MINISTERIO PÚBLICO

1- Administración Central

Procuración General de la Nación

Programa: Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

El Ministerio Público Fiscal está dirigido por el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble función. Es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se desenvuelve como tal en los asuntos judiciales en los que tiene intervención este cuerpo, dictaminando en las causas judiciales que a tal efecto le son remitidas. Es por otro lado la autoridad superior de todos los fiscales y en tal sentido coordina su accionar, estableciendo, entre otras potestades y deberes, las pautas de la política criminal del estado.

En la primera función, colaboran con él los señores Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos en la especialidad Derecho Penal, uno en Derecho Público no Penal y uno en Derecho Privado. En la segunda función, el Procurador General es auxiliado por los señores titulares de la Fiscalía General de Superintendencia, la Fiscalía General de Capacitación y Estudios Superiores y la Fiscalía General de Política Criminal y Servicios Comunitarios, y cuenta con una estructura técnica y administrativa que permite que el organismo se desarrolle con total independencia del Poder Judicial tanto en lo relativo al orden administrativo como a la planificación  y desarrollo de proyectos propios de la institución.

De la Procuración General de la Nación dependen, en la Ciudad de Buenos Aires, 150 fiscalías nacionales del fuero penal y 27 fiscalías nacionales del fuero no penal, y en el interior del país, debido a la organización federal del mismo, 117 fiscalías federales en 15 jurisdicciones. A saber: San Martín, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Corrientes, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Paraná, Mendoza, Posadas, General  Roca, Salta, Rosario y Tucumán.

En 2004, se fortalecieron los recursos humanos y materiales del organismo, tanto de las fiscalías del conurbano bonaerense como de las fiscalías correccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se niveló la planta de personal de algunas fiscalías.

Se continuaron los cursos, talleres y seminarios destinados a profundizar el conocimiento y destrezas en las diversas materias que interesan a la actuación del organismo.

También se iniciaron tratativas con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) a efectos de coordinar con dicha entidad la redistribución de edificios estatales desocupados que sean aptos para el asiento de fiscalías del interior del país y de esta ciudad que requieren urgente traslado.

En materia de persecución penal, la problemática de los secuestros extorsivos ha sido una prioridad para el organismo, y por tal razón, se reorganizó y reestructuró la Unidad Móvil Antisecuestros, con el objetivo de brindar apoyo concreto a todos los magistrados que tuvieron que asumir estas complejas investigaciones. Asimismo, se procuró coordinar las actividades de capacitación y recolección de información, de forma tal de contar con un banco de datos, al que pueda acudir en forma inmediata cualquier fiscal que posea una investigación de estas características.

Se fortalecieron los recursos de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos para que amplíe su campo de actuación.

Cabe destacar la creación de la unidad especial para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), que tiene por objeto colaborar estrechamente con las autoridades de dicha entidad, para erradicar focos de corrupción que aquejan la normal prestación del servicio que atiende a un porcentaje muy importante de la población.

En la misma línea se reorganizó y reestructuró la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), a efectos de fortalecer su rol como unidad de asistencia y colaboración a las autoridades administrativas y a los propios fiscales que soliciten su colaboración.

Defensoría General de la Nación

Programa: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

El Ministerio Público de la Defensa, tiene por objetivo la representación, defensa y curatela pública oficial garantizando la asistencia jurídica de todo ciudadano que pueda verse involucrado en un proceso penal, así como la representación y defensa de los menores abandonados o huérfanos.

La mencionada asistencia no sólo procede en caso de personas carentes de recursos económicos, sino también con respecto a quienes opten por esta vía en los procesos de naturaleza penal.

La función de la curaduría pública es ejercer la representación legal de las personas incapaces mayores de edad, representar al presunto incapaz en los juicios de insania e inhabilitación, actuar como tutores de los hijos menores de sus representados, ejercer la defensa de las personas sin bienes o cuando éstos sólo le alcanzan para su subsistencia y representar al curado en todos los juicios que se le sigan al mismo, en todos los fueros. Asimismo, pueden desempeñar la función de defensor especial, curador provisorio o curador definitivo.

La tutoría pública tiene por finalidad dotar de un representante, investido de representatividad, a un menor no sujeto a patria potestad.

La Defensoría General de la Nación cuenta con una Secretaría de Asuntos Jurídicos e Institucionales, dentro de la cual, se encuentran la Comisión de Cárceles y del Niño Institucionalizado.

La Comisión de Cárceles tiene la finalidad de servir de nexo entre los internos y el Servicio Penitenciario Federal, ocupándose de las condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica de los internos, asistidos por defensores oficiales y la Comisión del Niño Institucionalizado, conformada por defensores públicos, tiene como principal objetivo garantizar el mejor funcionamiento de los Institutos de Menores y responder a los reclamos y necesidades de los internos, dando cumplimiento a lo establecido en la convención sobre los derechos del niño, de jerarquía constitucional, que es la norma que atiende a la protección integral del niño.

Con respecto a la capacitación sobre la Defensa Pública, en el año 2004 se realizaron los siguientes cursos, seminarios y conferencias:

-        Curso de capacitación criminalística.

-        Conferencia sobre psicología y psiquiatría forense.

-        Seminario sobre accidentología y falsificación de documentos.

-        Seminario sobre derecho ambiental.

-        Seminario sobre derecho de menores.

-        Seminario sobre fundamentos de la prisión preventiva.

-        Seminario sobre procedimientos en las prácticas forenses.