1- Administración Central
Procuración General de la Nación
Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.
En el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución en el ejercicio 2011 de $878,3 millones, representando el 98,8% del crédito final. La composición del gasto se adjudicó en un 95,0% a Gastos en Personal y en un 3,0% a Servicios no Personales, mientras que el 2,0% restante se distribuyó en Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias. En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 99,3% de las erogaciones correspondió a Tesoro Nacional, el 0,4% a Transferencias Internas y el 0,3% a Recursos con Afectación Específica.
Durante el ejercicio 2011 se concretaron varios proyectos en materia de gestión y fortalecimiento institucional. Por un lado, se afianzó el rediseño de la organización de la Procuración General (proceso iniciado en 2009) y, por otra parte, se avanzó en distintas políticas de persecución penal; las que fueron precisadas a través de varias instrucciones, recomendaciones generales y dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las acciones realizadas tendieron a la construcción de un Ministerio Público Fiscal moderno y eficiente, fortaleciendo las fiscalías y priorizándolas por sobre la organización central. De esta forma se puso especial énfasis en la disponibilidad y abastecimiento de soporte tecnológico y de infraestructura como herramientas elementales para continuar profundizando las políticas de persecución penal.
En materia de derecho público no penal, se verificó durante el ejercicio 2011 el ingreso de un importante número de causas de alta complejidad, cuyo estudio requirió la participación de todos los magistrados, funcionarios y empleados del área. Es importante señalar que durante el período octubre 2010-septiembre 2011 ingresaron 1.005 expedientes (794 correspondientes al subárea de Derecho Administrativo, Constitucional y Tributario; 138 al subárea de Juicios Originarios y los 110 expedientes restantes al subárea de Competencias), de los cuales se resolvieron 951 y permanecieron en estudio 151. De esta forma el porcentaje de resolución ascendió a 94,6%.
Respecto al derecho penal, durante el período octubre 2010-septiembre 2011 ingresaron 438 dictámenes, de los cuales 73 atañeron a recursos extraordinarios y presentaciones directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por denegatoria de la apelación federal y 365 dictámenes en conflictos de competencia. Asimismo ingresaron 438 expedientes procedentes de la Corte Suprema, distribuidos entre 85 trámites en materia de recurso extraordinario y de hecho por denegatoria y 353 contiendas de competencia.
El eje de la gestión en el período 2011 procuró la consolidación de varios criterios en materia política criminal destinados a fortalecer la persecución penal de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En cuanto al área de Derechos Humanos se continuó asesorando a las distintas fiscalías del país, para la asistencia de causas por violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de estado, respondiendo consultas jurídico-legales, remitiendo documentación y jurisprudencia y colaborando en la redacción de dictámenes fiscales.
En materia de trata de personas, durante el ejercicio 2011 se realizaron talleres de entrenamiento con las Fuerzas de Seguridad, se impulsaron acciones de capacitación, se elaboró la “Guía de Procedimientos y Criterios para su Detección e Investigación” y se protocolizó el convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para implementar acciones tendientes al correcto abordaje de los procesos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual. En ese mismo marco se protocolizó la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, para la puesta en marcha de un taller de capacitación y entrenamiento a 900 funcionarios.
Durante el ejercicio 2011 también se aprobó el “Protocolo de Actuación del Ministerio Público Fiscal para la Investigación de Severidades, Vejaciones, Apremios Ilegales y Torturas”, el cual tiene como objetivo optimizar la actuación de los fiscales con competencia penal de todo el país en los casos que se cometan estos delitos contra detenidos y personas en especial estado de vulnerabilidad.
Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y durante el año 2011, se instaló un gabinete especial de monitoreo para el Ministerio Público Fiscal dentro del Centro Operativo de Control del Aeropuerto de Ezeiza, para facilitar las investigaciones sobre contrabando o estupefacientes que se comenten en ese entorno.
En lo que respecta a los sistemas de información, durante 2011 se avanzó en las labores inherentes al proyecto FiscalNet, mediante el registro informático de la etapa de juicio en todas las fiscalías generales ante los tribunales orales de todo el país. Asimismo se advirtieron avances del sistema de gestión de causas que facilita el acceso a la información de las víctimas de los grupos más vulnerables, al poder desagregar datos por sexo, edad o relaciones de parentesco entre víctima y victimario. Por otro lado se extendió durante 2011 el uso de la Cámara Gesell, tomándose 296 declaraciones que facilitaron el tránsito de las víctimas por el proceso penal.
En lo que respecta al área de administración, durante 2011 se trabajó sobre cuatro ejes fundamentales: Logística, Tecnología Informática, Control Interno y Presupuesto, haciendo hincapié en una labor conjunta con las áreas de Patrimonio, Suministro e Informática a fin de encontrar una herramienta ágil que produzca información fiable para la toma de decisiones y para el control de los bienes de la organización. Adicionalmente se fomentó la movilidad y capacitación de los empleados mediante cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar el conocimiento y destrezas en las diversas materias.
Por último, un eje importante en la labor de la gestión 2011 resultó el desarrollo de concursos de selección para cubrir vacantes de fiscales, efectuándose incluso convocatorias para cubrir el cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y 10 cargos de Fiscal General ante distintas cámaras y tribunales orales.
Defensoría General de la Nación
Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de todo el país, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.
En lo referido al gasto de la Defensoría General de la Nación, se presentó durante 2011 una ejecución crediticia del 99,0% ($461,6 millones). Del total de las erogaciones, el 92,7% correspondió a Gastos en Personal, el 4,2% a Servicios no Personales y el 3,1% restante se distribuyó entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias. Asimismo el organismo se financió casi exclusivamente mediante el Tesoro Nacional (99,9%) y el resto con Recursos con Afectación Específica y Transferencias Externas.
Durante 2011 se intensificó la labor de todos los programas y comisiones, dirigida a efectivizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y la protección y defensa de los derechos fundamentales (Comisión de Cárceles, Comisión de Seguimiento y Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes, Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico, Comisión sobre Temáticas de Género, Comisión del Migrante, Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos, Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico y Programa para la asistencia jurídica a mujeres privadas de la libertad).
También es dable destacar la labor desarrollada en el campo de diversidad cultural, tanto coadyuvando con las diversas defensorías públicas la tramitación de casos relacionados con problemática de los pueblos indígenas, como en la realización de diversas actividades de capacitación sobre la materia. El programa solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de garantizar la integridad física de los líderes, sus familias y toda la comunidad Potae Napocna Navogoh (ubicada en la provincia de Formosa), en virtud de la represión y el desalojo sufridos por esa comunidad.
El desarrollo de las relaciones interinstitucionales resultó significativo en el ámbito internacional y también con relación a los titulares del servicio público de defensa en las distintas provincias, en el marco del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina. En este sentido se realizaron encuentros y jornadas de capacitación.
Por otra parte, en el año 2011 se celebraron y renovaron diversos convenios de cooperación institucional, destacándose entre otros los siguientes:
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Asociación por los Derechos Civiles.
Convenio Marco de Cooperación, suscripto con el Ministerio de Defensa Pública de la provincia del Chubut.
Convenio de Cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objeto de aunar esfuerzos para remover barreras estructurales y facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población.
Convenios marco de colaboración y asistencia técnica, suscripto con el Consejo de la Magistratura y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, suscripto con la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina.
Convenio Marco de Cooperación suscripto con la Universidad Tecnológica Nacional.
Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Ministerio de Seguridad.
Convenio de donación de fondos para proyecto suscripto con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, a los fines de la organización y ejecución de talleres de capacitación regionales para operadores judiciales.
Convenio de Cooperación Académica Institucional suscripto con el Departamento de Derecho de la Universidad Austral.
Convenio de Cooperación suscripto con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica firmado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Por otro lado, con el objeto de lograr una mayor presencia institucional, se continuó editando la Revista del Ministerio Público de la Defensa, publicación semestral que representa un espacio de diálogo destinado a conformar y fortalecer ideales democráticos y a afianzar el rol garante de los Derechos Humanos.
Una tarea central en 2011 resultó la capacitación y la formación del personal para mejorar la prestación del servicio de la defensa pública, realizándose importantes actividades y jornadas. Algunas de ellas citadas a continuación:
“Encuentro Nacional sobre Defensa Pública y Monitoreo de la Privación de Libertad de Niñas, Niños y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en marco del convenio suscripto con UNICEF Argentina.
“Encuentro Nacional sobre Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Encuentros relacionados con la exigibilidad de derechos y acceso a la justicia en el Noroeste y Noreste Argentino.
Edición del libro titulado “Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. Estrategia y Buenas Prácticas de la Defensa Pública”, con una tirada de 500 ejemplares.
Durante el ejercicio se realizaron doce visitas oficiales a instituciones de alojamiento de niños, niñas y adolescentes.
A partir del mes de marzo de 2011 comenzó a funcionar la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y Otras Formas de Violencia Institucional; que tiene como misión detectar, registrar, sistematizar y dar seguimiento a hechos de tortura, otras formas de violencia institucional y condiciones inhumanas de detención. Asimismo se dispuso la creación de la Unidad de Letrados de Personas Menores de Edad (artículo 22 Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental), la cual tiene como función el relevamiento de las instituciones destinadas a receptar internaciones de personas menores de edad y las necesidades respectivas en miras de garantizar el integral cumplimiento de las disposiciones previstas en la aludida Ley Nº 26.657.
Durante el ejercicio 2011 se creó el Programa de Asesoramiento y Representación Legal para las personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de dicha condición, brindándose representación legal a toda persona solicitante del reconocimiento de la condición.
En el ámbito de la Comisión de Cárceles, se continuó dando respuesta a las demandas de los detenidos y a las distintas defensorías. También se continuó con el cronograma de visitas a detenidos alojados en la Capital Federal y el Conurbano.
Mediante un convenio de colaboración con el Registro Nacional de las Personas se realizó la gestión directa y sin costos de documentos nacionales de identidad para personas que gozan de libertad ambulatoria y sus familiares. También se han tramitado partidas de nacimiento, constancias de parto, certificados de estudios, entre otros documentos.
Asimismo durante el ejercicio 2011 se realizaron dos relevamientos censales en un predio ubicado en el límite entre los barrios de Bajo Flores y Villa Soldati y en un sector de la Villa 31 del Barrio Carlos Mugica, en la zona de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se realizó el “Seminario sobre Reglas de Bangkok”, destinado a reflexionar sobre la situación de la mujer en contextos de encierro.
En otro orden, en el transcurso del año 2011 fueron convocados tres concursos para cubrir cargos vacantes en las defensorías. Además se exigió como requisito para todo nombramiento de funcionarios con jerarquía igual o superior a Secretario de Primera Instancia, la aprobación de un examen de capacidad e idoneidad para la función. En tal sentido, durante el año 2011 se convocaron y/o concluyeron 13 exámenes con un total de 1.399 inscriptos, lo que representa un promedio de 108 postulantes por examen.
Respecto a la cobertura del servicio, se conformaron 2 Unidades de Letrados Móviles, creadas a fin de cubrir adecuadamente la demanda de asistencia letrada en todo tipo de procesos y se implementó la Unidad de Letrados Móviles ante la Cámara Nacional de Casación Penal, para intervenir en juicios donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad.