MINISTERIO PÚBLICO

1- Administración Central

Procuración General de la Nación

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien tiene a su cargo una doble función: por un lado actúa como Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Por otro lado es la autoridad superior de todos los fiscales y, en tal sentido, coordina su accionar, estableciendo entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

Desde el plano financiero la Procuración General de la Nación presentó una ejecución financiera del 98,7% con $637,2 millones sobre un total de $645,8 millones. La composición del mismo se debe adjudicar en un 93,4% a Gasto en Personal, 3,3% a Servicios no Personales y el 3,3 restante se dividió entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencias. En cuanto a la fuente de financiamiento del mismo, un 99,3% correspondió a Tesoro Nacional, 0,4% a Transferencias Internas, 0,2% a Recursos con Afectación Específica y 0,1 a Transferencias Externas.

Durante 2010 se concretaron varios proyectos en materia de gestión y fortalecimiento institucional. Por un lado, se afianzó el rediseño de la organización de la Procuración General emprendido durante el ejercicio 2009 y, por otra parte, se avanzó en distintas políticas de persecución penal, las que fueron precisadas a través de varias instrucciones, recomendaciones generales y dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las acciones realizadas en el período 2010 tendieron a la construcción de un Ministerio Público Fiscal moderno y eficiente, que permitió fortalecer a las fiscalías y priorizarlas por sobre la organización central, poniendo especial interés en la disponibilidad y abastecimiento de soporte tecnológico y de infraestructura como herramientas elementales para continuar profundizando las políticas de persecución penal conforme a las necesidades sociales.

En materia de derecho público no penal, se verificó en 2010 el ingreso de un importante número de causas de alta complejidad, cuyo estudio requirió la participación de todos los magistrados, funcionarios y empleados del área, permitiendo una mejora significativa en términos de eficiencia. En el bienio 2009-2010, ingresaron 1.005 expedientes, de los cuales se resolvieron 854 (576 correspondientes al subárea de derecho administrativo, constitucional y tributario, 191 al subárea de juicios originarios y 87 al subárea de competencias) y permanecieron en estudio 151. El porcentaje de resolución ascendió a 85,0%.

Respecto al derecho penal, durante el período octubre 2009-septiembre 2010, ingresaron 544 dictámenes, de los cuales 151 atañeron a recursos extraordinarios y presentaciones directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por denegatoria de la apelación federal y 393 dictámenes en conflictos de competencia. Asimismo ingresaron 501 expedientes procedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, discriminados en 124 en materia de recurso extraordinario y 377 contiendas de competencia.

En lo que se refiere al área de derecho privado, desde octubre de 2009 a septiembre de 2010 ingresaron 590 causas desagregadas en 284 recursos, 2 juicios originarios y 304 competencias. A partir del análisis de estos datos, comparados con el ingreso de expedientes informado en el ejercicio anterior, se observó que no hubo cambios sustanciales, alcanzando un número constante de expedientes. Asimismo en este período se dictaminaron 564 expedientes, que a su vez pueden dividirse del siguiente modo: 255 recursos, 304 competencias, y 5 jurisdicciones originarias.

Durante el ejercicio 2010 se advirtió una disminución en el ingreso de causas vinculadas a la interpretación y aplicación de normativa de emergencia del período 2001-2002. Por otra parte la Corte Suprema de Justicia solicitó la intervención de la  Procuración General de la Nación para cuestiones complejas y novedosas, muchas de ellas de relevancia institucional y de trascendencia pública, referidas a la constitucionalidad de regímenes legales vigentes, al problema de la sustracción internacional de menores, resguardo y asistencia de personas menores e incapaces, al adecuado resguardo de las retribuciones del trabajo y de haberes previsionales, a depósitos judiciales y devengamiento de intereses, entre otras.

En cuanto al área de derechos humanos, durante 2010 se continuó asesorando a las distintas fiscalías del país para la asistencia de causas por violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de estado, respondiendo consultas jurídico-legales, remitiendo documentación y jurisprudencia, o bien colaborando en la redacción de dictámenes fiscales, entre otras tareas.

Por otra parte la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI)  logró los siguientes objetivos en 2010:

- Consolidación del mecanismo de “Cámara Gesell” para la recepción de las declaraciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.

- Incremento de la concurrencia a domicilios de las personas damnificadas, con el objeto de formular personalmente el ofrecimiento de los servicios o con la finalidad de ponderar la situación de riesgo en que la víctima puede hallarse inmersa.

- Profundización del contacto con el Programa “Las Víctimas contra las Violencias” dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con miras a garantizar la constancia en la asistencia de las víctimas mayores de edad damnificadas por delitos contra la integridad sexual. Dicho programa asiste en forma inmediata a las personas damnificadas por esos ilícitos que efectúan la denuncia en sede policial.

Durante 2010 se continuaron los cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar el conocimiento y destrezas en las diversas materias que interesan a la actuación del organismo. También se realizaron jornadas especiales de capacitación y actividades en el interior del país.

Defensoría General de la Nación

Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

La Defensoría General de la Nación interviene en la mayor parte de los procesos penales sustanciados ante la Justicia Nacional y Federal de todo el país, brindando asistencia, en su inmensa mayoría, a personas de escasos recursos económicos. En el caso de procesos civiles, comerciales y laborales la intervención se circunscribe a individuos en condición de pobreza o ausentes. También ejerce el rol pupilar que implica la intervención inexcusable de los defensores de menores de edad e incapaces, en todos aquellos procesos judiciales que involucran tanto a niñas, niños y adolescentes como a personas declaradas incapaces. Pero, además de las funciones inherentes a la prestación del servicio de defensa, se encuentra comprometido en propiciar y participar en el diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a la justicia de los sectores más vulnerables.

En lo referido al gasto de la Defensoría General de la Nación, se presentó durante 2010 una ejecución crediticia del 96,5% ($320,7 millones). Del total de las erogaciones el 90,3% correspondió a Gastos en Personal, el 4,6% a Servicios No Personales y el 5,1% restante se dividió entre Bienes de Uso, Bienes de Consumo y Transferencia. Asimismo el organismo se financió prácticamente en su totalidad mediante el Tesoro Nacional (99,9%) y el resto con Recursos con Afectación Específica  y Transferencias Externas.

Durante 2010 se intensificó la labor de todos los programas y comisiones, dirigida a efectivizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y la protección y defensa de los derechos fundamentales (Comisión de Cárceles, Comisión de Seguimiento y Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes, Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico, Comisión sobre Temáticas de Género, Comisión del Migrante,  Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos,  Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico y Programa Piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de la libertad). También cabe destacar la labor que desarrolló el programa Piloto sobre Diversidad Cultural, tanto coadyuvando con las diversas defensorías públicas del país en la tramitación de casos relacionados con problemática de los pueblos indígenas, como en la realización de diversas actividades de capacitación sobre la materia.

En el ámbito de las relaciones institucionales internacionales, se intensificaron las actividades realizadas desde la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), cuyo principal resultado fue el acuerdo de entendimiento suscripto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos  que estableció, para aquellas víctimas que no cuenten con representación legal, su defensa por un defensor interamericano designado por la AIDEF, a fin de garantizar sus derechos.

Otro logro relevante a mencionar resultó, por parte del Comité Ejecutivo de la AIDEF, el inicio de las gestiones para considerar a esta asociación como Sociedad Civil, con carácter consultivo y participativo, ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El desarrollo de las relaciones interinstitucionales resultó significativo en el ámbito internacional y también con relación a los titulares del servicio público de defensa en las distintas provincias, en el marco del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina. En este sentido se realizaron encuentros y jornadas de capacitación.

Por otra parte, en el año 2010 se celebraron diversos convenios de cooperación institucional, destacándose los siguientes:

- Renovación del Convenio Marco con el Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

- Renovación del Convenio de Cooperación con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

- Convenio Marco de Pasantías y Convenio Específico de Pasantías con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

- Convenio General de Colaboración con la Dirección Académica de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, Reino de España).

- Convenio Marco de Cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

- Convenio Marco de Cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y el Ministerio Público de la Defensa.

- Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

- Convenio con Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la elaboración e implementación de un sistema informático que permita reflejar la actuación y asistencia concretada por los distintos integrantes de este Ministerio Público de la Defensa en el marco del ejercicio de sus funciones.

- Primer Convenio específico con el Ministerio Público de la provincia de Chubut para instrumentar y reglamentar la utilización por parte de los magistrados y funcionarios de los servicios que prestan las Oficinas del Servicio Social (OSS) del Ministerio Público provincial.

- Convenio de Cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población.

Por otro lado, con el objeto de lograr una mayor presencia institucional, se continuó editando la Revista del Ministerio Público de la Defensa, publicación semestral que representa un espacio de diálogo destinado a conformar y fortalecer ideales democráticos y a afianzar el rol garante de los Derechos Humanos.

Una tarea central en 2010 resultó la capacitación y la formación del personal para mejorar la prestación del servicio de la defensa pública, realizándose importantes actividades y jornadas.

Por último, a fin de cubrir adecuadamente la demanda de asistencia letrada en todo tipo de procesos, durante el ejercicio 2010 se crearon las Unidades Letradas Móviles y Equipos de Trabajo. Cabe señalar la gran utilización de estos recursos en virtud de causas por delitos de lesa humanidad, debido al elevado número de sumarios de instrucción y juicios orales sustanciados, y a la determinante proporción de intervención de defensores públicos en ese tipo de procesos, con niveles superiores al 80% sobre el total de casos tramitados.