MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

 

1- Administración Central

 

Procuración General de la Nación

 

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

 

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado, es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

 

En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en 2016 de $4.924,2 millones, representando el 99,7% del crédito final. La composición del gasto se explica en un 97,0% por Gastos en Personal y en un 2,5% a Servicios no Personales, mientras que el 0,5% restante se distribuyó en Bienes de Consumo y Bienes de Uso. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 79,2% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 20,1% a Crédito Interno, el 0,4% a Transferencias Internas y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.

 

 

- Defensoría General de la Nación

 

Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

 

La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de toda la República Argentina, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes, como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.

 

- en pesos y magnitudes físicas-

Crédito

Final

Gasto

Devengado

%

Ej.

Tipo de Producción:

Servicios o Bienes

Unidad de

Medida

Meta

Final

Meta

Ejec.

%

Ej.

2.849.767.590

2.805.392.879

98,4

Formación en Materia de Justicia

Egresado

240

208

86,7

Indicador deResultados

Unidad deMedida 

Ej

Tasa de Culminación de Cursante

Porcentaje 

86,7

 

Respecto al Indicador de Resultado, la Tasa de Culminación de Cursante muestra la proporción de alumnos que finaliza la carrera de Especialización en Magistratura, en relación a los iniciantes.

 

Del total de las erogaciones ($2.805,4 millones), el 94,3% correspondió a Gastos en Personal, el 3,2% a Servicios no Personales y el 2,5% restante se distribuyó entre Bienes de Uso y Bienes de Consumo.

 

En lo referido a la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ) (creada por resolución conjunta con la Procuraduría General de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional de la Matanza en 2013) y a la Carrera de Especialización en Magistratura, se completó la cursada en simultáneo de los tres cuatrimestres que componen el posgrado, lo cual implicó el dictado en paralelo de 16 asignaturas, para más de 300 alumnos. El curso se destaca por su concepción de la justicia como un servicio a la ciudadanía y por su carácter gratuito (totalmente inédito en materia de posgrados) y abierto tanto a los operadores judiciales, como abogados del sector público y de la matrícula. Durante el ejercicio 2016 culminaron sus estudios 208 alumnos, alcanzando una Tasa de Culminación de Cursantes del 86,7%.

 

Durante el año 2016, se continuó el trabajo en torno a la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, más allá de la postergación dispuesta por el Decreto PEN N° 275/15. En este sentido, se participó en numerosos encuentros organizados por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y, en particular, se presentaron informes cualitativos y cuantitativos de las jurisdicciones de Salta y Comodoro Rivadavia que, en una primera etapa, se verán implicadas en el paso hacia el sistema acusatorio. Estos informes fueron elaborados por la Secretaría Especial de la Defensa Pública para la Implementación Estratégica del Sistema Penal perteneciente a esta Defensoría General.

 

Por otra parte, ante la sanción de la Ley N° 27.272, por la cual se establece un procedimiento especial para casos de flagrancia, se llevaron adelante las acciones necesarias para afrontar la fuerte demanda del servicio. Más allá del déficit estructural de recursos con los que cuenta la Institución, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se estableció un sistema para garantizar una defensa técnica de calidad. Así, mediante Resolución DGN N° 1877/16, se asignaron Defensores Públicos Coadyuvantes de la Defensoría General para que colaboraran con las defensorías de turno (correccionales y en lo criminal de instrucción) en las audiencias de flagrancia.

 

Desde la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, durante el segundo semestre del año 2016, se organizaron tres ciclos de cursos sobre audiencias multipropósito, litigación y distintos aspectos que involucran el diseño de estrategias de defensa en procedimientos de flagrancia.

 

Por otra parte, se intensificó la labor de todas las comisiones y programas, destacándose la labor de las comisiones del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; del Migrante; para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio; de Cárceles; sobre Temáticas de Género; a las que se suman los siguientes Programas: para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos; para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de Libertad; de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; de Asistencia y Patrocinio Jurídico; de Resolución Alternativa de Conflictos; de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Diversidad Cultural; Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; contra la Violencia Institucional; de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y el Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia.

 

En línea con el trabajo de las comisiones y programas, durante 2016 se realizaron las siguientes labores, entre las más destacadas:

 

-

La Comisión de Cárceles participó en la “Mesa de Trabajo de estudio y análisis para la Reforma del Sistema Penitenciario Federal”, convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

-

Se intervino en la elaboración de un protocolo para las revisaciones médicas en las Unidades N° 28 y N° 29 del Servicio Penitenciario Federal, con relación al colectivo LGBTI, fruto de la acción de habeas corpus presentada junto con la Comisión sobre Temáticas de Género y el Programa contra la Violencia Institucional. Dicho protocolo fue homologado judicialmente como “Guía de Procedimiento de “Visu Médico” y de “Control y Registro” de Personas Trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”.

-

Junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación, se organizó la campaña de difusión “Reglas Mandela”, durante los meses de junio y diciembre de 2016.

-

La Comisión sobre Temáticas de Género fortaleció el trabajo del “Proyecto Piloto de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Violencia de Género”, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.485 y el Decreto reglamentario N° 1011/2010. Durante el año 2016, se recibieron más 2602 consultas, brindando asesoramiento jurídico y patrocinio letrado en aproximadamente 836 casos. También se llevarán a cabo investigaciones sobre violencia obstétrica en el encierro carcelario y sobre la criminalización del aborto en el país.

-

El Programa de Asesoramiento y Representación Legal, perteneciente a la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, tomó intervención en 773 solicitudes de refugio y brindó asistencia a 28 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia.

-

La Comisión del Migrante tiene como función brindar asistencia jurídica gratuita, ante la Dirección Nacional de Migraciones, a personas en riesgo de ser expulsadas de nuestro país por cuestiones migratorias. Durante este período, han ingresado 677 solicitudes de patrocinio y se ha dado seguimiento al trámite de expulsión de 114 personas privadas de su libertad.

-

Durante el período informado, se lanzó la Red Nacional de Órganos de Revisión, como instancia de fortalecimiento e intercambio entre los referentes provinciales involucrados y el Órgano Nacional. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo con distintas autoridades para adecuar la internación de niñas, niños y adolescentes por padecimientos de salud mental a los estándares de la ley 26.657.