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MINISTERIO PÚBLICO
1- Administración Central
Procuración General de la Nación
Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
El
programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del
Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen,
así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la
legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales.
Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura
particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colabora en la
administración de justicia.
El
Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación,
quien actúa en una doble función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve como tal en los asuntos
judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las
causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Es por otro lado la autoridad
superior de todos los fiscales y en tal sentido coordina su accionar,
estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política
criminal del Estado.
En
materia de derecho público no penal, se verificó el ingreso de un importante
número de causas de alta complejidad, cuyo estudio requirió la participación de
todos los magistrados, funcionarios y empleados del área, permitiendo una
mejora significativa en términos de eficiencia. En el período octubre
2006-octubre 2007, ingresaron un total de 1.061 expedientes, de los cuales se
resolvieron 880 (459 correspondientes al sub área de derecho administrativo,
constitucional y tributario, 215 al sub área de juicios originarios y 206 al
sub área de competencias) y permanecieron en estudio 181. El porcentaje de
resolución ascendió a 82,9%.
Respecto
al derecho penal, durante el período septiembre 2006-septiembre 2007,
ingresaron 1.228 expedientes, de los cuales se dictaminaron 1.112, alcanzándose
de esta manera un nivel de resolución del 90,5%. Los dictámenes correspondieron
principalmente a cuestiones de competencia (81,5%) y a recursos extraordinarios
(17%).
En
lo que se refiere al área de derecho privado, desde octubre de 2006 a octubre
de 2007 ingresaron 929 causas discriminadas de la siguiente manera: 394
conflictos de competencia, 319 recursos de hecho, 207 recursos extraordinarios,
8 recursos ordinarios y 1 presentación. Se proyectaron y emitieron dictámenes
en un total de 1.274 causas relacionadas con materias de derecho civil,
comercial, laboral y previsional, incluyendo también causas pendientes del año
2006.
En
cuanto al área de derechos humanos, durante 2007 se continuó asesorando a las
distintas fiscalías del país para la asistencia de causas por violaciones de
los derechos humanos durante el terrorismo de estado, respondiendo consultas
jurídico-legales, remitiendo documentación y jurisprudencia, o bien colaborando
en la redacción de dictámenes fiscales, entre otras tareas.
En
el área de tutelas especiales, se atendió a casi un millar de nuevas víctimas
de delitos y se mantuvo la asistencia a otras vinculadas al área en períodos
anteriores. En virtud de la cantidad de casos asistidos se mantuvieron las
intervenciones y derivaciones destinadas a proporcionar asistencia jurídica,
psicológica, médica y social. En el período octubre 2006-octubre 2007, la
Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito intervino en 1.011
nuevos casos, cuya procedencia correspondió principalmente al Ministerio
Público Fiscal (32,1%), a la Policía Federal Argentina (30%) y al Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (10,2%), entre
otras instituciones.
Durante
2007 se continuaron los cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar
el conocimiento y destrezas en las diversas materias que interesan a la
actuación del organismo. También se realizaron jornadas especiales de
capacitación y actividades en el interior del país.
Defensoría General de la Nación
Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
Este
programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado, que
consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse
involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los
menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe
alegar, que dicha asistencia no sólo procede para personas carentes de recursos
económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los
procesos de naturaleza civil, comercial, contencioso administrativo o
laboral. Otro
de sus objetivos es coadyuvar con el desarrollo de las defensorías
provinciales.
Durante 2007, se diseñaron y ejecutaron
políticas específicas dirigidas a aquellos sectores vulnerables que ven
obstaculizado el pleno ejercicio de sus derechos. En este sentido, se
incorporaron los siguientes proyectos institucionales:
-
Comisión sobre temáticas de género, cuya misión es favorecer la implementación de estrategias de
defensa con perspectiva de género, en particular, en los casos vinculados a
mujeres víctimas de violencia o en conflicto con la ley penal.
- Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Migrante,
Refugiado y Peticionante de Refugio, cuyas
actividades incluyen el asesoramiento legal a las personas extranjeras y la
intervención ante las autoridades nacionales respecto a los trámites de
elegibilidad para obtener refugio.
- Comisión de seguimiento del tratamiento institucional
neuropsiquiátrico, a fin de verificar las
condiciones generales de internación de pacientes psiquiátricos y procurar, en
la medida de lo posible, la desinstitucionalización y la reinserción social de
estas personas.
- Programa piloto para la asistencia jurídica a mujeres privadas de
libertad, cuyo objetivo es brindar asesoramiento
y asistencia jurídica en materia “extrapenal” a las mujeres detenidas, en
coordinación permanente con los
Defensores Públicos Oficiales que actúen ante los fueros pertinentes.
Por otro lado, se intensificó la labor
de otras áreas ya existentes, dirigidas a efectivizar el acceso a la justicia
de grupos vulnerables y la protección y defensa de los derechos fundamentales
(Comisión de Cárceles, Comisión de Seguimiento y Tratamiento Institucional de
Niños, Niñas y Adolescentes y Programa de Atención a las Problemáticas Sociales
y Relaciones con la Comunidad). Asimismo se mejoró la implementación de las
visitas carcelaria mensuales por parte de los Defensores Públicos Oficiales y
se prestó especial atención en la preservación de los derechos de los niños,
entre otras acciones.
En el ámbito de las relaciones institucionales
internacionales, se intensificaron las actividades realizadas junto con el
Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM), se participó en
diversas reuniones en Colombia y Guatemala en donde la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas Oficiales (AIDEF) fue reconocida como
red de cohesión social e integrada a diferentes proyectos, y se organizó un
Seminario Latinoamericano de Buenas Prácticas Penitenciarias en el marco de un
Convenio Interinstitucional firmado entre la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y el Ministerio Público de la Defensa, entre otras actividades.
El desarrollo de las relaciones interinstitucionales
no sólo fue significativo en el ámbito internacional, sino también con relación
a los titulares del servicio público de defensa en las distintas provincias, en
el marco del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina.
En este sentido se realizaron encuentros y jornadas de capacitación en las
ciudades de Corrientes, San Juan, Paraná y Salta.
Por otro lado, con el objetivo de lograr una mayor
presencia institucional, se creó la Revista del Ministerio Público de la
Defensa. Se trata de una publicación semestral que se presenta como un espacio
de diálogo destinado a conformar y fortalecer ideales democráticos y a afianzar
el rol garante de los Derechos Humanos.
Durante 2007 continuaron los cursos de capacitación
organizados por la Defensoría General. En el mes de marzo, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollaron las jornadas
“Defendamos lo Humano”, con la finalidad de generar un ámbito de debate acerca
de la incorporación y el respeto de los derechos humanos. Durante los meses de
mayo, julio y septiembre, tuvieron continuidad los “Seminarios sobre Derechos
Humanos”, como un espacio de debate y formación para los Defensores Oficiales,
en torno a temáticas de género, protección del medio ambiente y persecución
penal en materia de drogas.
Cabe destacar el diseño e implementación de un
proyecto de modernización tecnológica de la Defensoría General, con una
inversión de $2 millones en equipamiento informático y la provisión de acceso a
Internet para la mayoría de las dependencias.