MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

 

1- Administración Central

 

Procuración General de la Nación

 

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

 

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado, es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

 

En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en el ejercicio 2012 de $1.182,1 millones, representando el 96,4% del crédito final. La composición del gasto se adjudicó en un 95,2% a Gastos en Personal y en un 3,0% a Servicios no Personales, mientras que el 1,8% restante se distribuyó en Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 99,3% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 0,4% a Transferencias Internas y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.

 

Durante el ejercicio 2012, desde el plano administrativo, se atendieron  necesidades derivadas del crecimiento del Organismo, especialmente vinculadas a mayores trámites que debieron resolverse. En ese marco se concentraron esfuerzos en el cumplimiento de las tareas administrativas habituales y además se adaptaron los circuitos, controles, esquemas y procedimientos al mayor caudal laboral. Por otro lado, se intensificaron las acciones tendientes a optimizar la planificación y el seguimiento, tanto de las contrataciones como de la ejecución del presupuesto del Organismo. Asimismo se prosiguió con la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos, postulándose una mayor previsibilidad en la gestión administrativa en la Procuración General.

 

Asimismo, en 2012 se desarrollaron trabajos vinculados a la mejora en la infraestructura, reflejándose en mayores trámites de locaciones de inmuebles (renovación y/o nuevos alquileres) y en una exhaustiva revisión de las deficiencias de espacios físicos. Adicionalmente, se fomentó la movilidad y capacitación de los empleados mediante cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar el conocimiento y destrezas en las diversas materias. En lo que refiere al área de concursos para la incorporación de nuevos fiscales, se efectuaron cinco convocatorias destinadas a cubrir diez cargos de fiscal general y  se aprobaron cuatro procesos de selección, entre otras acciones relevantes.

   

En cuanto a la tecnología y las comunicaciones, se adquirió equipamiento en materia de computadoras, impresoras, telefonía y servidores, a los fines de mantener el estándar de actualización tecnológica que requiere la labor del Organismo. En lo que respecta a los sistemas de información, durante 2012 se prosiguió con el desarrollo del proyecto FiscalNet y se optimizó el proceso de importación de información desde el Consejo de la Magistratura, con la posibilidad de adjuntar digitalmente copia de los dictámenes en el mismo sistema de registro, a los fines de avanzar en la despapelización y el ahorro de recursos.

 

El servicio de biblioteca atendió 2.069 consultas, con una atención digital del 99% de las mismas, optimizando los tiempos de respuesta.  Entre otras labores se realizaron también 1.405 préstamos de libros, se incorporaron 255 ejemplares al acervo y se atendieron 768 consultas estrictamente bibliográficas.  En cuanto al acceso a la información pública, se incorporaron 5.690 dictámenes para su difusión irrestricta, totalizando 34.229 dictámenes correspondientes al período 1997/2012.  Por otra parte, la página de internet del organismo recibió 244.944 visitantes (distintos) y se publicaron 128 mensajes en la red social twitter; de forma de mantener la constante comunicación con la ciudadanía.

 

Desde el plano del ejercicio de la acción penal pública, entre múltiples labores se lograron resultados satisfactorios en materia de protección de los derechos humanos, a partir de la activa participación en procesos de juzgamiento y castigo de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Por otra parte, se instituyó la Unidad Fiscal Especializada para casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.

 

Asimismo se llevaron a cabo durante 2012 acciones tendientes a la persecución y castigo de la trata de personas, al impulso a políticas de género, a la situación de menores de edad, al combate de la criminalidad económica y al lavado de activos. En ese sentido, se instituyó una procuraduría específica que contiene seis áreas operativas, a saber: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Fraude económico y bancario, Mercado de capitales, Delitos tributarios y aduaneros, Delitos contra la administración pública y Concursos y quiebras.

 

 

Defensoría General de la Nación

 

Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

 

La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de todo el país, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes, como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.

 

En lo referido al gasto de la Defensoría General de la Nación, se presentó durante 2012 una ejecución crediticia de $640,2 millones (99,0% del crédito final). Del total de las erogaciones, el 93,4% correspondió a Gastos en Personal, el 3,8% a Servicios no Personales y el 2,8% restante se distribuyó entre Bienes de Uso, y Bienes de Consumo.

 

- en pesos y magnitudes físicas-

Crédito
 Final

Gasto
 Devengado

%
 Ej
.

Tipo de Producción:
 Servicios o Bienes

Unidad de
 Medida

Meta
 Final

Meta
 Ejec.

%
Ej
.

979.942

943.871

96,3

Proyectos de Inversión (*)

 

 

 

 

(*) En el cuadro se identifican únicamente los proyectos con un costo total superior a $50,0 millones.

Durante 2012 se intensificó la labor de todos los programas y comisiones, dirigida a efectivizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y la protección y defensa de los derechos fundamentales. En ese marco se destacó la labor de las comisiones de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico, del Migrante, para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio, de Cárceles, y sobre Temática de Género. Asimismo, se llevaron a cabo programas específicos como los Programas para la Aplicación de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos,  para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de la Libertad, de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, de Asistencia y Patrocinio Jurídico, sobre Diversidad Cultural, entre otros.

 

En línea con el trabajo de las comisiones y programas, durante 2012 se realizaron las siguientes labores:

 

Asimismo en 2012 se creó el Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, cuyos objetivos son promover las actividades orientadas a la defensa de los derechos humanos y facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, con el fin de alcanzar la igualdad en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

En el plano administrativo-institucional, en octubre de 2012 el Organismo fue seleccionado como beneficiario del proyecto “Fortalecimiento de las Defensorías Públicas en la Atención a Personas Privadas de Libertad”, cuyo objetivo es mejorar el acceso de las personas privadas de libertad a la Justicia, fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios prestados por la Defensoría.

 

Asimismo se realizó una intensa capacitación a los integrantes del Organismo y, durante 2012, fueron convocados 12 concursos para cubrir vacancias del cargo de defensor, debiéndose aprobar un examen de idoneidad para el acceso a los mismos. En ese marco se convocaron a 4 exámenes con 398 inscriptos en el período anual.