MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

1 - Administración Central

Categoría: Actividades Centrales

El Ministerio de Economía y Producción es la autoridad encargada de la formulación de políticas atinentes a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos económicos a los distintos sectores, brindando las condiciones macroeconómicas básicas para recuperar un proceso de crecimiento económico sustentable a largo plazo.

Además, tiene bajo su responsabilidad la administración financiera del Estado, la administración de la política tributaria nacional, la programación y coordinación de la política económica, el desarrollo de los mercados de seguros y de capitales, y la producción de información estadística y censal confiable. Del mismo modo, se encuentra bajo su competencia la formulación de la política agropecuaria, alimentaria, pesquera, forestal, industrial y comercial. Asimismo, se encarga de proteger la libre competencia comercial y la defensa de los consumidores, y asiste a las micro, pequeñas y medianas empresas para alcanzar su desarrollo competitivo.

Secretaría de Política Económica

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas Económicas

El programa tuvo como objetivo seguir la evolución y analizar las tendencias de la economía en sus aspectos macroeconómicos; el seguimiento de la economía global, sectorial y regional; la elaboración de instrumentos para la programación de la política económica; establecer las prioridades para los proyectos de inversión pública y su relación con la ejecución de proyectos con financiamiento externo y realizar el seguimiento actualizado del plan anual de inversiones.

Se destacaron, entre otras, las siguientes acciones:

Respecto a la divulgación pública periódica: Elaboración y publicación, en forma impresa y en Internet, del Informe Económico Trimestral, en sus versiones en castellano y en inglés; Ampliación, actualización permanente y publicación en Internet de una amplia base de datos que contiene series económicas de la Argentina y Publicación de indicadores y notas de coyuntura que contribuyen a explicar el desempeño de la economía.

En cuanto a las proyecciones y análisis macroeconómicos: Elaboración y publicación de las proyecciones macroeconómicas y de la balanza de pagos plurianuales; Revisión y actualización de los modelos de predicción del estimador mensual industrial (EMI) que elabora el INDEC y que constituyen un insumo para las proyecciones del producto interno bruto de corto plazo; Actualización de las estimaciones de la contribución al crecimiento de la productividad total de los factores y de la tasa de crecimiento del producto potencial de la economía argentina y Elaboración de modelos de proyección del Producto Bruto Interno y de importaciones de bienes de  capital.

En materia de sector externo y tipo de cambio real, se realizaron estimaciones preliminares para predicción de funciones de exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, de exportaciones de manufacturas de origen industrial y  de importaciones de bienes y se presentaron  informes sobre la relación entre las medidas de competitividad elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y la paridad cambiaria real.

Por su parte, en relación a ocupación y salarios se elaboraron los siguientes trabajos: Proyecciones semestrales de empleo, desempleo, indigencia y pobreza consistente con las proyecciones macroeconómicas y estimaciones de la intensidad laboral, medida en cantidad de horas trabajadas, con el objeto de obtener mediciones de la evolución de la productividad  en los sectores transables y no transables; Preparación de artículos sobre los resultados de las variables ocupacionales y de pobreza e indigencia en el total de aglomerados EPH (publicados en el Informe Económico) y  se continuó con las series de remuneraciones obtenidas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y la presentación de tabulaciones especiales de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo.

En el marco de la fijación de las tarifas públicas: “ Impacto distributivo de aumentos en las tarifas de servicios públicos” y “Estimación de pobreza e indigencia con aumentos de tarifas, servicios domiciliarios”. En cuanto a la participación y asesoramiento en representación del Ministerio se encuentra la colaboración activa en el Mercosur, a través de grupos y comisiones, que incluyó la elaboración del Boletín de Indicadores Macroeconómicos del Mercosur y la elaboración de documentos con destino al Presidente de la Nación, referido a indicadores sociales y de empleo de las provincias de Formosa, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y La Pampa.

Con referencia al Plan  Nacional de Inversiones Públicas (PNIP),  se elaboró sobre la base de la demanda de inversión realizada por los organismos que integran el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), actualmente, integrado por 16 provincias  (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán), mientras que  la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, Salta y Tierra del Fuego se encuentran en un proceso de adhesión muy avanzado. Por su parte,  durante el ejercicio 2003, se realizó la instalación del nuevo sistema de información, en 115 organismos del Sector Público Nacional, destinado a la gestión de proyectos de inversión en sus distintas etapas (preinversión, ejecución y operación). Se incorporaron al mismo, 2.148 proyectos por un monto total de $13.631 millones, de los cuales, $5.629 millones correspondieron a la demanda de inversiones para el año 2004. Asimismo, se analizó la factibilidad técnica y económica de 10 programas/proyectos, que se postularon para el inicio de gestiones y/o para la autorización de negociaciones definitivas con organismos internacionales de crédito.

Se confeccionaron informes provinciales, que se generaron a partir de un relevamiento regional, incluyendo entrevistas con el sector privado y el público. Asimismo, se realizó el análisis de las exportaciones por origen provincial, que permitió observar la evolución de la inserción exportadora y el perfil productivo de cada una de las provincias.

El área de análisis de gasto público y programas sociales tuvo como principal función cuantificar y evaluar integralmente el Gasto Público Consolidado (GPC), es decir, el Gasto Público de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). Se elaboraron, entre otros, los siguientes trabajos: Finalización de la versión preliminar del documento Caracterización y Evolución del Gasto Público Social, con información actualizada del 2002 y avances del 2003; Publicación periódica de las series de Gasto Público Consolidado en la página web del Ministerio de Economía; Finalización de la versión preliminar del documento Distribución Geográfica del Gasto Público Consolidado, 1998-2002; Identificación de  los beneficiarios de bienes y servicios públicos a partir de los distintos formularios que conforman la Encuesta de   Condiciones de Vida, 2001 e Informe sobre programas de empleo provincial, con datos actualizados hasta el 2002.

En el marco de la política económica externa,  se abarcaron, entre otros, los siguientes temas: Elaboración de diferentes escenarios (en base a estimaciones de las exportaciones y las importaciones del año 2003), a fin de evaluar el impacto de una flexibilización en los plazos de ingreso y egreso de divisas en el flujo de fondos en dólares del comercio exterior; Estimación del impacto fiscal y sectorial de una eventual compensación de deudas fiscales por devolución de IVA al momento del pago de los derechos a la exportación para ciertos productos; Estimación de los reintegros de impuestos indirectos de cada rama de actividad, a partir de diferentes escenarios; Elaboración de una matriz que permite estimar el nivel adecuado de derechos de exportación (su aplicación concluyó en la modificación de ciertas retenciones); Determinación del grado de protección efectiva de las diferentes ramas de actividad económica, y del impacto de la liberación del tipo de cambio sobre los costos y márgenes sectoriales; Desarrollo de un sistema propio de seguimiento de las liquidaciones de divisas de exportadores, que permite estimar flujos futuros de ingresos de divisas, así como montos y grado de cumplimiento por parte de las empresas exportadoras y bancos comerciales; Elaboración de un proyecto de reglamentación del Régimen de Excepciones del Arancel Externo Común (AEC); Análisis de consistencia y dispersión del Arancel Externo Común por cadenas productivas y Estudio del mercado de la soja, a los efectos de analizar la factibilidad de controlar la expansión de su cultivo.

Para concretar el objetivode compensar el flujo de fondos netos negativos con el Banco Mundial, se realizaron renegociaciones de las condiciones financieras. Debido a operaciones de ajuste gestionadas en el año 1998, durante el año 2003, el país debió afrontar vencimientos con el Banco Mundial por un monto superior a los U$S 3.300 millones. Sin embargo, el déficit neto del flujo de fondos con el Banco Mundial se habría ubicado en u$s 1.350 millones al 31/12/2003.

Por su parte, para  compensar el flujo de fondos netos negativos con el Banco Interamericano de Desarrollo se renegoció el Programa Sectorial de Protección Social y Reducción del Impacto del Ajuste Fiscal sobre la Pobreza I por u$s 1.500 millones, como así también el Programa Sectorial de Protección Social y Reducción del Impacto del Ajuste Fiscal sobre la Pobreza II por u$s 400 millones. Con los desembolsos de estos dos programas se compensaron los flujos de capital con el Banco.

En cuanto a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento de los Organismos Multilaterales de Crédito de los que la Nación forma parte, se efectivizó el  ingreso de nuestro país a la Corporación Andina de Fomento (CAF) con la suscripción de 2.380 acciones de la serie  “C” por un valor total de U$S 24.990.000, a pagar en 3 cuotas anuales e iguales. Con ello, se logró la implementación del programa "Corredores Viales de Integración por un monto total, durante la primera fase, de U$S 242.890.000. El objetivo es mejorar la red nacional de transporte para lograr una mayor integración de las diferentes regiones del país entre sí y con los países de América del Sur, cumpliendo con los objetivos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica -IIRSA- acordada a nivel presidencial en octubre de 2000.

Con el Banco Interamericano de Desarrollo se negoció el Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro por un monto de u$s 51,9 millones cuyo objetivo es contribuir a que las PyMEs de la provincia mejoren su participación en los mercados internacionales en un entorno institucional público-privado fortalecido. Asimismo, se aprobó el Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de la Provincia de Salta,  por un monto de u$s 34,1 millones, para contribuir al desarrollo productivo de la provincia, mejorando la infraestructura social y promoviendo el fortalecimiento de la gestión fiscal.

En el marco del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), se aprobó un préstamo destinado a estudios de preinversión y ejecución de obras relativas al “Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe”. También se participó en la identificación, diseño y negociación de un crédito destinado a enfrentar la emergencia provocada por las inundaciones en la Provincia de Santa Fe. Asimismo, se gestionó, entre otros, el financiamiento del "Mejoramiento y Optimización de la Gestión de los Residuos Sólidos en el Area Metropolitana de Buenos Aires" a ser ejecutado por el CEAMSE y el crédito destinado a un "Nuevo Sistema de Abastecimiento de agua potable a las Zonas Centro Sur de Salta Capital".

Programa: Multisectorial de Preinversión II Préstamo 925/OC-AR

El objetivo de este programa es promover el desarrollo local y regional y/o la reactivación de sectores productivos.

Durante el 2003 se puso en plena vigencia el Manual de Procesos de Gestión y Control, previéndose efectuar el análisis de su operatividad durante el primer semestre de 2004. El detalle de los estudios efectuados se presenta a continuación:

Estudios terminados técnicamente durante el  primer semestre del año 2003 

Estudios terminados técnicamente durante el II semestre del año 2003 

Por su parte, los estudios en ejecución al 31/12/03 son 24, por un monto total de u$s 3.377.616

Programa: Servicio Estadístico

El objetivo del programa es la generación de datos estadísticos, que permitan a la sociedad conocer la realidad socioeconómica, del país en su conjunto y de las provincias, con la mayor exactitud posible. La ejecución se lleva a cabo coordinadamente con las provincias y los municipios.

-en pesos y magnitudes físicas-

Cabe destacar que el desvío positivo en los ejemplares, se debió a que se realizaron publicaciones que no estaban previstas en el calendario de difusión, como es el caso de “Complejo del Mercosur y Chile 2004” que influyó como consecuencia de su gran tiraje. Por su parte, durante el 2003, se registró un incremento de publicaciones de aproximadamente el 28 % con respecto al ejercicio anterior, mientras que el grado de cumplimiento del calendario, que anticipa las salidas de las informaciones de prensa, fue del 95%.

En el área de Indices de Precios de Consumo se trabajó en las siguientes tareas:

• Indice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA), base 1999=100. La información básica son los precios al consumidor de los 818 bienes y servicios seleccionados que conforman la denominada canasta del índice. La muestra de informantes alcanza a 8.000 y se obtienen aproximadamente 100.000 precios por mes.
  

• Indice de Precios al Consumidor Nacional: Con el fin de extender la cobertura geográfica del IPC-GBA, el INDEC, con la cooperación de las Direcciones Provinciales de Estadística, comenzó a desarrollar el IPC nacional. Durante 2003, entre otras tareas, se realizó la captura de precios previa al período base, se obtuvieron las canastas definitivas, se realizó el análisis y control de los precios capturados, se desarrolló el sistema de cálculo y se realizó el cálculo provisorio del mismo.
  

• Armonización de índices de precios de consumo para los países del Mercosur y Chile (IPCA):  Durante el ejercicio 2003,  se realizó el cierre definitivo de la propuesta de clasificación,  se recalculó la estructura de ponderaciones de la canasta armonizada y se celebró una reunión del grupo en Buenos Aires, donde se establecieron los lineamientos para la elaboración del documento final que incluirá las pautas metodológicas y los cálculos del IPC Armonizado para enero 1999 a diciembre del 2003.
  

• Comparaciones internacionales (Comisión Económica para América Latina-Cepal-, Oficina de Estadística de Canadá -StatCan- y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF): el objetivo es suministrar una serie de deflactores (paridades de poder adquisitivo-PPA) que permitan comparar el Producto Bruto Interno (PBI) de cada uno de los países de la región, y luego compararlos con el PBI de otros países del mundo  teniendo en cuenta las líneas de pobreza nacionales.
  

Asimismo,  se realizó la comparación y la armonización de los ingresos captados en las encuestas del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), mediante la reformulación y modificación de la captación de los ingresos  tomados en la Encuesta Permanente de Hogares, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares y la Encuesta sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. Por otra parte, se llevó a cabo la elaboración de la metodología y el cálculo del componente del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del sector privado no registrado,  y se obtuvo mensualmente el índice del salario horario del sector privado no registrado para el CVS.

También, se concluyó el relevamiento de la Encuesta Nacional a Municipios, que en esta oportunidad abarcó a 55 municipios, correspondientes a las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fé y La Rioja. Paralelamente, se implementaron procedimientos complementarios para la obtención de datos necesarios para el cálculo de los indicadores.

Programa: Censo Nacional Agropecuario

Con respecto al Censo Nacional Agropecuario, en  marzo del 2003, se presentaron los resultados provisionales para el total del país y provincias, en el mes de agosto se publicó el cuadernillo de la serie I de resultados generales  y se cumplió con el diseño del plan de difusión de los resultados definitivos, la elaboración  de los cuadros nacionales y la primera prueba de salida de los mismos. Asimismo, se inició la implementación del Sistema Nacional de Estadísticas Ambientales en colaboración con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se definieron grupos de indicadores de aspectos ambientales.

Programa: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda

Durante el año 2003, se implementó la segunda etapa de la encuesta vinculada al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda referida  a discapacidad. El relevamiento incluyó a las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero y se elaboraron los tabulados para su difusión.

Por su parte, se relevó, codificó y procesó la información vinculada  al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas referida a migraciones. Además, con referencia a la encuesta referida a pueblos indígenas, se conformaron los grupos de trabajo a nivel nacional, se diseñó el cuestionario, los manuales de capacitación y se seleccionaron las muestras para iniciar el primer relevamiento en la región patagónica.

Secretaría de Finanzas

Programa: Finanzas, Bancos y Seguros

Las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 2003 fueron:

• En las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se tuvo especialmente en cuenta, que el desarrollo de las mismas no conspiraran contra los logros en materia de estabilidad económica, financiera y cambiaria, que aconsejaba entre otras cosas, cuidar el nivel de Reservas Internacionales (brutas) en el Banco Central de la República Argentina, no afectar el crecimiento del Producto Bruto Interno y el nivel de superávit primario logrado. En dichos acuerdos quedaron establecidas las pautas para normalizar financieramente el Sector Público comprometiéndose ese organismo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) a desembolsar importes equivalentes a los vencimientos del año. Asimismo, durante el presente año se comenzaron a atender regularmente los servicios de los bonos entregados para sanear el sistema financiero, constituyendo de esta forma un conjunto de títulos públicos exceptuados de la cesación de pagos, circunstancia ya reflejada por las agencias internacionales de calificación de riesgo crediticio. Ello apuntó a restablecer la normalidad en el mercado de capitales, necesario para el funcionamiento eficiente de la economía.
  

• Durante la realización de la asamblea anual de gobernadores del FMI y el BM (llevada a cabo en  DUBAI en la segunda quincena de septiembre), el gobierno anunció los lineamientos básicos para una oferta de reestructuración de su deuda.  En líneas generales lo anunciado consistió en  un menú de opciones a diseñar que deberá producir una reducción general del 75 % del stock nominal de la deuda elegible. También se aclaró que ese nivel de reducción es compatible con el no devengamiento de los intereses atrasados desde el momento del default hasta la fecha en que se cierre el acuerdo con los tenedores de bonos. En este aspecto se mantuvieron reuniones con acreedores de diversos países, tanto en Argentina como especialmente en el exterior, a fin explicarles la situación local, y los pasos a seguir en las negociaciones, con el fin de reestructurar la deuda pública externa. Asimismo se avanzó en el proceso de selección de los asesores financieros internacionales, para la implementación de la propuesta de la reestructuración  y  se desarrolló una intensa tarea de difusión y contacto con la comunidad financiera internacional, apoyadas por las Representaciones Financieras Argentinas con sede en las ciudades de Londres, Tokio  y Washington, D.C.  Del mismo modo se realizó el seguimiento de las acciones judiciales contra el país en tribunales internacionales, estableciéndose mecanismos de identificación de las demandas.
  

• En el marco del reordenamiento del Sistema Financiero Argentino, se remitió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de Ley para disponer la compensación a los bancos por la actualización asimétrica (CER-CVS), mediante la entrega de un bono en pesos con vencimiento en el año 2013. Por otra parte, también se trabajó junto con el Banco Central de la República Argentina en el diseño del esquema para la liberación total de los depósitos que habían quedado reprogramados en las entidades financieras (aproximadamente el 20 % del total de los depósitos). Asimismo, se lograron avances en el proceso de reforma del sistema financiero, con la creación de la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero.
  

• En lo atinente a la reestructuración de la deuda pública provincial y municipal, se puso en marcha el Programa de Unificación Monetaria. Asimismo, se participó en la instrumentación del procedimiento de rescate de las cuasimonedas provinciales a través de dos bonos: el 2011 y el 2013 en pesos, ambos a 10 años con una tasa de interés del 2% anual más el Coeficiente de Estabilización de Referencia y se procedió a la paulatina eliminación de las mismas reemplazándolas por moneda nacional de curso legal, incluyendo las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Al 31/12/03 se rescató un total de 6.500 millones de cuasimonedas, restando únicamente una porción de LECOP y otra de PATACONES.
  

• Se revisó la estructura legal de la actividad aseguradora del mercado de salud y agropecuario, propiciando la modificación de la ley de referencia a efectos de incorporar instrumentos regulatorios necesarios para actualizar la legislación vigente.
  

• Se implementaron diversas acciones, en el marco de los Programas de Propiedad Participada, a fin de liquidar el beneficio que aprueba al personal en relación de dependencia de YPF S.A. al 1 de enero de 1991. A dichos efectos, se coordinó con YPF S.A. y con el Banco de la Nación Argentina, la obtención de las bases de datos sobre el personal beneficiario y el procesamiento de dichos datos, con el fin de obtener el listado de beneficiarios y los montos de beneficios individuales, conforme a las pautas de la Ley 25.471.
  

Secretaría de Hacienda

Programa: Administración Financiera

El programa se desarrolló a través de las siguientes actividades:

Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario. La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) es el órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional. Para dar cumplimiento a esa función se continuó con el proceso de actualización del sistema presupuestario, con el objeto de optimizar las etapas de formulación, modificaciones presupuestarias, programación de la ejecución y evaluación del mismo. Las acciones llevadas a cabo en el  2003, entre otras, fueron:

• Coordinación ejecutiva de las actividades establecidas en el cronograma de formulación del Presupuesto Plurianual 2004-2006.
  

• Análisis de los anteproyectos de presupuesto de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional y confección final del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2004, el cual fue elevado el 16 de septiembre del 2003 al Honorable Congreso de la Nación, conforme a los plazos previstos.
  

• Elaboración del Presupuesto Plurianual 2004-2006, elevado al Honorable Congreso Nacional en noviembre de 2003.
  

• Elaboración del Presupuesto 2004 de los Fondos Fiduciarios, las Empresas y Sociedades del Estado y otros entes del Sector Público Nacional no financiero.
  

• Elaboración del Presupuesto Consolidado del Sector Público para el año 2003, según lo establecido por el artículo 55 de la Ley N° 24.156.
  

• Confección del capítulo correspondiente a la Evaluación Anual de Resultados de la Gestión Gubernamental de la Cuenta de Inversión para el ejercicio presupuestario 2002, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 24.156. Este documento, presentado al Honorable Congreso de la Nación, contiene los comentarios sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto para los programas de la Administración Nacional.
  

• Colaboración en la gestión de los programas de emergencia social, proveyendo propuestas y soluciones desde área administrativo-financiera, a fin de obtener el financiamiento presupuestario de dichos programas prioritarios.
  

• Participación en los equipos técnicos que mantuvieron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
  

• Programación de las cuotas de compromiso y devengado, y análisis y elaboración de dictámenes sobre proyectos de modificaciones presupuestarias que, en un contexto financiero altamente restrictivo, favorecieron la coordinación de la ejecución global del gasto de la Administración Nacional de forma sustentable en el mediano plazo, y compatible con las prioridades de política social establecidas para 2003.
  

• Capacitación de 2.138 funcionarios de la Administración Pública Nacional y de países de América latina y del Caribe, a través de 67 cursos, seminarios y talleres realizados durante el año 2003 coordinados por el Centro de Capacitación y Estudios perteneciente a la Secretaría de Hacienda.
  

• Facilitamiento a los ciudadanos y a los organismos de la Administración Nacional de la divulgación, utilización o consulta de aplicaciones informáticas, actos administrativos, manuales de usuario e información fiscal, utilizando el correo electrónico como medio de comunicación y la página de Internet como medio de publicación.
  

Generación y Análisis de Información Financiera, a cargo de la Contaduría General de la Nación. Merecen destacarse las siguientes acciones:

• Elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2002, que incluyó la incorporación de transacciones validadas con el Sistema Integrado de Información Física (SIDIF), el análisis de la deuda pública, el análisis de la consistencia de los estados contables de los organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, universidades, empresas y sociedades del Estado, y la elaboración de los estados contables de la administración central.
  

• Revisión permanente de la operatoria relacionada con la reingeniería del SIDIF Central, como asimismo la implantación del Sistema Local Unificado de Información Financiera (SLU).
  

• Incorporación del sitio propio de la institución en Internet, a través del cual todo ciudadano cuenta con la posibilidad de formular consultas sobre información financiera además de acceder a diversos informes.
  

• Incorporación de cambios en el registro de transacciones del SIDIF central, reflejadas en: la profundización del análisis metodológico del rediseño de la matriz de contabilidad y del Plan de Cuentas de la Contabilidad General, para todos los organismos de la administración central; la consideración de un nuevo tratamiento para el registro de operaciones sin movimiento de fondos tanto en los ingresos como a los egresos; la posibilidad de registrar en función de diferentes medios de percepción (títulos, documentos, etc.)
  

• Cumplimiento del plan de auditorías sobre el SIDIF Central, que incorporó el apoyo y control de los nuevos módulos reingenierizados.
  

• Implementación del ajuste por inflación de los estados contables, a  los efectos de reexpresarlos en moneda homogénea, con la correspondiente capacitación realizada en la materia tanto para organismos descentralizados como para universidades nacionales.

Programación y Administración de Ingresos y Pagos. La Tesorería General de la Nación, órgano rector en la materia, realizó durante el 2003 las tareas que le son atinentes.  En tal sentido:

• Se concretó la administración del Sistema de Cuenta Única del Tesoro a través de los módulos de recursos, programación y pago, cubriendo las fases financieras y de registro.  Para ello contó, entre otras herramientas, con el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, interviniendo en su ejecución a través de las cuotas asignadas en consonancia a los créditos presupuestarios devengados.
  

• Se desarrolló e instrumentó un procedimiento para el registro contable de la operatoria del rescate de las cuasimonedas dentro del denominado Programa  de Unificación Monetaria.
  

• Se elaboraron las proyecciones de programación financiera para los distintos períodos en que opera dicha información, en base a datos propios y aquellos surgidos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
  

• Se coordinaron  los aspectos funcionales y de desarrollo del Sistema Local Unificado, participando en la instalación del mismo en distintas reparticiones de la Administración Nacional.
  

• Se promovió la instalación del Sistema de Boleta Única de Ingresos en los organismos de la Administración Pública Nacional, habiéndose realizado tres instalaciones del producto.
  

• Se continuó con mejoras en el parque informático y la actualización del sitio en Internet, que contiene información institucional e indicadores de gestión financiera.
  

Instrumentación de la Política Salarial para el Sector Público. Bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, intervino  en las distintas propuestas de modificación estatutaria, escalafonaria o convencional.

En relación con la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, se realizó el mantenimiento y administración de la base de datos que procesa y ordena la información existente, relacionada con oficios judiciales, dictámenes y notas técnicas vinculadas con la interpretación y aplicación de la política salarial dispuesta para el Sector Público.

En cuanto al Registro de entidades participantes del régimen de deducción de haberes creado por Decreto Nº 691/2000, se continuó con la inscripción de entidades solicitantes y la interpretación sobre la aplicación de los códigos.

La administración y coordinación de la base ocupacional y salarial del Sector Público, permitió disponer de un sistema estable y actualizado, con prestaciones en los aspectos señalados, a través de la explotación de los datos de la mencionada base y difundido por medio de publicaciones en el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda, en Internet. Por su parte, durante el ejercicio 2003, se incorporaron a dicha base las universidades nacionales, mediante una tarea conjunta con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Coordinación Informática de la Administración Financiera. Se desarrollaron las siguientes acciones en este ámbito:

• Registro de  559 nuevos requerimientos para el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) Central ingresados en el año. Durante 2003, se resolvieron 575 quedando pendientes 311. Comparado con el ejercicio anterior, disminuyeron los requerimientos en un 50,7%.
  

• Reingeniería total de módulos claves del SIDIF Operativo, cumpliendo con las actividades de análisis global y detallado, construcción, control de calidad de construcción, prueba de aceptación de usuario, entre otras.
  

• Se realizaron 16 réplicas de SIDIF SLU (Sistema Local Unificado) que consistieron en el armado de equipamiento, instalación de software de base y aplicativos; soporte al grupo de réplica desde el período de capacitación hasta el fin del acompañamiento en el servicio administrativo financiero. Para el SIDIF de la administración central se registraron, en el año, 265 nuevos requerimientos y se resolvieron 272 quedando pendientes 165. Para el SIDIF de organismos descentralizados, se registraron 223 nuevos requerimientos, se resolvieron 230 y quedaron pendientes 119, en este caso particular, se incrementó la cantidad de requerimientos en función de la decisión de reemplazo por el SLU.
  

• Implantación de la nueva versión del sistema de comunicaciones TRANSAF (transmisión de datos vía modem), brindando atención a usuarios y mantenimiento del sistema. Se implementó en 50 organismos, logrando una reducción de costos del 90% e importantes mejoras funcionales y de seguridad.
  

• Se asistió técnicamente al personal informático de los organismos rectores responsables de diversos sistemas relacionados con el SIDIF Central, tales como el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU),  el Sistema de Contratación de Bienes y Servicios (SICON) y el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN). Ingresaron 2.561 nuevos requerimientos para el área de soporte técnico y se resolvieron 2.564, quedando pendiente 9. Se brindó asistencia técnica a todas las oficinas de la Secretaría de Hacienda en todo lo referente a la óptima utilización de los recursos micro informáticos, y se realizaron, directamente o a través de proveedor externo, servicios de mantenimiento de hardware y software, así como la instalación de nuevo equipamiento.
  

Programa: Programación Regional y Relaciones con Provincias

Las funciones principales que realiza el programa se basan en la coordinación de los aspectos fiscales, económicos y financieros entre el Gobierno Nacional y los Sectores Públicos Provinciales y Municipales.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) se abocó, durante el ejercicio 2003, a la consecución de tres objetivos principales: las tareas relacionadas con el rescate de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), el canje de deuda provincial, y ordenamiento  de las finanzas provinciales.

En el marco del canje de la deuda pública provincial, se reabrió el proceso de canje y se reformularon las condiciones financieras de la operatoria.  Se reconoce como antecedente inmediato lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo Nación - Provincias, ratificado por Ley N° 25.570. En este sentido, las jurisdicciones que desearan renegociar sus deudas debían encomendarla al Estado Nacional para que éste las asumiera en su nombre a cambio de la cesión de hasta el 15% del total de los recursos que les corresponden por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El 75% del total de jurisdicciones ingresaron al programa, obteniendo para sí una importante reducción en el valor actual de su deuda, una mayor extensión de plazos y una reducción en la tasa de interés. Del monto sujeto a conversión, a diciembre del 2002, unos $ 27.400 millones se instrumentaron mediante el Bono Garantizado (BOGAR), mientras que el remanente es reestructuración de deuda respaldada con activos propios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, refinanciadas en las mismas condiciones de los BOGAR, para la que no se han emitido títulos. Al momento del cobro por parte del Estado Nacional, vía descuento de los recursos cedidos por las Jurisdicciones, esta deuda se encuentra primera en orden de prelación.  El total de deuda renegociada en el marco del Dto. Nº 1579/02 representada en BOGAR alcanza al 89%.

Deuda con canje a Diciembre 03 
(cifras expresadas en miles de pesos)

Fuente: Ministerio de Economía - Datos preliminares

Adicionalmente, se dispuso la reapertura del proceso de conversión de deudas de origen municipal. Este proceso, al 31/12/03, se encontraba  en ejecución. Por lo tanto, el monto correspondiente a deuda en bonos garantizados se incrementará por la cuantía que represente la deuda municipal reconvertida. Las jurisdicciones provinciales, que asumieron deuda municipal para reconvertir, son las siguientes: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén y Tucumán. El monto estimado del total de esta deuda ascendía a diciembre de 2003 a $ 485,5 millones.

Por su parte, en cumplimiento de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, que declaró la necesidad de rescatar los bonos con características de cuasimoneda emitidos por las jurisdicciones provinciales, se creó el Programa  de Unificación Monetaria en abril de 2003. El proceso de rescate, cuya culminación se dio en diciembre de 2003, fue creado e instrumentado por el Decreto N° 743/03, previsto para las provincias de Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, La Rioja y Tucumán. Cabe aclarar que, por el artículo 1° del Decreto N° 957/2003 se incluyó en el Programa de Unificación Monetaria, a las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Dentro del grupo de provincias en las cuales circulan las cuasimonedas, sólo La Rioja y Mendoza decidieron no participar del Programa de Unificación Monetaria. El estado de situación del Programa de Unificación Monetaria al 31 de diciembre de 2003, fecha de su finalización mostró las siguientes características:

Con respecto al Programa de Financiamiento Ordenado del ejercicio 2002 se continuó con la firma de acuerdos bilaterales Nación – Provincia con 15 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan y Tucumán. El programa permitió a las provincias firmantes contar con financiamiento orientado a atender: el financiamiento del déficit en el Resultado Financiero –base caja-, neto de intereses de Organismos Multilaterales de Crédito; servicios de amortización e intereses de préstamos directos o a través de programas nacionales, con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito; servicios de amortización de la deuda no susceptible de ser encomendada para su renegociación al Estado Nacional, correspondientes al año 2003 y eventualmente atrasos salariales y reducir en forma progresiva deuda flotante. Las jurisdicciones provinciales, se comprometieron a implementar un plan de ordenamiento de las finanzas provinciales con metas de cumplimiento de resultado financiero base devengado.  De acuerdo a la información de cierre provisoria remitida por cada jurisdicción, todas ellas cumplirían la meta pautada.

El préstamo que la Nación otorgó a las provincias se efectivizó: a) en desembolsos periódicos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y b) a través de atención directa de los servicios de deuda con los Organismos Multilaterales de Crédito en razón de programas de financiamiento con destino a la Provincia, que efectuó el Tesoro Nacional.

Para garantizar el reembolso del préstamo, las provincias cedieron a la Nación los derechos a percibir los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos conforme a lo dispuesto en el acuerdo Nación – Provincias ratificado en la ley Nº 25.570.

Programa: Administración de la Política Tributaria

Las tareas bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Ingresos Públicos se concentraron en los proyectos de leyes, decretos y resoluciones elaborados durante el ejercicio 2003, el asesoramiento prestado a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y las colaboraciones realizadas al Poder Legislativo, así como las representaciones llevadas a cabo en organismos internacionales.

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Programa: Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa

El objetivo del programa, a cargo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional  (PyMEyDR) es asistir,  diseñar, implementar y supervisar  acciones conducentes a lograr mayor competitividad de las unidades productivas pequeñas de todo el ámbito nacional.  Dicho propósito se complementó con la promoción del empleo sustentable a través de programas productivos.

De acuerdo a los mecanismos de apoyo al sector se mencionan:

Crédito fiscal: Las PyMEs que inviertan en capacitación pueden solicitar este beneficio impositivo que les permite recuperar, una vez aprobado el proyecto de capacitación, dichas erogaciones a través de un Certificado de Crédito Fiscal de libre transmisibilidad por endoso que permite cancelar tributos (IVA y Ganancias) cuya recaudación y fiscalización está a cargo de  la Administración Federal de Ingresos Públicos. Durante el ejercicio 2003 se llamó a la presentación de proyectos con el fin de adjudicar un monto de reintegros por $12 millones. En la primera convocatoria se asignaron $6.344.860,76 y en la segunda convocatoria $5.655.139,24. Los reintegros incluyen honorarios por capacitación y tutoría presencial, sin impuestos; honorarios en concepto de monitoreo docente de los participantes en cursos de capacitación con metodologías semipresenciales y/o a distancia (sin impuestos), y gastos efectuados en la certificación y legalización de documentación referida al proyecto de capacitación.

Consejeros empresarios para la reconversión: Es un servicio de asesoramiento gratuito para la dirección competitiva de las empresas. Son beneficiarios las personas físicas, titulares o gerentes que formen parte de micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen iniciar un emprendimiento productivo o se encuentren ejecutándolo y soliciten el servicio.

Apoyo a la reestructuración empresaria (PRE): El PRE beneficia a las empresas PyME subsidiando hasta el 50% de proyectos de asistencia técnica que incluyan servicios tales como: estudios de mercado externo e interno, desarrollo de nuevos productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, planes comerciales, certificación de normas de calidad, etc., y que estén orientados a fortalecer su competitividad en áreas tales como: proyectos de exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y proveedores, promoviendo la asociatividad necesaria, potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el mercado. Durante el segundo semestre del 2003, el PRE se encontró abierto para la presentación de proyectos bajo la modalidad de Proyectos Asociativos (PDAs) y Proyectos Individuales Focalizados (PDEs).

Sociedades de garantía recíproca (SGR): Es una estrategia asociativa entre PyME y el Estado o grandes empresas, para facilitar el acceso al financiamiento de aquellas a través del otorgamiento de garantías, con el apoyo de incentivos fiscales explícitos que hacen viable el sistema para las partes involucradas. A los efectos de su constitución, toda SGR deberá contar con un mínimo de ciento veinte socios partícipes. El capital social está compuesto por los aportes de los socios y se representan en acciones ordinarias normativas de igual valor y número de votos.  El capital mínimo para su constitución es de $ 240.000.- ($ 1000.- por PyME). La participación de los socios protectores no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo. La SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.  Hasta el 31/12/03 se autorizaron 11 SGR ((Garantizar S.G.R (B.N.A), C.A.E.S.S.G.R.,  Avaluar S.G.R.,  Macroaval S.G.R., Afianzar S.G.R., Azul PyME S.G.R., Libertad S.G.R., Intergarantías S.G.R .,  Propyme S.G.R., Agroaval S.G.R.,   Solidum S.G.R  (Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.) ).

Crédito italiano: el gobierno italiano a través de la Subsecretaría PyME, otorgará préstamos por un monto total de 75 millones de euros. Los créditos estarán destinados a compras de equipamiento, materias primas, insumos, patentes y  consultoría. Los montos de los préstamos irán de 25.000 a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de  devolución de hasta 10 años con hasta 3 de gracia y una tasa máxima estimada en el 5,2 % anual. El comité técnico evaluador (integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Economía y Producción; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) dará prioridad a proyectos que favorezcan la creación de puestos de  trabajo, que se desarrollen en zonas con alto índice de desocupación, que utilicen materias primas locales,  que ocupen a jóvenes y mujeres y que incorporen tecnologías compatibles con el medio ambiente. Al 31/10/03 culminó la revisión de los proyectos presentados al primer llamado (31/10/02). Se ha revisado un total de 378 presentaciones, de las cuales se enviaron 94 actuaciones al Banco de la Nación Argentina para que, como banco agente del programa, elabore el correspondiente estudio de viabilidad para otorgar el crédito. En ese marco, ya se enviaron a Italia 5 proyectos para que la institución intermediaria, el Mediocrédito Centrale, proceda con las tareas requeridas para iniciar los desembolsos. Se estima que los primeros desembolsos se efectuarán a finales del primer trimestre de 2004. Asimismo, se comenzaron las tareas de evaluación de los proyectos presentados en el segundo llamado, que venció el 3/11/03. Se presentaron 370 solicitudes de crédito por un monto de $ 774 millones.

Fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa (FOGAPyME): Su objeto es otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca y ofrecer garantías directas, hasta el 25 %, a las micro pequeñas y medianas empresas y formas asociativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las mismas.

La administración del Fondo está a cargo de un Comité de Administración integrado por dos representantes (titulares y alternos) del Ministerio de Economía y Producción, Banco de la Nación Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. El aporte inicial de $100.000.000 está a cargo del Estado Nacional.

Fondo nacional de desarrollo para la mipyme (FONAPyME): se dispuso el llamado a concurso por $ 40.000.000, para la presentación de proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas existentes o a ser creadas, o por formas asociativas constituidas exclusivamente por éstas, que deseen obtener financiamiento para la realización de inversiones que creen o amplíen la capacidad productiva de la empresa o introduzcan nuevos productos, servicios o procesos que mejoren en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento de dichas empresas. Asimismo, tendrán prioridad en la asignación de los recursos aquellos proyectos que estén orientados al mercado   interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que contemplen un alto impacto en el  desarrollo regional y generación de empleo. Los montos máximos a financiar por proyectos individuales y proyectos asociativos son de $ 200.000  $ 300.000, respectivamente, con una  tasa de interés   mensual variable a fijar cada mes por el CI (referencia: el 50% de la Tasa de Cartera General del BNA). El monto total del proyecto a financiar es de hasta el 70 %, y la amortización  es hasta 3 años  con un período de gracia de 12 meses.

Se recibieron 876 proyectos para acceder al FONAPyME, por un monto  total de $64.793.554, en el marco del llamado a concurso  público que venció el 5 de mayo del 2003. Durante el segundo semestre, se decidió lanzar un amplio Plan de  Fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Regional, en su carácter de instituciones  responsables de la recepción y control de la documentación respaldatoria que deben presentar los solicitantes. En ese sentido, del total de 876 proyectos  presentados, 694 fueron rechazados (por un monto de $49.641.263)  y sólo 47 fueron aprobados por un monto de $3.683.489, mientras que 135 se encuentran sujetos a revisión (por un monto de $11.468.802).

Crédito a la micro y pequeña empresa (Mypes II): En el marco de la reformulación del programa global de crédito, se aprobó la creación de fideicomisos con el objeto de poner en marcha nuevamente dicho programa (MyPEs II).  Al 31/12/03 se estaba trabajando sobre los aspectos administrativos, operativos y legales necesarios para instrumentarlo. El destino de crédito será para la financiación de inversiones y/o capital de trabajo para actividades de producción, comercio y servicios que a juicio del fiduciario y del banco sean técnica, económica y financieramente viables. El monto máximo del préstamo por empresa no podrá superar U$S 1.000.000.-, siendo el plazo máximo para su devolución de 12 meses; sin perjuicio de ello, se podrá autorizar al financiamiento de inversiones en activos fijos hasta un plazo máximo de siete años, incluidos hasta tres de gracia.

Fondo nacional para la creación y consolidación de microemprendimientos (FoMicro): Destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes.  Además del crédito a baja tasa y a sola firma, se dispondrá (a través de una red  de organizaciones sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brindará capacitación, asesoramiento, orientación y todo aquello que permita asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas. El proyecto estará a cargo de las organizaciones sociales y populares. El financiamiento contempla un monto máximo de $30.000 ($3.000 por integrante) y un monto mínimo de $3.000, siendo la tasa del 7 % anual y el plazo de 48 meses con hasta seis meses de gracia. Al cierre del ejercicio 2003 se recibieron 560 propuestas de organizaciones sociales de todo el país.

Bonificación de tasa de interés: Durante la primer parte del año 2003, el Ministerio de Economía  y Producción llamó a licitación de bancos para adjudicar una bonificación de tasa del 3%, por un monto total de $100 millones en créditos para capital de trabajo, adjudicándose la licitación 14 bancos privados, con una tasa promedio de 9,61% por un monto de aproximadamente $ 17,5 millones, con destino de descuento de activos autoliquidables.

Por su parte, el gobierno nacional amplió el régimen de bonificación de tasas de interés para los créditos destinados a Pymes y microempresas –régimen actualmente vigente a través de la  Subsecretaría PyME-, incrementando ese subsidio de 3 a 8 puntos porcentuales, con un monto total de $500 millones. La modificación tuvo el fin de disminuir el costo del crédito de acuerdo a las nuevas circunstancias planteadas por el escenario económico actual, y atender a la necesidad de ampliar el uso del crédito “en la presente etapa de recuperación económica”. En ese sentido, se llamará a nuevas licitaciones, para la adjudicación de su ampliación, a todas las instituciones financieras de acuerdo a las modalidades que se determinen en cada caso.

Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior

La política desarrollada durante el año 2003, buscó promover la expansión de las actividades productivas internas, orientadas principalmente al comercio exterior.

En ese sentido, las acciones fueron enfocadas hacia una mayor  apertura económica,  a través del incremento del comercio internacional, y la definición y consolidación de estrategias en el marco del Mercosur, mediante la verificación y perfeccionamiento del funcionamiento de los instrumentos de comercio exterior, aplicado tanto a las exportaciones, como a las importaciones.

-en pesos y magnitudes físicas-

La Ley de Zonas Francas N° 24.331, dispone, en términos generales, la habilitación de 24 zonas francas, una en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos. En cuanto a los plazos de inicio en la ejecución de las obras, una vez formalizado el convenio entre la nación y las provincias se modificó el tiempo de caducidad del derecho de establecimiento de la zona franca de que se trate, de 18 meses a 10 años. Actualmente, se encuentran operativas nueve zonas francas : La Plata (Buenos Aires), Justo Daract ( San Luis), Cruz Alta (Tucumán), Córdoba (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza), General Pico (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut), General Güemes (Salta) y  Puerto Iguazú (provincia de Misiones), no habiéndose habilitado ninguna nueva en 2003.

El régimen de admisión temporaria de insumos posibilita la importación de mercaderías destinadas a ser objeto de perfeccionamiento industrial para mejorar su calidad o competitividad en el mercado externo, con la obligación de ser exportadas en la nueva forma resultante, para consumo en otros países. Los certificados de tipificación y clasificación emitidos abarcaron productos de distinta naturaleza, tales como cueros vacunos curtidos y confecciones en cuero, especialidades medicinales, automotrices, alimentos y textiles. La demanda de los certificados está determinada por las exportaciones concretadas por el sector privado, en directa relación con los requerimientos de certificación. El Sistema Generalizado de Preferencias consiste en la emisión de certificados de origen para aquellos productos exportados bajo el régimen, que se encuentran incluídos en los listados elaborados por los países otorgantes del beneficio.

En el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 502/ 95, se realizaron auditorías a las empresas beneficiarias del Régimen de Importación  de Bienes Integrantes de Proyectos para la Instalación de Nuevas Plantas Industriales, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del régimen.

Asimismo, según lo dispuesto por la Ley 24.402, se analizaron las solicitudes de las empresas a efectos de acceder al beneficio del financiamiento del IVA consistente en que el Estado se hace cargo de hasta el 12% (TEA) de un crédito que el beneficiario puede obtener por el equivalente al IVA pagado por la compra o importación de bienes de capital.  Las condiciones imperantes durante el año 2003, imposibilitaron el ingreso al crédito, motivo por el cual las empresas no completaron la información y documentación requerida para la conclusión del trámite.

Programa: Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria

El objetivo de este programa consiste en afianzar la mejora de la competitividad de la industria nacional, en un marco institucional de  libertad de mercados y un modelo de organización industrial que debe integrarse en el mundo. A tal efecto, su énfasis está dirigido hacia la especialización, en pos de obtener productos de mayor valor agregado.

Se pretende incrementar la llegada del programa a toda la industria con el propósito de modificar problemas de gerenciamiento, adecuación costo- producto, financiamiento, procesos productivos, comercialización y competitividad en general, tratando de generar una reconversión industrial, un incremento de las exportaciones y una mayor ocupación de mano de obra.

-en pesos y magnitudes físicas-

La mayor ejecución observada en la habilitación de nacionales en el régimen automotor, se debió a que entró en plena vigencia la emisión de certificados de Licencia de Configuración de Modelos (LCM) y de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Asimismo, en la proyección anual no se había estimado el volumen de expedientes presentados para tramitar las excepciones de CHAS y LCM.

La menor cantidad de certificados expedidos para la habilitación de importados  en el régimen automotor  se debió al dictado de la Ley N° 25.660, que autoriza la importación de vehículos importados para ser utilizados por las Asociaciones de Bomberos dejando de tener intervención la Subsecretaría de Industria, y a la poca importación de vehículos dada la devaluación monetaria.

Con respecto al plan canje automotor, los expedientes que ingresan se refieren al pedido del beneficio fiscal. Si bien el régimen está terminado, quedan pretensiones de las beneficiarias por operaciones de compra y venta que en su momento fueron observadas por incompletas, por temas de precios, registrales, desórdenes de fechas, categoría de camiones y otras causas. Debido a que la entrega de bonos está suspendida, los expedientes conformados, se acreditan en la cuenta de la terminal correspondiente hasta tanto se reinicie la entrega de bonos.  Esto significa que las empresas siguen presentando solicitudes de reintegro que se acumulan e implican un cargo devengado a futuro que no se está efectivizando en el presente.

Por su parte, la baja ejecución en reintegros para la compra de autopartes nacionales  se debió a que las solicitudes de bonos no se hicieron en el ritmo previsto, como consecuencia de la magnitud de la documentación que se debía acompañar  a las mismas. Las primeras presentaciones fueron desordenadas, incompletas y con faltas de consistencia, por lo cual aún se trabaja para subsanar deficiencias. Por su parte, la verificación del 100% de la documentación presentada demora la operatoria.

La mayor cantidad de reintegros por venta de maquinaria agrícola obedeció al incremento de la operatividad de las empresas del sector agrícola-industrial y a la  prórroga del régimen de incentivo fiscal hasta el 31/12/03 y posteriormente hasta el 31/03/2004.

Con respecto a la autorización a discapacitados para importaciones, se gestionaron  solicitudes  que en su mayoría fueron para implantes cocleares.

Dentro del Registro de Armas Químicas deben figurar las empresas importadoras, exportadoras y productoras de los compuestos químicos, que son considerados armas químicas, como también sus precursores, que en la mayor parte de los casos, tienen importantes y variados usos en la industria química y farmacéutica.

En cuanto a la administración del Registro Industrial, como consecuencia de la nueva modalidad de presentación de los trámites, las empresas requirieron de un mayor asesoramiento para la presentación de las inscripciones y renovaciones,  mientras que otros, por contener errores no pudieron ser ingresados en su primera entrega. Asimismo, la falta de hardware adecuado para el procesamiento de la documentación,  como así también de  personal (la atención al público por  ventanilla y telefónica insume la totalidad del personal), produjeron demoras. No obstante, durante el transcurso del año, se observó una recuperación y un incremento progresivo de la cantidad de empresas inscriptas,  alcanzando un total de 1.722 empresas, sólo en el cuarto trimestre. Por su parte,  y en función de los nuevos procedimientos, aumentó la presentación de empresas con documentación que no sufrió rechazos, debido a haber hecho uso  de la validación previa por e-mail.

Los certificados de verificación de compre nacional  fueron solicitados por sólo 11 entidades privadas. Esta ausencia compradora del Estado es la que se estima como principal causa del desvío resultante, habiendo quedado sobrestimada la programación.

Con referencia a las acciones relativas a la propiedad intelectual, merecen mencionarse:

• Negociación y elaboración de texto sobre propiedad intelectual  presentado en los siguientes foros: Organización Mundial de Comercio (OMC - TRIPS), Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), MERCOSUR, Acuerdo Bi-regional MERCOSUR – UE, acuerdo Bi-lateral Argentina – México.
  

• Articulación de políticas con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y con la Cancillería  para procurar que las medidas destinadas a ofrecer protección a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.
  

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa es miembro de la Oficina Programa Ozono (OPROZ), siendo su objetivo la reducción de clorofluorocarbonados (CFCs) en la industria argentina,  según lo establecido por el Protocolo de Montreal.  Los sectores sobre los que opera son:

Aire Acondicionado de Vehículos: reconvertido

 

Refrigeración Doméstica: en proceso de reconversión

 

Esterilización : reconvertido

 

Halones: en proceso de reconversión

 

Solventes: en proceso de reconversión

 

Bromuro de Metilo: en proceso de reconversión

 

Cierre de Producción de CFCS: en estudio

 

Aerosoles de Uso no Médico: en carpeta

El Proyecto de Reducción de Sustancias que Agreden la Capa de Ozono (PReSAO), financiado por una donación del Banco Mundial, renovado hasta el 30 de Noviembre de 2010, tiene entre sus objetivos completar los proyectos de reconversión de instalaciones para producción sin utilizar Sustancias que Agreden la Capa de Ozono (SAO). Durante el ejercicio 2003, se finalizó la reconversión física de las instalaciones de dos proyectos que utilizaban metilcloroformo como solvente para el lavado de piezas y de un proyecto dedicado a la fabricación de heladeras domiciliarias. Al 31/12/03 se comenzó con dos proyectos de aerosoles de uso técnico y un proyecto de cierre de una planta productora de CFC.