1- Administración Central
- Procuración General de la Nación
Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado, es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.
En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en el ejercicio 2014 de $2.299,5 millones, representando el 95,4% del crédito final. La composición del gasto se explica en un 96,4% por Gastos en Personal y en un 2,8% a Servicios no Personales, mientras que el 0,8% restante se distribuyó en Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 99,3% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 0,4% a Transferencias Internas y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.
A lo largo del año 2014, la línea directriz de la gestión se orientó a profundizar los proyectos de fortalecimiento institucional ya prefigurados en los ejercicios anteriores, focalizados en el diseño institucional y las políticas de persecución penal. Se buscó contribuir a sentar las bases de un Ministerio Público Fiscal moderno, puesto al servicio de la sociedad. En este sentido, el sistema procesal federal se encuentra actualmente en proceso de cambio debido a la sanción de la Ley Nº 27.063 que establece la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Ese cambio implica abandonar el modelo semi-inquisitivo que rigiera hasta la actualidad, reemplazándolo con el sistema acusatorio, atribuyendo al Misterio Público Fiscal un rol protagónico como titular de la acción penal pública, abandonando el mero cumplimiento de atribuciones formales.
Se dio continuidad a las políticas de memoria, verdad y justicia, a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Durante la primera parte del año se actualizaron los informes de diagnóstico de todas las jurisdicciones, lo que permitió fijar nuevas estrategias y planes de trabajo. Por otra parte, la demora en algunas causas obligó a intensificar la remisión de informes semanales para tener un mejor control de los trámites de cada causa. Durante el año 2014 se han concluido 14 juicios, en los cuales han sido condenadas 71 personas por 305 hechos.
Por otro lado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en 2013, tiene como objetivos generales prestar colaboración a las Fiscalías de todo el país en el trámite de causas y asesorar a la Procuradora General de la Nación en el diseño de la política criminal del Ministerio Público con relación a los delitos de su especialidad.
En el mismo sentido, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), tiene el objetivo de contribuir en el diseño de una política criminal que eleve los índices de eficacia de la investigación penal preparatoria y el enjuiciamiento de los responsables de esta forma de crimen organizado.
El trabajo de los equipos de PROTEX y PROCUNAR se complementa al de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que había entrado en funciones a fines de 2012, con el fin de investigar los delitos económicos y su vínculo con las grandes organizaciones criminales.
Por otro lado, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) tiene por objeto la atención de problemáticas acuciantes que amenazan la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, como son la subsistencia de la violencia institucional (dirigida en particular a los sectores más vulnerables) y las gravísimas condiciones de detención que padecen las personas privadas de libertad.
En el marco del Programa sobre Políticas de Género, lanzado en 2012, se fijaron dos líneas de acción. Por un lado se avanzó en la remoción de obstáculos que aún perduran en el sistema de administración de justicia (algunos de ellos originados en patrones socioculturales discriminatorios) y que impiden a las mujeres víctimas de violencia el efectivo acceso a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos; y, por el otro, en promover la eliminación de las desigualdades de género en las políticas de acceso, permanencia y ascenso de las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal. El Programa intervino en un total de 256 causas, en 154 causas como consecuencia del convenio suscripto con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, y en 102 causas en respuesta a demandas de las fiscalías.
Asimismo, la Escuela del Servicio de Justicia y la Carrera de Especialización en Magistratura que allí se dicta, fueron creadas con el objetivo de brindar formación y capacitación a quienes ingresen en el Ministerio Público, enfatizando la noción de servicio y la comprensión del importante compromiso social que la función reclama. La misma ha sido desarrollada en conjunto con la Defensoría General de la Nación y la Universidad Nacional de La Matanza.
Durante el transcurso del año se realizaron con éxito las gestiones tendientes a consolidar el Plan de Transparencia Institucional aprobado en 2013. En este sentido, se incorporaron mayores exigencias, otorgando el carácter público, de libre acceso y de consulta gratuita de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ejercen la magistratura o revisten la calidad de funcionarios públicos del Ministerio Público Fiscal, a través de los medios tecnológicos disponibles por todo ciudadano. A su vez, se implementó la nueva plataforma informática de elaboración y carga de las declaraciones juradas, con el fin de modernizar e incorporar las nuevas exigencias legales dispuestas por la normativa vigente
- Defensoría General de la Nación
Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de toda la República Argentina, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes, como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.
Del total de las erogaciones ($1.293,8 millones), el 94,3% correspondió a Gastos en Personal, el 3,4% a Servicios no Personales y el 2,3% restante se distribuyó entre Bienes de Uso y Bienes de Consumo.
Durante 2014 se intensificó la labor de todas las comisiones y programas, dirigida a efectivizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y la protección y defensa de los derechos fundamentales. En ese marco, se destacó la labor de las comisiones del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, del Migrante, para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, de Cárceles, sobre Temáticas de Género; a las que se suman los Programas específicos: para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos, para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de Libertad, de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, de Asistencia y Patrocinio Jurídico, sobre Diversidad Cultural, de Resolución Alternativa de Conflictos, sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, contra la Violencia Institucional, y de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas.
En línea con el trabajo de las comisiones y programas, durante 2014 se realizaron las siguientes labores:
- Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico: se realizaron visitas a establecimientos, poniendo en conocimiento de operadores jurídicos y administrativos las irregularidades detectadas. También se trabajó, entre otros aspectos, con servicios psiquiátricos de unidades penitenciarias y se promovieron acciones penales y acciones de habeas corpus a favor de personas declaradas inimputables. En total se efectuaron 73 visitas institucionales (13 visitas oficiales; 2 de diagnóstico y 58 visitas de seguimiento), monitoreándose un total de 29 instituciones.
- Comisión del Migrante: tiene como objetivos la promoción de actividades orientadas a la defensa y protección de los derechos de las personas extranjeras que se encontraren en el territorio nacional. Desde su creación, se ha visto disminuido el período que transcurre desde que el detenido accede al requisito temporal de la mitad de la condena y su efectiva salida de la República Argentina. Fueron expulsadas 197 personas de nacionalidad extranjera en el período que se informa.
- Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado: en 2014 arribaron 23 personas manifestando ser adolescentes no acompañados o separados de sus familias, recibiendo la tutela y representación legal de la comisión.
- Comisión de Cárceles: se continuó brindando respuesta a las demandas de los detenidos, con visitas de monitoreo a unidades penitenciarias de toda la República Argentina. A lo largo del período se han mantenido 641 entrevistas con internos en distintas Unidades Penitenciarias.
- Comisión de Temática de Género: tiene dos grandes ejes de trabajo que son la violencia de género y las mujeres en conflicto con la ley penal. En cada uno de esos temas se desarrollan acciones de distinto tipo, entre las que se destacan la capacitación, la investigación y la intervención directa, entre otras. La Comisión también participa en la elaboración de proyectos de instrucciones y recomendaciones dirigidos a garantizar la adecuada defensa de las mujeres y colectivos LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex). Por otra parte, lleva adelante programas de difusión sobre sus derechos fundamentales y promueve acciones de articulación con otras instituciones especializadas en la temática.
- El Programa contra la Violencia Institucional: se publicó la Guía de Buenas Prácticas para la intervención de los Defensores Oficiales ante casos de Tortura.
- El Programa para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de Libertad intervino en consultas sobre problemáticas relacionadas con los hijos y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Además se brindó asesoramiento y asistencia jurídica a mujeres privadas de su libertad, con arresto domiciliario o que recuperaron su libertad.
- El Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad registró 637 nuevas intervenciones en 2014, que se sumaron a los 70 casos que tuvieron su primer abordaje en períodos anteriores. La labor estuvo enfocada a la obtención de documentación de los asistidos en defensa pública y para su acceso a planes sociales, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo para protección social.
- Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico: tiene a su cargo el análisis de admisibilidad de todas las solicitudes de asistencia formuladas ante la Defensoría General de la Nación por pretensos querellantes en causas penales. Al 31/12/2014 se encontraban en pleno trámite 88 querellas criminales entre las distintas jurisdicciones, considerando casos de personas privadas de libertad y menores internados.
- El Programa sobre Diversidad Cultural, que promueve acciones para garantizar el acceso a la Justicia de los pueblos aborígenes y de las comunidades indígenas, continuó, durante 2014, con el monitoreo y colaboración procesal de damnificados. A su vez, se realizaron publicaciones y capacitaciones en el interior del país.
- Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores: se continuó con la promoción de actividades orientadas a la defensa de los derechos humanos y facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, con el fin de alcanzar la igualdad en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
- Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas: fue creado en 2014 con la finalidad de coadyuvar con la implementación de aquellas medidas que permitan resguardar los derechos y posibiliten el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas y explotación.
Por otra parte, se aprobó el “Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado”, creado en 2013. El mismo recoge propuestas y recomendaciones concretas sobre el trato adecuado que debe brindarse a las personas con discapacidad, orientado hacia los operadores del servicio de justicia, siguiendo las directrices establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia.
En lo referido a la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ) -creada por resolución conjunta con la Procuraduría General de la Nación y en convenio con la Universidad Nacional de la Matanza en 2013- y a la Carrera de Especialización en Magistratura, se completó la cursada en simultáneo de los tres cuatrimestres que componen el posgrado, lo cual implicó el dictado en paralelo de 16 asignaturas, para más de 300 alumnos. El curso se destaca por su concepción de la justicia como un servicio a la ciudadanía y por su carácter gratuito (totalmente inédito en materia de posgrados) y abierto tanto a los operadores judiciales, como abogados del sector público y de la matrícula.
Se aprobaron los “Manuales de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas: Visitas Generales y Entrevistas Individuales”, en el marco del Programa EUROsociAL II (Programa para la Cohesión Social en América Latina) por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), instruyendo a todos aquellos que conforman el Ministerio Público de la Defensa a que, en sus respectivos ámbitos de actuación, apliquen las propuestas y recomendaciones contenidas en los dos documentos.
Por otra parte, se destaca la elaboración del “Manual de buenas prácticas en el acceso a la justicia para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, dirigido a jueces, fiscales, defensores y otros operadores de justicia, cuyo objetivo central está orientado a la identificación de buenas prácticas y a la formulación de recomendaciones que pudieran ser implementadas en la República Argentina para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y en particular del ejercicio del derecho al voto de personas con discapacidad psicosocial e intelectual.
Asimismo, en el marco del “Reglamento de Concursos para la selección de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación”, se destaca la culminación de los exámenes de ingreso para el personal de los agrupamientos “Técnico Jurídico”, “Técnico Administrativo” y de “Servicios Auxiliares” en todas las jurisdicciones del país. Con relación a la selección de los Magistrados del Ministerio Público de la Defensa, durante 2014 fueron convocados 7 concursos para cubrir cargos vacantes de defensor. Asimismo, y en razón de las designaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se recibió juramento de ley a 12 Defensores/as Públicos/as Oficiales.