubricaron convenios con las provincias de Buenos Aires y Mendoza, que permitieron brindar ayudas económicas a un total de 4.898 personas pertenecientes a 171 empresas del sector pesquero y turístico, con ayudas económicas no remunerativas mensuales de entre $3.000 y $3.500. En lo que refiere a la distribución geográfica de los beneficiarios, el 77,0% se destinó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y La Rioja.

A continuación, se detalla la distribución por sexo, en donde se observa una menor preponderancia de las mujeres dentro de las acciones detalladas anteriormente:

Distribución por Sexo dentro de las Acciones de Sostenimiento del Empleo

-en cantidad de beneficiarios y % de participación-

Por otra parte, el 57,4% de los beneficiarios se encontró entre los 26 y 45 años. A continuación, se detalla la cantidad de beneficiarios por rango etario:

Distribución por Rango Etario de las Acciones de Sostenimiento del Empleo

-en cantidad de beneficiarios y % de participación–

Programa Trabajo Autogestionado

El programa atiende la situación específica de trabajadores que procuran concretar iniciativas laborales autogestionadas en forma asociativa, tanto en el ámbito urbano como rural, ya sea en las fases de puesta en marcha y/o reactivación como en las fases de consolidación y mejoramiento de su competitividad. Durante 2017 se atendieron un total de 28.970 trabajadores y se brindaron aportes a 43 unidades productivas y 4 instituciones.

En lo que respecta a la distribución por sexo, se observó una menor participación de las mujeres respecto a los varones, según el siguiente detalle:

Distribución por Sexo dentro del Programa de Trabajo Autogestionado

-en cantidad de beneficiarios y % de participación-

Acciones de Empleo Programa Intercosecha (Empleo Transitorio)

Por la estacionalidad propia de sus ciclos productivos, la actividad agraria y agroindustrial, especialmente en las economías regionales, demanda principalmente trabajadores temporarios, siendo que gran parte de los mismos tienen dificultades para acceder a otro empleo durante los recesos estacionales. En ese sentido, el MTEySS implementa acciones destinadas a fomentar el empleo de aquellos que presenten mayores dificultades de inserción laboral promoviendo la mejora de sus condiciones de empleabilidad. En 2017 alcanzó a 15 provincias en total, con una participación de 84.613 personas, de las cuales 18.124 eran mujeres y el 59,2% se encontraba entre los 18 y 35 años de edad. A continuación, se detalla la distribución por sexo y rango etario del programa Intercosecha:

Distribución por Sexo dentro del Programa Intercosecha

-en cantidad de beneficiarios y % de participación-

Distribución por Rango Etario del Programa Intercosecha

-en cantidad de beneficiarios y % de participación–

Programa Transición al Salario Social Complementario (Empleo Transitorio)

El programa surge a partir de la Ley N° 27.345 de Emergencia Pública, en donde se instituye el Salario Social Complementario para trabajadores de la economía popular. En el marco de dicha ley, y con el fin de consolidar en un solo programa diversas líneas de acción con el mismo objetivo, el MTEySS determinó la transición de beneficiarios de los programas orientados a los sectores de la economía popular al programa de Salario Social Complementario, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Durante 2017 participaron de dicho programa 21.892 personas, cobrando una ayuda económica no remunerativa mensual de $4.400 a través de una tarjeta magnética. En lo que respecta a la distribución por sexo, el 66,8% fueron varones y el 33,2% mujeres, en tanto que el 91,9% se encontró entre los 18 y 45 de edad.

Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Asistencia para la Inserción Laboral)

Este programa tiene por objeto asistir a sus participantes en la construcción o actualización de su proyecto formativo y ocupacional, en el desarrollo de trayectorias laborales pertinentes, en la finalización de estudios formales obligatorios, en la realización de experiencias de formación y/o de entrenamiento para el trabajo, en la generación de actividades productivas de manera independiente y/o en la inserción en empleos de calidad, e incluye una línea específica de asistencia a trabajadores desocupados con discapacidad. Durante 2017 participaron 15.182 beneficiarios.

Entrenamiento para el Trabajo (Asistencia para la Inserción Laboral)

Se postula el mejoramiento de la empleabilidad y de la inserción laboral de los trabajadores desocupados en el sector público o privado, a través de la incorporación en actividades de entrenamiento para el trabajo. Las acciones están dirigidas a trabajadores desocupados participantes del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) o trabajadores desocupados mayores de 18 años que presenten dificultades de inserción de empleo. Durante 2017 se atendieron bajo este programa 165.716 trabajadores y trabajadoras.

Programa de Inserción Laboral (PIL) (Asistencia para la Inserción Laboral)

El programa tiene como objetivo promover la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad mediante la asignación de una ayuda económica a sus destinatarios que podrá ser descontada de su salario por los empleadores. En lo que respecta al 2017, a través de esta iniciativa se incorporaron 10.021 trabajadores desocupados en empresas del sector privado y 1.137 en oficinas de empleo.

Programa Construir Empleo (Asistencia para la Inserción Laboral)

Tiene como objeto potenciar las calificaciones y habilidades laborales de trabajadores afectados por problemáticas de empleo y/o apoyar el sostenimiento de cooperativistas de la construcción, mediante su incorporación en la ejecución de obras de infraestructura productiva o comunitaria, vinculada a la generación y sostenimiento del empleo, que les permitan adquirir o consolidar saberes propios del sector de la construcción y/o contribuyan a la permanencia en su situación de empleo. En 2017 se aprobaron y transfirieron fondos a un total de 92 proyectos, que involucraron 1.538 participantes.

Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales (Asistencia para la Inserción Laboral)

El programa asiste a trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales. Durante 2017 se financiaron 3.339 proyectos.

Subprograma: Seguro de Capacitación y Empleo

El objetivo del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) es instituir un sistema de protección al desempleo de base no contributiva que brinde a los trabajadores desocupados apoyo en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción en empleos de calidad.

- en pesos y magnitudes físicas –

Durante 2017 se otorgaron beneficios a 117.295 personas, mientras que al mes de diciembre, la cantidad de trabajadores desocupados cubiertos por el programa correspondió a 56.956 personas.

Por otra parte, la inserción laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo alcanzó el 18,7% para 2017. Se mide el porcentaje de ex beneficiarios que, a un año de su baja del programa, poseen un empleo registrado.

Programa: Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social

El objeto del programa es intervenir en la elaboración primaria de las políticas institucionales, jurídicas, legislativas y de gestión de la Seguridad Social y en la creación, aplicación y fiscalización de los regímenes de la seguridad social. Asimismo, tiene como objetivo principal la intervención en el diseño y administración de un Sistema de Protección Social Integral. El programa se basa en la consecución de cuatro lineamientos estratégicos:

- Trabajo decente

- Empleo sustentable

- Sistema de protección social integral

- Diálogo tripartito entre el estado, el sector privado y los trabajadores.

Durante 2017 el gasto del programa ascendió a $43,8 millones lo que representó un 88,1% del crédito vigente, principalmente por la incidencia de los Gastos en Personal (87,0%) y financiado íntegramente por el Tesoro Nacional.

Programa: Formulación y Regulación de la Política Laboral

A través de este programa se administran, norman, regulan, fiscalizan y controlan las acciones de las partes involucradas en el ámbito laboral. La medición física incluye las negociaciones colectivas vinculadas a la aplicación de normas relativas al funcionamiento de las asociaciones sindicales y al registro de las asociaciones profesionales de empleadores, así como las actividades del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

- en pesos y magnitudes físicas –

Desde el punto de vista presupuestario, durante 2017 la ejecución alcanzó $610,1 millones (95,1% del crédito final), principalmente en Gastos en Personal (88,1%) y Servicios no Personales (10,6%). En cuanto al financiamiento, el 96,0% correspondió al Tesoro Nacional y el restante 4,0% a Recursos con Afectación Específica.

Negociación de Convenios Colectivos

Esta actividad tiene por objeto enriquecer los contenidos de la negociación colectiva, estimular los procesos de negociación y fomentar la participación de las representaciones empresariales y sindicales. En el año 2017 se buscó intensificar las acciones respecto a la negociación colectiva y la debida intervención en el conflicto colectivo, por lo que se priorizó la implementación de métodos de acción, incorporación de herramientas informáticas, capacitación de agentes y provisión de medios materiales.

Con 1.008 convenios y acuerdos, durante el año se alcanzó una cobertura de negociación colectiva del 91,4%, dando cuenta de las acciones de ordenamiento salarial y mejoramiento de las condiciones laborales, en el marco de paritarias y negociaciones colectivas.

Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO)

Tiene como finalidad dirimir con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial, todos los reclamos individuales y colectivos que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

En el año 2017 continuaron las mejoras del servicio de conciliaciones, a los fines de responder en forma más eficiente a la creciente demanda de reconciliaciones laborales y a mejorar la calidad y la transparencia del servicio mediante la incorporación de herramientas informáticas.

Programa: Regularización del Trabajo

Se atiende la problemática derivada del empleo no registrado al verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo, la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social. Además, se propone fomentar la incorporación al sistema de seguridad social de los trabajadores excluidos del mismo, tendiendo a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina trabajo decente.

- en pesos y magnitudes físicas –

(*) El detalle de los proyectos de inversión a cargo del programa se encuentra disponible en los respectivos Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional, del Tomo II.

El programa ejecutó $354,7 millones al cierre de 2017 (88,3% del crédito final), siendo los Gastos en Personal los de mayor relevancia en la ejecución presupuestaria (48,1% del devengado anual), seguidos por Servicios No Personales (42,1%). El mismo se financió en un 50,5% con Recursos con Afectación Específica y el restante 49,5% con el Tesoro Nacional.

Asimismo, se efectuaron 193.447 fiscalizaciones a empresas, alcanzando una cobertura de 17,0% de los establecimientos registrados. Por su parte, la tasa de regularización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo alcanzó el 54,0% gracias a las acciones encaradas por las empresas para cumplir con sus compromisos de reglamentación laboral.

Durante el año 2017 se consolidaron las políticas públicas tendientes al combate contra el empleo no registrado, destacándose la aplicación de la Ley N° 26.940, cuyo objetivo fundamental es la Promoción del Trabajo Registrado y la Prevención del Fraude Laboral. Dicha ley prevé la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde se publican por un período no mayor a tres años, sanciones administrativas firmes impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, las autoridades laborales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por infracciones originadas en la falta de inscripción de trabajadores, de empleadores y por obstrucción a la labor de inspección del trabajo.

Por último, se consolidó la metodología de las inspecciones en línea (los inspectores relevan a los trabajadores con netbooks y al instante comprueban la situación registral) y la utilización de cuatro unidades móviles de inspección, que permiten recorrer la totalidad del territorio nacional, accediendo a regiones o localidades donde la inspección no es habitual y permitiendo el asesoramiento a los trabajadores sobre las políticas que la Secretaria de Trabajo lleva adelante.

Programa: Acciones de Capacitación Laboral

El programa se centra en la capacitación para la mejora de la empleabilidad, atendiendo también requerimientos de los sectores económicos, las provincias y municipios para impulsar acciones de terminalidad educativa y formación profesional para beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario, del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR).

A continuación, se detalla la ejecución física del programa durante el 2017:

- en pesos y magnitudes físicas –

Desde el punto de vista presupuestario, durante 2016 se ejecutaron $2.049,2 millones (85,5% del crédito final), principalmente en Transferencias (86,8%) y financiados en un 59,0% a través del Tesoro Nacional, un 31,3% a partir del Crédito Externo y un 9,8% con Transferencias Internas.

Las acciones realizadas durante el ejercicio 2017 se basaron en un proceso de planificación que involucró a las provincias y a la estructura territorial de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Se introdujeron adecuaciones contemplando, la necesidad y diagnóstico socio productivo de cada jurisdicción (con la celebración de Acuerdos Preliminares con las mismas) orientando la selección de actividades y especialidades de formación a la demanda de calificaciones, potencialidad productiva y oportunidades de inversión privada y pública presentes. También se procuró articular las acciones en el marco de planes de gobierno abarcativos como, por ejemplo, el Plan Belgrano. Otro énfasis estuvo centrado en mejorar la transparencia en el acceso a la oferta formativa publicitándola a través de la web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y las redes sociales.

Terminalidad Educativa

Las acciones de terminalidad educativa tienen por destinatarios a la población económicamente activa, mayor de 18 años, con niveles incompletos de escolaridad obligatoria, preferentemente participantes del Seguro de Capacitación, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y, a partir del año 2014, del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos. También se focaliza en la población en contexto de encierro, especialmente a presos con permisos transitorios o próximos a cumplir condena y las comunidades de pueblos originarios. Durante 2017 participaron 89.354 personas, principalmente de las provincias de Córdoba, Chaco y Buenos Aires y en un 83,0% jóvenes de entre 18 y 25 años. En lo que refiere a la distribución por sexo, cabe destacar la paridad de participación entre varones y mujeres. A continuación, se detallan los beneficiarios según el nivel en el que participaron y por rango de edad y sexo:

Personas en Terminalidad Educativa según

el Nivel en que participaron

Personas en Terminalidad Educativa según

Por Rango Etario y Sexo

Formación Profesional

En el 2017, continuó la ejecución de acciones de formación profesional diseñadas a partir de tres modalidades de intervención: sectorial, mediante convenios y protocolos adicionales suscriptos con sindicatos y cámaras empresariales; territorial, a través de convenios suscriptos con provincias, municipios y, por último, la línea de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil. En ese marco, se brindó capacitación a 124.692 trabajadores, un 46,7% más que lo originalmente programado. Se destaca la alta participación de personas de entre 18 y 35 años y la paridad entre mujeres (47,0%) y varones (53,0%).

Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

El Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, desocupados y con estudios formales incompletos. Se promovió la articulación con los gobiernos provinciales, a efectos de garantizar las vacantes en el sistema de educación de adultos que permitan vincular la estrategia de mejora de la empleabilidad con los procesos de terminalidad educativa.

Durante el año 2017 el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se ejecutó en 504 municipios, a través de las Oficinas de Empleo, alcanzando a 216.179 jóvenes de todo el país. Se destaca una participación del 50,9% de mujeres dentro del programa.

Programa: Sistema Federal de Empleo

- en pesos y magnitudes físicas –

(*) El detalle de los proyectos de inversión a cargo del programa se encuentra disponible en los respectivos Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional, del Tomo II.

El total devengado por el programa ascendió a $364,0 millones lo que representó un 95,4% del crédito vigente, principalmente por los Gastos en Personal (86,3%) y los Servicios no Personales (10,5%), financiándose en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

En cuanto a las mediciones físicas no se observan desvíos significativos. Por otra parte, el indicador Tasa de Orientación Laboral a Población Desocupada, alcanzó un guarismo de 17,0%. El indicador capta el porcentaje de personas desocupadas que son orientadas por las oficinas de empleo, sobre el total de la población desocupada de los aglomerados urbanos.

Durante el año 2017, se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento del Sistema Federal de Empleo, con eje en el desarrollo local, la capacitación y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desocupados. Al cierre del ejercicio se encontraban operativas 665 Oficinas de Empleo, en las que se atendieron durante el año 2017 a 777.449 personas.

En el marco del “Plan Más y Mejor Trabajo”, se realizaron 60 convenios marco de Acciones Integradas en materia de Empleo y Formación Profesional entre la Secretaría de Empleo del MTEySS, y Gobiernos Municipales, Provinciales, y Organizaciones Sociales, con el objetivo de consolidar capacidades para la gestión local de las políticas de empleo.

2- Organismos Descentralizados

• Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Programa : Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene por misión la planificación, organización, administración, coordinación, control y evaluación del sistema de prevención y reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales como también la administración de las Comisiones Médicas. El objetivo general se sintetiza en la promoción del ambiente de trabajo sano y seguro, como también en la protección del trabajador frente a las contingencias del mismo.

- en pesos y magnitudes físicas –

Durante el ejercicio 2017 se alcanzó una ejecución financiera global del 99,7% del crédito vigente, totalizando un gasto de $447,5 millones. En lo que respecta a la distribución por objeto, sobresalieron los Gastos en Personal (90,5%) y los Servicios no Personales (8,5%), financiándose la totalidad de las erogaciones con Recursos Propios.

En relación al cumplimiento de metas físicas, la Auditoría de Cumplimiento Normativo en Materia Preventiva en sede de ART y Empleadores Autoasegurados presentó una sobreejecución del 110,6% debido a la introducción de nuevas tareas de control al área de competencia. Por otra parte, con respecto a la Fiscalización de Cumplimiento Normativo en Materia Preventiva en Sede de Empleadores, se evidenció una subejecución del 17,0% por la reasignación de recursos humanos a otras áreas de la superintendencia.

Durante 2017, el Índice de Incidencia para Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales no presenta variaciones significativas en la comparación con 2016, en tanto que se observa un aumento en el índice de litigiosidad, pasando de 167,9 juicios cada mil casos en 2016 a 179,9 en 2017.

En lo que respecta a los logros alcanzados durante 2017, se destaca la sanción de la Ley N° 27.348 de Riesgos del Trabajo, en donde se constituye a las comisiones médicas jurisdiccionales como la instancia previa de carácter obligatorio para el trabajador afectado por un accidente de trabajo o enfermedad profesional antes de iniciar acciones judiciales, con el objetivo principal de disminuir los índices de litigiosidad del sistema. Al cierre de 2017, se habían adherido al nuevo procedimiento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por otra parte, se observan mejoras en los índices de siniestralidad, tanto en el índice global, que desciende un 5,5% respecto de 2016, y los índices de incidencia de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP), con una baja del 4,5% respecto a 2016. A continuación, se detalla los índices de incidencia por sector económico para el período 2016-2017:

Índice de incidencia (por mil) según Sector Económico, período 2016-2017

Asimismo, aumentó la cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo respecto al año 2016 y la cantidad de empleadores asegurados con trabajadores declarados. A continuación, se detallan los resultados para el período 2016-2017:

Empleadores Asegurados con Trabajadores Declarados y Trabajadores Cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo 2016-2017

En magnitudes físicas

Finalmente, cabe destacar la aplicación de diversos instrumentos de control y seguimiento con el objetivo de lograr mejoras en el comportamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entre los que se encuentran el Plan Integral de Control, el tablero de focalización de accidentabilidad, la implementación de tableros de control para la gerencia del organismo y la implementación Registro Único Digital de Prestaciones Dinerarias. A su vez, en el marco de las acciones de capacitación que realiza el organismo, se dictaron 56 talleres en nivel educativo primario y secundario en las provincias de Córdoba y Salta, con un total de 1.881 participantes, y diversos cursos virtuales, con 8.356 personas inscriptas.

3 - Instituciones de la Seguridad Social

• Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios de la seguridad social en la República Argentina, llevando a cabo los siguientes objetivos: ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de Seguridad Social, asegurando que la población beneficiaria de dichas políticas obtenga las prestaciones y los servicios regulados por las normas vigentes y administrar con eficacia y responsabilidad social el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En ese marco el Organismo se encarga del sostenimiento del sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población pasiva, a través de la administración del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) creado en el marco de la Ley Nº 26.425. Adicionalmente se incluyen entre las labores de la ANSES las actividades vinculadas con el aseguramiento de la protección social y la igualdad, tales como la gestión del sistema de Asignaciones Familiares Contributivas y No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la Asignación por Embarazo para Protección Social, el otorgamiento de las Pensiones no Contributivas a los Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y las pensiones correspondientes al Régimen Reparatorio para Ex Presos Políticos de la República Argentina, el otorgamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, otorgamiento y gestión de las Pensiones No Contributivas (exceptuando las Pensiones por Invalidez), la administración del Fondo Nacional de Empleo, la gestión de la asignación del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) y la administración de los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA (FGS).

Desde el punto de vista financiero, durante 2017 la ANSES ejecutó el 98,8% del crédito final, alcanzando un gasto de $1.075.607,7 millones. En cuanto a los conceptos atendidos el 98,2% del gasto correspondió a Transferencias, el 1,3% en Gastos en Personal, el 0,4% en Servicios no Personales y el restante 0,1% en Bienes de Uso y Bienes de Consumo. En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, el 64,9% correspondió a Recursos Propios, el 21,5% al Tesoro Nacional, el 13,6% a Crédito Interno y Crédito Externo.

Programa : Prestaciones Previsionales

Por intermedio del programa se ejecuta, coordina y supervisa todo lo referente a la aplicación de la normativa vigente para la liquidación y otorgamiento de las prestaciones del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

Para 2017 la tasa de cobertura del SIPA se calcula en 87,4% de la población en edad de jubilarse. Cabe destacar que este valor no es estrictamente comparable con los de años anteriores porque durante 2016 se cambiaron las proyecciones de población del INDEC por las de Naciones Unidas.

Resulta importante remarcar que durante el año 2017, y de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 26.417 (Movilidad del Régimen Previsional), se han otorgado dos incrementos en los haberes de las prestaciones del régimen previsional público. El primero de 12,96% a partir de marzo y el segundo de 13,32% a partir de septiembre. De esta manera la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 resultó, a partir de septiembre de 2017, en una suma fija equivalente a $3.423,58. El haber mínimo de las prestaciones del Régimen Publico ascendió a $7.246,64 mientras que el haber máximo alcanzó los $53.090,20.

En 2017 se registró un 32,3% de beneficiarios varones y un 67,7% mujeres. A su vez, el 33,6% se encontraba comprendido entre los 60 y los 70 años, mientras que los mayores de 70 años representaron el 61,5% del total. El restante 4,8% lo conformaron beneficiarios con menos de 60 años. El promedio mensual de altas y activaciones del ejercicio ascendió a 37.124 casos, mientras que el promedio de bajas y suspensiones alcanza a 30.250 casos.

Subprograma : Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto

- en pesos y magnitudes físicas –

Este subprograma contempla la atención de las prestaciones del régimen público de reparto, que comprende a los beneficiarios de la Ley N° 24.241, las prestaciones derivadas de las Leyes N° 18.037 y N° 18.038 para trabajadores en relación de dependencia y autónomos, respectivamente y, por último, las prestaciones del Consejo de la Magistratura.

Según surge de la tabla anterior los desvíos de los beneficios liquidados en el 2017, respecto de las metas físicas programadas, no son significativos. El haber medio mensual, correspondiente a las jubilaciones del régimen de reparto (sin incluir a los beneficiarios del Consejo de la Magistratura), resultó de $17.099,7 mientras que en las pensiones alcanzó los $10.413,1.

Subprograma : Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional

- en pesos y magnitudes físicas –

Este subprograma comprende el pago de los beneficios otorgados de acuerdo a las Leyes N° 25.994, N° 24.476 y N° 26.970 de jubilación anticipada y jubilación y pensión por moratoria.

El haber medio de las jubilaciones incluidas en este subprograma alcanzó los $7.569,2 en el caso de las jubilaciones y $7.293,6 en el caso de las pensiones, equivalente a un aumento del 28,5% y del 28,1% en relación al año 2016.

Programa : Complementos a las Prestaciones Previsionales

- en pesos y magnitudes físicas –

Además, a partir de la vigencia del Decreto Nº 599/06 se implementa el pago de un subsidio de contención familiar por fallecimiento a los familiares de beneficiarios de los sistemas de la seguridad social para gastos de sepelio, que al cierre del 2017 ascendió a $ 6.000.

Programa : Seguro de Desempleo

- en pesos y magnitudes físicas –

El programa atiende la tramitación, seguimiento, otorgamiento y pago del Seguro de Desempleo, beneficio que comprende a los trabajadores de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, servicio doméstico, de aquellos comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y de las instituciones de educación privadas reguladas de conformidad con la Ley N° 24.521. Por otra parte, se debe consignar que la Resolución N° 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, modificó los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, elevándolos a $2.061,0 y a $3.297,6, respectivamente.

Durante el año 2017 se atendieron en promedio 98.884 seguros por desempleo mensuales, resultando un 35,5% mayor a 2016. Por su parte, el seguro medio alcanzó un monto mensual promedio de $2.624,64.

Programa : Asignaciones Familiares

Este programa incluye las actividades relacionadas con la tramitación, otorgamiento y pago de las asignaciones familiares. De aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del Seguro de Desempleo (Subsistema Contributivo). Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (Subsistema No Contributivo), y beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez también están incluidos en el régimen de asignaciones familiares. Todo ello dispuesto por la Ley N° 24.714 que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares de alcance nacional y obligatorio, y sus modificatorias, entre las cuales cabe destacar a la Ley N° 27.160 y la Resolución N° 616/15, las cuales disponen la ampliación del alcance de la movilidad en los haberes previsionales para las Asignaciones Familiares, y a los Decretos N° 592/16 y N° 593/16, que amplían el alcance de las asignaciones familiares a los trabajadores agrarios y discontinuos, y a los monotributistas, respectivamente.

En 2017, se aplicaron los aumentos por movilidad en los haberes previsionales de 12,96% en marzo y 13,32% en septiembre a las Asignaciones Familiares, según lo dispuesto por la Ley N° 27.160 y la Resolución N° 616/15. Cabe recordar que a partir del Decreto N° 1.667/12, se considera el ingreso del grupo familiar para determinar los límites de que condicionan el otorgamiento de las asignaciones familiares y la cuantía de las mismas, tanto de manera global (el ingreso del grupo familiar total, IGF) como individual (el ingreso de cada uno de los padres por separado). A partir del Decreto N° 492/16, el tope para IGF es de $60.000 y el de cada padre es de $30.000.

Cabe destacar que en función de la naturaleza de cada una de las prestaciones las mismas se pueden clasificar en habituales y eventuales. Las primeras son aquellas prestaciones en que se observa un carácter repetitivo y permanente en su pago, mientras que las segundas surgen como consecuencia de una contingencia que perdura en el tiempo.

Subprograma : Asignaciones Familiares Activos

- en pesos y magnitudes físicas –

En este subprograma se atiende el pago de las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada, de los beneficiarios del Seguro de Desempleo, monotributistas y de los beneficiarios de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), incluyéndose las siguientes prestaciones: hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

Para el pago de las asignaciones familiares coexisten distintos mecanismos, como ser el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Pago de Prestaciones Extraordinarias y las abonadas conjuntamente con el Seguro de Desempleo a los beneficiarios de esta prestación.

Subprograma : Asignaciones Familiares Pasivos

El programa abona las prestaciones por hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar y por cónyuge que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias a los beneficiarios del SIPA.

- en pesos y magnitudes físicas –

En términos generales se observan desvíos poco significativos en la producción anual del subprograma, respecto a los niveles programados anuales.

Subprograma : Asignación Universal para Protección Social

- en pesos y magnitudes físicas -

Este subprograma tiene a su cargo la tramitación, otorgamiento y pago de las asignaciones familiares correspondientes al subsistema no contributivo para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, prestación creada por el Decreto Nº 1.602/09, y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, creada por el Decreto Nº 446/2011.

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abona a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado. En ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº24.714, modificatorias y complementarias. Los beneficiarios perciben el pago mensual del 80% del valor de la asignación, el 20% restante se hace efectivo una vez al año cuando el titular acredite, para los menores de 5 años, el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación y para los que se encuentren en edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente. El monto vigente al cierre de 2017 resultó de $1.412 por hijo, $4.606 por hijo discapacitado y $1.182 por la ayuda escolar anual.

La Asignación por Embarazo para Protección Social consiste en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abona a la mujer embarazada desde la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. El monto de la Asignación por Embarazo para Protección Social es igual al monto estipulado para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Mensualmente, se liquidará el 80% de su valor, dado que el equivalente al 20% se hace efectivo una vez que se haya constatado el nacimiento o la interrupción del embarazo, previa verificación de todos los controles médico-sanitarios e inscripción del niño en el Plan Nacer. El monto vigente al cierre de 2017 resultó de $1.412.

Subprograma : Asignaciones Familiares Sector Público Nacional.

Este subprograma surge como consecuencia del artículo 6° del Decreto Nº1.668/12 que estableció que el personal que preste servicios bajo relación de dependencia en el Sector Público Nacional percibirá las asignaciones familiares establecidas, en forma directa a través de la ANSES.

En cuanto a la producción física del subprograma se detalla a continuación la cantidad de prestaciones atendidas en 2017:

- en pesos y magnitudes físicas -

No se cuenta con información desagregada entre sector privado y público para las metas físicas de asignaciones de pago único, por lo cual se informan conjuntamente en el Subprograma 1.

Programa : Atención ex Cajas Provinciales

- en pesos y magnitudes físicas –

En este programa se atienden la ejecución, coordinación y supervisión referente a la administración y liquidación de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de las cajas provinciales incorporadas al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que abarcan a las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Además, contempla el pago de los retiros y pensiones de las Fuerzas de Seguridad de las mismas provincias.

En relación a la cantidad de beneficios promedio liquidados en el 2017, los desvíos no son significativos, en tanto el haber medio observado en diciembre alcanza los $22.580,6 para las jubilaciones y $12.669,4 para las pensiones.

Programa : Atención Pensiones Excombatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº 26.913

- en pesos y magnitudes físicas –

La atención de pensiones a excombatientes abarca el pago de las pensiones no contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes, conforme a la Ley Nº 23.848, sus modificatorias y complementarias. El monto de las mismas se encuentra asignado de acuerdo al Decreto Nº 1.357/2004, que establece el cálculo del haber de pensión como el equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público, y como ya se ha referido, el valor de tales prestaciones se ha elevado de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Cabe mencionar que, durante el 2017, se produjeron dos aumentos en los valores de la pensión como consecuencia de los incrementos en el valor del haber mínimo, estableciendo el haber en $21.739,9 a partir de septiembre.

La Pensión Honorífica se encuentra dirigida a los colectivos que a continuación se detallan, siempre que hayan estado destinados en el teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, debidamente certificado según lo establecido en el Decreto Nº 2634/90:

- Exsoldados conscriptos de las fuerzas armadas.

- Civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados.

- Personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encuentren en situación de retiro, baja voluntaria u obligatoria, esta última en tanto no se hubieran dado las situaciones a que se refiere el artículo 6º del Decreto Nº 1.357/04.

Por otro lado, por medio de la Ley N° 26.913, se estableció un régimen de reparación para aquellos ex presos políticos que hayan sido privados de su libertad hasta el 10 de diciembre de 1983, siendo la Ley reglamentada posteriormente por el Decreto N° 1.058/14.

Programa : Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – PROGRESAR

El programa, instituido por medio del Decreto N° 84/2014, está orientado a asistir financieramente a aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que acrediten estar inscriptos o asistan a instituciones educativas habilitadas, en los diferentes niveles de educación y cumpliendo con una serie de requisitos vinculados a los ingresos del beneficiario y su grupo familiar.

En cuanto a la producción física del subprograma se detalla a continuación la cantidad de prestaciones atendidas en 2017:

En lo que respecta los beneficiarios, la ejecución fue de 782.004 casos, un 42,2% más de lo esperado.

El monto de la prestación durante el año 2017 resultó de $900, de los cuales el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se retiene hasta la acreditación de la asistencia al establecimiento educativo correspondiente durante los meses de marzo, julio, y noviembre de cada año.

Programa: Pensión Universal para el Adulto Mayor

Instituida por medio del artículo 13 de la Ley N° 27.260, la Pensión Universal para el Adulto Mayor consiste en una prestación de carácter vitalicio y no contributivo, de un monto del 80% del haber mínimo, orientada a aquellas personas mayores de 65 años que cumplan los siguientes requisitos:

- Ser argentino nativo con 10 años de residencia en el país o extranjero con 20 años de residencia en el país (incluyendo los 10 inmediatos previos a la solicitud de la prestación)

- No ser beneficiario de otra jubilación o pensión ni del seguro por desempleo.

- Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Quienes acceden a esta pensión, obtienen la cobertura y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual. Asimismo, los titulares de la prestación pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria.

Durante 2017 se atendieron 29.170 beneficiarios, representando un gasto de $2.970,2 millones.

Programa: Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)

Por medio del Decreto N° 746/2017, publicado el 26 de septiembre de 2017, las Pensiones No Contributivas (con excepción de las Pensiones por Invalidez) pasaron de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a ANSES.

Este Programa tiene como objetivo el brindar asistencia económica otorgando pensiones a personas en estado de vulnerabilidad social, sin bienes, recursos, ni ingresos que permitan su subsistencia. Las citadas pensiones son otorgadas, previo análisis de la procedencia del derecho en función al cuerpo legal en vigencia, a beneficiarios en todo el territorio nacional y comprenden dos tipos de beneficios:

- Pensiones por vejez

- Pensiones a madre de siete o más hijos

Adicionalmente se otorgan pensiones instituidas por leyes especiales (por ejemplo: premios Nobel, primeros premios nacionales a las ciencias, letras y artes plásticas, premios olímpicos y paralímpicos, entre otros) y a familiares de personas desaparecidas. A su vez, se administran las pensiones graciables otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación, las cuales son liquidadas y prorrogadas previa verificación de las incompatibilidades establecidas por la normativa vigente.

El traspaso de las PNC del Ministerio de Desarrollo Social a ANSES se efectivizó a partir del mes de octubre de 2017 y otorgándose un promedio de 380.049 beneficios mensuales por un total de $9.373,7 millones.