1- Administración Central
· Procuración General de la Nación
Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado, es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.
En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en 2015 de $3.497,2 millones, representando el 95,6% del crédito final. La composición del gasto se explica en un 93,9% por Gastos en Personal y en un 3,0% a Servicios no Personales, mientras que el 3,1% restante se distribuyó en Bienes de Uso y Bienes de Consumo. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 88,7% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 10,7% a Crédito Interno, el 0,4% a Transferencias Internas y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.
Entre los hechos más relevantes del ejercicio 2015, se encuentra la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Ley Nº 27.148). Con la sanción de esta nueva Ley, se reemplaza la anterior norma por la cual se establecía en un único dispositivo normativo las estructuras, facultades y deberes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal, adquiriendo cada organismo regulación propia, observando sus funciones específicas y roles diferenciados en el sistema de administración de justicia, conforme a los parámetros establecidos por el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, a través de la Ley Nº 27.126, se estableció la transferencia de los bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados de la Dirección de Observaciones Judiciales de la ex Secretaría de Inteligencia a la Procuración General de la Nación.
· Defensoría General de la Nación
Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de toda la República Argentina, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes, como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.
- en pesos y magnitudes físicas-
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Crédito |
Gasto |
% |
Medición Física |
Unidad
de |
Meta |
Meta |
% |
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1.992.191.600 |
1.937.178.784 |
97,2 |
Formación en Materia de Justicia |
Egresado |
240 |
205 |
85,4 |
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Indicador de |
Unidad de |
Ejecución Anual |
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|
Tasa de Culminación de Cursante |
Porcentaje |
85,4 |
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Del total de las erogaciones ($1.937,2 millones), el 94,9% correspondió a Gastos en Personal, el 2,9% a Servicios no Personales y el 2,2% restante se distribuyó entre Bienes de Uso y Bienes de Consumo.
Al igual que en el caso del Ministerio Público Fiscal, el día 10 de junio de 2015 se sancionó la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley Nº 27.149), regulando en forma autónoma la Institución de la Defensa Pública en el ámbito nacional y federal, posicionándolo como una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral de las personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad.
Durante el ejercicio 2015 se realizaron actividades relacionadas al diseño y reglamentación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación y se incrementó el compromiso institucional frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, se creó la Secretaría Especial de la Defensa Pública para la Implementación Estratégica del Sistema Penal.
A su vez, el Ministerio Público de la Defensa tuvo una intensa labor de relaciones institucionales en el ámbito internacional, en donde participó en la Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la cual tiene el objetivo de intercambiar buenas prácticas sobre acceso a la justicia, autonomía de las Defensorías Públicas y cooperación institucional. Asimismo, la Defensora General de la Nación participó de mesas de trabajo para el diseño de indicadores globales para el monitoreo e implementación de los objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte, se intensificó la labor de todas las comisiones y programas, destacándose la labor de las comisiones del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, del Migrante, para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, de Cárceles, sobre Temáticas de Género; a las que se suman los Programas específicos: para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos, para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de Libertad, de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, de Asistencia y Patrocinio Jurídico, sobre Diversidad Cultural, de Resolución Alternativa de Conflictos, sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, contra la Violencia Institucional, y de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas, y el Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia.
En línea con el trabajo de las comisiones y programas, durante 2015 se realizaron las siguientes labores:
- La Comisión sobre Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes continuó sus tareas de monitoreo a través de visitas oficiales, de seguimiento y de diagnóstico, totalizando 67 establecimientos monitoreados.
- En el ámbito de la Comisión de Cárceles, se interpuso una acción de habeas corpus correctivo y preventivo a favor del colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero alojado en las unidades 28 y 29 del Servicio Penitenciario Federal. También, se inició una acción de habeas corpus para que las personas detenidas en el ámbito federal puedan contar con su correspondiente DNI.
- La comisión sobre Temáticas de Género fortaleció el trabajo del “Proyecto Piloto de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Violencia de Género” que brinda asistencia jurídica en casos de violencia a mujeres, que cuenten o no con recursos económicos. Durante el ejercicio 2015, se recibieron más de 2.000 consultas, brindando asesoramiento jurídico y patrocinio letrado en aproximadamente 700 casos. También se ampliaron los servicios descentralizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporando las villas 1-11-14 (Flores) y 31 bis (Retiro) y el barrio de Once. A su vez, la comisión amplió su competencia para incluir al colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero, en conjunto con el Programa contra la Violencia Institucional.
- Por su parte, el Programa contra la Violencia Institucional, tuvo una activa participación en la “Campaña contra la Violencia Institucional” y la firma del Convenio de Cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por el cual se estableció un sistema de derivación para el otorgamiento de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia institucional, que deseen constituirse como querellantes pero que carecen de recursos económicos para solventar los honorarios de un abogado.
- Se destaca el abordaje realizado por el Programa de Asesoramiento y Representación Legal perteneciente a la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, a partir de la cual la República Argentina se convirtió en el primer país de la región, y uno de los primeros a nivel mundial, en ofrecer defensa pública, gratuita y especializada para este colectivo.
- Por su parte, la Unidad de Letrados de Personas Menores de Edad ejerció una defensa gratuita y doblemente especializada en razón de la materia (salud mental y adicciones) y del sujeto (personas menores de edad) a niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Se habilitaron tres nuevas Defensorías Públicas en las ciudades de Córdoba, San Miguel de Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se han creado seis Unidades de Actuación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, una Unidad Especializada en Derecho de Ejecución de la Pena ante dicho órgano jurisdiccional y una Unidad de Letrados Móviles para actuar en causas de Derechos Humanos en la Ciudad de Bahía Blanca.
En razón de las designaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se recibió juramento de ley a treinta y cuatro Defensores/as Públicos/as Oficiales, durante el año 2015. A la fecha existen dieciocho vacantes que fueron concursadas y sus ternas elevadas a consideración el Poder Ejecutivo Nacional.
En lo referido a la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ) (creada por resolución conjunta con la Procuraduría General de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional de la Matanza en 2013) y a la Carrera de Especialización en Magistratura, se completó la cursada en simultáneo de los tres cuatrimestres que componen el posgrado, lo cual implicó el dictado en paralelo de 16 asignaturas, para más de 300 alumnos. El curso se destaca por su concepción de la justicia como un servicio a la ciudadanía y por su carácter gratuito (totalmente inédito en materia de posgrados) y abierto tanto a los operadores judiciales, como abogados del sector público y de la matrícula. Durante el ejercicio 2015 culminaron sus estudios 205 alumnos, alcanzando una Tasa de Culminación de Cursantes del 85,42%.