Programa: Política e Infraestructura Penitenciaria

Mediante el programa se llevan adelante acciones dirigidas a asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en lo referente a programas penitenciarios, reforma penitenciaria y ejecución penal. Se elaboran proyectos normativos para la actualización de la legislación penal. Se desarrollan políticas en materia criminal en conjunto con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes. Se dirigen estudios, investigaciones y estadísticas referentes a cuestiones de política criminal y prevención del delito. Se realizan investigaciones criminológicas, de violencia y de victimización. Asimismo, se controla el estado de obra de los complejos penitenciarios federales y se abonan los cánones correspondientes al uso de los complejos penitenciarios construidos bajo la modalidad de leasing.

En 2013 los gastos totalizaron $210,6 millones, representando una ejecución del 45,7% del crédito final, financiada con Recursos con Afectación Específica. En la comparación interanual se observa un incremento del orden de 44,4%. Desde el punto de vista del objeto del gasto el 41,3% correspondió a Bienes de Uso, el 36,6% a Servicios No Personales y el resto se distribuyó entre Gastos en Personal (10,8%), Bienes de Consumo (9,0%) y Transferencias (2,2%).

En cuanto a los proyectos de inversión, se devengaron $82,3 millones en distintas obras penitenciarias, sobresaliendo el gasto de $64,2 millones en la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Cuyo. Asimismo se avanzó con las obras de mejora de la seguridad y refacciones varias de los complejos penitenciarios federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco-Formosa y de la localidad bonaerense de Ezeiza, por un total de $18,0 millones.

Política Penitenciaria

Las acciones tienen como fin mejorar las condiciones de detención y seguridad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal para una adecuada contención y readaptación social de los internos penitenciarios, postulándose la construcción y mejora de establecimientos en todo el territorio nacional de acuerdo a las exigencias de cada región, los requerimientos de la legislación y las normativas internacionales. Durante el ejercicio 2013 el gasto de la actividad ascendió a $109,0 millones los cuales representan el 88,7% del total del crédito vigente.

Política Criminal

La Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) en Materia de Justicia y Legislación Penal tiene entre sus funciones investigar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos asociados a la comisión de delitos a fin de diseñar e impulsar políticas preventivas.

En el año 2013 se llevaron a cabo diversas acciones en la órbita del Departamento de Estrategia y Legislación en Materia de Política Criminal, entre las que se destacan la digitalización y sistematización del archivo periodístico, los trabajos relacionados con la exploración de las relaciones entre el uso indebido de sustancias psicoactivas y prácticas de delito callejero, los estudios exploratorios sobre femicidio y la realización del programa de capacitación para el fortalecimiento de derechos. Asimismo, el Departamento de Investigaciones Criminológicas, realizó encuestas sobre violencia contra la mujer y acceso a la justicia y llevo adelante estudios sobre trata de personas y jóvenes adultos privados de la libertad. En cuanto a las labores del departamento de programación de políticas se destaca el lanzamiento oficial del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales a través de un relevamiento estadísticos en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos del País y la realización de estudios sobre homicidios dolosos (en forma conjunta con la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y sobre delitos informáticos.

Readaptación Social

Durante el ejercicio 2013 el Centro de Información para la Vida en Libertad (CIViL), ha sido reemplazado por el Programa de Inclusión Social Del Liberado y su Familia, destinado a fundar mecanismos idóneos, generación de herramientas y la articulación de relaciones con otros organismos estatales y/o no gubernamentales, tendientes a la plena reinserción de quienes egresen en libertad, como así también de su núcleo familiar.

Programa: Regulación y Control Registral

El programa asistió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el análisis de los asuntos legislativos sometidos a su consideración, en la elaboración de políticas legislativas de carácter general, en las relaciones con las respectivas comisiones de estudio y en la coordinación de los planes y programas existentes o a crearse. Asimismo, se planifican las actividades de los distintos Registros a cargo del ministerio (Inspección General de Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Automotor, Registro Nacional de Armas, entre otros) y coordina la ejecución de los mismos.

Desde el punto de vista presupuestario, durante 2013 el programa ostentó una ejecución de $131,5 millones (92,7% del crédito final), principalmente en Gastos en Personal ($100,4 millones).

Inspección General de Justicia (IGJ)

Tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante 2013, en el marco del plan de digitalización que tiene como fin aumentar la seguridad en la preservación de la documentación, mejorar la eficiencia en el desempeño de las funciones, desarrollar proyectos de envío de información en formato digital y concretar procesos de depuración de los archivos. Se procedió a digitalizar el 100% de las nuevas inscripciones en el Registro Público de Comercio, de las aprobaciones de entidades civiles y fundaciones y de los requerimientos efectuados a demanda de trámites de otros departamentos. En ese mismo orden, se trabajó en la optimización del proceso de recepción y numeración de trámites y se implementó el Plan de Modernización Informática y de Gestión, cuyo principal objetivo es mejorar el desempeño de la organización a través de la gestión de procesos de negocios.

En el marco de las labores de fiscalización, se procedió al análisis de 16.448 declaraciones juradas de un total de 34.836 ingresadas durante el año 2012 y principios de 2013. En este mismo tenor de ideas, se profundizó la fiscalización de las sociedades alcanzadas por el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, realizando veedurías de oficio en sus asambleas.

Con el objetivo de mejorar la calidad y los tiempos de respuesta ante requerimientos de órganos jurisdiccionales, se firmaron convenios con la Procuración General de la Nación para otorgar el uso de los oficios digitales a todas las fiscalías y unidades especiales de investigación; y con el Consejo de la Magistratura para que a través de este, todos los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires puedan solicitar oficios de manera digital. En cuanto a la lucha contra el lavado de dinero se implementaron distintas acciones, mediante resoluciones, a fin de lograr una planificación interna más eficiente en la detección de operaciones sospechosas.

Registro de la Propiedad Inmueble (RPI)

Se encarga del sistema de la registración y publicidad jurídica inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su función es la de posibilitar, a quienes tengan interés legítimo, el conocimiento de la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y su disponibilidad jurídica por las personas.

Se encuentra en proceso de homologación el Sistema Único de Registración y Publicidad Inmobiliaria (SURPI), estimándose su funcionamiento operativo en forma limitada para el año 2014, en donde se reemplazará gradualmente a los soportes ya existentes. Esta nueva herramienta informática, en desarrollo, permitirá llevar a cabo el proceso de registración de asientos y su publicidad de manera digital, lográndose así un acceso directo e inmediato de las registraciones practicadas por parte de los usuarios.

Sin perjuicio de los servicios que este Registro ya brinda desde su página web oficial, tales como el sistema de seguimiento de trámites y los formularios digitales, se encuentra en desarrollo un servicio de publicidad que permitirá a los usuarios solicitar informes registrales sin necesidad de concurrir al organismo.

Durante el ejercicio 2013, se celebraron acuerdos con la Procuración General de la Nación y con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permiten canalizar requerimientos y acceder como usuarios informáticos a los sistemas informáticos (SICOIT y SICOIN), con el objetivo de mejorar la calidad y los tiempos de respuesta ante requerimientos de órganos jurisdiccionales.

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)

Es el órgano de control creado en el ámbito nacional, para la efectiva protección de los datos personales. Tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos, instrumento organizado a fin de conocer y controlar las bases de datos. Asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos.

Durante el año el ejercicio 2013 se continuó con la ejecución del sistema informático de inscripción simplificada, el mismo, se aplica a aquellos obligados a la inscripción cuya información tiene un bajo impacto sobre la privacidad ya sea por cantidad o por categoría de dato, así como por la escasa modificación que sufren dichas bases con el paso de los años.

En el Marco del programa “Con vos en la web” se profundizó el trabajo de difusión en las principales redes, subiendo constantemente contenidos e información de gestión. Las mismas se afianzaron también como canal rápido de comunicación y consulta para niños, adultos y para evacuar consultas legales sobre la temática.

Dirección Nacional de Derecho de Autor

La obra, cuyo ejemplar ingresa en el registro de derecho de autor, adquiere, mediante el acto administrativo que significa su admisión, certeza de su existencia en determinada fecha, de su título, su autor, traductor y contenido, configurando una presunción de autoría que otorga el Estado, con una fecha cierta de inscripción.

Durante 2013, se incorporaron 4 receptorías de trámites en el marco del “Programa Nacional de Acercamiento al Autor”, en las provincias de Catamarca, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Además, se centralizó la venta de los formularios de solicitud de trámite tipo en la sede de la Dirección Nacional.

Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

Se continuó con los avances en el Sistema Único de Registración del Automotor (SURA) que fuera iniciado en al año 2012, extendiendo su funcionamiento para motovehiculos y maquinaria agrícola vial e industrial. Asimismo, se completó la puesta en funcionamiento del sistema en la totalidad de los registros seccionales de la República Argentina, logrando tener en producción 788 con competencia en automotores, 413 en motovehículos y 298 maquinaria agrícola, vial e industrial, cumpliendo con lo proyectado para el período 2013.

Cabe destacar que en 2013 se realizaron 1.104 auditorías, lo que corresponde al 73,6% del total de las competencias (automotor, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial). La cantidad de auditorías realizadas en el año 2013 representa un aumento del 40% respecto del período anterior.

En cuanto a la digitalización de legajos, se realizaron las tareas de acondicionamiento edilicio se puso en funcionamiento un sistema de control de calidad para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en cada instancia del proceso. Al cierre del ejercicio se alcanzaron 12.881.326 imágenes digitalizadas.

Durante el período se implementó el nuevo sistema de atención telefónica al ciudadano y se puso en funcionamiento el servicio de consultas y reclamos a través de la web, como una alternativa al correo electrónico y a la línea de atención telefónica.

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal

El servicio estuvo vinculado a la atención de organismos judiciales y policiales que solicita antecedentes en causas penales o expedientes, y de los ciudadanos que requieran el certificado de antecedentes penales.

En el marco del Plan Nacional de Descentralización se han incorporado nuevas sedes y delegaciones y actualizado las ya existentes, tanto para la atención de los trámites oficiales como privados. En el mismo orden, se firmó un convenio de cooperación con el Correo Oficial a fin de posibilitar la tramitación del certificado de antecedentes penales a través de determinadas sucursales del correo en distintos puntos de la República Argentina.

Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR)

Tiene como función primordial garantizar la implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

En 2013 se cumplió con el relevamiento, procesamiento y análisis de la información dominial, catastral y de registro de personas jurídicas de las provincias en relación a cuantificar y ubicar espacialmente las tierras rurales en manos de extranjeros. Dentro de las acciones realizadas en el ejercicio, se destaca la firma del Convenio Marco con la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de generar acceso a la información a la Dirección del Registro Nacional de Tierras Rurales, para corroborar la situación migratoria de personas titulares y poseedores de tierras rurales, movimientos migratorios y restricciones en el ingreso y egreso del territorio nacional.

Registro Público de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos

En el transcurso del año 2013 se logró avanzar en la consolidación de la Red Federal de Registros de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, logrando la adhesión de las provincias de Mendoza, La Pampa y Salta. Asimismo, se actualizó la información de la base de datos con la incorporación a la nómina de inscriptos de los listados de postulantes correspondientes a los registros únicos de las provincias de Río Negro, Chubut, Mendoza y Corrientes.

Se realizaron capacitaciones interdisciplinarias a los encargados de registros, jueces y representantes del ministerio público y equipos técnicos. Asimismo, se llevó a cabo un encuentro con los Registros adheridos de la región noreste argentina (provincias de Corrientes, Chaco y Misiones) con el objetivo de avanzar en la elaboración de un protocolo regional. Se llevaron a cabo, respectivamente, las 10° y 11° sesiones del Consejo Consultivos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal

La finalidad del citado registro es identificar, registrar, valuar y localizar los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Durante el 2013 se registró un total de 1.924 bienes en los que se destacan los automotores, inmuebles y armas. Asimismo, se trabajó articuladamente con las autoridades del Ministerio Público Fiscal lo cual concluyo en la firma de un Convenio de Colaboración por el cual los Fiscales informaran al Registro sobre los bienes secuestrados o decomisados en la sustanciación de investigaciones de delitos complejos.

Registro de Empresas y Trabajadores de Admisión y Permanencia

El Registro se encarga de la prevención de actos de violencia y discriminación ejercidos por custodios de lugares de esparcimiento y espectáculos públicos. Durante 2013 se finalizó la prueba del Sistema de la base de datos unificada. Conjuntamente con la Secretaría de Deportes se llevó a cabo la “Primer Jornada de Gestión Integral de Riesgos en Eventos Deportivos”, como puntapié inicial para el abordaje interdisciplinario del fenómeno de los eventos de masiva concurrencia en el deporte.

Programa: Defensa y Representación Jurídica Notarial del Estado

En 2013 se devengaron $50,1 millones sobre un crédito final de $55,2 millones (90,9% de la asignación), los cuales se distribuyeron principalmente en Gastos en Personal ($45,3 millones) y en Servicios no Personales ($4,4 millones). Desde el punto de vista del financiamiento, la totalidad de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica.

Defensa Jurídica del Estado

La Procuración del Tesoro de la Nación tiene como misiones esenciales las tareas de asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional; la representación del Estado Nacional en procesos judiciales o arbitrales de relevancia jurídica, económica o institucional; la coordinación de las tareas que desarrollan los distintos servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada; la sustanciación de sumarios administrativos a funcionarios de los máximos niveles del escalafón de la Administración Pública Nacional; y la capacitación de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional. Cabe señalar que el Estado nacional se encuentra demandado en aproximadamente 955.000 causas y es actor en aproximadamente 954.000 ejecuciones tributarias y previsionales, 81.000 ejecuciones de multas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otras ejecuciones en 89.500 causas.

Representación Notarial del Estado

Es misión primaria de la Escribanía General del Gobierno de la Nación entender en la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de propiedad de inmuebles, a fin de dar fe del registro de actos y disposiciones del gobierno nacional. Durante el 2013, se realizaron acciones en el marco de la Iniciativa para la Identificación de Combatientes Argentinos fallecidos durante el Conflicto del Atlántico Sur.

Programa: Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial

Entre otras acciones el programa se encarga de intervenir en los procesos de reforma del sistema judicial y de la asistencia técnica a las provincias para la incorporación de la mediación en los juzgados federales del interior del país, la realización de experiencias piloto en la justicia ordinaria en varias provincias, así como de la matriculación de los mediadores. También se efectúan mediaciones en forma gratuita para requirentes que ostenten carta de pobreza y para casos presentados por personas que voluntariamente sometan sus conflictos a mediación.

Se devengaron $18,3 millones sobre un crédito final de $20,0 millones (91,6%), principalmente por los Gastos en Personal que ascendieron a $14,9 millones (81,5% del gasto total). Desde el punto de vista del financiamiento, el 100,0% de las erogaciones correspondieron a Recursos con Afectación Específica.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.589, que modificó el régimen de honorarios de los mediadores, quedaron sin vigencia los honorarios básicos que abonaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante el año 2013, los mediadores percibieron directamente de la parte requirente del procedimiento los honorarios provisionales, sin intervención alguna del ministerio en su liquidación. En cuanto a la producción física del programa, se destaca un aumento del orden del 18% en las mediaciones resueltas (favorablemente y desfavorablemente) en comparación con el año 2012.

Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

-en pesos y magnitudes físicas-

El programa devengó el 95,3% del crédito final, principalmente por las Transferencias al Sector Privado para indemnizaciones que ascendieron a $350,3 millones (86,7% del gasto total) y por Personal de $47,8 millones. Desde el punto de vista del financiamiento, la totalidad de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica.

Las indemnizaciones otorgadas por el programa, consistentes en un beneficio monetario que se realiza por única vez, tienen sustento jurídico en la Ley Nº 25.914. Durante 2013, se entregaron 11 indemnizaciones por sustitución de identidad por un monto promedio de $1,3 millón y 856 indemnizaciones por detención y/o nacimiento en cautiverio por un monto promedio de $0,4 millones.

Adicionalmente, se continuó con la sistematización de una base digital de datos de las causas sobre delitos de lesa humanidad en las que la Secretaría de Derechos Humanos es querellante y se desarrolló el Sistema Federal de Datos sobre Terrorismo de Estado. Esta herramienta permite reunir el mayor cúmulo de información sobre terrorismo de Estado a nivel nacional y pueden ser fácilmente consultadas a través de un motor de búsqueda navegable por internet. Asimismo permite una mejor planificación de los juicios, optimizando la utilización de los recursos humanos y económicos que el organismo posee.

Por su parte, se capacitaron 9.615 personas en Derechos Humanos, alcanzando el 43,7% de la meta anual programada. Cabe destacar, la realización de cursos tanto presenciales como virtuales, en los que se capacitó a agentes estatales, representantes sociales, miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, abordándose las líneas de acción que se detallan a continuación:

• Formación en derechos humanos para agentes municipales.

• Promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad

• Acciones de formación a pedido de gobiernos provinciales.

• Programa de formación y asistencia técnica a fuerzas de seguridad.

• Programa de formación virtual en derechos humanos.

La Evaluación de Casos de Identidad Dudosa resultó un 4,5% superior a la cantidad anual prevista, en virtud del aumento de presentaciones espontáneas de jóvenes que solicitaron conocer su verdadera identidad. En cuanto a la Investigación de Datos Familiares para el Banco Nacional de Datos Genéticos, se evaluaron 31 casos, sin poder alcanzar la meta programada para el ejercicio.

Las Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad no presentaron desvíos, cumpliendo la pauta anual de 40 casos. Por otra parte, en materia de Derecho Internacional Humanitario se intervino en las siguientes líneas:

• Acciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

• Intervención en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

• Intervención en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.

• Elaboración de Informes periódicos ante órganos de tratados y comités de las Naciones Unidas.

• Intervención en cuestiones relacionadas al derecho internacional humanitario.

• Coordinación de actividades en torno al examen periódico universal de Naciones Unidas.

• Intervención en cuestiones relacionadas al derecho internacional de los refugiados.

• Representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la Comisión de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CADIH).

En el año 2013, con la puesta en marcha del marco del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de los 550 compromisos de acción

• Presentación de fundamentos y metodología para el desarrollo de planes locales de acción en Derechos Humanos.

• Realización de talleres de Transferencia de tecnologías de planificación de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos Planificación del anteproyecto Promotores de Derechos Humanos.

• Diseño y realización del Panel “Innovando (en) el Estado: instrumentos y tecnologías de planificación y gestión de políticas públicas con enfoque de derechos humanos”,

• Articulación con las jurisdicciones provinciales en el marco del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Las acciones del programa también se orientaron a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad social, trabajando principalmente en el asesoramiento y asistencia técnica en la articulación de salud mental y derechos humanos, en evaluaciones interdisciplinarias en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y en la articulación Intersectorial para impulsar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos, desde una perspectiva integral e intersectorial.

Asimismo, en el marco de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, cabe destacar las acciones desarrolladas en derechos humanos y discapacidad, en articulación con el Programa de Apoyo de la Participación Social en la Vigilancia Ciudadana y las labores llevadas adelante por el Programa de Seguimiento de la Implementación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes y por la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur para la promoción y protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el marco del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos se impulsó la transformación de prácticas institucionales y se trabajó en el asesoramiento y la asistencia técnica en la articulación de Bioética y Derechos Humanos.

En el marco de las Políticas Reparatorias del Estado Nacional, de Memoria, Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” se realizó el acompañamiento a 520 víctimas-testigos en toda la República Argentina, de causas por delitos de lesa humanidad y se brindó asistencia integral a 750 personas víctimas del terrorismo de Estado y se han encarado las siguientes acciones:

• Asistencia integral, contención, orientación y abordaje clínico a todas las víctimas del Estado Terrorista y a las víctimas de las violaciones actuales a los derechos humanos producidas por abuso de poder de agentes del Estado.

• Supervisar la realización de las Juntas Médicas requeridas por las Leyes Nº 24.043 y Nº 25.914 y 26.564 para la evaluación de lesiones.

• Creación y articulación de una Red Nacional de Asistencia de profesionales de la salud de los ámbitos públicos.

• Investigación, formación y especialización de actores que intervienen en el abordaje y asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para finalizar, en lo relativo al Archivo Nacional de la Memoria, se incorporaron al sistema 896.511 páginas en formato digital, promediando las 3.500 capturas diarias, se incorporaron imágenes en forma remota, contabilizando un total de 174.600 páginas y se incorporó información producida por las diversas direcciones y áreas.

Programa: Controles Anticorrupción

Desde el punto de vista presupuestario la ejecución de 2013 asciende a $12,0 millones (87,2% del crédito final), principalmente relativa a Gastos en Personal ($11,0 millones, un 92,0% del total de erogaciones):

-en pesos y magnitudes físicas-

La Resolución de Casos por Conflicto de Intereses superó las previsiones anuales en un 27,7%, mientras que la Evaluación de Denuncias por Casos de Corrupción resultó inferior en un 53,0% a las previsiones anuales, meta cuya producción depende de la demanda externa al organismo. Durante el año 2013 se investigaron 155 denuncias por presuntos casos de corrupción, derivándose 19 casos a la Justicia y 12 a otros organismos públicos, por la posible existencia de irregularidades administrativas. Asimismo, se promovieron 8 nuevas querellas, con lo cual la totalidad de causas judiciales en las que la Oficina Anticorrupción fue parte querellante y tramitaron durante ese período, ascendió a 97 (descontando las que finalizaron por la celebración de juicio oral, prescripción o sobreseimiento) y se logró el procesamiento de 27 funcionarios.

En lo que respecta a las tareas de control, en el año 2013 se evaluaron 1.790 declaraciones juradas correspondientes a 606 funcionarios públicos, iniciándose 185 actuaciones por posible enriquecimiento ilícito y enviándose a la Dirección de Investigaciones un grupo de 20 casos. Además se iniciaron 41 actuaciones por posibles incompatibilidades y conflictos de intereses y se enviaron a la Dirección de Políticas de Transparencia 19 casos, para la profundización de su estudio. Por otra parte se detectaron y enviaron 70 intimaciones a la Dirección de Investigaciones para la formulación de la denuncia penal correspondiente a la omisión de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales.

A su vez se desarrollaron cursos en ética pública y transparencia en contrataciones públicas, en el Ministerio de Seguridad, en la Unión del Personal Civil de la Nación y en las Fuerzas de Seguridad (Policía federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional).

Cabe destacar que durante el ejercicio, y en el marco de las políticas orientadas a la transparencia de compras y contrataciones, se continuó con la participación en los procedimientos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados referentes a licitaciones públicas para provisión y adquisición de insumos.

Programa: Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas

El Registro Nacional de Armas (RENAR) es el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, pólvoras, explosivos y afines y otros materiales regulados y a sus usuarios, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas. Asimismo, propone e implementa políticas para el mejor cumplimiento de la legislación vigente.

En 2013 se devengaron $16,7 millones sobre un crédito final de $29,5 millones (56,4% de la asignación), especialmente en lo que respecta a Gastos en Personal (44,9%) y a Servicios No Personales (31,0%). Desde el punto de vista del financiamiento, la totalidad de las erogaciones correspondió a Recursos con Afectación Específica.

En relación a las acciones llevadas a cabo en el año 2013, se logró concluir un sistema que permite la solicitud electrónica de la Credencial de Legítimo Usuario, instrumentada a través del Registro Nacional de Armas (RENAR) y, mediante el cual, todos los pedidos de obtención y/o renovación de la condición de Legitimo Usuario se canalizan electrónicamente.

Respecto de la recolección de armas de fuego y demás materiales controlados e incautados por los diferentes Órganos jurisdiccionales de las Provincias, se procedió a la utilización del sistema de gestión integral de materiales controlados, por el cual se pudo asignar código único de identificación de material, a todas las armas recibidas para su destrucción, siendo dicho código único e irrepetible. Las experiencias se llevaron a cabo con los Poderes Judiciales de las provincias de Mendoza y Salta.

En relación al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (segunda etapa), fueron recepcionadas durante el 2013, en la Sede Central, Delegaciones y Puestos Móviles, un total de 10.322 armas de fuego y 107.376 municiones. En otro orden, se informa que se han destruido 61.673 armas de fuego ingresadas bajo diferentes marcos normativos.

Programa: Protección de Víctimas de Violencias

La misión del programa es la atención, el acompañamiento y la asistencia a víctimas de abusos o malos tratos. Desde el plano financiero durante 2013 se ejecutó un monto de $31,3 millones sobre un crédito de $32,7 millones, principalmente destinado a Gastos en Personal (98,6%).

Principalmente, se ha destacado la actuación de la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar, que funciona los 365 días del año durante las 24 horas y tiene competencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las demandas se canalizan a través de la línea telefónica gratuita 137 donde los profesionales brindan contención, orientación e información a víctimas, familiares, vecinos o cualquier persona que se encuentre en conocimiento de situaciones de violencia. En el transcurso del año se asistió a 3.207 víctimas de las cuales 1.976 fueron niñas y niños y se realizaron 2.215 intervenciones domiciliarias.

El Área Jurídica del Equipo de Atención a Víctimas de Violencia intervino en 412 acompañamientos legales, que consistieron en orientar y asesorar a la víctima ante diferentes organismos judiciales respecto de sus derechos y medidas de protección aplicables al hecho de violencia acontecido.

Por otra parte, la Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes realizó Jornadas de Sensibilización en diferentes instituciones, como ser colegios, universidades, Defensoría, hospital, entre otras; siendo capacitadas 2.300 personas entre profesionales, no profesionales y alumnos/as. Las capacitaciones abarcaron las temáticas de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes infiltrada en Viajes y Turismo y en las Nuevas Tecnologías (Grooming). Asimismo, la Brigada Niñ@s recibió más de 20 llamados sobre posibles situaciones de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Programa: Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad

Al 31/12/13 el programa devengó $12,1 millones, sobre un crédito final de $12,9 millones (94,5% de la asignación), íntegramente financiados con Recursos con Afectación Especifica.

Entre las tareas llevadas a cabo con la intención de garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales intervinientes en causas judiciales relativas a delitos de lesa humanidad, se promovió la articulación con los organismos responsables de la ejecución directa de las citadas funciones, tanto a nivel nacional como provincial.

En el transcurso del ejercicio se evaluaron y confeccionaron 19 informes de riesgo, los cuales determinaron el nivel de riesgo físico y/o psicológico al que se encontraban sometidos aquéllos testigos llamados a prestar declaración testimonial en los debates orales de los juicios por delitos de lesa humanidad. Asimismo, se confeccionaron 29 Informes Técnicos referidos a testigos, imputados y actores judiciales. Por último, cabe destacar que el programa aportó a la justicia la identificación de 1.745 oficiales y suboficiales, en este sentido, corresponde aclarar que su mención no implica su efectiva imputación en crímenes contra la humanidad.

Los programas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se desarrollan en el marco de la pena privativa de la libertad, tanto en forma directa brindando seguridad y apoyo al interno, como de manera indirecta a través de la formación y capacitación de su personal y la atención y pago de prestaciones previsionales. El SPF cuenta con 29 establecimientos penitenciarios localizados en las provincias de Buenos Aires, Salta, La Pampa, Río Negro, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno

El programa refleja las acciones relacionadas al cumplimiento, por parte de los internos penitenciarios, de la pena privativa y restrictiva de la libertad. La finalidad del programa consiste en lograr que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social y promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

- en pesos y magnitudes físicas –

Desde el plano financiero se ejecutaron $1.613,1 millones sobre un crédito de $1.788,2 millones (ejecución del 90,2%), principalmente destinados a Gastos en Personal ($1.340,9 millones). En cuanto al financiamiento, el 98,4% de las erogaciones correspondió al Tesoro Nacional y el resto a Crédito Interno y Recursos con Afectación Específica.

En lo que respecta a las metas, la población total carcelaria ascendió a 10.818 internos promedio, con distinta situación judicial (condenados, condenados a prueba o procesados). La población penal total, al cierre del ejercicio 2013, ascendió a 9.794 internos los cuales se detallan a continuación:

• 4.777 procesados masculinos mayores.

• 3.858 condenados masculinos mayores.

• 309 procesados jóvenes adultos.

• 83 condenados jóvenes adultos.

• 446 procesadas femeninas mayores.

• 287 condenadas femeninas mayores.

• 22 procesadas femeninas jóvenes adultas.

• 5 condenadas femeninas jóvenes adultas.

• 7 según artículo 34 del Código Penal (personas no punibles)

Los internos procesados incorporados al régimen de ejecución anticipada voluntaria de la pena se encuentran un 7,6% en el Período de Observación, un 89,21% en el Período de Tratamiento y un 3,2% en el Período de Prueba. Asimismo, el personal asignado para cumplir con las tareas relativas a la seguridad y rehabilitación de los internos fue de 9.811, llegando a un promedio de 1 agente por cada interno.

Los recursos físicos y financieros se destinaron a alcanzar la rehabilitación de los internos, representando el conjunto de medidas tomadas durante las interfases del período de privación de la libertad y que abarcan desde la observación y clasificación hasta el período de prueba con semi libertad. Para el cumplimiento de este objetivo se destacaron durante 2013, los siguientes programas de rehabilitación:

• Programa de Tratamiento Interdisciplinario, Individualizado e Integral (Pro.T.In.).

• Programa de Asistencia Grupal para Adictos (A.G.A.).

• Programa de Adiestramiento de Perros en Cárceles.

• Programa de Género en la Población Penitenciaria Federal, Metodología Pedagógica Socializadora.

• Programa de Tratamiento para Internos Condenados por Delitos de Agresión Sexual (C.A.S.).

• Programa de Asistencia a la Interna Angloparlante.

• Programa de Asistencia a aplicarse en los Centros de Rehabilitación para internos Drogadependientes (C.R.D.).

• Programa Marco de Prevención de Suicidios para internos alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

• Programa de Prelibertad, Programa “Viejo Matías”.

• Programa de Abordaje Interdisciplinario con Jóvenes Adultas.

• Programa de Asistencia Integral para Mujeres “S.O.F.I.A.” (Señoras Orientadas a la Formación Integral Asistencial) para internas mayores de cincuenta años de edad.

• Programa “Régimen de Trato y Convivencia para internos Primarios”.

• Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Pr.I.S.M.A.).

Desde la dirección de Educación, Cultura y Deporte se llevaron a cabo, en todos los establecimientos dependientes del SPF, con el fin de garantizar su alfabetización y el acceso a los niveles educativos, diferentes programas educativos que se detallan a continuación:

• Educación Formal (primaria, educación general básica; nivel medio, nivel polimodal; nivel de estudios superiores terciarios y universitarios)

• Educación No Formal (nivel formativo con cursos de formación profesional, actividades culturales, actividades físico deportivas y área de biblioteca).

• Programa de Jardín Maternal (para niños de 45 días a 3 años que se encuentran con sus madres alojadas.).

Durante 2013, un total de 9.709 internos recibió educación formal dentro de las cárceles federales, de acuerdo a la siguiente distribución:

• 199 Alfabetización.

• 4.768 de nivel primario, Educación General Básica.

• 4.003 Nivel Medio–Nivel Polimodal.

• 739 Nivel de Estudios Superiores (Terciario y Universitarios).

Asimismo se realizaron diferentes Convenios de Adhesión Jurisdiccionales con cada una de las provincias donde tienen asiento cárceles federales. Estos Convenios posibilitan que se inicie y/o prosiga el normal dictado de los niveles educativos obligatorios en dichas jurisdicciones.

Programa: Pago a Retirados y Pensionados

Las acciones sustantivas del programa se concentran en la administración del otorgamiento de retiros y pensiones y en el contralor del régimen jubilatorio del Servicio Penitenciario Federal establecido en la Ley Nº 13.018.

- en pesos y magnitudes físicas –

El programa devengó $1.533,3 millones sobre un crédito final de $1.578,7 millones (97,1%). En cuanto al objeto del gasto, se destinó casi la totalidad del gasto a transferencias para el pago de jubilaciones y pensiones. Desde el punto de vista del financiamiento, el 83,5% de las erogaciones correspondieron a Transferencias Internas provenientes de la ANSES y el resto a Recursos con Afectación Específica (15,7%) y al Tesoro Nacional (0,7%).

La cantidad de retirados informados en el cierre del ejercicio 2013 fue de 7.622 y pensionados 3.482. Las altas del período fueron de 325 retirados y 212 pensionados.

Programa: Formación y Capacitación

El programa refleja las labores orientadas a la formación y capacitación de los agentes penitenciarios, a los fines de incrementar sus competencias cognitivas, laborales y profesionales.

- en pesos y magnitudes físicas -

Desde el plano financiero el programa ejecutó el 98,0% del crédito vigente al cierre de 2013. Asimismo, los Gastos en Personal ostentaron la mayor relevancia en la ejecución presupuestaria (91,8% del devengado anual). Por otro lado, las metas físicas registraron un dispar desempeño, destacándose la baja ejecución de la meta Formación de Suboficiales ya que el curso de ingreso de aspirantes postergó su finalización para el primer trimestre del 2014. En el caso de la capacitación de oficiales

La Escuela Penitenciaria de la Nación tiene como misión la formación del personal superior, siendo la duración del curso de 3 años, al cabo de los cuales el cadete egresa con el grado de Oficial Adjunto y el título de Técnico Superior en Ciencias Penales (escalafón cuerpo general) o Técnico Superior en Contabilidad Pública (escalafón administrativo).

La Academia Superior de Estudios Penitenciarios “Roberto Pettinato” tiene como misión la formación, perfeccionamiento y capacitación profesional del personal penitenciario. En el 2013 se desarrollaron cursos de perfeccionamiento para oficiales jefes en el grado de alcaide mayor y para el ascenso de la categoría oficiales a oficiales jefes, además se desarrollaron diversos seminarios vinculados al desarrollo profesional del personal

Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos

El programa, creado por la Ley N° 24.372, genera y supervisa tareas productivas a cargo de maestros penitenciarios y trabajadores privados de la libertad, con rutinas laborales y formación en oficios, cuyo objetivo es propender el mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los talleres de laborterapia para las personas privadas de la libertad, con la premisa de que el trabajo en el sistema carcelario es un instrumento clave para el tratamiento de las personas privadas de la libertad a fin de lograr su inclusión al medio social.

Con la firme intención de lograr el pleno empleo de los internos alojados en las unidades carcelarias de todo el país, durante el ejercicio 2013 se hizo hincapié en la optimización de la administración de los medios y la ampliación de la capacidad productiva.

- en pesos y magnitudes físicas -

Desde el plano financiero, la ejecución alcanzó el 98,4% del crédito final, de los cuales el 85,5% correspondió a Servicios no Personales, principalmente por el pago del peculio a los internos trabajadores, por gastos judiciales y por el mantenimiento edilicio y de maquinarias. En cuanto a la financiación de las erogaciones, el 81,6% correspondió a recursos del Tesoro Nacional y el resto a Recursos con Afectación Especifica (10,7%) derivados de la comercialización de bienes y servicios producidos por las personas privadas de la libertad, en los talleres de las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Federal y a Crédito Interno (7,7%).

Por otro lado, la cantidad de internos trabajadores se ubicó en niveles similares a las proyecciones originales del ejercicio. Asimismo se observó un incremento del 71,6% en la cantidad de internos trabajadores en el último lustro, implicando un sostenido aumento en la cobertura de la laborterapia y en la relación interno trabajador con respecto al total de la población penal, que conforma un indicador de resultado que informa anualmente el organismo y que al cierre del ejercicio 2013 ascendía a 69,4%. A continuación se expone la evolución de los internos trabajadores en el periodo 2009-2013:

Población penal e indicador de cobertura

Durante el ejercicio 2013 se invirtió en la creación, mantenimiento y adquisición de tecnología para los talleres productivos distribuidos en las cinco regiones del país; con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente laboral, lograr una mayor eficiencia en la producción y actualizar el equipamiento para facilitar el desempeño de los trabajadores. El gasto alcanzó los $6,2 millones en maquinarias y equipos, entre las compras realizadas durante el ejercicio se pueden destacar la adquisición de distintas maquinarias; como ser una seleccionadora tecno vertical con aspirado, 40 ventiladores industriales, ojaladoras, incubadoras, máquinas de envasado al vacío, zorras, troqueladoras hidráulicas, telares manuales, cocedoras de alambre, contenedores isotérmicos, procesadoras de vegetales, microondas, heladeras con freezer, caldera humotubular, cámara frigorífica, equipos frio/calor, cámara de media temperatura, impresoras offset y tipográficas, etc.

Asimismo se continuaron las acciones de comunicación institucional, en el ámbito del Departamento de Asistencia Técnica, que tuvieron como objetivo el posicionamiento y la difusión del trabajo del ente. Para sistematizar la información, el trabajo realizado durante el año fue plasmado a través de producciones audiovisuales, gráficas y packaging.

Por otra parte, en lo referido al peculio abonado, la remuneración mensual promedio bruta por interno trabajador resultó de $2.985,25 mientras que el promedio de horas trabajadas, ascendió a 155 horas por mes, de acuerdo al siguiente esquema:

Horas trabajadas por internos - Año 2013 -

Entre los productos que comercializa el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal, como resultado de la labor realizadas por los internos se destacan obras de arte, bloquería, cerámica, herrería, muebles para el hogar y para oficinas, muñecos, sastrería, serigrafía, zapatería y tejidos.

2- Organismos Descentralizados

Programa: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Las acciones del programa están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos son afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por padecer una discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los derechos y garantías que goza el conjunto de la sociedad. Principalmente llevando a cabo el diseño, la promoción e implementación de políticas públicas destinadas a fomentar la diversidad y garantizar el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.

- en pesos y magnitudes físicas-

En 2013 se devengaron $67.8 millones sobre un crédito final de $79,2 millones (85,6% de la asignación), especialmente en lo que respecta a Transferencias (principalmente a Universidades Nacionales), a Gastos en Personal y a Servicios No Personales. Desde el punto de vista del financiamiento, el total de las erogaciones correspondió al Tesoro Nacional.

Se debe destacar que, al 31/12/13, se superó la cantidad programada de Cursos de Capacitación, debido a la mayor demanda de organismos e instituciones interesadas en la formación de sus miembros y su efecto multiplicador. Por otra parte, se asistieron 2.007 casos de denuncia por discriminación de acuerdo a la demanda observada y se concretó un mayor número de publicaciones, dando cuenta de la creciente actividad de divulgación de los valores antidiscriminatorios encarados por el programa.

Los cursos de capacitación, así como las jornadas de sensibilización, se orientaron a grupos en situación de vulnerabilidad, como ser la población afrodescendiente, población migrante, mujeres, personas con discapacidad, entre otros. Asimismo se realizaron encuentros y jornadas de difusión cultural y campañas educativas para fomentar el pluralismo social.

En el marco del Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, se organizó durante el 2013 el Parlamento Federal Juvenil “Compromiso Joven por una Argentina sin Discriminación” cuyo objetivo central es llevar a cabo un encuentro de alcance federal en el ejercicio 2014, que reúna a jóvenes estudiantes, en pos de promover el diálogo y el debate sobre el desarrollo de leyes inclusivas que tengan en miras prevenir la discriminación y promover una sociedad igualitaria. Cabe aclarar que el Parlamento ha sido declarado de interés por el Ministerio de Educación de la Nación, por el Senado de la Nación y cuenta con el auspicio de UNESCO.

Con relación a las Publicaciones se continuaron generando contenidos, a partir de la edición de libros, cuadernillos, afiches, trípticos y volantes con información sobre los diferentes ejes temáticos de la discriminación, además se produjeron videos institucionales con contenido teórico en materia de derechos humanos y prevención de prácticas discriminatorias. En el mismo sentido, el Instituto ha realizado reimpresiones de ciertos documentos debido a la relevancia de la temática que los mismos abordan y a la creciente demanda proveniente organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, escuelas, entre otras entidades.

Durante el ejercicio 2013, además de las denuncias resueltas mediante dictámenes, se concluyeron otras 1.190 denuncias bajo diferente modalidad de resolución, como ser conciliación, resolución rápida de conflicto, desistimiento o inacción. Asimismo se reglamentó y se comenzó a desarrollar en forma regular, a través de la Dirección de Asistencia a la Víctima, un servicio de patrocinio gratuito a personas y grupos discriminados.

En el marco del proceso de modernización que viene llevando a cabo el organismo, se destaca la incorporación, en el año 2013, de un indicador de resultado, que tiene como objetivo medir el tiempo de respuesta ante las denuncias recibidas y así poder optimizar el proceso identificado aquellas faces donde se producen demoras innecesarias. En el presente ejercicio el tiempo promedio fue 13,6 (meses) o 407,8 (días), calculado desde que se recibe la denuncia hasta que se concluye por cualquiera de las formas previstas (dictamen, conciliación, resolución rápida de conflicto, desistimiento/inacción, etc.).

Con el objetivo de federalizar la gestión, y comprometer a las agendas de los gobiernos provinciales con articulaciones interinstitucionales, se organizaron seminarios localizados en distintas regiones argentinas. Teniendo como eje principal una temática, se convocó a autoridades nacionales, provinciales y municipales en la materia y se aportó al conocimiento de los avances que se vienen desarrollando a nivel nacional o local y los desafíos pendientes. Asimismo y en el ámbito de la Dirección de Asistencia a la Víctima, se mejoró la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva (sordas o hipoacúsicas) a los servicios que presta el Instituto, capacitando en lengua de señas, a todo el personal que atiende al público.

Por último, desde el plano institucional el INADI se continuaron las actividades vinculadas a la implementación del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Esta Segunda Carta Compromiso, postula el avance y la profundización de la mejora de cada servicio que brinda el Organismo. La iniciática se corporiza mediante un documento público firmado por el organismo adherente, donde se explicita su misión y objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficiarios de los servicios, la forma de acceder a ellos y la calidad esperable de los mismos.

Programa: Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de Activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, a fin de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita o de una asociación ilícita, terrorista, fraudes y otros delitos. A partir de la última reforma legal de la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera fue otorgada de autonomía y autarquía financiera.

- en pesos y magnitudes físicas -

Durante 2013 los gastos del programa totalizaron $38,4 millones, representando un 84,0% del crédito final y financiándose exclusivamente con Tesoro Nacional. En cuanto a la distribución del gasto por objeto, se destacaron los Gastos en Personal y los Servicios no Personales, principalmente pasajes y viáticos.

Hacia fines del año 2013, el número de Sujetos Obligados registrados ante la Unidad de Información Financiera superó los 33.400, demostrando que la cultura preventiva en materia lavado de activos y financiación del terrorismo ha llegado a todos los nodos por donde pasan o pueden pasar las transacciones económicas cotidianas, instaurándose definitivamente en la agenda de trabajo de los sujetos obligados y en la cultura de los negocios económicos de la República Argentina.

A su vez, la UIF inició en forma directa 30 inspecciones “in situ” sobre sujetos obligados enrolados en sectores que no se encuentran bajo la órbita de regulación de los organismos de contralor alcanzados por el deber de colaboración, dentro de los que se destacan, joyerías, corredores inmobiliarios matriculados, fiduciarios de fideicomisos no financieros, emisores de tarjetas de crédito no bancarios, clubes de fútbol profesional, remesadoras de fondos, escribanos públicos, sociedades de capitalización y ahorro, y juegos de azar.

Asimismo, se trabajó en la sustanciación de 119 sumarios, de los cuales 34 habían sido iniciados en el 2012 y 85 corresponden exclusivamente a la actuación del organismo en el año 2013. Al finalizar el ejercicio, 37 de estos expedientes se encontraban concluidos, mientras que los restantes 82 estaban en diversas etapas procedimentales. En virtud de esto, se aplicaron cinco multas por una suma total $13,3 millones.

Desde la puesta en funciones de la Unidad al cierre del ejercicio 2013, se recibieron 468 solicitudes de colaboración por parte de la justicia, de las cuales 315 aún continúan activas. Es decir que al 2013, la UIF actúa como auxiliar técnico en 315 procesos judiciales. De ese total, 128 corresponden exclusivamente al último año. Asimismo, la Unidad se presentó como querellante en diez nuevas causas judiciales, continuando con su participación activa en las 33 causas en las que el organismo ya era parte querellante desde años anteriores.

En materia normativa, cabe destacar que durante el año 2013 se continuó con el proceso de armonización de las resoluciones emitidas previamente por la UIF, con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia en lo referente a la prevención, función de aquellos aspectos en los que reside el mayor riesgo de comisión de los delitos, facilitando el cumplimiento de la normativa por parte los sujetos obligados.

Durante el año 2013 ingresaron 36.079 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, niveles similares a los alcanzados en los periodos 2011 y 2012, dicho comportamiento indicaría que se alcanzó un nivel estable en el volumen de ROS recibidos por la Unidad. En el ejercicio 2013, se remitieron 7 órdenes de congelamiento administrativo a los sujetos obligados, las cuales afectaron a 67 personas físicas y/o jurídicas. Así, a partir de esta intervención se logró capturar a 16 terroristas de Estado que se encontraban prófugos de la justicia.