MINISTERIO PÚBLICO

1- Administración Central

Procuración General de la Nación

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

El programa atiende al desenvolvimiento de una de las funciones esenciales del Estado, que es la persecución en sede penal del castigo de quienes delinquen, así como la defensa en juicio (en representación de la sociedad) de la legalidad, la supremacía constitucional y la jurisdicción de los tribunales nacionales. Estas funciones estatales son cumplidas a través de una magistratura particular, autónoma respecto de la de los jueces, con quienes colabora en la administración de justicia.

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve como tal en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este Cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Es por otro lado la autoridad superior de todos los fiscales y en tal sentido coordina su accionar, estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del Estado.

En la primera función, colaboran con él los señores Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos en la especialidad Derecho Penal, uno en Derecho Público no Penal y uno en Derecho Privado. En la segunda función, el Procurador General es auxiliado por los señores titulares de la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores y la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y cuenta con una estructura técnica y administrativa que permite que el organismo se desarrolle con total independencia del Poder Judicial, tanto en lo relativo al orden administrativo como a la planificación y desarrollo de proyectos propios de la institución.

En materia de derecho penal, durante 2006, ingresaron 527 expedientes desagregados de la siguiente manera: cuestiones de competencia (80%), quejas (13%), juicios originarios (3%), recursos extraordinarios (2%) y extradiciones (2%). Con respecto al área de derecho privado, desde octubre de 2005 a septiembre de 2006 ingresaron 1.666 causas discriminadas de la siguiente manera: 442 conflictos de competencia, 760 recursos de hecho, 456 recursos extraordinarios, 2 de jurisdicción originaria y 6 presentaciones varias.

En cuanto a la política criminal, durante 2006 la fiscalía destinó sus recursos materiales y humanos a la persecución de los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y en especial, por la dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. En este sentido, se realizaron acciones en todo el país tendientes a consolidar las investigaciones penales en curso y a reabrir casos que se encontraban paralizados.

En el área de tutelas especiales, se atendió a casi un millar de nuevas víctimas de delitos y se mantuvo la asistencia a otras que se habían vinculado al área en períodos anteriores. En virtud de la cantidad de casos asistidos se mantuvieron las intervenciones y derivaciones destinadas a proporcionar asistencia jurídica, psicológica, médica y social. De igual modo, persistió la necesidad de requerir la asignación de custodias o el otorgamiento de subsidios.

Durante 2006 se continuaron los cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar el conocimiento y destrezas en las diversas materias que interesan a la actuación del organismo. También se realizaron jornadas especiales de capacitación y actividades en el interior del país.

Defensoría General de la Nación

Programa:Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

Este programa atiende al cumplimiento de una función específica del Estado, que consiste en garantizar la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores e incapaces y la curatela de los menores abandonados o huérfanos. Cabe alegar, que dicha asistencia no sólo procede para personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía, en los procesos de naturaleza civil, comercial, contencioso administrativo o laboral, etc.  Otro de sus objetivos es coadyuvar con el desarrollo de las defensorías provinciales.

La función de la curaduría pública es ejercer la representación legal de las personas incapaces mayores de edad.  La tutoría pública tiene por finalidad dotar de un representante a los menores no sujetos a patria potestad. Entre los logros principales alcanzados durante 2006 se mencionan: la generación de un sistema informatizado completo y confiable que permitió obtener información vital para el control de gestión y la elaboración de las rendiciones de cuentas; la creación de áreas de Coordinación Psicológica y Trabajadores Sociales y la implementación de un programa de visitas institucionales con la asistencia mensual de los curadores públicos a los distintos establecimientos psiquiátricos, geriátricos y asistenciales (públicos o privados) donde se encuentran internados los curados.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la sanción de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral señaló la necesidad de efectuar las recomendaciones de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces a fin de adecuar su actuación a la nueva normativa. En este sentido se promovieron encuentros de discusión y análisis y se inició un proceso de intensificación de los vínculos establecidos con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la nueva asignación de competencias. De igual manera, se promovieron acciones para fortificar la defensa ante distintos fueros e instancias y se pusieron en funcionamiento nuevos programas e iniciativas de atención y seguimiento de problemáticas específicas (tratamiento institucional de menores, inmigrantes, mujeres, necesidades sociales).

En cuanto a la capacitación en temas de Defensa Pública, durante 2006, en conjunto con la Unión de Empleados de la Justicia, se organizó un curso de formación destinado específicamente a empleados del Ministerio Público que tuvo particularmente en cuenta el trabajo que se desarrolló en las distintas defensorías. Con el objetivo de lograr una mayor presencia institucional, se realizaron publicaciones periódicas  y se creó la “Revista del Ministerio Público de la Defensa” que se presentó como un espacio de diálogo destinado a conformar y fortalecer ideales democráticos y afianzar el rol de garante de los Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa.

Con respecto a la asistencia de las Defensorías Oficiales con asiento en el interior del país, se trabajó para optimizar sus insumos y para establecer un servicio de Internet de banda ancha que permita una comunicación permanente en tiempo real. También se estableció una “Comisión del Interior” con el objetivo de dotarlos de una representación permanente que canalice sus inquietudes y se designó como integrantes a defensores provenientes de cada una de las instancias en las que se divide la prestación del servicio en el interior del país.

En el ámbito de las relaciones internacionales, cabe destacar la activa participación del Ministerio Público en tres foros de particular relevancia: la Asociación Interamericana  de Defensorías Públicas, el Bloque de Defensores Oficiales del MERCOSUR y la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR. Asimismo, durante 2006, la Defensoría General de la Nación resultó elegida para transferir buenas prácticas en materia de defensa pública a la República Oriental del Uruguay y a la República de Bolivia. Se seleccionaron experiencias exitosas factibles de ser transferidas: la “Comisión de Cárceles”, el “Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad” y el “Programa para la aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito interno”.